Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132891
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.891, "Esper, Cristian Mariano s/ Queja en causa n° 89.563 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de noviembre de 2018, rechazó -en lo que interesa- el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa de Cristian Mariano Esper contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que -también en lo que es materia de análisis- condenara al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por haber sido encontrado coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio criminis causae agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal para ello, todos en concurso real entre sí (v. fs. 163/177 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la Casación -doctor Nicolás Agustín Blanco- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/204), que fue desestimado por la referida Sala el 30 de abril de 2019 (v. fs. 209/211 vta.). Presentada la queja pertinente (v. fs. 306/314), esta Suprema Corte le hizo lugar a través de la resolución del 2 de julio de 2020 (v. fs. 318/320 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 327/332), dictada la providencia de autos (v. fs. 334), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia denunció la violación a la presunción de inocencia y al principio del in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP), la errónea revisión de la sentencia de condena y la violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (art. 1, Const. nac.) y del derecho de defensa (art. 18 y concs., Const. nac.; v. fs. 196 y vta.).
Afirmó que la decisión del tribunal revisor constituyó un tránsito aparente por dicha instancia que frustró el derecho al doble conforme, dado que ante los planteos que reclamaban la revisión del modo en el que el tribunal de mérito había considerado acreditada la participación de Esper en los hechos probados, la respuesta del revisor consistió en una reiteración de las razones del tribunal de grado y no en una verificación de si éste había aplicado de modo correcto el "método histórico" (v. fs. 196 vta.). Con sustento en lo decidido por la Corte nacional en el precedente "Casal", efectuó diversas consideraciones en torno a ese punto (v. fs. 196 vta./198 vta.).
Con relación al caso, expresó que el tribunal de juicio basó la incriminación de su asistido en el secuestro del arma de fuego utilizada en el homicidio de Ricardo Javier Blanco en su vivienda seis días después de ocurrido el referido delito y en el resultado positivo del reconocimiento en rueda efectuado por una testigo. Que, a partir de ello, se intentó conformar un cuadro indiciario suficiente para fundar la condena, cuyas conclusiones -refrendadas luego por el órgano revisor- violentan el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, "...pues se basan en circunstancias que no logran demostrar siquiera que Esper haya estado presente en el lugar del hecho por el que fue juzgado y condenado" (fs. 199).
Alegó que lo único que se desprende del resultado del allanamiento, es que se encontró el arma homicida en la vivienda de Esper, pero esa sola circunstancia no permite acreditar la presencia de aquel en el hecho y menos aún que fuera el autor del disparo mortal (v. fs. 199 y vta.).
Con relación a la aludida prueba de reconocimiento en rueda de personas que arrojara resultado positivo, adujo que -como lo señalara en el recurso de casación- la testigo Eva Catalina Olivo sólo pudo identificar a Esper por su aspecto físico, refiriendo en oportunidad de la diligencia que "...podrían ser el segundo o el cuarto, aunque al segundo lo ve muy bajo...", siendo que su defendido se encontraba en la posición número 3 de la fila, de lo cual cabría concluir que el reconocimiento fue negativo (v. fs. 199 vta.).
En ese discurrir, agregó que dicha testigo al declarar en el marco de otro reconocimiento en rueda, así como en el debate oral, manifestó que se había equivocado en aquella diligencia por no haber visto los números de quienes integraban la rueda y por haber contado de derecha a izquierda, esto es en sentido contrario (v. fs. 199 vta. y 200). Por ello, considera que ante "...tantas contradicciones, errores y dichos y desdichos", no es posible tomar como válido el reconocimiento en rueda practicado, con utilidad como elemento de cargo contra Esper (v. fs. 200).
Estimó que la decisión puesta en crisis se ha limitado a utilizar fórmulas genéricas que no responden acabadamente a los planteos efectuados en el recurso, las que fueron convalidadas con "...un sucinto análisis de la prueba, que en sustancia resulta reiterativo de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de juicio..." (fs. 200 vta.).
En apoyo de su reclamo, citó los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mencionado "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023 de este Tribunal (v. fs. 201 y vta.).
Concretamente, le reprochó al órgano revisor el incumplimiento de la garantía de la revisión amplia, al no verificar que el a quo hubiera hecho aplicación del método histórico, con el límite normativo que a éste impone el principio in dubio pro reo (v. fs. 202 vta.).
