Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135455
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.455, "Lucero, Enrique Fernando. Queja en causa n° 90.578 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
Conforme se desprende del expediente digital, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul, con fecha 16 de abril del año 2018, en el marco de un juicio por jurados, condenó a Enrique Fernando Lucero a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género.
Contra ese pronunciamiento, su defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal lo rechazó.
Frente a lo así decidido, el doctor Daniel Aníbal Sureda -defensor oficial de la instancia casatoria-, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pero el Tribunal de Casación, con fecha 12 de mayo de 2021, lo declaró inadmisible.
Ante ello presentó una queja y esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 2021, admitió la vía directa y concedió el carril extraordinario por estimar que las denuncias de violación a las garantías de revisión amplia del fallo de condena, arbitrariedad e inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua contaban con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Como se indicó en los antecedentes, el doctor Daniel Aníbal Sureda (defensor oficial de Lucero) en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunció violación de la garantía de revisión amplia e integral del criterio de valoración del jurado popular respecto de la prueba; y afectación de las garantías de inocencia, defensa en juicio y debido proceso (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
En cuanto al modo en que el Tribunal de Casación controló el fallo de condena, trajo a colación el test de "Yebes/Biniaris". Explicó que si bien es cierto que lo que debe revisarse es el peso convictivo del cuadro probatorio -pues el veredicto del jurado popular es irrecurrible-, no podía anularse el derecho a la revisión amplia del fallo de condena.
Afirmó que ante esta instancia subyacía un margen de duda razonable respecto a si existieron alteraciones morbosas de las facultades de Lucero al momento de cometer el homicidio de su pareja, Martha Carrizo.
Indicó que al recurrir el tribunal casatorio al test de "Yebes/Biniaris" para determinar si el veredicto del jurado fue o no arbitrario en el punto antes indicado (comprender Lucero la criminalidad del acto y dirigir sus acciones), no brindó sustento convictivo, pues aquel es una herramienta instrumental que permite plantear un pronóstico sobre lo que otros doce jurados podrían llegar a resolver en el mismo caso, lo que -adujo- resulta incierto e insuficiente para confirmar la valoración probatoria y la conclusión a la que arribaron los jueces ciudadanos en el caso concreto.
En cuanto a la cantidad y calidad de la prueba con la que contaron, puntualizó que las conclusiones de los peritos Delorenzi y Testoni resultaron decisivas para definir la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad como también respecto de la capacidad de dirigir sus acciones.
En tal sentido, citó extractos de las pericias y afirmó que Lucero presentó una psicosis, probablemente una esquizofrenia con características paranoides y el núcleo o el contenido de esa paranoia era una celopatía. Agregó que los informes periciales aseveraron que podía interpretarse que el actuar de Lucero haya sido el resultado de una fase cúlmine de un brote psicótico. Asimismo, señaló que los expertos afirmaron que la libertad de acción del acusado pudo haberse visto "afectada" o "menoscabada", pero no anulada, lo que no descarta la posible afectación -temporal- por alteración morbosa de la comprensión de la criminalidad de la conducta.
De seguido, resaltó que su asistido padece un trastorno esquizotípico que se caracteriza por alucinaciones de corta duración directamente relacionadas con el tema delirante, en el caso presumiblemente la celopatía.
Esas particularidades del diagnóstico, ameritaban, a su modo de ver, una metodología que incorporara una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, profundizando en los criterios médicos psiquiátricos para determinar la imputabilidad.
En síntesis, afirmó que la revisión que efectuó la Sala V del Tribunal de Casación sobre la valoración que realizó el jurado respecto de las conclusiones de los peritos, fue meramente formal y arbitraria, lo que afectó no solo el derecho al recurso sino también el derecho a ser oído, derivado de la garantía de defensa en juicio, el debido proceso y la presunción de inocencia (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2.h. y 14.5., cits.).
I.2. En subsidio, tachó de inconstitucionales las penas de prisión perpetua por quebrantar los principios de legalidad, igualdad ante la ley, culpabilidad, proporcionalidad y dignidad humana (conf. arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 9 y 24, CADH; 15.1. y 26, PIDCP y 11, 25 y 57, Const. prov.).
Para el caso de prosperar el pedido, solicitó que se determine la sanción a aplicar, conforme las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
A todo evento, requirió la realización de una interpretación constitucional del concepto de pena perpetua, tomando en especial consideración la avanzada edad de su asistido -sesenta y tres años-, en tanto el plazo de treinta y cinco años para obtener la libertad, en el caso concreto, frustra el principio de la progresividad dentro de la corriente socializadora (art. 13, Cód. Penal).
En atención a la expectativa de vida de Lucero, sumado a la que calificó como estructura psicótica que presentó y los efectos negativos que sobre esta tiene el encierro, solicitó que -a tenor del principio de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.)- se haga una discriminación positiva en su favor, en miras a que la pena no se torne cruel, inhumana y degradante.
Finalmente, insistió en la necesidad de aplicar una pena perpetua que considere las circunstancias particulares de su defendido, en consonancia con todos los tratados de derechos humanos.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso. Coincido con lo así dictaminado pues estimo que el recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. Para que se puedan comprender las razones de esta afirmación, comenzaré por el agravio principal, por el que se aduce una errónea revisión del fallo de condena, en particular, en lo relativo a la incapacidad de culpabilidad de Lucero (conf. art. 34 inc. 1, Cód. Penal).
III.1.a. De la lectura del fallo de Casación surge que, como primer punto, la magistrada ponente (doctora Budiño) aclaró que la revisión del veredicto emanado de un jurado popular se circunscribe al peso convictivo del cuadro probatorio, pues es un acto procesal irrecurrible que expresa una declaración binaria de culpabilidad basada en el sistema de las íntimas convicciones.
De seguido, el Tribunal de Alzada puntualizó que en los supuestos previstos por el art. 448 inc. "d" del Código Procesal Penal la defensa debe demostrar el apartamiento por parte del jurado del plexo probatorio producido durante el juicio a los fines de que el Tribunal de Casación decida si el veredicto emitido es aquel que un jurado, debidamente instruido y actuando conforme a derecho, podría razonablemente haber rendido, más allá de una duda razonable, en consonancia con el "test del jurado razonable" o "test de Yebes".
Sentado ello, afirmó que habiendo tenido acceso al registro audiovisual de todo lo acontecido durante la audiencia de debate y al material que fuera exhibido, a su entender, el jurado había contado con una pluralidad de pruebas de signo acusatorio, cuya entidad permitía concluir -en coincidencia con los jueces ciudadanos-, en una suficiencia probatoria superadora del test de duda razonable y por lo tanto cabía confirmar la determinación de culpabilidad.
A continuación, recordó que el juez profesional había informado a los miembros del jurado las distintas estipulaciones probatorias acordadas, por lo que no se produjo prueba durante el juicio sobre los siguientes puntos: " 1) Que el hecho ocurrió en la cocina del domicilio sito en la calle [...] el día 14 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 23:15 hs . 2) Que en el ámbito del domicilio mencionado anteriormente falleció Martha Susana Carrizo, a raíz de heridas punzo cortantes en cara anterior y superior del abdomen, de afuera hacia adentro, involucrando músculo recto anterior del abdomen en su porción derecha, borde inferior de la parrilla costal, cortando diafragma, hígado, perfora estómago, lesiona el páncreas, vasos esplénicos, trans-cavidad de los epiplones, lesiona columna lumbar, perfora pared posterior de la región lumbar izquierda, y asoma cortando la piel en el área del dorso lumbar izquierdo; otra lesión en el hemitórax del lado izquierdo a nivel del séptimo espacio intercostal que corta diafragma e ingresa en las vísceras abdominales y epiplón del hemitórax izquierdo e interesa riñón izquierdo sin llegar a traspasarlo y lesiones punzo cortantes en el tercio superior del brazo derecho en su cara posterior externa y en dedos anular e índice de la mano derecha ocasionándole la muerte por shock hipovolémico secundario a [causa de] las graves heridas producidas. 3) Que las lesiones producidas a la víctima fueron provocadas por la utilización de un arma blanca consistente en una cuchilla con hoja de metal de 21 cm. de largo y mango de metal color gris de 3 cm de largo aproximadamente. 4) Que el autor del hecho fue Enrique Fernando Lucero ".
Sentado lo anterior, explicó que el tema a decidir se centró en determinar si, al momento del hecho, Lucero pudo o no comprender la criminalidad del acto que cometía.
Frente a ello, destacó que durante el debate declararon familiares y vecinos del matrimonio, así como también profesionales de la psicología y psiquiatría.
