Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134160
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.160, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires-. Queja en causa n° 91.100 y sus acum. n° 91.104, 91.103, 91.105, 91.106 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Lucio De Crocci o Di Crocce o Di Crocci, Lucio Rossi y Rodrigo Puente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 19 de mayo de 2020, rechazó los recursos homónimos interpuestos por el fiscal de juicio, el particular damnificado y las defensas de los imputados, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, que condenó a Lucio De Crocci o Di Crocci a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas; a Lucio Rossi a dos años de prisión en suspenso y costas y a Rodrigo Puente a un año y ocho meses de prisión en suspenso y con costas, disponiendo -asimismo- que los encausados cumplan por los plazos de la condena las pautas de conducta que allí se indican, por resultar autores responsables del delito de homicidio culposo -art. 84 del Código Penal- (v. sent. en formato electrónico).
El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado inadmisible por el citado tribunal (v. resol. de 17-IX-2020), ello motivó la interposición de recurso de queja (v. fs. 1/6). Es así que esta Suprema Corte por resolución del día 2 de marzo de 2021 declaró mal denegada la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley promovida y la concedió (v. fs. 8/10).
El particular damnificado José Andrés Salama, con el patrocinio letrado del doctor Cosme Leris Ivar Jara, presentó por su parte la memoria y adhirió al recurso extraordinario incoado por el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 66/75). Luego, esta Suprema Corte -sin perjuicio de destacar que aún no se le había conferido traslado- ordenó su agregación y tenerla presente para su oportunidad (v. fs. 76).
Oído el señor Procurador General -quien acompañó la pretensión fiscal- (v. fs. 187/190), dictada la providencia de autos (v. fs. 192) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Contra la decisión reseñada en los antecedentes se alzó el señor Fiscal doctor Carlos Arturo Altuve, merced al carril extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual denunció arbitrariedad por apartamiento de la normativa aplicable al caso, fundamentación aparente y déficit de motivación, en razón de haberse aplicado erróneamente el art. 84 del Código Penal e inobservado el art. 106, último párrafo del citado cuerpo legal (conf. causas SCBA P. 113.511, sent. de 6-VIII-2014 y P. 109.035, sent. de 4-VI-2014; v. fs. 7 del recurso en tratamiento presentado por el fiscal el día 25 de septiembre de 2020 -archivo adjunto-).
Sostuvo, luego de realizar un repaso de la materialidad ilícita acreditada en las instancias anteriores y de los fundamentos dados por el Tribunal de Casación Penal para desestimar el recurso fiscal (v. fs. 7 vta./15 del recurso en estudio), que el pronunciamiento impugnado desarrolló una motivación aparente, con un estudio parcial que lo descalifica como acto jurisdiccional válido y por no resultar derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, y agregó que los argumentos utilizados para descartar el encuadre pretendido en los términos del art. 106 del Código Penal fueron meras afirmaciones dogmáticas carentes de contenido y virtualidad, evidenciando arbitrariedad en el razonamiento expuesto por el tribunal intermedio (v. fs. 15 del recurso cit.).
Criticó los argumentos brindados por el tribunal a quo en cuanto afirmó que el recurrente sólo había esbozado ante la instancia intermedia una posición subjetiva respecto de la valoración de la prueba, exponiendo una opinión personal con relación al encuadre legal que cabía asignarle al hecho en juzgamiento, aseveración que -a juicio de esa parte- no resultó cierta (v. fs. 15/16 del recursoíd.).
Señaló que los jueces que intervinieron en la instancia de mérito estimaron de modo arbitrario, incoherente y contradictorio que la conducta reprochada a los tres imputados debía encuadrarse en los términos del art. 84 del Código Penal -homicidio culposo-, en tanto ello no se condice con los argumentos que había desarrollado en apoyo de esa conclusión, decisión que fue confirmada por la Casación (v. fs. 18 del recurso cit.).
Indicó que, en su análisis, los procesados llevaron a cabo todos los elementos del tipo penal previsto en el art. 106, último párrafo del Código sustantivo, que califica la figura del abandono de persona si como consecuencia de la conducta en él prevista resulta la muerte de una persona, encontrándose -en el caso- acreditado el dolo que exige tal ilícito consistente "...en el conocimiento y voluntad de poner en riesgo la vida o la salud de una persona, no en hacerlo con la intención de que muera" y, en ese marco, cuestionó -por ser errónea- la postura asumida por la Casación que entendió que "...el dolo del delito de [a]bandono de persona seguido de muerte consiste en el abandono del sujeto y no en el riesgo" (fs. 18/19 del recurso cit.).
