Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132747
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.747, "D. A., F. A. s/ Queja en causa n° 91.277 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral, Violini, Natiello.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, por resolución del día 28 de noviembre de 2017, desestimó, previa vista a la Fiscalía interviniente, la petición de sobreseimiento por prescripción de la acción penal en orden a los delitos de abuso deshonesto calificado por la calidad de ascendiente del autor y abuso sexual agravado por la misma calidad efectuada por la defensa particular de F. A. D. A. (v. fs. 12/15).
Dicho temperamento fue confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental (v. fs. 57/60) y por la Sala V del Tribunal de Casación Penal que rechazó la queja interpuesta, con costas (v. fs. 101/104).
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 131/138 vta.), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 139/141), lo que motivó la deducción de queja ante esta Corte (v. fs. 203/216 vta.), que por resolución del día 2 de julio de 2020 la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió (v. fs. 245/247 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 252/256 vta., dictada la providencia de autos a fs. 258, presentada la memoria por la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal en la que solicita que se declare la extinción de la acción penal por prescripción (v. fs. 261/264) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, denuncia arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del superior Tribunal federal, con afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal y el derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2 apdo. "h", CADH; 14.5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.). También, infracción del principio de legalidad por interpretación extensiva in malam partem y menoscabo de la necesaria taxatividad en resguardo de la seguridad jurídica, del principio de reserva y del dictado de un pronunciamiento en plazo razonable (arts. 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 134 y vta.).
Sostiene que en autos se violó el principio de legalidad al efectuarse una interpretación extensiva in malam partem convalidando la decisión de la Cámara que estimó que el fallo revisor del Tribunal intermedio -confirmatorio de la condena- se encuentra abarcado en lo dispuesto por el art. 67, cuarto párrafo, inc. "e" del Código Penal y resulta apto a los fines de interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal (v. fs. 134 vta. y 135).
Aduce que el término "sentencia condenatoria no firme" se refiere solo al fallo de primera instancia ya que este modifica la situación procesal del justiciable al declarar su responsabilidad penal sobre un determinado hecho, mientras que las resoluciones dictadas por otros tribunales (cámaras departamentales, Tribunal de Casación o incluso la Suprema Corte) no son en rigor "sentencias condenatorias" en tanto resultan declarativas del acierto o no del pronunciamiento inicial (v. fs. 135 y vta.).
Con cita del precedente de la Corte federal "Casal", denuncia que el tránsito por el Tribunal de Casación fue aparente e impidió tener por configurado el máximo rendimiento del recurso, ya que declaró la inadmisibilidad de la queja -deducida contra la denegación del recurso casatorio- con sustento en lo dispuesto en el art. 450 del Código Procesal Penal y no brindó una respuesta concreta a su planteo -que constituye una cuestión federal-, ya que se limitó a reeditar los argumentos de la Cámara desconociendo de tal modo la afectación de los principios constitucionales citados y la garantía del plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 136 vta. y 137).
Solicita que se anule el fallo recurrido por carecer de la debida fundamentación y por no ser una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, por haber lesionado el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, lo cual lo convierte en arbitrario; y, acordándole una interpretación respetuosa del principio de legalidad al art. 67 inc. "e" del Código Penal, pide que se declare el cese de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo con el fin de lograr un pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 137 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el reclamo (v. fs. 252/256 vta.).
Disiento con su postura, el recurso prospera.
III. Preliminarmente reseñaré el derrotero de la causa.
III.1. De lo actuado surge que el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, por sentencia del día 17 de noviembre de 2004, condenó a F. A. D. A. a la pena de ocho años de prisión por considerarlo autor de los delitos de abuso deshonesto calificado y abuso sexual agravado, ambos por la calidad de ascendiente del autor (arts. 45, 119 primer y último párrs. apdo. "b" -redacción según ley 25.087- y 127, primer y segundo párrs. en su remisión al art. 122 -texto según ley 23.077-, Cód. Penal; v. fs. 57 vta.).
Por sentencia del día 16 de octubre de 2012, la Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso homónimo de la defensa del imputado (v. fs. cit.).
Contra ello, el defensor particular, doctor Federico Luis Fourquet, dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, que fueron declarados inadmisibles por esta Suprema Corte mediante resolución del día 20 de agosto de 2014 (causa P. 119.445; v. fs. 58). La parte interpuso entonces recurso extraordinario federal que también fue declarado inadmisible por este Tribunal el día 9 de agosto de 2017. Frente a ello, la defensa presentó un recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra en trámite (CSJN legajo 000347/2018/00, según surge del sistema de consulta web del Poder Judicial de la Nación).
III.2. Por otra parte, como se reseñó en los antecedentes, el tribunal de origen desestimó la petición de la defensa de sobreseimiento por prescripción de la acción penal en orden a los delitos de abuso deshonesto calificado por la calidad de ascendiente del autor y abuso sexual agravado por la misma calidad, por entender que los pronunciamientos del Tribunal de Casación del día 16 de octubre de 2012 y de esta Corte del día 20 de agosto de 2014, confirmatorios de la condena, son actos interruptivos en los términos del art. 67 inc. "e" del Código Penal, concluyendo que desde su dictado no transcurrió el plazo máximo previsto en el art. 62 del mismo cuerpo de leyes (v. fs. 12/15). Decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías departamental (v. fs. 57/60).
Contra ella la defensa oficial interpuso recurso de casación (v. fs. 73/80), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada a fs. 81 y vta., frente a lo que la parte se alzó en queja (v. fs. 84/88).
En oportunidad de presentar memorial ante Casación, la defensa mantuvo el recurso deducido y reiteró la petición de sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal (v. fs. 91/99 vta.).
La Sala V del Tribunal de Casación Penal rechazó la queja interpuesta, con costas.
Para así decidir señaló que su competencia no podía ser abierta por fuera de lo dispuesto en el art. 450 del Código Procesal Penal, explicando que no se daba en autos una situación de excepción a tal principio, como podía ser que la necesaria revisión no haya sido satisfecha por otra vía, la presencia de una cuestión federal o una demostrada arbitrariedad o gravedad institucional.
Añadió que la ley procesal no les acuerda a las partes una tercera vía ordinaria de impugnación y que los recursos de apelación y de casación son alternativos y no sucesivos (v. fs. 101 vta./102 vta.).
No obstante, en atención a las particularidades del caso, juzgó "...adecuados los argumentos por los cuales el a quo rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa" (fs. 102 vta.). Indicó que la Cámara, luego de efectuar un análisis pormenorizado de la causa, consideró que en el caso no se encontraba prescripta la acción penal en los términos del art. 67 del Código Penal. Destacó que los argumentos fundados en torno a que la sentencia dictada con fecha 16 de octubre de 2012 por la Sala II del Tribunal de Casación debe tomarse como un acto interruptivo de la prescripción de la acción "...aparecen ajustados a derecho y de igual modo, la solución propiciada, sin que la defensa con sus alegaciones recursivas logre evidenciar un yerro tal que permita descalificar el fallo atacado como acto jurisdiccional válido" (fs. 103).
Aseveró que las particulares interpretaciones del recurrente exhiben una mera discrepancia con lo resuelto, pretendiendo una dispar solución acerca de la prescripción de la acción penal por medio de citas jurisprudenciales expuestas desde su óptica, pero sin demostrar ilogicidad alguna en el pronunciamiento atacado (v. fs. cit.).
Y resaltó, a los fines de dar respuesta a eventuales planteos de orden federal que pudieran formularse sobre el diseño legal analizado, que "...las argumentaciones, en cuanto se limitan a formular Reserva del Caso Federal con cita legal, tampoco podrían tener la virtualidad de excepcionar el valladar legal previamente aludido, dado que el recurrente no ha procurado evidenciar la relación directa e inmediata entre lo resuelto en el caso y la transgresión de las garantías constitucionales indicadas" (fs. 103 y vta.).
III.3. Cabe mencionar que el actual defensor particular del imputado, doctor Federico Luis Fourquet, efectuó una nueva petición al Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con fecha 4 de agosto de 2021, requiriendo el sobreseimiento de su asistido por considerar que la acción penal en autos se encuentra prescripta, la que fue elevada a esta Corte a fin de evitar un dispendio jurisdiccional y resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión (v. fs. 273/281).
IV. Como adelanté, el recurso extraordinario es procedente.
V. En primer lugar debe decirse que la ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005) es aplicable a los hechos de este caso, cometidos con anterioridad a la sanción de dicha norma, pues esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código de fondo (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
En tal entendimiento se señaló que la citada ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación (arg. arts. 2, Cód. Penal; 9, CADH; 15.1, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
V.1. Sin perjuicio de que la cuestión de la prescripción ha sido discutida en estos autos desde las instancias previas, conviene recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, cit.; e.o.).
V.2. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
V.3. Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva, sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (CSJN causas CSJ572/2009 (45-S) /CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", sent. de 26-II-2013; CSJ133/2009 (45-S) /CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", sent. de 26-III-2013; CSJ1586/2005 (41-F) /CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo", -voto de la mayoría- sent. de 11-VII-2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67, inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal, que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14).
A su vez, en el considerando 14, puso de resalto que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982; 331:600 cons. 7 y sus citas; e.o.), y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP).
Destacó que en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo, en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18 de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese tribunal imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 17 dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379)", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito rige la doctrina jurisprudencial que se apoya en una interpretación extensiva del art. 67, inc. "e" del Código Penal.
En el considerando 19 se refirió a que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra legem en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esa Corte en que se había explicitado que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme la letra del art. 67, inc. "e" del Código Penal, constituye un "...claro alzamiento por parte del tribunal a quo y los tribunales que de él dependen, contra la autoridad de este Tribunal, en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina", y que tal reticencia por parte de las autoridades judiciales provinciales para aplicar en su ejercicio jurisdiccional la doctrina constitucional sentada por esa Corte en casos como el presente, conlleva la lesión de los derechos con relación a los cuales se adoptó el criterio respectivo, la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tal motivo, consideró necesario instruir a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observ
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