Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132283
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Asimismo, debe comunicarse la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resultar la resolución definitiva de la cuestión de la prescripción de la acción penal en la causa CSJ 13/2017/CS1, "Maíz, Gerardo Manuel", de acuerdo a lo fallado el 19 de septiembre de 2017.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.283-Q, "Maíz, Gerardo Manuel s/ Queja en causa n° 90.454 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el 19 de septiembre de 2017, en el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido por resolución de 24 de agosto de 2016 de este Tribunal en la causa P. 118.313 seguida al señor Gerardo Manuel Maíz, suspendió el trámite de la queja deducida hasta la resolución definitiva de la cuestión de la prescripción de la acción penal en razón de que la misma podría encontrarse extinguida por dicha causal (v. fs. 151 y vta., causa P. 118.313 agregada por cuerda).
Frente a ello, formalizado el trámite pertinente, por auto dictado el 17 de octubre de 2017, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul, declaró que la acción emergente del delito de robo agravado por el uso de un elemento similar a un arma de fuego no se encontraba prescripta (v. fs. 155/157, causa P. 118.313, cit.).
Denegado el recurso de casación deducido por la defensa oficial (v. fs. 15 de la presente), la Sala IV del Tribunal a quo, de acuerdo al fallo emitido el 4 de septiembre de 2018, admitió la queja impetrada por la defensa y rechazó -por improcedente- la vía casatoria (v. fs. 43/49).
El tribunal intermedio, por resolución de 19 de marzo de 2019, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa a favor de Maíz (v. fs. 74/77).
Esta Suprema Corte de Justicia, mediante el decisorio dictado el 26 de diciembre de 2019, admitió la queja interpuesta y concedió el recurso extraordinario deducido por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 175/178).
Oído el señor Procurador General a fs. 209/214, dictada la providencia de autos a fs. 215 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El auto de admisibilidad de la queja y la concesión de la vía de inaplicabilidad de ley interpuesta se ciñó a la arbitraria interpretación que del art. 67 inc. "e" del Código Penal efectuara el tribunal intermedio, y la vulneración del derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 177 vta.).
II. El señor defensor oficial adjunto, en prieta síntesis, señaló que la interpretación de la mentada norma sustantiva efectuada por el órgano casatorio infringió el principio de legalidad penal al extender el ámbito de punibilidad más allá de la letra de la ley, en la medida que computó como actos interruptivos de la prescripción de la acción penal a decisiones posteriores a la sentencia condenatoria que tenían como único origen el ejercicio por el imputado de derechos que la ley le concede, en particular, el derecho a la doble instancia, y transgredió el principio de igualdad ante la ley. Por último, afirmó que se otorgó a la expresión: "El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" contenida en el mencionado art. 67 inc. "e", del Código de fondo, un sentido que frustró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que era directamente reglamentario del instituto de la prescripción de la acción penal (fs. 158 vta./163 vta.).
En ese contexto, luego de admitida la impugnación por parte de este Tribunal, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, solicitó la aplicación del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2148/2015/RH1, "Farina Haydee Susana s/ homicidio culposo", sentencia de 26-XII-2019, por tratarse de un supuesto similar en el que se debatió el alcance del art. 67 inc. "e" del Código Penal en el marco del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 184).
III. Cabe señalar, en primer lugar, que el hecho atribuido al señor Gerardo Manuel Maíz fue cometido el día 28 de junio de 2004 y se subsumió en el tipo de robo agravado por el uso de un elemento similar a un arma de fuego, en los términos del art. 166 inc. 2 segundo párrafo del Código Penal, de acuerdo a la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul (v. fs. 6/11 vta. de la causa principal acollarada; aunque en la decisión de dicho tribunal por la que se denegó la prescripción de la acción penal se aclaró que el tipo endilgado era el de la misma figura -art. 166 inc. 2-, último párrafo; v. esp. resol. de fs. 155/157).
Dicho fallo condenatorio (v. fs. 6/11 -causa principal-), que resultaría ser el que debe tomarse en cuenta para computar el plazo de extinción de la acción penal por prescripción de conformidad a la interpretación preconizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Farina" (CSJN Fallos: 342:2344) que invocó la defensa oficial, fue dictado el 8 de agosto de 2005 (v. resol. de fs. 155/157).
Si esto es así, el plazo de prescripción de la acción penal sería de diez años en función de los arts. 62 inc. 2, 67 letra "e" y 166 inc. 2, último párrafo -texto según ley 25.882- del Código Penal.