Solicitó, en definitiva, se anule la sentencia en crisis y se reenvíe para el dictado, de un nuevo pronunciamiento que -revisando la decisión de origen- acoja o responda de manera eficaz las críticas formuladas a través del recurso de casación (v. fs. 203).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto dictamina que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 327/332).
III.1. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
En lo que interesa destacar, en cuanto al individualizado como hecho I, las instancias anteriores tuvieron por demostrado que "... el día 12 de enero de 2014, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en oportunidad en que Ricardo Javier Blanco se disponía a ingresar a su domicilio sito en la calle Heredia nro. 5959, de la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, haciéndolo a bordo del vehículo marca Peugeot, modelo 207, dominio nro. LUU-385, encontrándose al mando del rodado en compañía de su padre, su madre y sus dos hijos menores de edad, ubicados estos [tres] últimos en la parte trasera del automotor [mientras su padre que iba de acompañante había bajado para abrir la puerta de casa] ; varios sujetos del sexo masculino, uno de ellos mayor de edad e identificado a la postre como Cristian Mariano Esper , y los restantes actualmente prófugos y aún no identificados, coactuando al efecto y siguiendo un plan previamente trazado, previo intimidación con sendas armas de fuego que al efecto portaban y en circunstancias en las [que] intentaban apoderarse ilegítimamente de efectos personales de los mencionados, y por no haber logrado su cometido, y para procurar la impunidad del hecho en curso, con claras intenciones de causar la muerte de Blanco, al momento en que este diera marcha atrás con su rodado e intentara huir del lugar, efectuaron al menos nueve disparos hacia el vehículo descripto, provocando orificios en la parte trasera, rueda trasera izquierda, puerta del conductor, capot y ventanilla derecha del mismo, impactando uno de los proyectiles expulsados por el arma de fuego que portaba ilegítimamente el nombrado Cristian Mariano Esper en ese momento [siendo esta arma del tipo revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 special, serie número 147663 -arma ésta que tenía sin contar con autorización legal para ello, dentro de su ámbito de custodia el día 17 de enero de 2014, a las 06:50 horas aproximadamente, debajo de un colchón ubicado en su vivienda, sita en la calle Chorroarín nro. 357, de la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, y clasificada por la Ley Nacional de Armas y Explosivos N 20.429, modificatorias y su Decreto Reglamentario Nro. 395/75 como de guerra-], en la cabeza de Ricardo Javier Blanco, produciéndole un orificio en el hueso parietal izquierdo y alojándose finalmente debajo del cuero cabelludo, lesionando en su trayectoria ambos hemisferios cerebrales, resultando las lesiones producidas causa directa y determinante de su fallecimiento, para luego darse todos a la fuga sin lograr el desapoderamiento ilegítimo propuesto por razones ajenas a su voluntad...
", marchándose a bordo de un vehículo Ford, modelo Fiesta Kinetic, color blanco robado días antes, luego secuestrado (v. fs. 12 vta. y 13; el destacado figura en el original).
Al interponer el recurso de casación, la defensa denunció la arbitraria valoración probatoria con relación a la determinación de la autoría de su asistido. En concreto, criticó que se sostuviera la presencia de Esper en el escenario de los hechos y que fuese el autor del disparo mortal, con base en que el sentenciante de grado había concedido un gran valor convictivo a la prueba de cargo y desestimado la ofrecida por la defensa, sin que ello derive en un análisis razonado de dichos elementos en clara violación al art. 210 del Código Procesal Penal. En esa faena, cuestionó la valoración de los dichos de Sara Alicia González, Carlos Alberto Blanco, Omar Ángel Pacheco, Eva Catalina Olivo, Zulma Rosana Blanco, Graciela Laura Escudero y Ariel Enzo Castro, para luego desarrollar -en idénticos términos a los aquí traídos- la crítica referida a la valoración del hallazgo del arma de fuego en el domicilio de su asistido y al reconocimiento en rueda practicado por la testigo Olivo (v. fs. 116 vta./123 vta.).
