Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132179
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.179-Q, "A., C. R. s/ queja en causa n° 89.554 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan, Maidana, Mancini, Budiño.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, mediante el pronunciamiento del día 7 de febrero de 2018, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial y confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental que denegó el pedido de rectificación presentado contra el auto que aprobó el cómputo de pena practicado respecto de C. R. A., estableciendo que la sanción de veintisiete años de prisión vencerá el día 11 de agosto de 2041 (v. fs. 45/46 vta.).
Deducido recurso de casación por la defensa (v. fs. 55/62 vta.), la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2018, rechazó por inadmisible el remedio homónimo intentado, pese a lo cual, ingresó al tratamiento de las cuestiones federales y de fondo y las desestimó (v. fs. 74/78 vta.).
El señor defensor adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/96 vta.), que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 101/104 vta.), por lo cual articuló queja ante esta Corte (v. fs. 194/203). La vía de hecho fue admitida y el recurso extraordinario concedido con el alcance indicado en el punto IV.2. del pronunciamiento de fs. 204/207, esto es, a fin de abordar las pretensas cuestiones federales "...arbitrariedad de sentencia por aplicación de la ley 27.362 en desmedro de los principios de legalidad, ultraactividad de la ley penal más benigna -ley 24.390- y retroactividad de la más gravosa".
Oído el señor Procurador General a fs. 213/220 vta., dictada la providencia de autos a fs. 222 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los agravios se reseñarán teniendo en especial consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sin que corresponda hacer referencia al embate que quedó fuera del ámbito de competencia de esta Corte (inconstitucionalidad de la ley 27.362; conf. art. 486 bis, CPP).
II. El señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, tildó la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación, denunció arbitraria aplicación retroactiva de la ley 27.362 y afirmó que se afectó el principio de legalidad pues, a su entender, se debió aplicar ultraactivamente el art. 7 de la ley 24.390, anterior a la reforma de la ley 25.430, por ser más benigna (arts. 18, Const. nac.; 2, 3 y 24, Cód. Penal; 9, CADH y 15.1., PIDCP; v. fs. 82/96 vta.).
Esgrimió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Arce" (Fallos: 331:472), consolidó la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cómputo de la prisión preventiva, y que con ello se afirmó que todas las leyes que regulen cómo debe computarse la prisión preventiva son leyes penales y no leyes procesales o meramente reglamentarias, de lo cual derivó la necesidad de respetar las directrices que emanan del principio de legalidad, a saber, irretroactividad de la ley penal más gravosa y ultraactividad de la ley penal más benigna.
Aclaró que la situación de su asistido no está abarcada por la ley 27.362, por lo que su aplicación extensiva y retroactiva es arbitraria y violatoria del principio de legalidad. Agregó que esa norma pretende efectuar una "interpretación auténtica" de la ley 24.390 luego de transcurridas más de dos décadas desde la sanción de esta última, lo que importa una clara afectación del principio de irretroactividad de la ley penal.
Resaltó que la interpretación de la ley 24.390 con relación a los delitos comunes resultaba pacífica hasta antes de la entrada en vigencia de la ley 27.362. En su apoyo, citó el precedente "Arce" (CSJN Fallos: 331:472) de la Corte nacional, en el que -a su entender- se estableció que "...lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante [la] vigencia [de la ley 24.390], siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante la vigencia de dicha norma...". En tal sentido, aseveró que como A. fue condenado por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390 (B.O. de 22-XI-1994), la doctrina de "Arce" es completamente aplicable.
De seguido, en lo que respecta al alcance que debe darse a las leyes interpretativas dictadas por el Congreso y a la exégesis que efectúa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trajo a colación el fallo "Valot, Eduardo Alfredo c/ AFIP" (sent. de 17-V-2005). Advirtió que ese tipo de leyes puede ser un fraude de etiquetas y, en esencia, modificar el régimen legal y concluyó que, por tales motivos, no puede prevalecer la interpretación auténtica por sobre la asignada por la Corte federal en el caso "Arce".
Adujo que de acuerdo con el art. 2 del Código Penal, siempre se aplicará la ley penal más benigna en todos los supuestos en donde se analice la prisión preventiva por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390; a su vez, refirió que el art. 3 del Código Penal reconoce que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado, lo que importa la consagración de una excepción a la regla general que impide combinar los elementos más benignos de dos leyes.