De lo expuesto emerge con nitidez que el tiempo previsto por la ley, a la luz de la interpretación ya expuesta, se ha cumplido.
IV. Ahora bien, es necesario establecer también si el causante no ha cometido algún delito que, en el marco del art. 67 inc. "a" del Código Penal, interrumpa el curso del plazo prescriptivo.
En ese sentido, como puso de relieve el señor Procurador General, el imputado Gerardo Manuel Maíz ha cometido nuevos delitos que interrumpen el curso de la prescripción de la acción penal, a tenor de lo que surge de las constancias que seguidamente se indican.
IV.1. En la causa n° 131/1979 del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul, que se le siguiera por un hecho acaecido en la localidad de Olavarría el 14 de septiembre de 2009, se dictó sentencia condenatoria el 29 de febrero de 2012, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma impropia; dicha decisión fue confirmada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mutando la calificación por la de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada, disminuyendo la pena a cuatro años de prisión, accesorias legales y costas. Según se desprende del testimonio remitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal dicha decisión se encuentra firme y su pena agotada (v. fs. 197, 201 vta. y 202 y dictamen de la Procuración General de fs. 211 y vta.).
IV.2. En la causa n° 2807 y su acumulada n° 2707, el Tribunal en lo Criminal n°1 del Departamento Judicial de Azul, también condenó a Maíz por hechos acaecidos en la ciudad de Olavarría durante el período comprendido entre los años 2014 y 2015 y el día 15 de septiembre de 2016, a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito continuado de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por su condición de guardador de hecho y por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, y coautor de robo agravado por el uso de armas, en concurso real, sentencia que también se encuentra firme según lo expuesto en el testimonio acompañado por el Registro Nacional de Reincidencia (v. fs. 195/196, 202 vta. y 203 y dictamen de la Procuración General de fs. 211 vta.).
IV.3. De acuerdo a tales antecedentes, al haberse interrumpido el curso de la prescripción de la acción penal por la comisión de los delitos descriptos en los puntos IV.1. y IV.2., cabe desestimar la pretensión de la defensa oficial en tanto cuadra aplicar al caso el dispositivo contenido en el aludido inciso "a" del art. 67 del Código Penal.
De allí que no resulte legalmente aplicable -en el presente caso- la doctrina sentada en el mencionado precedente "Farina" por el Máximo Tribunal de la Nación.
V. El restante agravio por el que se concedió el recurso, vinculado a la violación del plazo razonable de duración del proceso penal, tampoco es de recibo.
Como afirmó el señor Procurador General el impugnante no ha controvertido eficazmente uno de los aspectos de la motivación del decisorio del tribunal intermedio (art. 495, CPP).
Es que lo señalado por el tribunal a quo en punto a que la regla del art. 141 del Código Procesal Penal proclama que del plazo razonable de duración del proceso penal debe descontarse el tiempo que consume la tramitación y resolución de los recursos interpuestos y que no se advierte que la situación de Maíz se encuentre en contradicción al derecho a un "juicio rápido", pues el hecho fue cometido el 28 de junio de 2004 y la sentencia del tribunal de origen fue del 8 de agosto de 2005, sólo fue censurado merced a afirmaciones genéricas y dogmáticas que, en puridad, transitan sobre la aplicación al caso de la norma procesal mencionada (art. 495, CPP).
A ello cabe sumar que si bien esta Corte, al habilitar la queja instaurada por la defensa también incluyó la temática de la alongada duración del enjuiciamiento penal, lo hizo en el marco del agravio principal que fuera resuelto en el punto IV, en tanto la solución pretendida sobre este aspecto halla igual perspectiva resolutoria que la de la pretensión principal, esto es la prescripción de la acción penal.
Resulta necesario recordar, a mayor abundamiento, que la presente causa ha tramitado previamente por este Superior Tribunal que, al rechazar el recurso extraordinario interpuesto, confirmó la sentencia de condena impuesta al señor Gerardo Manuel Maíz.
El único cometido que nuevamente abrió la competencia apelada de esta Corte es el dictado de la resolución definitiva sobre el incidente de prescripción que se formalizó en la causa CSJ 13/2017/CS1, "Maíz, Gerardo Manuel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 21.446 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", por lo que este decisorio deberá ser comunicado a dichos estrados.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Asimismo, debe comunicarse la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resultar la resolución definitiva de la cuestión de la prescripción de la acción penal en la causa CSJ 13/2017/CS1, "Maíz, Gerardo Manuel", de acuerdo a lo fallado el 19 de septiembre de 2017.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia