Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133198
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.198, "Altuve, Carlos Arturo. Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ Queja en causa n° 89.365 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a M., D.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de julio de 2018, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por el fiscal general del Departamento Judicial de Azul contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento judicial que revocó la decisión del Juzgado de Garantías interviniente y declaró extinguida por prescripción la acción penal en favor de D. H. M. en orden a los hechos calificados como abuso sexual simple, agravado por su condición de guardador, en los términos del art. 119 quinto párrafo en función del cuarto párrafo inc. "b" del Código Penal (v. fs. 203/208 vta.).
Contra ese pronunciamiento, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/242 vta.) el que, denegado por el órgano intermedio mediante resolución del 23 de octubre de 2019 (v. fs. 243/246 vta.), motivó queja ante este Tribunal que se pronunció el 14 de julio de 2020 concediendo el reclamo (v. fs. 347/350).
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del recurso articulado (v. fs. 360/363 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 371) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes se alzó el señor fiscal ante el tribunal intermedio denunciando arbitrariedad en la resolución dictada por incongruencia, omisión de tratamiento y fundamentación aparente. Ello así por entender que, contrariamente a lo afirmado por el órgano casatorio, el representante del Ministerio Público Fiscal no había solicitado en el recurso de la especialidad la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.205 ( rectius : ley 27.206), ni planteado la imprescriptibilidad de la acción penal (v. fs. 236).
Señaló, por el contrario, que aquello que solicitara el señor fiscal en su impugnación ante el tribunal revisor fue la revocación de la sentencia dictada por la Cámara departamental por considerar que la acción penal emanada del delito imputado en la presente causa no se hallaba prescripta, fundamentalmente por dos razones (v. fs. cit.).
La primera de ellas estuvo referida a que los delitos como el investigado en autos no deben ser considerados "comunes" en la medida que poseen notas particulares: la condición de niña de la víctima cuyo interés superior debía prevalecer, su condición de vulnerabilidad, la asimetría y desventaja de poder entre la víctima y el agresor, el ámbito familiar en el que se produjeron los hechos, la duración prolongada de los mismos; todo lo cual había generado consecuencias sumamente destructivas e irreparables para la estructuración de la personalidad de la niña. Y, dadas todas estas particularidades, estimó que las reglas de la prescripción que clausuran la persecución penal constituyen una efectiva privación a la víctima de su posibilidad de acceso a la justicia para promover la persecución y el castigo de los hechos padecidos (v. fs. 236 y vta.).
Explicó que en autos quedó debidamente probado que la víctima efectuó la pertinente denuncia cuando estuvo en condiciones psíquicas de hacerlo, según surgía tanto de su declaración como de la pericia psicológica efectuada. De tal modo, el recurrente expuso que computar el plazo de prescripción de la acción desde que el hecho cesó de cometerse sin considerar si en ese momento la víctima -que contaba con solo 13 años de edad y padecía los abusos sexuales desde que tenía tan solo 6 años- se encontraba en condiciones de poder denunciarlo, implica lisa y llanamente cerrarle de manera mecánica e irracional la posibilidad de acceso a la tutela judicial efectiva (v. fs. 236 vta. y 237).
En segundo lugar, consideró que, tanto al momento en que se había realizado la denuncia como a la fecha en que habrían acaecido los hechos, se hallaban vigentes los mismos principios jurídicos fundamentales en el ordenamiento jurídico y pesaban sobre el Estado argentino las mismas obligaciones internacionales que luego de la reforma traída por las leyes 26.705 y 27.206. Indicó que tales principios surgían de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (v. fs. 237 cit.).
En consecuencia, afirmó que el fallo del Tribunal de Casación Penal adolece de un vicio de incongruencia por no responder al planteo efectuado por la parte en razón de su falta de correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado, habiendo resuelto de modo citra petita y tornando anulable ese decisorio por arbitrario al haberse resuelto la impugnación planteada en base a fundamentos tan solo aparentes (v. fs. 238 vta.).