Indicó que el yerro del fallo en revisión se encuentra demostrado ya que "...la acción no es simplemente abandonar o colocar en situación de desamparo a alguien sino, contrariamente a lo sostenido por los casacionistas, la conducta es poner en peligro la vida o la salud de un sujeto mediante el abandono o desamparo", es decir que -bajo su óptica- "...lo esencial es poner en peligro la vida o la salud de otro [y] no simplemente en abandonar o desamparar, sino que estas son formas típicas de crear peligro o riesgo para esos bienes jurídicos cuya protección pretende la norma", siendo que además ha sido probada la relación entre la omisión de la acción debida con el resultado lesivo -a su entender- (v. fs. 20 del recursoíd.).
Afirmó, luego de citar doctrina de autor, que de la descripción de los hechos probados los tres imputados "...no realizaron las acciones necesarias tendientes a evitar el resultado lesivo" y que "...aquella conducta esperada y no realizada por los enjuiciados podría haber evitado la lesión del bien jurídico, es decir, la muerte de la víctima", resaltando seguidamente que "...la obligación que tenían los imputados y cuya conducta se reprocha era la de hacer todo lo posible a los fines de salvaguardar la vida de la joven y no la de salvarla" (fs. 21/22 del escrito recursivo).
Manifestaron, en relación con las circunstancias de la causa, que los encausados "...pusieron en peligro la vida de [la víctima] Aldana Salama, quien se encontraba incapacitada de valerse por sí misma, evidenciando una grave afección a su salud originada en el consumo previo de estupefacientes, circunstancia ésta conocida por todos los imputados, y teniendo todos ellos la posición de garantes respecto a la misma, omitiendo prestarle la ayuda necesaria para ello, existiendo un probado nexo de conectividad entre la conducta desplegada por los imputados y la puesta en peligro de la salud de la víctima, al punto que como consecuencia de ello derivó en su fallecimiento" (fs. 22 del recurso cit.).
Señaló que no está en discusión que los procesados no tuvieron la intención de que la joven damnificada falleciera (v. fs. 23 del recursoíd.), sino que lo cierto y probado es "La omisión de auxilio necesario a Aldana [Salama], el no haber brindado la asistencia debida cuando el cuadro que la joven presentaba era evidentemente grave, [lo cual] supera la mera imprudencia ya que implica un manifiesto desinterés por la vida o salud de la misma", situación esta que -según el recurrente- surge del informe del perito médico Moreira en cuanto precisó que cuando la víctima ingresó a la clínica había fallecido poco menos de una hora antes (v. fs. 24 del recurso cit.).
Concluyó, por todo lo expuesto, en que se encuentra debidamente demostrada la arbitrariedad del fallo recurrido por graves defectos en su fundamentación que impide considerarlo un pronunciamiento válido, al descartar el encuadre peticionado de las conductas desplegadas por los imputados en los términos del art. 106, último párrafo del Código Penal -abandono de persona seguido de muerte- (v. fs. 25/30 del recurso en trato).
II. En el mismo sentido se expidió el particular damnificado al presentar memoria (v. fs. 66/75), quien adhirió al recurso fiscal en abordaje y brindó argumentos en línea con su postura (v. esp. fs. 67/75).
III. Disiento con el dictamen del señor Procurador General (v. fs. 187/190), en tanto el recurso no puede prosperar por los fundamentos que seguidamente se expondrán.
Veamos.
IV.1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, en lo que estrictamente importa para la solución del caso, rechazó los recursos interpuestos por el señor Fiscal -frente a análogos argumentos llevados en el recurso de casación- y por el particular damnificado que acompañó los fundamentos del acusador (v. sent. en soporte digital de fecha 19-V-2020 reseñada en los antecedentes).
De la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada en las instancias previas -que no viene cuestionada- surge que "...el día 19 de diciembre del año 2009 en horario aproximado de la 1:00 en la finca sita en la calle San Martín [...] del partido de Vicente López, seleccionado como punto de reunión ociosa antes de dirigirse a un bar aledaño, el morador Lucio Rossi y los invitados Lucio De Crocci, Rodrigo Puente y Aldana Salama, repartieron una cantidad de cocaína adquirida momentos antes de consuno y por el aporte dinerario común de los aludidos sujetos de género masculino; estupefaciente ingerido en un mismo recinto del inmueble por todos ellos y, al menos por la joven por vía nasal y bucal, amén del consumo de cigarrillos de tabaco. En horario acotadamente siguiente a la 1:40, al emprender el grupo el trayecto a bordo de un automóvil Honda Fit dom[inio] EFX-981 por la arteria San Martín, y antes de alcanzar el cruce ferroviario y la Avenida Del Libertador, Aldana Salama manifestó una grave afectación a su salud con génesis en el precedente consumo de cocaína, exteriorizada en convulsiones y posterior desvanecimiento al desatarse una injuria a nivel cardio respiratorio. En este contexto, teniendo los ocupantes del rodado conocimiento de la causa generadora de la afección, omitieron conducir a Salama a un centro médico asistencial de manera inmediata, lo que le hubiese permitido la actuación de los galenos con margen suficiente para evitar el fallecimiento, en definitiva acaecido" (fs. 24/25, sent. casatoria cit.).