El órgano intermedio -con el voto inaugural del juez Kohan, que concitara la adhesión simple del doctor Natiello- sostuvo que el tribunal del juicio había realizado "...un pormenorizado análisis de las distintas piezas probatorias", obteniendo certeza sobre la imputación en cabeza del encausado, sin evidenciarse vicios lógicos que logren conmover la conclusión a la que arribó. Para ello tuvo en cuenta que "...valoró tanto las constancias que fueron incorporadas por lectura al juicio, sin oposición de las partes, como así también los distintos testimonios que tuvieron lugar durante la audiencia de debate" (fs. 168 vta.).
Con relación a la participación que le cupo a Esper en el hecho, destacó que "...el 'a quo' primeramente formó convicción en las declaraciones testimoniales de Sara Alicia González y Carlos Alberto Blanco, progenitores de la víctima de autos, quienes, en las circunstancias de tiempo y lugar aludidas, eran las personas que acompañaban a Ricardo Javier Blanco cuando se disponía a ingresar a [su domicilio del] partido de Avellaneda. Ambos declarantes fueron contestes en expresar que luego de desatada la agresión armada vieron a un sujeto del sexo masculino corriendo en dirección a la calle Condarco, al que, si bien no reconocieron, si lograron describirlo como un individuo delgado, de estatura media" (fs. cit.).
Continuó señalando que "[l]o expuesto resultó coincidente con lo manifestado por el vecino Omar Ángel Pacheco, [...] quien refirió que luego de escuchar los disparos se asomó por la ventana y pudo ver un rodado Ford Fiesta, de color blanco, que pasó rápido en dirección a Avellaneda y dobló por Rondeau, quedando finalmente estacionado mirando hacia camino General Belgrano. Agregó que luego vio a una persona que ven [pasar] por la vereda de enfrente, se subió al auto aludido y salieron a alta velocidad. Respecto de esta última dijo que se trataba de un sujeto de sexo masculino, de 1.70 metros de altura aproximadamente, pelo corto como ondulado, no logrando verle el rostro. Finalmente explicó que el automóvil que divisó luego de ocurrido el hecho se trataba del mismo vehículo que la policía lo llevó para reconocerlo, dado que los malvivientes lo habían dejado abandonado a unas cuadras de su casa" (fs. 169).
Continuó señalando que "...los Magistrados de grado pusieron de resalto que la descripción fisonómica referenciada por Pacheco, resultó coincidente con aquella expresada por Zulma Rosana Blanco, testigo que aseguró que el mayor de sus dos sobrinos (que también se encontraban a bordo del rodado al momento del atraco), indicó que el sujeto que había matado a su padre tenía el pelo con 'rulitos', característica que, además, se corresponde con la del inculpado Cristian Mariano Esper, conforme lo apreciaran los sentenciantes durante el transcurso del debate oral" (fs. ídem).
Adunó a ello, la estimación de las declaraciones juramentadas de Luis Edgardo Otero, Néstor Adrián Palacios, Darío Damián Belcastro y José Luis Gutiérrez, funcionarios policiales que tuvieron a su cargo llevar adelante las tareas de pesquisa, y "...que por caminos investigativos diversos pudieron confluir en el dato que los presuntos autores del hecho eran personas que conformaban una banda que se dedicaba a cometer este tipo de ilícitos, cuyos integrantes se radicaban en la localidad de Monte Chingolo, logrando identificar a Cristin Morel o Molina y Ruíz Díaz, apodados 'los Melli', los hermanos Frías y a Cristian Mariano Esper, alias 'Frikiki'"? quienes "...explicaron que una vez que fueron anoticiados de ocurrido el hecho luctuoso, efectuaron un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas, como así también constataron la existencia de personas que habían percibido lo ocurrido, pudiendo corroborar la secuencia ilícita narrada por los testigos nombrados, al igual que el hallazgo del Ford Fiesta Kinetic blanco, el cual estaba estacionado en Centenario Uruguayo y Homero Man[zi], y que de las tareas investigativas desarrolladas pudieron identificar a los presuntos autores del delito en cuestión, procediéndose a efectuar un allanamiento en el domicilio del prevenido Esper, lugar en el que se procedió al secuestro e incautación de un arma de fuego, del tipo revólver, calibre 38, color plateado, elemento ofensivo que fue reconocido por los nombrados en la audiencia oral" (fs. 169 vta.).
Sostuvo que ello se reforzaba con la declaración de Ignacio Agustín Quiroga, convocado para actuar como testigo de actuación, quien ratificó el procedimiento descripto, "...dando por tierra con la versión aportada por el propio Esper, al expresar que el arma había sido 'plantada' por personal policial", pues explicó la proximidad en que se hallaba del lugar donde el oficial encontró dicho adminículo, escondido debajo de un colchón, aclarando que al inicio de la diligencia los policías sólo tenían sus armas. Así despejó el intento de la defensa por desacreditar la labor desarrollada, siendo que, además, reconoció en el debate el revólver que le fuera exhibido como correspondiente a aquel que fuera incautado en el interior de la vivienda del acusado (v. fs. 169 vta. y 170).
Puntualizó que el trabajo pericial efectuado también se erigía como elemento incriminante contra Esper, toda vez que de la operación de autopsia realizada a la víctima (v. fs. 357/360) surgía que la muerte de Ricardo Javier Blanco se produjo a consecuencia de un paro cardio-respiratorio traumático, siendo la causa originaria una herida de arma de fuego en cráneo, "...al tiempo que las pericias balísticas respectivas (obrantes a fs. 337/338 y 687/697), establecieron que tanto el revólver en cuestión como los cartuchos ofrecidos resultaron aptos para sus fines específicos, al igual que se arribó a conclusión que el proyectil obtenido en la autopsia referida, identificado con el nro. '4', efectuó paso forzado por el interior del cañón perteneciente al revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 SPL, nro. de serie 147663, el cual como ya hiciera referencia, fue incautado en el interior del domicilio del aquí condenado" (fs. 170).
Señaló que corrobora el plexo cargoso en cabeza del imputado "...la declaración testifical de Eva Catalina Olivo, vecina del lugar, quien dijo que se había despertado por los disparos. Con motivo de ello, se asomó por la ventana, observando a una persona joven, delgada, de aproximadamente 1.70 de alto, el cual corría sobre el cordón de la vereda de enfrente de su casa, e instantes después advirtió el paso de un rodado blanco, en la misma dirección por la calle Heredia. Asimismo, la declarante explicó los pormenores del reconocimiento en el que participó, donde fue contundente al señalar a Esper como el sujeto que había visto correr, desde su casa, la noche en que ocurrieron los hechos, lo cual encontró debido correlato en el acta incorporada por lectura, obrante a fs. 393/394" (fs. 170 y vta.).
Destacó que "...los magistrados de mérito optaron por descartar los dichos vertidos por el acusado, debido a las inconsistencias detectadas, al ser comparados con la prueba de cargo existente en la presente causa, de la que surge a las claras su mendacidad y huera pretensión de obtener una mejor situación procesal, los que no solamente resultan solitarios y carentes de sustento, sino que además contradicen el resto del plexo probatorio sobre el que se apoya con justeza el fallo recurrido" (fs. 170 vta.).
Expresó que "...los datos volcados permitieron apreciar la dinámica y las características propias de los acontecimientos, donde nada existe para cuestionar las aseveraciones lanzadas por los testigos mencionados, las cuales se encuentran imbuidas de todas las formalidades previstas para la producción de tal prueba, lo que conlleva a tomar como plenamente válidas dichas declaraciones y a ponderar libremente el contenido de las mismas" (fs. 171 vta.).
Como corolario de todo el relevamiento argumental con el que el tribunal del grado dio sustento al juicio de condena, estimó que las objeciones de la defensa carecían de asidero merced a la amplia prueba de cargo habida en la causa y que fuera debidamente valorada por el juzgador, resaltando la amplia atribución que posee dicho órgano jurisdiccional para seleccionar los medios de prueba y para su apreciación, en tanto se ajusten sus conclusiones a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, cuya aplicación queda sometida a la rectitud, prudencia y sabiduría de los jueces (v. fs. 172). Así, concluyó que la sentencia no se halla desprovista de apoyo legal, ni aparecía como el resultado de la mera voluntad del juzgador, siendo que aparecía reforzada por la referida valoración de la prueba colectada, con adecuada ponderación de su fuerza convictiva. De modo, que -contrariamente a lo denunciado por la recurrente- la decisión fundada en el derecho aplicado, permitía la acabada revisión del iter lógico seguido por los sentenciantes "...para la formación de su convicción sincera respecto de los hechos del proceso" (fs. 172 vta. y 173).
III.2. De la reseña efectuada se aprecia que la casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó todos los reclamos de la parte, los descartó, y proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperament
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.