Asimismo, denunció el apartamiento de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de operatividad y exigibilidad de los tratados de derechos humanos, así como la vulneración del principio de supremacía constitucional y la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal (v. fs. 238 vta.).
Puntualizó que, tal como se había puesto de resalto en el recurso de casación, "...las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarle el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva, se hallan vigentes desde el momento en que acaecieron los hechos objeto de juzgamiento, al momento de la denuncia formulada por la víctima y se mantienen incólumes hasta la actualidad. Y tales obligaciones poseen fuente de jerarquía constitucional (CIDN y CADH) y supralegal (Convención de Belém do Pará)" (fs. cit.).
Adujo, por ende, que una norma de inferior jerarquía -en el caso, el art. 62 del Código Penal- no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales a tenor de lo normado por el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (v. fs. 239).
Postuló que hacer prevalecer la prescripción de la acción penal conforme el citado art. 62 -como aconteció en el supuesto de autos- por sobre la obligación de investigar con la debida diligencia y, en su caso, poder sancionar al responsable, implicaría vulnerar el principio de supremacía constitucional haciendo pasible al Estado argentino de responder internacionalmente por tales incumplimientos (v. fs. 240 y vta.).
Indicó que en estos actuados la investigación no se vio abandonada ni demorada por inactividad o desinterés estatal en la persecución del delito, pues el Estado tomó noticia de los hechos en el año 2014 y desde entonces se adoptaron diversas medidas investigativas tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales de averiguación de la verdad de los hechos. También refirió que la "demora" de la víctima en realizar la denuncia no se debió a que hubiera dejado de vivenciar conflictivamente el hecho, sino a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (v. fs. 240 vta.).
Rememoró que la presente causa tuvo su origen a partir de la denuncia de la víctima realizada en el año 2014, una vez cumplida su mayoría de edad, quien sindicó a su tío político, como autor responsable de reiterados hechos de abuso sexual cometidos cuando tenía seis años de edad y hasta sus trece años, sucesos que acaecieron entre los años 1994 a 2000 (v. fs. 240).
En definitiva, concluyó que la decisión de la Sala I del Tribunal de Casación Penal impugnada, al confirmar la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul que declaró extinguida la acción penal por prescripción en el caso, vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en base a fundamentos aparentes, por lo que solicitó que se declare la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido, se deje sin efecto la declaración de prescripción y se ordene la prosecución de la investigación de los hechos denunciados que dieron lugar a la formación de la presente causa (v. fs. 242).
II. El dictamen de la Procuración General propició hacer lugar al reclamo fiscal en todos sus términos (v. fs. 360/363 vta.).
III. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
III.1. Conforme surge de los antecedentes, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul revocó el auto del Juzgado de Garantías n° 1 departamental que no hizo lugar a la solicitud de prescripción articulada en favor de D. H. M. y declaró la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de abuso sexual simple, agravado por su condición de guardador (v. fs. 35/38 vta.).
Sostuvo que la cuestión radicaba en determinar si correspondía aplicar al caso las previsiones vigentes del art. 63 del Código Penal, o su versión anterior a la reforma introducida por las leyes 26.705 y 27.206 (v. fs. 37).
Destacó que la modificación legislativa referida amplió el plazo a los fines de computar el inicio del término de prescripción de la acción penal, siendo en consecuencia más desfavorable al imputado; y que, teniendo en cuenta que la reforma introducida por la ley 26.705 era posterior a la fecha del presunto cese del último de los hechos denunciados, regía la disposición contenida en el art. 2 del Código Penal, por lo que correspondía aplicar el art. 63 del Código de fondo vigente al tiempo de la presunta comisión de los hechos investigados (v. fs. 37 vta.).
Luego de invocar un precedente del Tribunal de Casación Penal sobre el principio de legalidad en materia penal, explicó que en el caso el comienzo del plazo de prescripción debía contabilizarse a partir del momento en que los delitos cesaron de cometerse, esto es, cuando la víctima tenía 13 años de edad. Por lo tanto, teniendo en consideración que, en el caso, tal plazo era de doce años de acuerdo a la escala penal del delito enrostrado, y tras determinar que no existieron causales de interrupción de la prescripción, entendió que la acción penal estaba extinguida por prescripción respecto de D. H. M. (v. fs. 38).
III.2. Frente a esa decisión, el señor Fiscal General Departamental interpuso recurso de casación, agraviándose por la inobservancia del art. 323 inc. 1 del Código Procesal Penal y la errónea interpretación y aplicación de los arts. 2, 63 y 67 del Código Penal y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 41/47).
III.3. Ante los reclamos vertidos por el acusador, la Sala I del Tribunal de Casación Penal -a través del sufragio emitido por el juez doctor Maidana, que concitó la adhesión del doctor Carral-, consideró -en lo esencial- que "...los camaristas no soslayaron las reformas legislativas que avanzaron en el sentido de salvaguardar los derechos de las víctimas en pos de una tutela judicial efectiva (Leyes 26.705 y 27.206 en cuanto modifican la regla general acerca del comienzo de la prescripción de la acción para ciertos casos específicos), sino que prescindieron de su aplicación por acertadas razones jurídicas" (fs. 206).
Apuntó que se explicó que la acción penal se encontraba extinta porque en el caso correspondía dar operatividad al principio de legalidad, aplicando la ley penal más benigna (art. 2, Cód. Penal), y a la garantía de toda persona sometida a proceso de ser juzgada en un plazo razonable (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 7.5, CADH; 9.3 y 4.3, PIDCP y XXV, DADDH; v. fs. 206 y vta.).
Prosiguió señalando que la Cámara había efectuado "...una comparación de las normas de derecho interno en disputa -incluyendo las que el impugnante reclama, Leyes 26.705 y 27.206- concluyendo que resulta[ba] en el caso aplicable el art. 63 del Código de fondo vigente al tiempo de la presunta comisión de los hechos investigados, por ser ley penal más benigna. En tal sentido, se afirmó que correspondía situar el comienzo del término de prescripción de la acción penal en el momento en que los delitos cesaron de cometerse -cuando la víctima tenía 13 años- y que desde allí había operado el plazo legal establecido para su fenecimiento [...], sin que encontraran presentes respecto de M. D. causales de interrupción de su curso (art. 67 cuarto párrafo inc. a del Código Penal); por cierto, y en respuesta al segundo motivo de agravio, el artículo 63 del Código Penal es claro en cuanto determina el momento en que comienza a correr la prescripción de la acción, de allí que lo aclamado por el impugnante no compatibiliza con el derecho positivo aplicable" (fs. cit. y 207).
De seguido, añadió que "El delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de conformidad a las Convenciones que así lo determinan; tampoco configura un caso especial en los que cabría realizar un análisis más pormenorizado (v. dictamen Procuración General en CSJN, ' Funes, Gustavo Javier y otros/encubrimiento, etc. -incidente de excepción por extinción de la acción penal- recurso extraordinario-' y la jurisprudencia de la Corte Interamericana allí analizada)" (fs. 207).
En cuanto a los precedentes de la Corte federal invocados por la jueza de primera instancia para sustentar su posición, el revisor indicó que en "Ilarraz", el Superior Tribunal rechazó por inadmisible el recurso extraordinario al no dirigirse "...contra una sentencia definitiva o equiparable a tal...", lo cual no significa lo que el Juez Garante -con error superlativo- explicita en su fallo, y por último, en "Funes", amén de que son hipótesis de hecho distintas, justamente la Corte avaló el dictamen de Procuración, siendo que este último propuso el rechazo del recurso extraordinario lo que conllevó a otorgar cosa juzgada a la prescripción que había sido decretada en la causa (v. fs. 207 y vta.).
Concluyó entonces el juzgador intermedio que "...está claro que el Estado tiene el deber de investigar hechos como los presuntamente sucedidos en la presente, pero eso no implica que lo pueda hacer a cualquier costo; dicho con mayor precisión: el principio de legalidad -y así sus corolarios- tiene jerarquía Constitucional (art. 18, Const. nacional) y ninguna razón plausible autoriza la mirada acotada que se propicia en el caso" (fs. 207 vta., cit.).
IV. No coincido con el dictamen de la Procuración General, pues -a mi juicio- el reclamo debe ser desestimado por insuficiente (conf. mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; art. 495, CPP).
V. La cuestión debatida se centra en establecer si, en el caso, resultan de aplicación las previsiones del art. 67 del Código Penal (texto anterior a la ley 27.206), que redundarían en beneficio del acusado, tal y como en definitiva lo decidió el Tribunal de Casación; o, por el contrario, si deben prevalecer -de acuerdo a lo peticionado por el recurrente- los derechos de las víctimas plasmados en Convenciones internacionales que el impugnante mencionó en su presentación recursiva, por entender que, al momento de la reforma de las leyes 26.705 (B.O., 5-X-2011) y 27.206 (B.O., 10-XI-2015), los principios jurídicos que las motivaron ya se encontraban vigentes a la época del referido ilícito.
Es menester destacar que, mediante la reforma introducida en el año 2015 a la ley 27.206, que -en lo pertinente- derogó los párrafos segundo y tercero del art. 63 y modificó el art. 67 -ambos del Código Penal-, se estableció un nuevo régimen de suspensión de la prescripción para determinados ilícitos.
Así, la norma mencionada en último término precisó que "En los delitos previstos en los arts. 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine- y 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad" (art. 67, párrafos cuarto y quinto, Cód. Penal -texto según ley 27.206-).
En el caso que llega a estudio, el fiscal pretendió confrontar la decisión del tribunal intermedio que confirmó lo resuelto por la Cámara departamental, en cuanto declaró extinguida la acción penal por prescripción en orden a los ilícitos investigados respecto de D. H. M., ello en desmedro -según entendió el recurrente- de la condición de mujer de la víctima, que -en el caso concreto- era una niña al momento en que habrían acaecido los hechos, lo cual pondría en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino al dar prelación a las garantías del imputado por sobre los derechos e intereses de la damnificada.
Sin embargo, frente a la disyuntiva descripta, el fiscal no se hizo cargo del fundamento dirimente empleado por el tribunal revisor para desestimar su pretensión referido a la aplicación del principio de legalidad que rige en materia penal, que -en lo que interesa para el caso- estipula la irretroactividad de la ley. Tampoco logró conmover eficazmente lo sostenido en cuanto a que el delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de acuerdo a las Convenciones que así lo determinan, ni configura un caso especial en los que cabría realizar un análisis más pormenorizado.
En definitiva, sobre estos puntos, el impugnante no hizo ninguna consideración, dejándolos incontrovertidos, lo que devela la insuficiencia de los reclamos traídos (art. 495, CPP).
Por demás, lo decidido por el tribunal intermedio al momento de brindar sustento a su decisión, se condice con lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Mirás" (CSJN Fallos: 287:76), donde se estableció que si una ley que defina la acción penal como sujeta a prescripción es modificada por otras ulteriores, las modificaciones se encuentran alcanzadas por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa; y que la aplicación de una disposición legal posterior al hecho más grave que suspende el curso de la prescripción es contraria al art. 18 de la Constitución nacional. En suma, afirmó que el principio de legalidad se aplica a los casos de prescripción cuando la interpretación de la ley es más gravosa para los intereses del imputado -como la que aquí se pretende-, y no cuando es la hipótesis inversa (v. esp. cons. 5° a 7° del fallo cit.).
La Corte federal ha declarado que el principio constitucional que impide tal retroactividad (art. 18, cit.) comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ex post facto - que impliquen empeorar las condiciones del imputado, como así también que el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de "ley penal", desde que este comprende no solo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilida
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.