El tribunal a quo abordó -mediante el sufragio emitido por el señor juez ponente doctor Violini (v. fs. 12/34, sent. cit.), que en este tramo de la decisión concitó la adhesión simple del doctor Borinsky (v. fs. 34/51, íd.) y del doctor Carral que adhirió al anterior (v. fs. 51/55, íd.)- los agravios del señor agente fiscal en cuanto resistió la calificación legal endilgada al hecho que culminó con el fallecimiento de la víctima y sostuvo al respecto que "...de la sola lectura del libelo recursivo se desprende con facilidad que el ataque se fundamenta en similares argumentos a los tratados y respondidos en la instancia, sin hacerse cargo de refutar esas afirmaciones o indicar cuáles serían los vicios lógicos del razonamiento que invalidarían el mismo, volviendo sobre lo propuesto en el debate. De manera tal que, al no hacerse cargo de desvirtuar la respuesta del juzgador, el recurso [de casación] trasunta sólo una posición subjetiva respecto de la valoración que de la prueba debió efectuar el tribunal [originario], sin que deje traslucir el yerro en que habría incurrido o la arbitrariedad pretendida" (fs. 14/15, sent. cit.).
Adunó a lo expuesto que "...las consideraciones vertidas [por el fiscal] trasuntan sólo una diferencia de opinión con lo decidido -sin patentizar el error o el absurdo en que habría incurrido el juzgador-, quedando esto demostrado por el hecho de usar la palabra 'desacertada' para referirse a la conclusión arribada por los magistrados [que intervinieron en el debate]" (fs. 15, sent. cit.).
Frente a la alegación fiscal referida a que el tribunal de mérito condenó por la comisión de un delito culposo -art. 84 del Código Penal-, mientras que de sus argumentos surgiría que se habría inclinado por la hipótesis sostenida y comprobada por esa parte así como que se encontraría acreditado acabadamente el dolo de abandono de persona que postuló el acusador, la Casación sostuvo que ella "...no constituye más que una clara posición subjetiva que trasunta una mera opinión personal"; y también consideró errada la manifestación del fiscal en torno a que "...el dolo, en el caso concreto, consiste en el conocimiento y en la voluntad de que se produzca la situación riesgosa, nada más", en tanto -según el tribunal revisor- "...el verbo típico de la figura pretendida resulta ser el 'abandonar' a la persona, por lo que el dolo se debe referir a esto, al abandono del sujeto, no al riesgo" (fs. 15/16, sent. cit.).
Refirió seguidamente a la cuestión planteada por el fiscal en virtud de la cual aseveró que el motivo que existió para dilatar la búsqueda de ayuda de la víctima -aspecto que entendió comprobado- fue la intención de ocultar el consumo de estupefacientes. Al respecto, el tribunal intermedio manifestó que ese cuestionamiento "...sólo se sostiene en la interpretación que hace el coimputado Lucio Rossi [...], o sea, no excede el campo de la mera interpretación, sin que se apoye en prueba o en hechos que se hayan percibido; pero además, si la parte [acusadora] va a tomar la interpretación de Rossi como prueba, no se entiende la razón por la que no consideró el resto de su relato, del que surgiría una calificación más leve que la finalmente requerida" (fs. 16, sent. cit.).
Así, entendió que el fiscal hizo "...un análisis fragmentado y arbitrario de toda la prueba existente, porque toma como elemento cargoso la interpretación que hizo sólo uno de los coimputados [-Lucio Rossi-], fragmentando la declaración sólo en los aspectos que abonan su posición, siendo que, si fuera verdad lo que afirma y se lo pudiera tomar como prueba válida, la calificación resultante para éste debió haber sido mucho más benigna" (fs. 16, sent. íd.).
Explicó, en orden a la nueva calificación legal del hecho pretendida por el fiscal -art. 106 del Código Penal-, que "...la acción [de ese] tipo legal [...] constituye, como primera figura, la de poner en peligro la vida o la salud de una persona colocándola en situación de desamparo. Así, de la prueba existente [-en el caso-] se desprende que aquella acción no se cumplió, pues nadie obligó a la víctima a consumir, nadie la 'puso en peligro', habiendo creado Aldana Salama voluntariamente el riesgo para sí, ya que siendo mayor de edad, ingirió sustancias estupefacientes (informes de laboratorio detallados [...] y declaraciones de todos los coimputados)", por tanto "Lo anterior significa que no está verificado el primer verbo típico, pues la puesta en peligro no la hicieron los enjuiciados, en tanto ni siquiera el particular damnificado discute que la víctima ingirió, de manera consciente y voluntaria, la droga que a la postre la descompensara" (fs. 17, sent. cit.).
Afirmó, por otro lado, que "...la otra conducta típica que el artículo 106 del C.P. define es la de abandonar a su suerte, pero también de los acusados surge que en ningún momento los coimputados dejaron sola a la víctima. Luego, si la joven no fue colocada en situación de desamparo ni fue abandonada a su suerte, no aparecen fehacientemente probadas ninguna de las dos conductas reprochadas" (fs. 18, sent. íd.).
Descartó, asimismo, el argumento fiscal sobre que se habría arribado a una sentencia injusta, aunque favorable a los imputados, en la medida que "...de no haberse producido la muerte de Aldana habrían calificado el hecho como abandono de persona", por estimar que ello es "...absolutamente conjetural y no constituye agravio mensurable en [esa] Sede" (fs. 18, sent. cit.).
Desestimó luego el señalamiento efectuado por el acusador público en torno a que la descompensación de la víctima Aldana Salama se produjo en el hogar de Lucio Rossi, por entender que "...prueba pericial indubitada autoriza a presumir que aquella descompostura sucedió recién a bordo del automóvil rumbo al lugar de esparcimiento y no en el domicilio de aquel", siendo que -por otro lado- "...el pretenso al plan común de los enjuiciados para desentenderse dolosamente de la salud de Aldana, de modo tal que esa actitud haya implicado colocarla en situación de desamparo o abandono con riesgo para su vida o salud, sólo permanece en la convicción del impugnante, sin que alguna prueba categórica lo respalde" (fs. 18/19, sent. íd.).
Indicó, en ese sentido y en prieta síntesis, que "...Lucio De Crocci manifestó que no pensó que a Aldana le fuera pasar algo así, ni tenía noción de cuál era el cuadro [...]; a su turno Lucio Rossi aclaró ante el Tribunal que todos pensaron en todo momento que Aldana iba a vomitar [...], mientras que Rodrigo Puente expresó que, según su criterio, Aldana estaba desvanecida y desmayada pero tenía signos de vida, caracterizando la situación como que 'se había dado vuelta' y por eso, no interpretaron que se podía llegar a morir [...]. A su turno, el testigo Lucas Mekbel juramentó, al momento de evocar sus impresiones, que el chico que sostenía a Aldana le decía 'mi amor, mi amor despertate', y que estaban vestidos como para salir a disfrutar la noche" (fs. 19, sent. cit.).
Consignó, a fin de aventar cualquier crítica en cuanto a la credibilidad que le mereció aquellos dichos, que los deponentes "...fueron sometidos a extensas repreguntas por parte de todos los intervinientes en el debate, en especial los brindados por todos los imputados [...], de manera tal que los propios principios de oralidad y de contradicción imperantes en el debate brindan fundamento suficiente para confirmar en esta instancia aquella postura, máxime cuando no se produjo prueba en contrario que ayude a invalidar la certeza alcanzada, en tanto los jueces de instancia brindaron extensos párrafos dedicados a confirmar, mediante otra clase de pruebas, aquellas afirmaciones" (fs. 19/20, sent. íd.).
Concluyó, en función de las razones expuestas, en que "...las críticas del recurrente direccionadas a lograr una interpretación más favorable a su postura, no tienen otro sustento que su interpretación personal acerca de cómo el tribunal [de mérito] debió valorar la prueba, sin lograr demostrar quiebre alguno en el razonamiento efectuado por aquél para acreditar las cuestiones atacadas, que tampoco advierte [ese] órgano de control, con lo cual, los agravios traídos [por el fiscal en su recurso de la especialidad] decaen" (fs. 20, sent. cit.).
Trató, a continuación, el recurso de casación incoado por el particular damnificado y lo descartó, puesto que -a su entender- más allá de la profusa cita legal que contenía y de los derechos y garantías que dijo conculcados "...no existen referencias concretas a las pruebas o constancias que probarían esas afirmaciones, o el yerro en el razonamiento del juzgador que hubiera descartado de manera arbitraria la hipótesis sostenida por su parte" (fs. 21, sent. cit.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.