Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132953
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.953, "M., C. A. s/ Queja en causa n° 89.714 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de febrero de 2019, por mayoría, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de C. A. M., contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (art. 119, tercer párrafo, con relación al cuarto, incs. "b" y "f", Cód. Penal; v. fs. 141/153).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de C. A. M. (v. fs. 161/170 vta.), que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 172/175). Contra dicha decisión, el citado defensor dedujo queja (v. fs. 262/271), que fue admitida por esta Suprema Corte, concediendo la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 272/275).
Oída la Procuración General (v. fs. 290/299), dictada la providencia de autos (v. fs. 301), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor de casación adjunto denunció la violación de los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por reputar que sólo hubo una revisión aparente de la sentencia de condena. También señaló la infracción al principio in dubio pro reo y tachó la sentencia impugnada por arbitraria (v. fs. 162 vta.).
Adujo que la decisión del tribunal intermedio constituyó un tránsito aparente por esa instancia que frustró el derecho del imputado a obtener el doble conforme, pues habiendo acudido en procura de la revisión del modo en que se consideró probada la existencia de los hechos contra la integridad sexual y la autoría que se le endilgó a M., como así también el accionar de una magistrada en cuanto a la forma de interrogar a los testigos en el debate oral, el encuadre como abuso calificado y la valoración de las circunstancias agravantes de la pena, la respuesta consistió en una reiteración de las razones expresadas por el a quo , a la que se agregaron algunas afirmaciones genéricas y abstractas desvinculadas del caso concreto (v. fs. 163).
Mencionó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso del encartado con cita de lo fallado en "Casal", y efectuó diversas consideraciones en torno al "método histórico" sobre la eficacia convictiva de la prueba (v. fs. 163 y vta.).
Luego realizó una reseña de los agravios formulados ante la instancia intermedia, y el tratamiento que se les dispensara por parte de dicho órgano jurisdiccional.
I.1. Con relación a la autoría responsable del imputado adujo que se había planteado la errónea valoración de las pruebas producidas en el debate para tener por probado que el vínculo filial estuvo caracterizado por la violencia verbal y física desplegada por C. A. M. con el resto del grupo familiar, con base en el aporte que hiciera B. M., hermano de la víctima e hijo mayor del imputado, que fue ingresado al debate a través de las declaraciones vertidas por la trabajadora social y el psicólogo que integraban el equipo técnico que lo tuvo como paciente. Ello en violación al derecho de defensa material y técnico, toda vez que el nombrado B. M. fue declarado insano por lo que no prestó testimonio (v. fs. 164). Se quejó, asimismo, del mérito cargoso otorgado a las declaraciones de Luciano Alberto Angeli -integrante del cuerpo escolar de la escuela n° 503 de Quequén- quien manifestó que se habían efectuado dos denuncias por violencia familiar en los años 2013 y 2014. Encontró contradicciones entre el testimonio brindado por la víctima al momento de realizarse la Cámara Gesell y sus dichos en el juicio oral.
Se refirió a las declaraciones de L. C., B. A. G., S. S. y C. E. P. (abuela, esposo, suegra y madre respectivamente de la víctima) por ser "testigos de oídas", ya que sólo reprodujeron lo que R. M. les contó (v. fs. 165).
En orden a las juramentadas de Luciano Angeli, Eva Locio y Alejandra García, expresó que reprodujeron lo que B. M. les habría comentado, en su respectivo ámbito de actuación, por lo cual valorarlos "...resulta ser una vía indirecta, de violación del derecho de defensa en juicio, haber carecido la parte de ejercer el contrainterrogatorio, en relación al joven: B. M." (fs. 165 vta.).
Aludió al informe médico efectuado por la doctora Laura Rodríguez, médica de la policía científica y a la falta de allanamiento de la vivienda del imputado a fin de secuestrar elementos de interés para un eventual cotejo de material genético, o la existencia de películas pornográficas (v. fs. cit. y 166).
Aseveró que el proceder del Tribunal de Casación resultó conculcatorio del derecho a la doble instancia y del derecho de defensa en juicio, por no haberse dado adecuado tratamiento a los agravios llevados a su conocimiento. Solicitó se anule la resolución en crisis, disponiendo el reenvió a la instancia anterior a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento.
Denunció arbitrariedad del fallo al afirmar la existencia de prueba independiente de la declaración de R. M. suficiente para arribar a la sentencia de condena, siendo que se debieron extremar los esfuerzos en el análisis de las declaraciones de los familiares de la víctima y de los profesionales intervinientes conforme a las leyes de la lógica, la psicología y la experiencia común (v. fs. 166 vta.).
