Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135046
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.046, "Díaz, Héctor José s/ Queja en causa nº 90.103 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de septiembre de 2018, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial de Héctor José Díaz contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul, que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por la condición de mujer de la víctima, mediando violencia de género -causa principal 62/3129-, y amenazas agravadas por el uso de arma en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -causa acumulada 327/3541-.
Contra esa decisión se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por el órgano a quo .
Deducida queja por parte de la defensa, esta Suprema Corte hizo lugar a la misma y declaró la nulidad de la resolución por la que se denegó el aludido recurso de inaplicabilidad de ley, ordenando que los autos volvieran a esta instancia para que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto.
En cumplimiento de lo así dispuesto, el Tribunal de Casación Penal volvió a declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario incoado, por lo que la defensa interpuso una nueva queja ante este Tribunal (v. fs. 1/12 vta.), siendo admitida la misma y concedido el remedio extraordinario mediante la resolución del día 8 de febrero de 2022 para el abordaje de las cuestiones federales planteadas (v. fs. 18/21 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 29/36), dictada la providencia de autos (v. fs. 38) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Conforme lo decidido en la resolución que admitió la queja y concedió el recurso de inaplicabilidad de ley, serán abordados en lo pertinente los reclamos federales que justificaron la apertura de la instancia extraordinaria (v. en especial fs. 20 vta., apdo. IV).
I.1. El señor defensor oficial denunció la revisión aparente de la sentencia de condena y arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, con sustento en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Sostuvo que el pronunciamiento impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme, pues habiendo acudido ante el órgano a quo en procura de la revisión de la constitucionalidad de la pena perpetua impuesta a su asistido, la respuesta "...se limitó a tan sólo [] uno de los aspectos de las críticas que portaba el recurso de casación deducido".
En concreto, señaló que el sentenciante nada habría dicho con relación a ciertos principios constitucionales que se denunciaron afectados o en pugna con la pena que impone el art. 80 del Código Penal, tales como el de culpabilidad (arts. 18 y 19, Const. nac.); el de división de poderes (arts. 1 y 116, Const. nac.) y el de estricta legalidad (arts. 18, Const. nac.; 5 y 7, CADH).
Insistió en que lo decidido por la Casación vulneró el derecho a la doble instancia, e indicó que la Corte federal ha tenido por configurada tal infracción cuando media un apartamiento de las constancias de la causa, asegurando -según su criterio- que ello sucedió en este caso dado que el órgano revisor prescindió del contenido del recurso. Para sustentar su razonamiento, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los que entendió aplicables al caso.
Alegó, además, que el referido apartamiento de las constancias de la causa equivale a una infracción al derecho a ser oído, como derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.1, PIDCP), ello por cuanto el otorgamiento del derecho al recurso consiste en reconocerle a la parte que se dice agraviada al ser oída por el revisor, el que -según afirmó- deberá atenerse "...a las razones en las que la parte impugnante funda su agravio".
En igual dirección, sostuvo que, si tal violación se configura en la etapa recursiva destinada a satisfacer el derecho al doble conforme, como es el caso del recurso de casación intentado, entonces el tránsito por ante el órgano encargado de hacerlo ha sido aparente, frustrando así el derecho convencionalmente reconocido orientado a la protección contra arbitrariedades en los pronunciamientos judiciales. En este punto, invocó el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte federal y otro precedente de esta Suprema Corte de Justicia.
Solicitó que se anule la sentencia impugnada y se dicte, o mande dictar, un nuevo pronunciamiento acorde a derecho.
I.2. Por otra parte, tildó de arbitraria la sentencia impugnada por haber desestimado las infracciones constitucionales y convencionales denunciadas al negar el carácter perpetuo de la pena impuesta.
Comenzó expresando que el órgano revisor efectuó un análisis "...particularmente limitado y sesgado" en cuanto al alcance de la pena de prisión perpetua, rechazando cualquier colisión con las normas invocadas. Explicó que el a quo partió de una premisa indiscutible -que esa defensa comparte- en el sentido de que la ejecución de la pena debe orientarse a la readaptación y reforma del condenado, y que queda excluido desde el punto de vista constitucional todo encierro de por vida, pero que luego las premisas del fallo habrían transitado por el carril de la arbitrariedad.
Criticó que la sentencia casatoria haya invocado el parágrafo 174 del caso "Mendoza", entendiendo que la interpretación realizada "...resulta tanto parcial como desvinculada con lo finalmente allí resuelto por la Corte IDH".
Destacó que del fallo que se citó surge, por una parte, que las penas perpetuas son especial motivo de preocupación en el ámbito internacional de los derechos humanos, particularmente en cuanto a la proporcionalidad que deben tener, aun cuando las convenciones internacionales no se refieran a la pena perpetua. Y, por otro lado, que una pena "...radicalmente desproporcionada", como así entendió a la aplicada a Díaz, puede ser considerada incompatible con los principios establecidos en los arts. 5.2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 18 de la Constitución nacional, en cuanto afecta el fin de resocialización que debe guiar a las penas.
Asimismo, cuestionó la decisión impugnada en cuanto el tribunal revisor afirmó que la pena impuesta a Díaz no podía ser considerada un trato cruel, inhumano o degradante, por ser consecuencia de una sanción legítima.
Con apoyo en el mismo caso "Mendoza" -ahora con transcripción del apartado 161- afirmó que una pena perpetua, aun siendo calificable como "legítima", puede resultar contraria al respeto por los derechos fundamentales del individuo, tanto así que en el caso citado se estableció la responsabilidad del Estado argentino por haber violado los arts. 5.1 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de la imposición de una pena de prisión perpetua legítima, y que el debido análisis de esa posible trasgresión no fue efectuado en la instancia de Casación bajo argumentaciones generales y arbitrarias que privan a lo resuelto de todo sustento, sin cumplimentar de esa manera con lo establecido en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otra parte, alegó que tampoco resulta aplicable al caso el fallo "Gramajo" de la Corte federal invocado en la sentencia en crisis, en tanto -según su entender- sería inatingente porque "...no tiene ningún tipo de relación con el supuesto en trato".
En síntesis, argumentó que las remisiones que en el mismo se hace a los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "...se refieren a supuestos de condenas a encierro por tiempo indeterminado basadas en pronósticos de peligrosidad respecto de reincidentes y delincuentes habituales..." (el destacado figura en el original), a diferencia del caso en estudio en el que se impuso pena de prisión perpetua por la comisión de un delito que tiene previsto ese tipo de pena (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal).
Expresó que los supuestos en juego en los casos citados son diferentes respecto de la situación de Díaz, por lo que serían "...absolutamente inaplicables" al caso, incluso cuando tengan como "...única similitud" la "...indeterminación del encierro".
En suma, afirmó que las fuentes invocadas en la sentencia impugnada llevan a la conclusión exactamente contraria, de manera que lo resuelto debe ser tachado de arbitrario.
I.3. Con cita de los arts. 18 y 75 de la Constitución nacional; 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la defensa también denunció arbitrariedad por haberse convalidado "...una pena estrictamente perpetua", que la tornaría en "...desproporcionada con los fines establecidos constitucional y convencionalmente para ella".
En sostén de sus postulados, argumentó que es posible que en el caso de Díaz "...nunca recupere su libertad, sea porque la misma le puede ser rechazada, sea porque no logre sobrevivir hasta el momento en que pueda ser solicitada", por lo cual la impuesta sería para él una pena "...materialmente perpetua". Agregó referencias sobre el sistema carcelario de esta Provincia y sus reglamentos, con especial mención de los documentos pertinentes referidos a la situación crítica de las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a detención.
Afirmó que de los términos de la sentencia recurrida resultaría que "...el fin resocializador que constitucional y convencionalmente debe tener la pena se desvanece, al depender de un suceso incierto, hipotético y futuro, que con cierto grado de seguridad nunca acaecerá".
Reiteró la cita del fallo "Mendoza", entre otros invocados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando sobre su incidencia también respecto de adultos, para concluir que la pena impuesta a Díaz es contraria a los arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
I.4. Finalmente, el recurrente denunció que la pena aplicada resulta ser una pena cruel, inhumana y degradante a la luz de la expectativa de vida del imputado (arts. 5.2, CADH y 7, PIDCP), en tanto "...es posible afirmar con grado de certeza que la pena de prisión perpetua solo se agotará con la muerte del condenado".
Concluyó que "...resulta evidente que la imposibilidad -ocultada en la sentencia [casatoria]- de que [su] asistido recupere su libertad algún día de su vida, trasgrede todos y cada uno de los principios y derechos constitucionales enunciados".
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 29/36, aconsejando el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con su opinión, el remedio no prospera.
III.1. En primer lugar, pues la decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denunció, en tanto se expidió en lo relativo a la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua conforme los motivos de agravios que fueron llevados a su conocimiento.
III.2. En lo que aquí interesa, cabe recordar que el tribunal de origen reseñó la materialidad ilícita del delito en cuestión, la que tuvo por debidamente acreditada, en los siguientes términos: " Causa principal Nº 62/3129 '... el día 28 de septiembre de año 2013, siendo las 22:00 horas aproximadamente, en la intersección de las arterias Balcarce y Pasteur de la ciudad de Bolívar, en oportunidad en que Leandra Yanina Lezcano circulaba en su ciclomotor marca Guerrero 110 cc, color gris, sin dominio colocado, modelo TRIP, motor N° LFIPSOFMI71174732, fue interceptada por una persona del sexo masculino, cónyuge con el cual ya no convivían persistiendo desavenencias por la pretensión del mismo de limitarla en su derecho a dar por terminada la relación matrimonial, quien valiéndose de un arma de fuego, tipo revólver calibre 0.32 pulgadas, le dio muerte descerrajándole un disparo a nivel sub-mamario izquierdo que penetra por costilla 5ª y 6ª perforando estómago, páncreas, vaso e hígado y se aloja en las vértebras 10ª y 11ª, ocasionándole un paro cardio-respiratorio traumático con shock hipo-bolémico, luego de lo cual se da a la fuga dejando a la misma tendida en la acera' " (el destacado figura en el original).
Dicha conducta fue subsumida legalmente como homicidio agravado por el vínculo y por la condición de mujer de la víctima mediando violencia de género, en los términos del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal.
III.3. En el recurso de casación, la defensa oficial de Díaz postuló -en lo pertinente- la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Alegó en esa oportunidad que la pena de prisión perpetua es violatoria de elementales principios emanados de la Constitución nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía.
En aval de su reclamo, invocó la postura mayoritaria sentada en un fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Necochea (expte. TC n° 4850-0039) y transcribió en extenso el voto del juez Mario Alberto Juliano, quien mediante diversas consideraciones teóricas sostuvo que la pena de prisión perpetua colisiona con los principios referidos a la culpabilidad por el acto, la división de poderes, el mandato resocializador de las penas privativas de libertad, con el principio de estricta legalidad y con la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes.
En esa impugnación ante el órgano intermedio la defensa afirmó que los argumentos expuestos en el pronunciamiento de cita serían aplicables a su recurso, precisando que así era toda vez que en este supuesto se incurrió en "...la violación palmaria al principio de prevención especial positivo que emana de la Constitución nacional y de los tratados internacionales de igual jerarquía", desde que "...la actual prisión perpetua niega la posibilidad de aplicar el fin resocializador como motor de justificación de la aplicación de una pena privativa de libertad, y por lo tanto debe ser declarada inconstitucional".
Finalmente, consideró que dicha sanción constituye una pena cruel, inhumana y degradante a la luz de la expectativa de vida del imputado, y solicitó que se le aplique el mínimo de la escala penal establecida para el delito de homicidio simple.
III.4. El Tribunal de Casación desestimó esos reclamos señalando que "...no se advierte que la cuestión federal haya sido introducida ante el A Quo, [...] sin perjuicio de ello, ha de tenerse en cuenta que el análisis de la validez de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y debe estimarse la declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe acudirse a ella sino en casos de estricta necesidad...", y que "Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados que la integran (Fallos 328:1491), lo que de ninguna manera ha sido acreditado por la recurrente. Esto porque el argumento presentado sólo ataca la cuestión bajo un aspecto sesgado del alcance de la perpetuidad que ha de asignárseles a las penas en nuestro ordenamiento, y que ha sido el resultado del ejercicio de facultades propias del Congreso de la Nación y del ámbito de discrecionalidad que posee al cumplir con este quehacer".
Sentado lo anterior, el a quo juzgó que "La exégesis del término 'perpetuidad' debe ser conformada con los postulados constitucionales que imprimen una finalidad determinada a las penas en nuestro derecho represivo, puesto que las leyes deben aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan, porque la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador no se supone y por ello se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efectos (CS, Fallos 307:518)".
En ese contexto, tras efectuar consideraciones generales acerca de la normativa de orden constitucional y convencional que rige la ejecución de las penas privativas de libertad y su finalidad "...en términos de prevención especial positiva", el tribunal revisor destacó que "...la pena de privación de libertad perpetua aplicada a Díaz no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante de los que prohíbe el artículo 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud que no se consideran tales, aquellos dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas (cfr. art. 1.1. de dicho plexo)".
Agregó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "...ha admitido la compatibilidad de sentencias de condena a encierro por tiempo indeterminado con la respectiva CEDH, sólo bajo la premisa de que se asegure debidamente el control judicial de las condiciones de la liberación y de que haya existido un examen concreto de la situación de los afectados [...]; cfr. citas en el Cons. 44 del voto del doctor Enrique Santiago Petracchi, en 'Gramajo', Fallos 329: 3680)".
Señaló que "...las penas a perpetuidad son admisibles en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que sufre el condenado de modo que -más allá del 'nomen'- exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que, en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular".
En atención a tales premisas, advirtió que en nuestro derecho penal no resulta aceptable un encierro vitalicio: "...primero porque el mandato constitucional y convencional así lo impide; y segundo, ninguna sanción es ejecutable de por vida, de acuerdo a nuestra normativa, habida cuenta que, incluso en los casos de reclusión o prisión perpetua, está reglado el derecho a favor del penado de obtener una libertad condicional, bajo una serie de requisitos que hacen a la progresividad del tratamiento hacia la inclusión de la persona en la sociedad (cfr. art. 13 del C.P.)".
Por otra parte, no desconoció la posibilidad de interpretar cierta limitación a tales principios según lo establecido en el art. 14 -segunda parte- del Código sustantivo, pero expresó que "...fluye con meridiana claridad" que dicho extremo "...aparece como una cuestión eventual, hipotética y futura que no merece discusión actual, por no ser éste el momento oportuno ni configurar un perjuicio real para el encausado, por prematuro".
Concluyó que "...al no estar basada la concepción de la pena perpetua en un juicio de peligrosidad, sino que conciliándola bajo parámetros de readaptación y de resguardo de la dignidad del hombre, y de los pri
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