Por tales motivos, consideró que deben observarse los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 por sobre los arts. 2 y 3 de la ley 27.362, en función del carácter material que revisten las reglas referidas al cómputo de la pena y porque la primera era la ley vigente al momento del hecho. En su apoyo, citó nuevamente el fallo "Arce" y la causa P. 93.620, "C., R. C. y otro" de esta Corte (sent. de 7-IV-2009), voto del doctor de Lázzari, en donde -según dijo- se consideró aplicable lo establecido en el art. 7 de la ley 24.390 al período en que el imputado estuvo detenido por segunda vez sin condena firme por un hecho cometido durante la vigencia de aquella norma.
En virtud de lo expuesto, atendiendo al carácter material que revisten las leyes 24.390 (B.O. de 22-XI-1994), 25.430 (B.O. de 1-VI-2001) y 27.362 (B.O. de 12-V-2017), y pese a que el cambio de valoración efectuado se documentó a través de la legislación, por imperio del principio de legalidad y por aplicación universal del principio de la ley penal más benigna (CSJN causa "Cristalux", Fallos: 239:824), solicitó que se respete la aplicación de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390.
Resaltó que "...la interpretación auténtica de la ley es un recurso que sólo resulta legítimo cuando se presenten interpretaciones disímiles en torno a una cuestión, presupuesto que no acontece en el presente dado que hasta la sanción de la ley 27.362 la jurisprudencia pacíficamente aceptaba la aplicación del cómputo privilegiado en función de la fecha de comisión del hecho, resultando indiferente que el sujeto hubiese estado detenido o no durante la vigencia de la ley 24.390".
En lo que respecta a los alcances de la ley 27.362, aclaró que la inaplicabilidad de la ley 24.390 con relación a los delitos de lesa humanidad no tiene ninguna incidencia en el caso. Añadió que el alcance de los arts. 2 y 3 de esa norma debe restringirse lo máximo posible. Refirió que el cómputo de la pena debió hacerse conforme lo prescripto por la ley 24.390, porque estuvo vigente en tiempo intermedio entre el momento de comisión del delito y el dictado del fallo y es la más benigna (conf. causa "Arce", cit.).
En definitiva, afirmó que la aplicación al caso de la ley 27.362 viola el principio de legalidad, por ser una ley más gravosa que la vigente al momento de los hechos que se aplicó de manera retroactiva.
Por último, citó el título de la ley 27.362 así como su art. 1, en los que se hace referencia a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y dijo que el hecho cometido por su asistido no encuadra en ninguno de ellos por ser un delito común. Ponderó también el contexto sumarísimo en que se sancionó esa norma (luego del cuestionado fallo "Muiña" de la CSJN), todo lo cual, a su entender, demuestra que la intención del Poder Legislativo no fue reglamentar la interpretación del art. 7 de la ley 24.390 para todos los delitos sino exclusivamente para los referenciados en la ley 27.156, a los que alude el art. 1 de la ley 27.362, y que están directamente conectados con los arts. 2 y 3 de la misma norma.
En suma, solicitó que se haga lugar a su planteo y se remita el expediente al tribunal de primera instancia para la realización de un nuevo cómputo de pena.
III. El señor Procurador General aconsejó desestimar el recurso deducido (v. fs. 213/220 vta.).
En los apartados IV.a. y IV.d. de su dictamen efectuó ciertas precisiones sobre los hechos objeto de condena que conviene reproducir. Señaló que los sucesos por los que resultó damnificada M. d. C. A. fueron cometidos desde los años 1995/1996 hasta 1999 (abuso sexual gravemente ultrajante) y desde 1999 hasta 2007 (abuso sexual con acceso carnal), ambos en la modalidad de delito continuado. En cuanto a los hechos que victimizaron a M. M. A., dijo que fueron cometidos desde el año 2007 hasta el 2010 en la modalidad de delito continuado. Y sobre los hechos que tuvieron por víctima a K. A. A., manifestó que ocurrieron en el año 2003. En suma, consideró indiscutible que "...el hecho [sucedido] entre los años 1995/1996 hasta 1999 -referido al abuso sexual gravemente ultrajante- en su modalidad de delito continuado y donde resultó víctima M.d.C.A. abarcó la vigencia de la ley 24.390".
IV. Sentado ello, adelanto mi coincidencia con lo propiciado por el señor Procurador General; la impugnación no prospera.
Pero antes de ingresar al fondo del reclamo es necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1.a. Por sentencia de 27 de mayo de 2016 el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes condenó a C. R. A. a la pena de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado por configurar por su duración un sometimiento gravemente ultrajante, por la calidad de ascendiente y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de dieciocho años (damnificada: M. d. C. A.), en concurso real con abuso sexual agravado por el acceso carnal vía vaginal, por la calidad de ascendiente y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, en la modalidad de delito continuado (damnificada: M. d. C. A.); abuso sexual agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante en razón de la duración, por la calidad de ascendiente y por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de dieciocho años (damnificada: M. M. A.), en concurso real con abuso sexual agravado por el acceso carnal -vía oral- por la calidad de ascendiente y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, en la modalidad de delito continuado (damnificada: M. M. A.); y abuso sexual agravado por el acceso carnal -vía vaginal- cometido por ascendiente y con aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, tres hechos, todos en concurso real (damnificada: K. A. A.; v. fs. 2/25).
IV.1.b. Según se estableció en la sentencia, los hechos que damnificaron a M. d. C. A. comenzaron por tocamientos en la zona de los pechos desde que la niña tenía entre ocho y nueve años y hasta los doce (1995/1996 hasta 1999). Tras ello (1999) A. comenzó a penetrar a la niña vía vaginal en forma periódica e ininterrumpida hasta sus veinte años (2007), momento en que la joven pudo abandonar definitivamente la casa. Como consecuencia del abuso sexual con acceso carnal, cuando la víctima contaba con tan solo doce años el condenado la embarazó y la niña dio a luz en el baño, sin saber que estaba embarazada, a su hija M. M. A. (nacida el 28 de abril de 2001).
Respecto de la nombrada M. M. A., hija del condenado y socialmente considerada su nieta, los hechos que la damnificaron ocurrieron entre sus seis y sus nueve años (2007 hasta días antes del 6 de abril de 2011): en innumerables ocasiones, A. le efectuó tocamientos en la zona vaginal y en los senos, que continuaron con episodios de abuso sexual vía oral en las oportunidades en que su madre debía ausentarse del domicilio por motivos laborales.
Finalmente, los hechos que tuvieron por víctima a K. A. A. acaecieron durante el año 2003, cuando la nombrada tenía catorce años: en tres ocasiones muy cercanas temporalmente fue abusada vía vaginal por el condenado. Producto de estos abusos quedó embarazada y dio a luz a una hija a los quince años de edad.
IV.1.c. La sentencia quedó firme el día 5 de julio de 2017, de modo que se efectuó por secretaría el respectivo cómputo de pena, del que surge que C. R. A. fue detenido el día 11 de agosto de 2014, que permaneció privado de su libertad ininterrumpidamente hasta la fecha del cómputo y que, por consiguiente, la sanción impuesta vencerá el día 11 de agosto de 2041 y caducará en su caso el día 11 de agosto de 2051. La presidenta del tribunal de origen aprobó este cómputo (v. fs. 26/28).
IV.2. Frente a ello, la defensa del condenado planteó un pedido de rectificación y apelación en subsidio (v. fs. 29/30).
Requirió la enmienda de la resolución aprobatoria del cómputo por haberse omitido la aplicación del art. 7 de la ley 24.390, que -en su opinión- debió jugar en el caso en razón de que algunos hechos por los que A. fue condenado ocurrieron -en parte- durante su vigencia. En ese carril, destacó que según el fallo del tribunal de juicio los sucesos de los que resultó víctima M. d. C. A. (nacida el día 27 de agosto de 1987) comenzaron cuando ella tenía ocho y nueve años (años 1995 y 1996) y entre los doce y los veinte años (entre 1999 y 2007), y que el día 28 de abril de 2001 nació su hija M. M. A. Así, consideró que como su asistido cometió hechos durante la vigencia de la ley 24.390, resultaba indiscutible la aplicación de su art. 7 y también lo resuelto en el fallo plenario del Tribunal de Casación Penal en la causa n° 8.746, su acumulada n° 8.814, y aclaratoria del día 20 de agosto de 2002. Afirmó, con cita de los arts. 2 y 3 del Código Penal, que no es determinante a los fines de la norma aplicable que el encierro haya comenzado durante la vigencia de la ley 24.390.
Planteó que A. fue detenido el día 11 de agosto de 2014, por lo que debería computarse en forma simple el encierro hasta el día 11 de agosto de 2016 (2 años), y de allí en más en forma doble hasta la firmeza de la sentencia, ocurrida el día 5 de julio 2017 (es decir 10 meses y 24 días, que multiplicados por 2, hacen un total de 1 año, 9 meses y 18 días), para luego seguir computando en forma simple hasta llegar a los veintisiete años de prisión. En definitiva, ubicó el vencimiento de la pena el día 19 de septiembre de 2040 y no el 11 de agosto de 2041 (v. fs. 29 vta.).
IV.3. El tribunal de grado rechazó la rectificación del cómputo de pena y su aprobación. También concedió la apelación interpuesta subsidiariamente (v. fs. 35/39 vta.).
Indicó que "...si bien los hechos contra la integridad sexual en la modalidad de delito continuado por [los que] fue condenado el justiciable C. R. A. que victimiz[aron] a M.d.C.A. tuvieron lugar entre los años 1995, 1996 y 1999, lo cierto es que las actuaciones tuvieron inicio casi diez años después de la derogación de la ley 24.390 (esto es en junio de 2001), siendo detenido el encartado el 11 de agosto de 2014...", de lo que concluyó que "...no existía proceso alguno durante la vigencia de dicha norma..." y que "...el justiciable tampoco estuvo legitimado pasivamente, ni detenido durante ese lapso temporal" (fs. 36 vta.).
Trajo a colación diversas consideraciones del señor juez Lorenzetti en el fallo "Muiña" (CSJN causa "Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros s/ recurso extraordinario", sent. de 3-V-2017, Fallos: 340:549); así, afirmó que la ley 24.390 es de naturaleza procesal, por lo que no cabía concederle el carácter benéfico pretendido por la defensa, en tanto "...una ley procesal penal creadora o modificadora de una actividad o situación, regirá de presente y de futuro, no afectando la actividad ya cumplida ni la situación ya adquirida. A su vez, la norma derogada no regirá como regla para la actividad a cumplir o situación a adquirir: no ultraactividad de la ley derogada" (fs. 38 y vta.; 36 vta. y 37). También reprodujo el argumento del citado señor ministro en lo relativo a la inaplicabilidad del fallo "Arce" en función de que la detención preventiva de Muiña no se materializó durante la vigencia de la ley 24.390 sino varios años después de su derogación, y en lo atinente a la necesidad de atender al contexto general y los fines que informaron a la norma en cuestión (v. fs. 37/38).
Finalmente, tomó el argumento de los señores jueces Lorenzetti y Maqueda en el fallo "Muiña" referido a los delitos permanentes para decir que, si durante el lapso de consumación del delito rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del art. 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes, por lo que se debe aplicar la ley vigente en el último tramo de la conducta punible, aun cuando sea la más gravosa (v. fs. 38 vta. y 39).
Apreció que, si bien en el caso "Muiña" se discutió la aplicación del 2x1 a delitos de lesa humanidad, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación asimiló el delito permanente al continuado, lo cual tornaba aplicable a este caso las valoraciones transcriptas (v. fs. 39).
A propósito del fallo plenario 8.746 del Tribunal de Casación Penal, destacó el voto del doctor Borinsky, quien sostuvo que la ley 24.390 legisló sobre un punto procesal como lo es la prisión preventiva y que el justiciable reviste la condición de imputado "...desde que es sindicado o detenido como autor o cómplice de la comisión de un delito", frente a lo cual opuso que A. no revistió tal carácter en vigencia de esa norma, pues la causa se formó casi diez años después (v. fs. 39 vta.).
IV.4. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental desestimó el recurso de la defensa y confirmó el cómputo según el cual la pena de veintisiete años de prisión vence el día 11 de agosto de 2041.
Para así decidir señaló que "...en el caso, es de aplicación automática lo normado en el art. 2° de la ley 27.362 -aclaratoria del art. 7 de la ley 24.390- el que establece en forma clara que: '...el cómputo de la penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por la ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de la ley'" (fs. 46 y vta.). Por lo que, al no ser el de autos un supuesto alcanzado por la norma citada, rechazó el planteo.
IV.5. Contra lo resuelto la defensa presentó recurso de casación, en el que se quejó de la no aplicación al caso del cómputo privilegiado previsto por el art. 7 de la ley 24.390, en función de la fecha de comisión de los delitos por lo que fue condenado A. en relación con la víctima M. d. C. A.
Invocó en sustento de su reclamo el fallo plenario 8.746.
Por otra parte, sostuvo que la Cámara incurrió en una reformatio in pejus al introducir como fundamen
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