Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132396
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.396, "Moyano, Walter Javier s/Queja en causa n° 89.730 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de octubre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de Morón, que rechazó la petición de Walter Javier Moyano del dictado de una pena única (art. 58, Cód. Penal; v. fs. 128/133 y 97/98 vta.).
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, con la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 137/143 vta., el que fue concedido por esta Suprema Corte, por vía del recurso de queja articulado por dicha parte, merced a la resolución del 16 de junio de 2020 (v. fs. 226/228 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 245/249), dictada la providencia de autos (v. fs. 251), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el caso se plantea ante esta Corte la procedencia del dictado de una pena única, asunto que ha tenido la tramitación que se indica a continuación.
I.1. Walter Javier Moyano, con asistencia letrada y desde su lugar de detención, pidió ante el Juzgado de Garantías n° 3 de Morón, en la causa 5-27445-2 (que tramitó en el Juzgado de Transición n° 2 de dicho departamento judicial) la unificación de las penas impuestas en cuatro causas (v. fs. 17 y vta.).
De acuerdo con las constancias de autos se trata de las siguientes:
A) Causa 51.432 del Juzgado Penal de Dolores a cargo de la doctora Yaltone en la cual la Cámara departamental (registrada bajo el n° 4.284) dictó sentencia el 28 de diciembre de 1989 condenándolo a la pena de siete años de prisión. En el cómputo respectivo se estableció que fue detenido el 17 de octubre de 1988 y que la pena venció el 17 de octubre de 1995 (v. fs. 76/90 vta.).
B) Causa 5-27445-2 del Juzgado de Transición n° 2 de Morón, en la cual el 31 de agosto de 1995 se lo condenó a la pena de trece años de prisión, siendo dicho fallo confirmado por esta Suprema Corte (P. 64.587) mediante la sentencia del 14 de mayo de 2003. Según consta, Moyano fue detenido el 27 de agosto de 1993 y excarcelado el 15 de marzo de 2001 por haberse agotado la pena impuesta (v. fs. 1 y 3/4).
C) Causa 1.123 del Tribunal Oral en lo Criminal n° 27 de la Capital Federal, en la que el 14 de agosto de 2002 se le impuso la pena de siete años de prisión. En el cómputo se indica que se lo detuvo el 26 de julio de 2001 y que la pena venció el 25 de julio de 2008 (v. fs. 8/15).
D) Causa 4.283/6 del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, órgano que lo condenó el 2 de febrero de 2016 a la pena de siete años y diez meses de prisión. En el cómputo se dejó constancia de que fue detenido el 14 de enero de 2014 y que dicha pena vence el 13 de noviembre de 2021 (v. fs. 21/71).
I.2. El Juzgado de Garantías de Morón, en el pronunciamiento que data del 26 de julio de 2017, de modo concordante con lo dictaminado por la fiscalía (v. fs. 95/96), desestimó la petición de Moyano con fundamento en que la condena a 13 años de prisión impuesta en la causa 5-27445-2 se había agotado teniendo en cuenta que el 15 de marzo de 2001 se le concedió la excarcelación por haberla cumplido totalmente (v. fs. 97 vta.).
I.3. En el recurso de casación interpuesto por la defensa se objetó la negativa a la unificación concerniente a las cuatro causas aludidas. Planteó que, aunque las penas estuvieran agotadas o extinguidas procedía hacerle lugar siempre que exista interés o necesidad de unificación, lo cual sostuvo ocurre en este caso debido a que el proceso sustanciado en Dolores "...tuvo comienzo en el año 1988, siendo que su condena venció en el año 1995, es decir, en plena vigencia de la Ley 24.390. Asimismo, el presente proceso registrado bajo el número 5-27445-2 también fue iniciado en el año 1993..." imponiéndose 13 años de prisión con declaración de reincidencia.
Explicó que ambos juicios "...fueron iniciados o bien durante la plena vigencia de la ley 24.390, o durante el período en que dicha ley fue promulgada resultando aplicable igualmente a partir del principio de ley más benigna...", por lo cual -a su criterio- correspondería computar doble los períodos de detención que excedieran los dos años de prisión preventiva hasta la firmeza de la pena única que se pretende de acuerdo al art. 7 de dicha norma. Concluyó, entonces, que si las penas se unifican, lo mismo ocurre con el cómputo, esto es que debe contarse "...el encierro sufrido en la totalidad de los procesos como único y, luego de los dos años y hasta la firmeza de la unificación, computar el doble..." (fs. 111/115).
En cuanto al monto, requirió la aplicación del método composicional (v. fs. 115).
I.4. En el memorial ante el órgano intermedio la defensa argumentó que la denegatoria de la unificación de las cuatro condenas fue arbitraria pues se adoptó sin contar con toda la información necesaria. También, adujo que el pronunciamiento fue motivado en el agotamiento de la pena fijada en la sentencia de Morón, pese a ignorarse la fecha de firmeza de la condena al no constar si el fallo dictado por esta Suprema Corte en ese juicio fue notificado al procesado y de ello dependería -sostuvo- si procede la unificación "...con el resto de las causas y en particular con las dos causas posteriores" al tratarse en estas dos últimas de una unificación de condenas, dictadas en las jurisdicciones de Lomas de Zamora y de Capital Federal (v. fs. 125/127). Finalmente, dejó constancia de que Moyano sigue ejecutando pena en la causa de Lomas de Zamora, la que, según el cómputo, vence el 13 de noviembre de 2021 (v. fs. 126).
I.5. El Tribunal de Casación, en primer lugar, indicó que de conformidad con el art. 58 del Código Penal corresponde la unificación de condenas ante casos de concurso real de delitos juzgados por distintos tribunales a fin de evitar la pluralidad de penas y condenas en lugar de una pena total y una única condena por aplicación de los arts. 55 y 56 del mismo Código (v. fs. 129 y 130).
Luego, se ocupó de la restante hipótesis contemplada en el art. 58 "...cuando una persona comete uno o varios delitos mientras cumple pena por una condena anterior. Aquí, la condena anterior no desaparece, tampoco la pena que contiene, pues no fue pronunciada en violación a las reglas del concurso -a diferencia del caso de la unificación de condenas-, entonces, lo que se unifica no son las condenas, sino las penas" (fs. 130 vta.).
Establecidas estas premisas, ingresó al caso de autos y señaló (v. fs. 130 vta. y 131):
"... Moyano fue condenado en cuatro oportunidades, por cuatro hechos diversos, cometidos todos en distintas jurisdicciones -Dolores, Morón, Capital Federal y Lomas de Zamora-.
Originariamente, el 28 de diciembre de 1989, fue condenado a la pena de 7 años de prisión -por un hecho cometido el 17 de octubre de 1988-, venciendo dicha sanción el día 17 de octubre de 1995.
Luego, el 31 de agosto de 1995 fue condenado a 13 años de prisión; y el 15 de marzo de 2001 fue excarcelado por haber agotado , en prisión preventiva, la pena impuesta por sentencia no firme.
Posteriormente, el 14 de agosto de 2002, fue condenado a la pena de 7 años de prisión, por un hecho acaecido el 26 de julio de 2001. Dicha sanción venció el 25 de julio de 2008 .
Por último, el 2 de febrero de 2016, fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión, por un hecho cometido el 14 de enero de 2014; sanción cuyo vencimiento fue fijado para el 13 de noviembre de 2021.
Sentado lo anterior, se concluye que a la fecha de comisión de los delitos -arriba- mencionados en tercer y cuarto término, esto es, al 26 de julio de 2001 y al 14 de enero de 2014 respectivamente, la sanción de 13 años de prisión con la cual se pretende su integración se encontraba agotada, vale decir, que el imputado había dejado de cumplir esa pena " (resaltado en el original; bastardilla agregada).
Por lo tanto, determinó que el caso no encuadraba en la primera hipótesis del art. 58, pues "...al momento del requerimiento de unificación -23 de septiembre de 2016-, aquella sanción de 13 años se encontraba firme y, asimismo, agotado su cumplimiento...", enfatizando que la parte no había aportado ningún elemento en sostén de lo contrario (v. fs. 131 y vta.).
Al respecto refirió que, "más allá de la duda que pretende sembrar el impugnante en cuanto a la firmeza de aquella sentencia de condena, lo cierto es que obra [en la resolución referida] el agotamiento de la pena allí impuesta, y en la actualidad sólo se encuentra vigente una sanción por un hecho cometido en el año 2014", no existiendo unificación posible (v. fs. cit.).
De otro lado, añadió que tampoco se trató de un concurso real, de modo que no se presentaba ninguna de las hipótesis previstas en el art. 58 del Código Penal aludidas (v. fs. 132).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo examen se insiste con la pretensión de unificación en relación con los procesos a los que se viene aludiendo.
El Defensor indica que, según el juzgado de garantías, al haberse agotado la pena en la causa de Morón (n° 5-27.445-2), ello impedía "toda conexión" con las condenas posteriores, y a la vez de estas con la condena impuesta en la de Dolores en la causa n° 51.432 (v. fs. 138).
Refiere que la infracción constitucional denunciada halla sustento en que la decisión en crisis se motivó en extremos no acreditados en la causa: la firmeza de uno de los pronunciamientos cuya unificación reclama, y porque brinda una interpretación arbitraria del art. 58 del Código de fondo. Asegura que el planteo es oportuno pues la cuestión federal surge a partir de la sentencia intermedia (v. fs. 140 y vta.).
Argumenta que, al haberse reclamado la unificación de condenas, resultaba elemental entender cómo se vinculaba la impuesta en Morón (causa "B") con las condenas subsiguientes a fin de determinar si tramitaron coetáneamente, es decir, antes que la indicada adquiriera firmeza. Considera que, sin más, el a quo tuvo por firme a aquella y que la arbitrariedad radica en haberlo así sostenido sin constancia probatoria alguna dado que no se conoce si el imputado fue notificado del fallo de esta Suprema Corte (v. fs. 141 vta.).
La defensa alega que lo relevante para establecer si la causa "B" es "unificable" con las posteriores es la fecha de firmeza de la condena allí dictada porque permitiría aclarar si tramitó en forma paralela con las sindicadas con las letras "C" y la "D" (supuesto de concurso real y de unificación de condenas). En este sentido agrega que al cometerse el hecho de la causa "C" (en Capital Federal), la causa "B" (de Morón) seguía abierta. En cuanto a la causa "D" (Lomas de Zamora), el asunto depende de la fecha en que quedó firme el fallo en "B" (v. fs. 142 vta.).
Por lo dicho, concluye que hubo una arbitraria interpretación del art. 58 del Código Penal, citando al respecto doctrina de esta Corte (v. fs. 143).
III. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el reclamo no procede.
III.1. Preliminarmente cabe aclarar que tanto en su formulación inicial como ante casación, el agravio estuvo circunscripto al interés de que, dictada la unificación, se aplicara al cómputo la ley 24.390, sin perjuicio de que, en el memorial ante esa sede, la parte también argumentó que se había resuelto el caso sin la información necesaria y que se ignoraba la fecha de firmeza de la condena de Morón, dato que consideró decisivo para la solución del asunto, siendo ese argumento desestimado por el a quo , como se verá, sin una impugnación idónea.
III.2. También que, aunque la defensa mencionó en el recurso extraordinario la causa fallada en Dolores (n° 51.432), en definitiva, no presentó ningún argumento en pos de sostener su propuesta de que fuera incluida en la unificación pretendida. Por lo tanto, nada corresponde abordar al respecto.
III.3. En cuanto al fondo del reclamo, más allá del acierto o error en la lectura del Tribunal de Casación Penal sobre la inteligencia y el alcance de los supuestos de unificación previstos en el art. 58 del Código Penal, lo trascendente para dirimir este asunto radicó en que -pese a la duda que pretendió sembrar el impugnante en cuanto a la firmeza de la sentencia de condena correspondiente a la causa del de Morón-, había operado el agotamiento de la pena a trece años de prisión allí impuesta y, sólo se encontraba vigente una sanción por un hecho cometido en el año 2014, no siendo posible la unificación pretendida pues ni se trató de diversos hechos juzgados en violación a las reglas del concurso (unificación de condenas), ni tampoco de hechos cometidos mientras estaba cumpliendo una condena anterior (unificación de penas), en tanto que la pena impuesta por el tribunal de Morón se encontraba vencida -agotada- y por tanto extinguida para su cumplimiento, sin haber aportado la parte ningún dato de interés que pusiera en entredicho esa afirmación, máxime cuando -es preciso señalar- han transcurrido otros trece años entre la fecha de su agotamiento y la del hecho nuevo y once años entre la sentencia definitiva dictada por esta Corte en el 2003 y el hecho del 2014 con el que pretende enlazarla a los fines del art. 58 del Código Penal.
En lo que importa, este particular argumento no fue debidamente rebatido por el recurrente quien se limitó a descalificar el pronunciamiento bajo la tacha de la arbitrariedad y a oponer su criterio respecto a que el momento decisivo para establecer si dos condenas son unificables es aquel en el cual la sentencia que impone pena ha quedado firme, sin siquiera acreditar que este tópico no hubiera tenido lugar, según se le achacó (conf. doctr. art. 495, CPP).
III.4. Entonces, si bien son conocidas las dificultades interpretativas y de aplicación concreta que genera el art. 58 del Código Penal, es necesario que la parte requirente evidencie un interés en la unificación con argumentos fácticos y jurídicos que sustenten su posición, con suficiente correlación para su adecuación a algunas de las hipótesis previstas en tal precepto, lo que no ha ocurrido en el caso, limitándose a reeditar argumentos que ya han sido desestimados con fundamentos que no ha logrado desbaratar.
Tales falencias impiden el progreso del agravio, por lo que el recurso deviene insuficiente (conf. art. 495, CPP; doctr. P. 132.498, sent. de 15-VII-2020; e. o.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/08/2021 09:59:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 13:27:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 16:11:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2021 17:06:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 19:55:24 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia