Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132331
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Acordada n° 2971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 132.331, "Internos del Instituto del Centro Cerrado Virrey del Pino s/ queja en causa n° 90.413 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Torres, Genoud.
Conforme se advierte de las copias digitalizadas adjuntas al sistema de gestión informático de esta Corte, el titular del juzgado de garantías del joven n° 1 de La Matanza, doctor Gustavo Indovino, el 7 de diciembre de 2017, hizo lugar parcialmente al habeas corpus colectivo presentado en marzo de ese año por la Comisión Provincial por la Memoria a favor de los jóvenes alojados en el Centro Cerrado Virrey del Pino, por agravamiento de las condiciones de detención. En consecuencia, ordenó al Titular de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia disponer un plan de acción de ejecución inmediata en el plazo perentorio e improrrogable de 15 días para mejorar las condiciones de detención de los jóvenes en tres aspectos fundamentales: 1) aspecto psicosocial, educativo y de reinserción social (incrementar el equipo técnico y designar trabajadores/as sociales, psicólogas/os, maestras/os); 2) aspectos sanitarios, de salud, seguridad e higiene (coordinar que el CPA realice reuniones periódicas sobre adicciones, adquirir nuevos móviles para que los jóvenes puedan asistir a turnos médicos y comparendos judiciales; continuar con las fumigaciones periódicas para prevenir enfermedades transmitidas por palomas y roedores); 3) condiciones de detención o edilicios (realizar obras de reparación y mantenimiento por encontrarse afectada la seguridad de los jóvenes -v. copias digitalizadas-).
Con posterioridad a ello, ante el incumplimiento de lo ordenado, tal como fuera denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria en una nueva presentación ante el órgano de mérito y luego constatado por el propio juez Indovino al constituirse personalmente en el Centro Cerrado Virrey del Pino, con fecha 22 de enero de 2018, el juzgado de garantías del joven resolvió: 1) "estese al cumplimiento de lo dispuesto a fs. 190/197, punto II. apartado 1 y a fs. 221 último párrafo" -se remite a la sentencia de 7-XII-2017 en cuanto ordenó al Titular de la Secretaría de Niñez la elaboración de un plan de acción de ejecución inmediata y al proveído de 9-I-2019 mediante el cual se ordenó librar oficio al Ministerio de Desarrollo Social para que se dé cumplimento a lo ordenado en la sentencia del 7-XII-2017; v. copias digitalizadas-; 2) prohibir el ingreso de nuevos jóvenes al Centro hasta tanto la planta permanente del personal no se complete debidamente (asistentes de minoridad para contención y seguridad de los jóvenes; asistentes sociales y psicólogos/as para su tratamiento); 3) mantener la presencia del Servicio Penitenciario provincial dentro de la esfera del Centro por resultar una medida necesaria para garantizar la seguridad de los jóvenes y de las/los trabajadoras/es del centro (v. fs. 1/2 del legajo casatorio y copias digitalizadas).
El entonces Director Provincial de Institutos Penales, Carlos Rogelio Nosenzo -en una gestión anterior a la actual-, dedujo recurso de apelación (v. fs. 5/15) y lo mismo hizo la defensa.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, el 27 de febrero de 2018, rechazó ambos recursos expresando, entre otras consideraciones, que de lo que se trataba según lo ordenado por el juez de garantías no era el obtener una solución inmediata a la problemática, sino de hallarla por medio de un plan coordinado de actuación.
Contra lo así decidido, el doctor Nosenzo presentó recurso de casación.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 12 de diciembre de 2018, le hizo lugar, casó el fallo de la Cámara y ordenó el dictado de uno nuevo, previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre la Dirección Provincial de Institutos Penales y la Cámara (v. fs. 82/87).
Frente a ello, el 14 de febrero de 2019, el defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible lo que derivó en la presentación de una queja ante esta Corte (v. fs. 92/102, 106/111).
Este Tribunal, el 4 de marzo de 2020, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que la decisión impugnada resultaba equiparable a definitiva y que las cuestiones federales se habían desarrollado con la suficiencia y carga técnica necesarias (v. fs. 212/214).
Oído el señor Procurador General a fs. 221/234, dictada la providencia de autos a fs. 236, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor Mario Luis Coriolano comenzó con una reseña del caso y expuso que el proceso de cumplimiento del fallo de origen había tenido avances auspiciosos, contra lo cual conspiraba el fallo del Tribunal de Casación.