Concluyó este tramo de la queja exponiendo diversas consideraciones con relación a la afectación al doble conforme y al principio in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac. y 8.1., CADH; v. fs. 167 vta. y 168).
I.2. A continuación, el recurrente reseñó los agravios con los que fundó la solicitud "...de nulidad [...] de la audiencia de debate, por cuanto el plexo probatorio incriminante se integró con el testimonio brindado por G. A. M." en violación a las prescripciones del art. 234 del Código Procesal Penal.
Indicó que el revisor no realizó ninguna referencia a dicho planteo, limitando de este modo su tarea fiscalizadora efectuando un análisis parcial y arbitrario al no brindar respuesta a los planteos de la defensa, dado que convalidó la valoración de tal medio de prueba parcializando el testimonio al momento de reseñarlo (v. fs. 168 y vta.).
I.3. Mencionó que el tercer motivo que portaba el recurso de casación consistía en el cuestionamiento del actuar de la señora jueza doctora Mariana Giménez, violatorio del art. 364, segunda parte, del Código Procesal Penal y del principio de imparcialidad, por cuanto efectuó preguntas a los testigos durante el debate oral que no se correspondían con el fin aclaratorio que debían contener.
Señaló que el tribunal casatorio omitió tratar este planteo, frustrando el derecho del imputado a una revisión integral de la sentencia (art. 8.2."h", CADH; v. fs. 168 vta. y 169).
I.4. Por último, destacó que se había solicitado la obliteración de la agravante de la figura penal contenida en el inc. "f" del art. 119 del Código Penal, en función de la edad de la víctima al momento de la supuesta comisión de los hechos.
Explicó que R. B. M. nació el 12 de noviembre de 1997, por lo que el 12 de noviembre de 2015, adquirió la mayoría de edad. Siendo que la acusación fiscal se extendió por los hechos acaecidos durante el año 2012 hasta el 17 de enero de 2016, debió desagregarse la agravante a partir del 13 de noviembre de 2015, cuando la víctima cumplió los dieciocho años de edad.
Coligió que "...sea en la acreditación de la autoría penal en cabeza de M., o en su caso, en la valoración de elementos de cargo que debían excluirse, o en la aplicación de la agravante de la figura penal en trato, el TCP se ha apartado de ejercer su tarea revisora amplia, limitándola a dar respuesta a los planteos en una resolución sostenida solo en meras afirmaciones dogmáticas y estereotipadas, o que reseñan lo que el sentenciante de grado dijo" (fs. 169 vta.).
Solicitó la absolución del imputado; subsidiariamente requirió se anule la sentencia y se mande a dictar un nuevo pronunciamiento que, revisando la decisión de origen responda de manera eficaz las críticas del casacionista (v. fs. 170).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída (v. fs. 290/299).
II.1. Al interponer recurso de casación, el defensor oficial había cuestionado -en lo que aquí interesa- que la condena se había fundado en base a la sola denuncia de la víctima sin otro medio de prueba, advirtiendo contradicciones en las declaraciones prestada por ella; que la declaración del joven B. M. no pudo ser controvertida, pues solo fue rendida en el ámbito escolar, sin juramento de decir verdad, lo que acarrea su nulidad; la valoración como prueba de cargo del testimonio de G. A. M., hermano del causante. También denunció violación al principio de imparcialidad atento que la señora jueza doctora Laura Giménez se arrogó la facultad de interrogar testigos, colectando prueba de cargo y la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 por no haberse obliterado la agravante del art. 119 cuarto párrafo apartado "f" durante el período comprendido entre que la víctima cumplió dieciocho años y el 17 de enero de 2016 -fecha de la finalización de la actividad delictiva- (v. fs. 77/116 vta.).
II.2. Las instancias previas han tenido legalmente acreditado que "...C. A. M., en forma reiterada y aprovechándose de la convivencia preexistente abusó sexualmente de su hija R. M., accediéndola por vía vaginal, anal y oral, valiéndose para ello de amenazas de muerte, todo en el marco de una situación de violencia intrafamiliar que se venía desarrollando desde varios años atrás, hechos reiterados, cometidos por primera vez contando la víctima con catorce años de edad y en el domicilio de 37, y continuando luego en los domicilios de …, de … y en el domicilio de Quequén, hasta el 17 de enero de 2016 -última vez- ello en el interior del domicilio donde habitaba R. M. junto a sus progenitores y su hermano, sito en calle … n° … de Necochea" (fs. 143).
II.3. En cuanto al primero de los planteos reseñados, según se verá, la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia.
II.4. El órgano intermedio en contestación a la crítica referida a que la condena solo se sustentó con la declaración de la víctima R. B. M., destacó que los juzgadores contaron, además, con los testimonios de C. E. P. -progenitora de la víctima-, L. C. -abuela de la víctima-, B. A. G. -esposo de la víctima-, S. M. S., G. A. M., Alejandra Judhith García -trabajadora social en el hospital neuropsiquiátrico-, Luciano Alberto Angeli -psicólogo que se desempeña en la Escuela n° … y en institutos superiores-, Leticia Eva Locio -licenciada en psicología y trabajo social en el Servicio Local de Promoción y Protección del Menor y la Infancia- y de la licenciada María Laura Brisghelli -psicóloga que intervino en la declaración mediante el sistema de Cámara Gesell de R. M.- (v. fs. 143 vta.).
De seguido transcribió la declaración brindada por la damnificada, que lo hizo acompañada por la licenciada Rosario Ascoti en la que describió con detalle abusos a los que fue sometida. En tal sentido, puso de resalto que a los catorce años su padre comenzó a abusar sexualmente de ella, a través de tocamientos y succionando sus pechos, inmovilizándola con sus manos y pegándole cachetadas ante sus negativas o intentos de escape, no dejándola usar determinado tipo de ropa por ser "provocadora"; que todos los días pasaba lo mismo, agregándose tocamientos en sus partes íntimas, y cuando tenían relaciones su progenitor le tapaba la boca para que su madre no escuchara, manteniéndola amenazada con "matar a todos" si contaba algo; que luego de mudarse junto a sus padres y su hermano a la calle …, y ya teniendo dieciséis o diecisiete años, seguían ocurriendo los abusos con acceso carnal vía anal, vaginal y bucal; que después se mudaron a otra casa, donde el acusado la violaba y le tocaba los pechos, siendo que en una oportunidad su hermano le preguntó si su padre la tocaba y ella se lo negó por las amenazas recibidas; que un día su padre le dijo que si quedaba embarazada le dijera a su madre que el hijo era de un compañero de la escuela, y que luego la hizo dejar el colegio; que la denuncia penal efectuó luego de cumplir los dieciocho años porque no aguantaba más; que en calle … el acusado le mostraba películas porno para ver las posiciones sexuales que tenía que hacer (v. fs. 143 vta./146).
A ello enlazó los dichos de su madre, C. E. P. que señaló que R. le había contado que su papá abusaba de ella "...desde hace rato, desde que vivían en calle …, donde alquilaban, entre … y …. Allí vivían los cuatro. R., B., M. y ella. Estuvieron viviendo tres años en ese lugar. Dijo que 'la vida era como un infierno'. Siempre los maltrataba a la dicente y a B., a R. no mucho. Dijo que algo sospechaba porque M. la hacía dormir a R. con él. La dicente le preguntaba, pero R. no decía nada. Sostuvo que a M. no le gustaba que fuera al colegio, la celaba mucho, decía que la amaba mucho, que era su hija. La dicente creía que eran celos de padre, nada más. A R. jamás la dejaba salir. La dicente le tenía miedo. Era muy agresivo, cualquier cosa que la dicente hacía M. se enojaba y le levantaba la mano. Estuvo preso antes por matar a un hombre en Quequén, hace veintidós años. Luego, después que R. contara lo sucedido, fueron a la comisaría de la mujer a realizar la denuncia"; y los de su abuela L. C. (v. fs. 146 y vta.).
Adunó la declaración juramentada de B. A. G., esposo de la víctima, a quien R. le contó su padre había abusado de ella. "Le dijo que la maltrataba mucho a ella, a la madre y al hermano, que vivieron un infierno. Le contó las cosas que le hacía como posiciones de películas porno, sexo oral, que, de chica, cuando discutía con la madre, su padre pidió acostarse con ella, agarró un cuchillo y le cortó un cinto celeste que llevaba puesto. Esto fue a sus catorce años. Que le decía que la quería para el solo. No la dejaba salir mucho, la tenía encerrada. Lo maltrataba mucho a B., que en un ataque le dijo a su madre déjalo que se muera, lo metió en la ducha con ataques, le contó que lo golpeaba y manoseaba, le tocaba el culo, [...], también que la besaba en la boca" (fs. 146 vta.).
Se refirió a la testimonial de G. A. M., hermano del imputado "...quien refirió no saber nada de lo que sucedió a R., ya que cuando se enteró ya había pasado. Si agregó que su hermano siempre [llevaba] consigo unos cuchillos" (fs. 147).
También valoró la brindada por la Trabajadora Social Alejandra Judith García quien entrevistó varias veces al hermano de la víctima, por su enfermedad mental, y pudo dar detalles de los hechos de violencia que se vivían en el domicilio de la familia M., por parte del imputado a todos los miembros de su familia; y la prestada por el psicólogo Luciano Alberto Angeli, que conoció a la familia M. trabajando en la escuela de educación especial de Quequén donde concurría B., el que le contó "...que M. le revoleaba el desodorante en la cabeza, le pegaba con un palo. Contaba que R. dormía con su papá y que la tocaba". Indicó que a raíz de esta situación habían hecho la denuncia por presunción de violencia en la Comisaría de la Mujer e intervención al servicio local y allí incluir esta situación con la Escuela n° …, donde iba R. (v. fs. 147).
Meritó los dichos de la licenciada Leticia Eva Locio, quien trabajó en el Servicio Local de Promoción y Protección del menor y la infancia, durante 2013 y 2014, donde se presentaron informes solicitando intervención por R., por comportamientos en la escuela. Destacó que la entrevistó en tres oportunidades en el servicio local acompañada por su madre y otras dos veces en la escuela, en horario de clases, "...aprecia un contexto familiar de altísimo nivel de violencia física, había relatos que B., R. y su madre eran víctimas de violencia, indicadores físicos que la escuela veía en lo cotidiano. R. nunca relató nada respecto a la violencia sufrida, pero aparecía muy condicionada por su mamá que se presentaba muy inquieta y con actitud de vigilancia. Cuando toma la decisión de denunciar los abusos 'que va a hacer él, me va a buscar, me va a matar'. La consecuencia era siempre vista con ejercicio de la violencia por parte del progenitor. El único lugar de libertad era la escuela y que se veía interrumpido por decisión del progenitor. Esto es característico del abuso" (fs. 147 vta.; el destacado figura en el original).
Destacó el revisor que "La cuestión del secreto en general es impuesta con distintas estrategias. Hay indicadores específicos del secreto impuesto en forma violenta, por amenazas, con ejercicio de violencia. El padre al costado de la cama donde había una mesa con cuchillos, donde sucedían los abusos. Relata episodios de violencia concretos hacia su hermano y madre, golpes con machete, donde se desmaya, hacia ella esporádicamente".
Resaltó los dichos de las peritos psicólogas licenciadas Leticia Eva Locio y María Laura Brisighelli, "... quienes como conclusión diagnóstica evaluaron en R. un estado de estrés post traumático con mecanismo de disociación, angustia, temor, flashback, dificultades para dormir, dificultades para vincularse con sus pares atento el contexto de violencia intrafamiliar y abusos sexuales a los que estaba sometida, donde la niña quedó en un lugar de objeto como una cosa que le pertenecía a su padre desde muy temprana edad" (fs. 147 vta. y 148; el destacado figura en el original).
Explicó que la licenciada Brisighelli, psicóloga que intervino en la declaración mediante el sistema de Cámara Gesell de la víctima, la entrevistó primero en mayo de 2016 para evaluar el estado psicoactivo, para ver cómo estaba desde lo psicológico para la utilización de la cámara. Dijo que "...sugirió la aplicación del dispositivo porque había indicadores de stress traumático, como pesadillas recurrentes, miedo persistente que se transformaba en terror con episodios panicosos. Tenía una actitud muy inhibida y de introspección, una merma en las funciones cognitivas, carencia en la estimulación y el recorrido académico hacía que tuviera la dificultad para comprender el alcance de algunas preguntas, todo esto sumado a la petrificación afectiva. No había contacto con emociones. Una sintomatología de tipo ansioso depresiva y presencia de indicadores de stress post traumático. Logra desplegar un relato de tinte depresivo, asociado a la pérdida de la figura materna. No había encontrado soporte en la figura de la madre. En el relato de modo desorganizado puede contar anécdotas de abuso sexual por parte de su papá" (fs. 148; el destacado figura en el original).
A fin de descartar los agravios de la defensa relacionados con los medios de prueba que sustentaron la condena, cuestionándolos por encontrarse basados en los dichos de la víctima; el de su hermano B. M. por haber sido rendido en el ámbito escolar, sin juramento de decir verdad; y el prestado por el hermano del imputado, el revisor indicó que el planteo "...es una reedición del efectuado en l
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