En tal sentido, reseñó de manera detallada los dichos de Andrea Karina Delorenzi, psicóloga del Hospital de Bolívar, quien tuvo contacto con el imputado la mañana siguiente del día en que cometió el homicidio. A su vez, citó los dichos de la licenciada en psicología de la Asesoría Pericial de Azul, María Eugenia Navarro, quien conjuntamente con un psiquiatra, mantuvo dos entrevistas con Lucero -la primera de ellas quince días después del hecho-. De igual manera, reseñó lo declarado por el licenciado en psicología Martín Testoni, perito de la Defensoría General departamental de Azul.
Frente a dicho cúmulo probatorio, el Tribunal de Alzada, con cita de la obra del jurista Enrique Bacigalupo, como primer punto, recordó que la capacidad de motivación es de naturaleza eminentemente normativa: no debe confundirse, por lo tanto, con una cuestión médica o psiquiátrica, aunque sea necesario determinar algunos aspectos mediante la ayuda de conceptos médicos.
A continuación, indicó que las distintas evaluaciones psicológicas realizadas permitieron afirmar que Enrique Fernando Lucero efectivamente padece de una patología que afecta su salud mental ("celotipia") la que, además, fue corroborada por los dichos de los testigos que declararon, en especial, por L. E. V. (hija de la víctima), por M. F. L. (hija del matrimonio) y por las amigas de la víctima.
Sin perjuicio de ello, resaltó que todos los expertos que se entrevistaron con Lucero coincidieron en que comprendía perfectamente las conductas que realizaba y sus consecuencias. Por ende, en contraposición a lo sostenido por la defensa, se afirmó que Lucero en todo momento recordó el hecho, al cual describió con mayor o menor amplitud en los distintos encuentros mantenidos con los psicólogos. A su vez, el órgano revisor indicó que otro punto de coincidencia entre los profesionales de la salud consistió en que el cuadro de Lucero no conllevaba la necesidad de su internación en una institución psiquiátrica puesto que no había riesgo de auto y/o heteroagresión, sino que podía recibir un tratamiento de carácter ambulatorio.
A su vez, se destacó que los expertos resultaron contestes en que la libertad de acción de Lucero si bien pudo verse "afectada" o "menoscabada" por ese cuadro, no estuvo anulada.
De seguido, la magistrada Budiño enlazó los dichos de las y los expertos en salud mental con las testimoniales de los vecinos que dieron cuenta de las circunstancias en las que se encontraba Lucero inmediatamente después de cometido el homicidio de Martha Carrizo. En tal sentido, hizo referencia a las declaraciones de María Elena Canepare (vecina), Daniel Aníbal Aguilar (marido de Canepare), Manuel Alfredo García, Aldo Ángel Rey (oficial de policía) quienes dijeron que Lucero estaba ensangrentado y que brindó una versión según la cual, previamente había tenido una discusión con su esposa, y que esta le había efectuado un disparo por lo que la había terminado matando.
Ante tal situación, el tribunal revisor estimó que los dichos de quienes vieron a Lucero en los momentos inmediatos al hecho juzgado, no dudaron en afirmar que Lucero precisamente sabía y conocía lo que acababa de hacer: había matado a su pareja luego de una discusión. Pero a su vez, Lucero había pergeñado una versión de los hechos que, acomodándose a ciertos datos de tiempo, modo y lugar, le permitía exculparse. En efecto, adujo haber recibido un supuesto disparo con un arma de fuego por parte de Martha, para entonces, en tales condiciones haber causado su muerte con un arma blanca como una reacción defensiva ante esa pretensa agresión ilegítima.
La versión que brindó Lucero, a instantes de cometido el hecho contradijo la que luego le relató al licenciado Testoni y lo informado por la Fiscalía en el oficio remitido a la licenciada Delorenzi respecto de que el disparo que presentó en su cabeza había sido autoinfligido por Lucero luego de haber ocasionado la muerte por el apuñalamiento de su esposa.
En función de tales circunstancias, el Tribunal de Casación Penal coincidió con lo sostenido por el fiscal de juicio en su alegato: no era racional concluir que hubiera llevado a cabo el acto criminal en un estado de conmoción tal que le impidiera comprender su accionar y sus alcances, si a los pocos minutos estaba ensayando una justificación tendiente a posicionarlo como el agredido y víctima de su propia esposa, con el claro objetivo de impedir ser responsabilizado penalmente por la conducta realizada.
También se invocó el testimonio de la hija de la víctima, L. E. V., quien contó que el domingo anterior al hecho, en un almuerzo, Lucero había anunciado que iba a terminar matando a su esposa.
En tales condiciones, Casación consideró que estaba correctamente acreditada la posibilidad de comprensión del imputado de la antijuridicidad de sus actos y la dirección de sus acciones conforme a esa comprensión. Así, concluyó que el veredicto de culpabilidad al que arribó el jurado no se apartó manifiestamente -ni mucho menos- de la prueba producida en el debate, habiendo quedado debidamente acreditado en autos que Lucero obró con pleno conocimiento de su accionar y sus consecuencias.
III.1.b. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto, se advierte que el Tribunal de Casación abordó el específico agravio llevado a su sede y, en virtud del sistema de enjuiciamiento aplicado, examinó el planteo en los precisos términos en los que se asentó el motivo (conf. art. 448 bis, inc. "d", CPP).
Consecuentemente, el órgano revisor procedió a examinar si hubo un apartamiento manifiesto por parte del jurado de la prueba producida.
El impugnante, si bien cuestiona por incierto e insuficiente el patrón revisor aplicado por el Tribunal de Alzada con sustento en el estándar de "Yebes/Biniaris", no puso en entredicho el marco legal aplicado (conf. mi voto en causa P. 134.058, sent. de 27-XII-2022), de manera de evidenciar una confrontación palmaria entre el parámetro impugnativo que rige normativamente para las decisiones de los jurados legos y la garantía convencional que invoca como vulnerada (derecho al recurso, art. 8.2.h., CADH).
Por lo demás, tampoco demostró que dicho examen haya sido incompatible con la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que dicho tribunal ha sostenido recientemente que para descartar el veredicto del jurado sería necesario verificar un apartamiento directo de "...la lógica metodológica" empleada, esto es, que el curso lógico de la decisión de los jurados no pueda ser reconstruido conforme a pautas racionales (caso "V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua", sentencia de 8 de marzo de 2018, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; en particular, párr. 259). Y esto último, según lo expresado por el Tribunal de Casación, no fue advertido en el caso (art. 495, CPP).
III.1.c. En segundo lugar, a lo expuesto se agrega que de la reseña efectuada en el punto III.1.a., se desprende que -contrariamente a lo alegado de manera dogmática por la defensa oficial- el Tribunal de Alzada realizó una profusa revisión del punto controvertido, con base en el registro audiovisual y en el material probatorio exhibido durante el debate.
En efecto, se advierte que Casación analizó en profundidad los dichos de las y los profesionales de la salud (Delorenzi, Navarro y Testoni), los testimonios de los vecinos -que vieron al acusado minutos después del hecho- y de familiares del imputado y de la víctima, todo ello enlazado con las particularidades del hecho.
En definitiva, se advierte que en el caso se revisó el punto en discusión decidiéndose por avalar la conclusión del jurado con sustento en las particularidades del hecho acreditadas por la prueba producida -que excedió a los meros dichos de los profesionales de la salud-. De tal modo, con base en la fórmula mixta del art. 34 del Código Penal, y justipreciando que la capacidad de comprender la criminalidad del acto es un elemento normativo sobre el cual debe expedirse el órgano jurisdiccional, se estimó que Lucero, en el momento de los hechos, actuó con capacidad de culpabilidad.
Frente a ello, la defensa oficial en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se limitó a insistir en el alcance que debieron darse a los dichos de las y los expertos en salud intervinientes, ingresando así a la divergencia probatoria ajena al conocimiento de esta Corte, al tiempo que soslayó los argumentos del revisor en cuanto a que la posibilidad de comprender la criminalidad del acto es un elemento normativo que, en el caso concreto y sobre la base de lo expuesto por los testigos (peritos, vecinos y los familiares), se acreditó más allá de toda duda razonable (art. 495, CPP).
III.1.d. En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad y la denuncia de violación de los principios de inocencia, defensa en juicio y debido proceso, quedaron huérfanos de sustento argumental (conf. art. 495, cit.).
III.2. Igual suerte corresponde a la tacha de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
III.2.a. Cabe recordar que, frente a un planteo similar al aquí reeditado, el Tribunal de Casación Penal, como primer punto, recordó que la inconstitucionalidad de una ley debe considerarse como el último recurso a aplicar.
Luego, citó el fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte nacional y afirmó que nuestro ordenamiento legal prevé la posibilidad jurídica del cese de la privac
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