Destacó que esa parte se había presentado ante dicho órgano, cuando los autos tramitaban en esa instancia, solicitando el rechazo del recurso de casación del doctor Nosenzo y anoticiando a la Casación "...sobre los avances concretos en la ejecución del Hábeas Corpus por parte del Tribunal interviniente y con ello el carácter abstracto y desatendido de la realidad que presentaba el agravio" del recurrente. Indicó que en esa presentación ante el a quo aludió, asimismo, a lo resuelto en otro habeas corpus colectivo fallado por la Casación en la causa 52.327 caratulada "Niños y Adolescentes de los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires s/ Hábeas Corpus Colectivo", por sentencia del 3 de noviembre de 2014. Sostuvo que el recurso de casación, en este caso en particular, se dedujo "en desmedro de un proceso satisfactorio y apoyado por los propios operadores del Organismo recurrente". La defensa oficial también se encargó de recordar que incluso el Fiscal ante dicho Tribunal pidió a la Casación la desestimación del recurso (v. fs. 94 vta.).
Entrando a los planteos que trajo ante esta instancia extraordinaria, el doctor Coriolano denunció la violación de la garantía de tutela judicial efectiva, arbitrariedad y apartamiento del fallo "Verbitsky" de la Corte nacional (v. fs. 96 vta.).
Afirmó que la presente causa se originó como consecuencia de la constatación del agravamiento de las condiciones de detención por exceso de población en el Centro Cerrado Virrey del Pino (arts. 18, Const. nac.; 30, ley 13.634 y 25, CPP -v. fs. 96 vta. y 97-).
Alegó que la instancia de diálogo y negociación que pregona el Tribunal de Casación Penal como previa medida obligatoria, vacía de contenido la tutela judicial efectiva, necesaria y ágil que requiere la materia, "...además de desentenderse de la realidad que impera en la Provincia de Buenos Aires donde pese a las numerosas instancias de diálogo [...] no se ha podido avanzar en una solución definitiva a la problemática de emergencia que vive el servicio penitenciario provincial" (fs. 97).
Indicó que la Corte nacional en el fallo "Verbitsky" (328:1146) reconoció la imposibilidad de llegar a una solución consensuada y la necesidad, entonces, de adoptar medidas para la subsanación de las afectaciones constatadas por la jurisdicción (v. fs. 97 y vta.).
A continuación, destacó que "Es propio de la función jurisdiccional el control de los actos de la administración. Es innata también a la función la etapa de ejecución de la decisión. Caso contrario se desnaturaliza la facultad del juez de actuar conforme lo disponen los arts. 25 del [Código Procesal Penal] y 30 de la ley 13.634 para controlar las condiciones de detención y la acción de habeas corpus (art. 43, Const. nac.)" (fs. 97 vta.).
Asimismo, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige a los Estados parte contar con recursos judiciales idóneos y efectivos contra las violaciones de los derechos humanos (conf. arts. 1, 25 y concs., CADH -v. fs. 97 vta./98-).
En consecuencia, afirmó que el derecho a la protección judicial sería ilusorio si las prácticas judiciales del Estado permitieran que constatadas las violaciones legales solo existiera la herramienta del diálogo y la negociación y el Poder Judicial no pudiera exigir la subsanación efectiva, útil y pronta (v. fs. 98).
Resaltó que en el marco de la ejecución del fallo "Verbitsky", la Corte provincial (conf. causa P. 83.909) reformó el diseño de control jurisdiccional de los centros de detención, estableciendo un sistema de visitas periódicas a cargo de un Comité departamental y la creación de la Subsecretaría de Personas Privadas de la Libertad (v. fs. 99 vta. y 100).
De seguido, señaló que el fallo en crisis -al sostener que las medidas dispuestas por la instancia y confirmadas por la Cámara configuran una intromisión de la judicatura en cuestiones de política pública de gestión del sistema penitenciario- desconoce la normativa local, federal y convencional como así también la jurisprudencia de la Corte nacional y la provincial (v. fs. 101).
Para terminar, manifestó que las medidas adoptadas por el juez de garantías y confirmadas por la Cámara no implican exceso en la jurisdicción pues se encuentran dentro del ámbito de su competencia específica y permiten garantizar el normal desarrollo de la vida intramuros frente la sobrepoblación del Centro (art. 25, CPP; v. fs. 101 vta.).
Por todo lo expuesto, consideró que el fallo en crisis viola la garantía de tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio al dictar un pronunciamiento arbitrario por apartamiento infundado del fallo "Verbitsky" (v. fs. 101 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso (v. fs. 221/234).
III. Coincido con lo así dictaminado pues cabe interpretar que cuando el señor defensor ante el Tribunal de Casación planteó su agravio como de sobrepoblación del Centro Cerrado de Virrey del Pino se refería, en rigor, a un exceso de población mirado desde la perspectiva de los insuficientes recursos de personal destinados al tratamiento de los jóvenes efectivamente internados allí.
III.1. Como se adelantara, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 12 de diciembre de 2018, mediante el voto del juez Natiello al que adhirió el juez Kohan, en lo que aquí importa, hizo lugar al recurso de la especialidad presentado por el Director Provincial de Institutos Penales, Carlos Rogelio Nosenzo, contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza que confirmó lo resuelto por el órgano de grado que -en el marco del habeas corpus colectivo- prohibió el ingreso de jóvenes al Centro Cerrado de Virrey del Pino hasta tanto la planta del personal se completara, de manera de brindar a los jóvenes allí alojados el tratamiento debido y ordenó mantener la presencia del Servicio Penitenciario provincial para garantizar la seguridad (v. fs. 82/87).
En primer lugar, se recordó que quien entonces ocupaba el cargo de Director Provincial de Institutos Penales denunció exceso jurisdiccional por haberse prohibido el ingreso de nuevos jóvenes al Centro y ordenado la contratación de más personal, todo lo cual -a su entender- invadió competencias propias de la administración. Se reseñó también que, según el recurrente, las condiciones del Centro cambiaron de manera radical en sentido favorable y los conflictos entre los jóvenes estaban resueltos (v. fs. 82 vta. y 83).
Al momento de resolver el agravio, el juez Natiello se remitió directamente a lo expuesto por el doctor Kohan en causa 63.640 (sent. de 27-XI-2014) en tanto consideró que ello resultaba enteramente aplicable al presente. En tal sentido, trascribió textualmente lo expuesto en el citado voto en el que se afirmó que el control judicial no puede incluir la implementación de políticas públicas de gestión del sistema carcelario porque se afecta el sistema republicano de gobierno al quebrantarse la división de poderes (v. fs. 84 vta.).
Asimismo, se afirmó que "...la resolución de un problema de hacinamiento sobre la base de un traslado masivo" de internos impacta negativamente en la problemática de sobrepoblación en las cárceles pues ello requiere estrategias de mayor complejidad y coordinación (v. fs. 85 y vta.). Por último, se resaltó la importancia de articular ámbitos de diálogo y negociación entre los distintos actores y se aclaró que "...la obligación de los jueces de dar respuesta a la pretensión esgrimida en el habeas corpus y lograr que cesen aquellas políticas que afectan los derechos de los detenidos, no implica necesariamente que sean competentes para el diseño o modificación de los programas de políticas penitenciarias en curso, que, por otro lado, deberán juzgar eventualmente a partir de sus resultados" (fs. 85 vta.).
Finalizada la transcripción textual, el doctor Natiello manifestó que "Lo expuesto es aplicable mutatis mutandi al caso de autos, lo que determina la suerte del remedio en trato" (fs. 85 vta.). En definitiva, casó el pronunciamiento y ordenó el dictado de uno nuevo "...previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación..." entre la Dirección Provincial de Institutos Penales y la Cámara para dar solución definitiva al fondo de la cuestión.
III.2. El recurso debe prosperar pues se ha configurado un supuesto de arbitrariedad por ausencia de debida motivación en la decisión adoptada en tanto el Tribunal de Casación Penal empleó una técnica jurídica desacertada para fundarla ya que pretendió resolver el caso aplicando el voto del juez Kohan en la causa 63.640 con base en un razonamiento analógico incompleto.
En efecto, en ningún tramo de la sentencia se comparó lo acontecido en el citado precedente con los hechos y problemáticas planteadas del sub lite para -de este modo- explicar de qué manera lo allí resuelto resultaba aplicable.
El a quo no hizo un esfuerzo por demostrar que entre ambos casos existían similitudes en las cuestiones fácticas así como en las problemáticas jurídicas a resolver. Nada de ello se hizo pese a que el razonamiento analógico lo exigía como premisas indispensables. En particular, se debió explicar de qué manera, el voto del juez Kohan -emitido en el marco de un habeas corpus colectivo en el fuero de mayores en el que se discutía el traslado masivo de detenidos y el hacinamiento en cárceles- resultaba aplicable al presente en el que si bien también las discusiones se dan en el marco de un habeas corpus colectivo, conciernen al control de las condiciones de detención de jóvenes condenados en el fuero de responsabilidad penal juvenil y se cuestiona -específicamente- la restricción del ingreso de nuevos individuos al Centro Cerrado Virrey del Pino -no se analizan traslados masivos- y la orden de designación de nuevos profesionales para que durante el tiempo de encierro los jóvenes puedan tener una atención adecuada.
III.3. También es arbitraria la decisión del a quo que ordenó la articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre la Dirección Provincial de Institutos Penales y la Cámara de manera previa al dictado de un fallo.
III.3.a. Como se sostuvo en la resolución de admisibilidad emitida por esta Suprema Corte en el presente proceso (v. fs. 212/214), al supeditarse el dictado de un nuevo pronunciamiento a la previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación se deja pendiente, sine die, el dictado de una sentencia que resuelva sobre los derechos invocados. No es óbice para decidir sobre el fondo del asunto la circunstancia de que esta Suprema Corte -por mayoría- haya dispuesto el 22 de noviembre de 2018 la conformación de un espacio interinstitucional a cargo del Tribunal de Casación Penal para el abordaje de la problemática del encierro en términos generales (resolución 2.301-18, en actuaciones de superintendencia 3001-22553-2018). En efecto, no puede interpretarse que tal mecanismo de diálogo impida la operatividad de la herramienta del habeas corpus para enfrentar la cuestión en casos particulares -sean litigios colectivos o no-.
III.3.b. Pero, además, este caso presenta particularidades que hacen especialmente irrazonable el criterio del a quo, quien no reparó en que dichas instancias fueron intentadas en reiteradas oportunidades por el juzgado de garantías del joven antes de resolver, aunque sin éxito debido a los reiterados incumplimientos e inasistencias por parte de los representantes del Poder Ejecutivo, tal como surge del decisorio de la Cámara (v. fs. 16/25) y de las copias digitalizadas. Exigir la repetición de tales actos como paso previo a un fallo terminaría por desvirtuar la acción de habeas corpus (conf. arts. 18, 43, Const. nac.; 20 inc. 1, Cons. prov.).
Veamos los avatares del proceso (según fueron incluso reseñados por la Cámara de Apelación y Garantías).
El juzgado de garantías del joven n° 1 de La Matanza dispuso abrir la acción de habeas corpus a prueba, y el 29 de mayo de 2017 intimó al Poder Ejecutivo provincial para que en el plazo de 15 días implementara un plan de acción consistente en diseñar y elaborar un proyecto que contuviera soluciones frente a las evaluaciones efectuadas por los diversos peritos que fueron oídos en la etapa de producción de prueba y que, en un lapso prudente, lo pusiera en marcha, quedando sujeto a revisión de la magistratura. Vencido el plazo otorgado, la administración no cumplió con lo solicitado (v. fs. 16 vta. y copias digitalizadas).
Fenecido el plazo estipulado sin respuesta alguna, el juez designó la audiencia del art. 412 del Código Procesal Penal -fijada para el día 3 de julio de 2017 y reprogramada para el 31 de agosto de 2017- a los fines de que comparecieran los interesados, entre ellos, el Director de Institutos Penales Provincial acompañando el plan de acción "oportunamente ordenado e ignorado". A dicho acto asistieron únicamente el juez y los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (v. fs. 16 vta. y 17).
Frente a la ausencia de funcionarios a las audiencias designadas sin haber efectuado presentación que excusara su falta, el magistrado optó por oficiar a la entonces Directora, María Pilar Molina, intimándola a que en un término de 72 horas acercara al Juzgado el plan de acción adecuado. Ello tampoco fue cumplido, razón por la cual el juez ofició a quien en esa gestión era Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil para que en el plazo perentorio de 48 horas remitiera el plan adecuado (v. fs. 17 vta.).
En dicho contexto, los representantes de la Comisión presentaron un nuevo informe realizado a raíz de la visita al Centro Cerrado Virrey del Pino solicitando se ordenara el cumplimiento de la citada resolución del 29 de mayo de 2017.
Transcurridos casi cinco meses del pedido inicial y mediando múltiples e infructuosos reclamos, el 25 de octubre de ese año, la Dirección Provincial de Institutos Penales envió el plan de acción, notificando ciertas mejoras y concluyendo que las condiciones de habitabilidad de la institución se hallaban garantizadas, habiendo -según dijo- dado cumplimiento a las consideraciones prioritarias para el normal desarrollo de la vida institucional del dispositivo (v. fs. 17 vta.).
El 7 de noviembre de 2017, el juez de garantías realizó una nueva visita al Centro, entrevistándose con las autoridades del lugar quienes denunciaron falta de maestros y de personal para el equipo técnico, falta de ambulancia y móviles de traslado. A su vez, del encuentro con los jóvenes se informó que permanecerían demasiado tiempo encerrados en sus celdas (v. fs. 17 vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.