Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134002
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.002, "A., P. J. s/ Queja en causa n° 89.732 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria , Torres, Carral .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de febrero de 2019, rechazó -en lo que resulta pertinente destacar- el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Plata que condenó a P. J. A. a la pena de diecisiete años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterados, calificados por haber provocado un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser cometidos contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente -arts. 55 y 119 párrafos tercero y cuarto incs. "a" y "f" del Código Penal- (v. fs. 39/44 vta.).
El señor defensor oficial de casación adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 60/64), que fue desestimado por el Tribunal de Alzada, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal. Por su parte, esta Suprema Corte, mediante la resolución de fecha 18 de marzo de 2021, admitió la misma y concedió el carril extraordinario deducido (v. fs. 86/88).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 109/112 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció en la vía impugnativa promovida la errónea aplicación del art. 55 en función del 119 ambos del Código Penal, como así también la vulneración de los principios constitucionales de legalidad, culpabilidad y defensa en juicio -arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional- (v. fs. 61 vta.).
Reseñó de modo preliminar los antecedentes del caso, transcribiendo de seguido la materialidad ilícita que arribó acreditada a esta instancia extraordinaria, y puntualizó que ya al deducir el recurso de casación la parte se había agraviado del encuadre normativo asignado al caso, en razón de considerar que "...no fueron determinados los hechos" por los cuales su defendido resultó condenado a tenor de las previsiones del art. 55 del Código sustantivo (v. fs. cit. vta. y 62).
Destacó que la falta de individualización concreta de los sucesos no puede salvarse con la mera determinación de un número de delitos que se presume en base al relato de la víctima, en cuanto el tribunal revisor determinó que fueron "...todos los sábados y los domingos, entre los meses de febrero y junio de 2014, lo que permite afirmar que [los hechos] fueron, por lo menos, cuarenta" (fs. 62).
Resaltó que a pesar de tal respuesta la indeterminación fáctica sigue incólume, en tanto que el agravio vertido por la defensa apuntó no sólo a la falta de determinación de los ilícitos, que no puede ser salvada por una ligera determinación numérica, sino que la falta de individualización de cada uno de los pretendidos hechos violenta gravemente, entre otros, el derecho de defensa de su asistido, a su modo de ver (v. fs. cit.).
Insistió en que el Tribunal de Casación entendió, contrariamente al requerimiento de la defensa, que los sucesos se encontraban descriptos "...con solo fijar que una conducta (de vaga precisión) se habría repetido 40 veces pero no individualiza las circunstancias de modo, tiempo y lugar que garantizarían los extremos mínimos para que [su] defendido tenga la posibilidad de rebatir la imputación" (fs. cit. vta.).
Consideró que era imperativo señalar cada uno de los eventos de manera individual a fin de arribar a un pronunciamiento de condena, como así también para garantizar que su defendido pueda cuestionar la materialidad ilícita objeto de reproche, puesto que se trataría -según las reglas del concurso material aplicadas por el órgano revisor- de hechos independientes, con decisiones individuales tomadas en distintos momentos y separados en el tiempo, posibilitando de tal modo que la defensa pudiese expedirse respecto de cada uno de los extremos fácticos imputados (v. fs. ídem vta. y 63).
Explicó, en ese orden de ideas, que el tribunal intermedio incurrió en afirmaciones dogmáticas al momento de expedirse afirmativamente respecto de la aplicación al caso del art. 55 del Código de fondo, pasando por alto la insuficiente individualización de la materialidad ilícita, lo cual impidió conformar la escala penal de acuerdo con lo previsto en la citada norma, a su entender (v. fs. 63).
En consecuencia, solicitó se anule la sentencia impugnada, disponiendo el reenvío de las actuaciones para que un tribunal -debidamente integrado- dicte un pronunciamiento respetuoso de los principios constitucionales de legalidad, culpabilidad y defensa en juicio (v. fs. cit. vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 109/112 vta.).
Coincido con lo dictaminado.
III. El Tribunal de Casación Penal, conforme el sufragio emitido por el señor juez Borinsky que concitó la adhesión simple del doctor Violini, tuvo por acreditada la materialidad ilícita -que arribó firme a esa instancia- en los siguientes términos: "...desde febrero a junio de 2014, y como mínimo los sábados y domingos, en la vivienda ubicada en [...] del barrio 'Los Amigos' de [la localidad de] Alejandro Korn ([partido de] San Vicente), el imputado (padrino de la víctima), aprovechando la situación de convivencia y bajo amenazas, accedió carnalmente en reiteradas oportunidades, vía vaginal, a la menor L. B., produciéndole un grave daño en su salud mental, hechos que confluyeron en el embarazo de la niña y el posterior nacimiento de su hija" (fs. 40).
Expresó, en respuesta a un planteo de similar tenor llevado ante su sede, que "El tribunal [del debate] en correcta faena, hace hincapié en lo declarado por la creíble víctima, quien contó que los ataques sexuales, bajo amenazas, sucedieron desde los once hasta los doce años de edad, que los abusos fueron muchísimos (dice cuatro o cinco veces al día, pues los sábados su mamá la dejaba ir junto a sus hermanas a la casa de su padrino) a lo largo de un año y medio, y que no faltó un solo fin de semana, que 'fueron todos' " -el destacado figura en el original- (fs. 40 y vta.).
Añadió, seguidamente, que "...el tribunal [de origen] estima con acierto, que existieron varios ataques sexuales, separados en el tiempo, y que éstos nacieron de decisiones individuales e independientes del sujeto activo, tomadas en distintos momentos, aunque víctima y victimario coincidan. Considera también que cada vez que A. accedió carnalmente a la niña, cometió un delito de abuso sexual con acceso carnal, ya que sus agresiones sexuales fueron decisiones autónomas, tuvieron individualidad propia, sin que haya lugar para interpretar que existieron actividades fraccionadas de un único acto total y unitario" (fs. cit. vta. y 41).
Entendió, asimismo, que "...el tribunal [de la instancia] despeja cualquier duda acerca de la cuestión examinada, al estimar correctamente (conforme la prueba producida y valorada), que la determinación de la cantidad de los hechos que integran el concurso es perfectamente posible desde que en la materialidad descripta se estableció que los ataques sexuales se llevaron a cabo todos los fines de semana, y con mayor precisión, todos los sábados y domingos, entre los meses de febrero y junio de 2014, lo que permite afirmar que fueron, por lo menos, cuarenta, conforme surge de los inconmovibles dichos de la víctima" (fs. 41).
Acompañó, por las razones que han sido transcriptas, las conclusiones vertidas por el tribunal de la instancia en orden a que "...la reserva sexual constituye un bien jurídico de naturaleza eminentemente personal, y cada vez que el autor renueva su agresión a ese derecho, lo reitera" (fs. 41 vta.).
Postuló, a fin de desestimar el criterio de la "...continuidad delictiva" sostenido en su impugnación por la defensa, que si las circunstancias de la causa "...muestran reediciones de los actos ultrajantes, cada uno constituye otro agravio susceptible de asumir antijuridicidad típica e integrante, en consecuencia, de tantos delitos independientes. La tutela del bien [jurídico] impone la autonomía de cada uno de los actos lesivos que satisfagan los tipos y respondan a ocasiones separables y diferenciables, aunque sean próximas, cometidas por el mismo autor y en perjuicio de una sola víctima" (fs. ídem vta.).
Refirió a que los supuestos de "...reiteración inmediata del hecho, dentro del mismo contexto de acción, bajo lo que nuestros colegas del Tribunal Supremo Español llaman un mismo furor erótico (mencionado por la defensa), de modo que el autor, insatisfecho con el primer acto y movido con el mismo dolo, contin[ú]a la agresión sexual, cabe [-en esa hipótesis-] la estimación de los hechos como únicos y constitutivos de un solo delito" (fs. cit. vta.).
Diferenció, luego, la situación descripta anteriormente de aquellos casos en los cuales "...la pluralidad de los hechos quiebra la unidad natural de la acción, la estimación unitaria del delito es incongruente con la realidad relatada, que muestra la existencia de actos diferenciables en el tiempo y en el espacio, y cada uno reúne los requisitos típicos, surgiendo como manifestaciones también diferentes de una renovación de la voluntad de hacer lo que antes se hizo una vez agotada la ejecución de la acción inicial y las posteriores, cada una de ellas es punible conforme a la figura en que son independientemente subsumibles" (fs. 42).
Concluyó, entonces, que en la causa "...cada vez que [el imputado] A. reiteraba el ultraje se reproduce la inmisión en la intimidad más profunda de la menor víctima", por lo que consideró correcta la calificación legal asignada por el tribunal originario a los hechos juzgados, en tanto "...[se ha] comprobado el grave daño en la salud mental de [la menor damnificada] L. B. que surge [de la prueba mencionada], como así también la edad de la menor y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente ya que la niña convivía con el imputado los fines de semana, situación que a éste le facilitaba la consumación de los hechos" -arts. 55 y 119 párrafos tercero y cuarto incs. "a" y "f" del Código Penal- (v. fs. cit./43 vta.).
IV. Frente a lo así decidido, las argumentaciones expuestas en el recurso en trato no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal casatorio desestimó el planteo formulado y, en lo que resulta pertinente destacar, resolvió confirmar la decisión de subsumir los hechos enjuiciados dentro de los contornos del concurso real de delitos, pues en rigor sólo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar la errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 55 del Código Penal-, ni las vulneraciones legales denunciadas (art. 495, CPP).
Es que la imposibilidad de precisar cabalmente una fecha frente a delitos de la índole que nos ocupa -contra la integridad sexual- que se reiteran en el tiempo o, lograr detallar con minuciosidad los sucesos no implica per se una violación al derecho de defensa al que alude el recurrente, si se logra circunscribir la base fáctica en todo cuanto estos casos permiten y, de tal modo, repeler adecuadamente la acusación. De modo que en este tipo de acontecimientos no puede exigirse precisión exacta de días y horarios, bastando una referencia que permita marcar el contexto en el que ocurrieron, situación que se verificó en la causa.
De tal manera, la defensa no ha logrado demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva invocada por el tribunal recurrido -art. 55 del Código citado- a partir del modo en que ha sido delimitado el objeto de imputación, siendo que la parte no cuestionó la materialidad ilícita mediante la cual quedó comprobado que los hechos sucedieron como mínimo los sábados y domingos desde el mes de febrero a junio del año 2014 a tenor de las demás concretas circunstancias que se tuvieron por verificadas (v. fs. 40 y sigs.), lográndose así obtener una precisión fáctica respecto de la comisión de los ilícitos investigados, en orden a la cual el recurrente opone un criterio meramente divergente que no logra conmover los argumentos expuestos por la Casación para sustentar su decisión en sentido contrario al pretendido (art. 495, CPP).
Por lo demás, el perfil del agravio vinculado con que la aplicación de las reglas concursales previstas en el art. 55 del Código Penal implican una forma más gravosa de graduar la penalidad, siendo que -a su modo de ver- existiría en la causa una indeterminación fáctica de los sucesos que impediría precisar el máximo de la escala penal aplicable de acuerdo a lo normado por la citada norma sustantiva (v. fs. 63), ha sido formulado de un modo dogmático -tal como lo indicó la Procuración General en su dictamen (v. esp. fs. 112)- en tanto se desentiende fundamentalmente de la circunstancia de que la escala legal correspondiente a la figura legal actuada en la causa contempla -en la hipótesis de un hecho único- un máximo de veinte años de reclusión o prisión -art. 119, párrafos tercero y cuarto incs. "a" y "f" del Código Penal-, la cual es superior a la pena efectivamente impuesta al procesado A. en función de la relación concursal material aplicada en autos -diecisiete años y nueve meses de prisión; v. fs. 39- (art. 495, cit.).
Por lo demás, tampoco evidencia el recurrente la transgresión de los principios constitucionales -legalidad, culpabilidad y defensa en juicio- que también denunció vulnerados (doctr. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al rechazo que propicia mi colega. La postura adoptada por el tribunal de la instancia y ratificada por el Tribunal de Casación en orden a que "...la reserva sexual constituye un bien jurídico de naturaleza eminentemente personal, y cada vez que el autor renueva su agresión a ese derecho, lo reitera" (fs. 41 vta.) es coincidente con la posición que he asumido en otros precedentes, (v. mi voto en causa P. 121.641, sent. de 31-VIII-2016; P. 129.460, sent. de 3-X-2018; P. 129.377, sent. de 12-XII-2018; P. 131.699, sent. de 29-IV-2020; e.o.).
Es que, en el derecho comparado, desde hace mucho tiempo ha habido profundas críticas a la configuración de la continuidad delictiva en cuanto a su aplicación respecto a los delitos contra las personas.
En efecto, son variadas las voces que ante ofensas a bienes jurídicos calificados como "eminente o altamente personales" (hochstpersonliche Rechtsgüter) niegan la posibilidad de que la aplicación del delito continuado permita abarcar el desvalor total de la conducta realizada por el autor, en la idea de que el menoscabo seriado del mismo bien jurídico compromete en tales hipótesis intereses de la persona relacionados de forma íntima con la "dignidad humana y su indemnidad". Por ello es que, en tales supuestos, se exige que deban ser valorados, protegidos y sancionados de forma especial e individual por el derecho penal, pues su afectación es irreversible a su estado original tras culminar el ataque antijurídico (v. Posada Maya, Ricardo; Delito continuado y concurso de delitos , Editorial Ibáñez, Bogotá, 2012, págs. 512/513).
La tutela del bien jurídico impone que los delitos contra la integridad sexual no sean pasibles de ser englobados bajo la óptica de la continuidad delictiva, y para ser breve me remito a las causas ya citadas en las cuales me expedí al respecto.
En consecuencia, debe rechazarse en el caso el intento por revertir la aplicación del enlace real regulado por nuestro ordenamiento de fondo (art. 55, Cód. Penal) a los hechos comprobados, pues no ha sido demostrada la errónea aplicación de ley sustantiva ni la violación de la doctrina legal referida a ésta.
Por lo demás, coincido con mi colega y el señor Procurador General en que la técnica recursiva deviene también ineficaz en cuanto al argumento de que la aplicación de las reglas concursales previstas en el art. 55 del Código Penal implican una forma más gravosa de graduar la penalidad. Pues se desentiende fundamentalmente de la circunstancia de que la escala legal correspondiente a la figura legal actuada en la causa contempla -en la hipótesis de un hecho único- un máximo de veinte años de reclusión o prisión -art. 119, párrafos tercero y cuarto incs. "a" y "f" del Código Penal-, la cual es superior a la pena efectivamente impuesta a A. bajo las reglas del concurso (art. 495, CPP).
Tampoco se evidencian las transgresiones de los principios constitucionales -legalidad, culpabilidad y defensa en juicio- que también denunció vulnerados (doctr. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Concuerdo con el ponente en que el recurso no puede prosperar.
Tal como se señala en el sufragio al que adhiero, el reclamo de la defensa deviene insuficiente a efectos de revertir la aplicación del mentado art. 55 del régimen penal a los hechos comprobados del caso. Pues, como expresa el doctor Genoud, aun cuando el recurrente enumere ciertos requisitos que -entiende- conciliables con la figura del "delito continuado", no logra revertir la conclusión de que en el supuesto en análisis los abusos se han perpetrado con discontinuidad temporal entre ellos, aprovechando los fines de semana, cuando se daba la convivencia con la menor. En tal sentido, el a quo estimó que la pluralidad de los hechos con ese espacio temporal entre ellos "...quiebra la unidad natural de acción", importando cada uno de los actos una renovación de la voluntad de hacer lo que antes se hizo una vez agotada la ejecución de la acción inicial y las posteriores, debiendo reputarse como ejecuciones independientes, justificando en ello la aplicación del concurso material.
Frente a lo así afirmado la defensa opone su opinión discrepante, sin demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva ni la violación de doctrina legal referida a ésta. Media pues insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP; doctr. P. 107.961, sent. de 11-III-2013 - a contrario sensu -; mi voto en P. 129.377, sent. de 12-XII-2018; entre otras).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Carral dijo:
Por compartir en lo sustancial el voto del doctor Soria adhiero a sus fundamentos y me pronuncio por la negativa.
En la misma línea de ese razonamiento, es importante destacar que frente a una pluralidad de sucesos que no pueden circunscribirse con precisión temporal, pero que son identificables en sus rasgos centrales como plataforma fáctica de imputación, en este ámbito de ilícitos, corresponde la aplicación de la regla del concurso material (art. 55, Cód. Penal) dado que en cualquier caso siempre es posible distinguir al menos dos sucesos que naturalmente configuran hechos independientes entre sí.
Señalo en particular esto último porque no se me escapa la posición que durante un largo tiempo se mantuvo en un sector de nuestra doctrina judicial, reflejado en la jurisprudencia del Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba, con apoyo en una posición de Núñez (cfr. Núñez, Ricardo C., Derecho Penal Argentino , Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1965, Tomo II, pág. 255; Id. Autor, Manu
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