Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (conf. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.978, "Gutiérrez, Santiago Amaro s/ Queja en causa n° 91.385 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes que había condenado a Santiago Amaro Gutiérrez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, como coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado para asegurar el resultado y procurar la impunidad (v. fs. 68/81 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 87/115 vta.), el que fue declarado inadmisible por la referida Sala el 28 de mayo de 2020 (v. fs. 116/120) y provocó la deducción del recurso de queja por parte de la defensa (v. fs. 140/148 vta.).
El 8 de marzo de 2021, esta Suprema Corte admitió parcialmente la queja deducida únicamente para el tratamiento del agravio vinculado con la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley con el alcance fijado en dicha resolución (v. fs. 151/154).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 168/171), dictada la providencia de autos (v. fs. 173) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Atento el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Suprema Corte, se abordará solo el agravio relacionado con la errónea aplicación de la ley sustantiva, vinculado a la calificación legal en los términos de homicidio calificado para asegurar el resultado y procurar la impunidad (art. 80 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 151/154).
II. En tal sentido, el recurrente centró su crítica en la falta de acreditación del especial elemento subjetivo del ánimo que habría motivado el homicidio y que permitió conectarlo ideológicamente con el robo, para la aplicación de la norma cuestionada (v. fs. 103).
Luego de repasar la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada y de reseñar sucintamente lo decidido sobre el punto en las instancias de grado y revisora, la defensa pasó a desarrollar los fundamentos por los cuales -en su parecer- las ultraintenciones de "...matar para asegurar los resultados" del desapoderamiento y "...para procurar la impunidad" no se habrían acreditado (v. fs. 103 vta./105).
En cuanto a la primera de ellas, alegó que carecía de apoyo en las circunstancias comprobadas y no discutidas de los hechos, y que resultaba una afirmación contradictoria. En concreto, cuestionó el razonamiento lógico empleado por el juzgador para tener por acreditado que el último golpe propinado en la cabeza de la víctima con un bastón para causarle la muerte hubiera sido con el fin de asegurarse el resultado del desapoderamiento (v. fs. 105 y vta.).
Expresó que no discutiría el valor otorgado a las pruebas para afirmar tal ultraintención, en el entendimiento de que "...en las condiciones en las que éste se encontraba [la víctima], producto de la golpiza y quemaduras a las que fue sometido, nada hubiese podido hacer para impedir, frustrar o proteger lo obtenido en el desapoderamiento por parte de los sujetos activos", y que "Tan es así, que la víctima quedó tendida en el suelo durante horas, producto de esa golpiza previa, hasta que se acercó un familiar y lo auxilió" (fs. 105 vta. y 106). De seguido, con relación a que el homicidio se perpetró "...para asegurar la impunidad", previa transcripción de la parte pertinente de la decisión impugnada (v. fs. 106 y vta.), alegó que "Nadie, ni siquiera la víctima o sus familiares refirieron que aquél conozca a [su] asistido, ni siquiera a un sujeto apodado 'Harry'" (fs. 106 vta.).
Explicó que tal conocimiento previo se asentó en una mera presunción "...que ni siquiera puede elevarse a la categoría de indicio, y que como tal resulta notoriamente insuficiente para atribuir el elemento subjetivo distinto del dolo de homicidio, relativo a que se mató para procurar no ser descubierto", y además agregó que "...la víctima nunca mencionó haber reconocido a alguno de los sujetos activos ya sea por su fisonomía características particulares o por su voz, al tiempo que aseguró que todos los sujetos llevaban sus rostros tapados" (fs. 107).
Por todo lo expuesto, solicitó que se recalifique el suceso en los términos del art. 165 del Código Penal por entender que el resultado muerte se dio en el contexto propio del robo (v. fs. 107 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 168/171).
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 4 de Quilmes tuvo por probado que "...el día 21 de diciembre de 2010 en horas de la madrugada siendo [...] entre las 02.00 y 03.00 horas aproximadamente en el domicilio sito en la calle Martín Rodríguez nro. 2371 de Quilmes, tres sujetos de sexo masculino, mayores de edad, ingresaron al domicilio de mención, acercándose a la cama donde dormía Carmelo Borreli de 86 años de edad, comenzando a golpearlo, a la vez que le solicitaban dinero. A continuación uno de ellos, lo tiró al piso propinándole patadas en las costillas para luego colocarle una corbata en el cuello, tirándolo hacia arriba ocasionando que se quede sin aire, mientras le solicitaban insistentemente dinero, del que se apoderaron ilegítimamente por un total de $ 1500 y 400 dólares aproximadamente, como así también le sustrajeron tres relojes despertador, color gris, un desodorante marca Axe color negro, una remera blanca nueva sin usar y una colonia. Luego de ello se pusieron más agresivos aún, manifestándole, 'a vos los dólares no te sirven porque te vas a morir' 'Tano de mierda te conocemos bien sabemos que tenés plata'; enchufando en ese momento la plancha y luego de sujetarlo, procedieron a apoyarle la plancha caliente en todo el cuerpo, provocándole varias lesiones. En un momento Carmelo Borrelli simuló haber fallecido fue cuando uno de los sujetos le propinó un golpe con un bastón en la cabeza. Siendo todo el accionar cometido con claras intenciones de causarle la muerte, como así también para asegurar el resultado y procurar su impunidad, causando con dicho accionar el deceso de la víctima el día 5 de enero a raíz de un paro cardiorespiratorio traumático, luego de estar internado en distintos nosocomios, por estallido de aneurisma aorta abdominal a consecuencia de los traumatismos sufridos" (fs. 11 vta. y 12, sent. de condena).
El suceso fue calificado como homicidio calificado para asegurar el resultado y procurar la impunidad (art. 80 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 32 y vta.).
IV.2. En lo que resulta relevante para el caso, al interponer el recurso de casación, la defensa de Gutiérrez discrepó con la calificación legal asignada al evento (v. fs. 38 vta.).
En lo medular, adujo que la figura adoptada requería como elemento subjetivo el dolo directo en cabeza del autor y que el mismo se encuentre ligado a una ultrafinalidad, esto es, para facilitar, preparar, consumar, etcétera, otro delito. Con relación al caso, alegó que las pruebas ventiladas en el debate daban cuenta de que la conducta imputada solo tuvo como principal objetivo "el robo" a la vivienda de la víctima y que, eventualmente, las lesiones sufridas condujeron a su desenlace fatal en conjunción con una causal que no tenía ninguna relación con la conducta desplegada por los autores durante el hecho: una patología previa (v. fs. 38 vta./39 vta.).
En ese discurrir, destacó que, de la declaración del médico que llevó a cabo la autopsia, surgía inequívocamente que, si la víctima no hubiese padecido la patología preexistente que presentaba (aneurisma de aorta), las lesiones sufridas no habrían causado su muerte (v. fs. 39 vta.).
En suma, concluyó que no se encontraba probado con el grado de certeza que exige una sentencia de condena que su asistido hubiera obrado con el dolo directo que exige la figura cuestionada "...ni mucho menos la finalidad específica de lograr la impunidad o para lograr su cometido primigenio de robar", requiriendo que se subsuma el hecho en los términos del art. 165 del Código Penal (v. fs. 40 vta.).
A su turno, el señor defensor ante el Tribunal de Casación mantuvo el recurso de casación presentado y se remitió a los argumentos oportunamente expresados, los que hizo propios (v. fs. 59 y vta.).
IV.3. En lo que interesa para resolver el agravio sobre la calificación legal, la casación destacó inicialmente que la defensa no había desvirtuado los argumentos expuestos en el fallo del tribunal de juicio acerca de la verificación, en el caso, del cuestionado aspecto subjetivo (v. fs. 74 y vta.).
Así, trajo a colación lo expuesto en el veredicto por el sentenciante de origen respecto a que "...ante la insistencia de los otros sujetos activos de retirarse, Gutiérrez aún no había concluido su plan porque quería la muerte de su vecino. Manifestó a sus consortes que faltaba poco ya. Aún en la circunstancia que el anciano simuló estar fallecido, Harry vuelve hacia él y le ase[s]tó un golpe en la cabeza con un bastón -el golpe de gracia a decir de la víctima- para asegurarse el resultado. El agresor era una persona conocida en el barrio. Durante el suceso se ventiló su nombre. Harry pedía dinero a sus vecinos, seguramente Carmelo lo conocía viviendo a escasas cuadras. De tales circunstancias se concluye que tras concretar el resultado propuesto de desapoderamiento ejecutó la conducta homicida con el específico objeto de asegurar lo sustraído y procurar la impunidad" (fs. 74 vta.).
A su vez, indicó que "...el damnificado ya había sido quemado con una plancha colocada a elevada temperatura directamente sobre su superficie corporal, de modo tal que, evidentemente, no tenía información para brindar, quedando en evidencia, a partir de lo referido en el párrafo anterior, la voluntad homicida de Gutiérrez y su motivación adicional de no ser descubierto en torno al delito contra la propiedad cometido" y que "Por eso, no puede sostenerse que no concurran las circunstancias subjetivas necesarias para que los sentenciantes hayan subsumido el hecho bajo la figura del homicidio calificado criminis causae (art. 80 inc. 7 del C.P.), en tanto han brindado adecuados fundamentos para justificar la aplicación del tipo agravado en trato" (fs. cit. y 75).
En definitiva, sostuvo que dichos elementos alcanzaban para tener por acreditado el dolo de homicidio como la conexión final o psicológica necesaria para la configuración del delito previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, en tanto la conducta desplegada por el imputado permitía inferir con facilidad, tal como sostuvo el tribunal de la instancia, que Gutiérrez dispuso de la vida de Carmelo Borrelli para asegurar y procurar la impunidad por el robo cometido (v. fs. 75 y vta.).
V. Como adelantara, el recurso no prospera.
V.1. En primer término, advierto que existe una variación argumental de los planteos de la defensa ante esta Sede, que conduce al rechazo de la pretensión.
En efecto, puede verse que, al deducirse el recurso de casación a favor de Gutiérrez, el tema de controversia se sustentó -esencialmente- en la falta de acreditación del dolo directo de homicidio que exige el art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 38 vta./40 vta.); mientras que, en el remedio extraordinario, el recurrente reclama sobre la falta de acreditación de las ultrafinalidades aplicadas, de matar "...para asegurar el resultado y procurar la impunidad" por el robo cometido (v. fs. 103/107 vta.).
Si bien en ambas ocasiones la pretensión en definitiva fue la misma, esto es, cuestionar la acreditación del elemento subjetivo que exige el art. 80 inc. 7 del Código Penal, los motivos alegados -ahora- en esa dirección son diversos a los que se formularon ante el órgano casatorio (doctr. art. 451, CPP; conf. causas P. 94.431, sent. de 1-XI-2006; P. 90.955, sent. de 20-XII-2006; P. 128.247, sent. de 21-III-2018; P. 130.130, sent. de 27-II-2019; e.o.).
V.2. Aun sorteando la valla de la temporaneidad, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que, más allá de que el reclamo se enunció como de errónea aplicación de la ley sustantiva -y que se explicitó que no se discutiría el modo en que se habían valorado las pruebas-, el recurrente, en rigor, pretende una reinterpretación de los hechos y de los elementos probatorios a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
Por consiguiente, la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva resulta infundada ya que la parte, mediante consideraciones particulares y desatendidas de las argumentaciones del tribunal de origen y del revisor, no replicó adecuadamente la conclusión de que la decisión de matar fue conexa con el delito contra la propiedad, con sustento en que Gutiérrez, aun ante la insistencia de los otros sujetos activos de retirarse volvió hacia la víctima, quien simulaba estar fallecido, y le asestó un golpe en la cabeza con un bastón con el fin de asegurarse el resultado y procurar la impunidad (doctr. art. 495, CPP).
Además, cabe destacar que es doctrina de esta Corte que para la aplicación de la figura cuestionada "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. doctr. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; P. 134.008, sent. de 7-V-2021; e.o.) y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.638, sent. de 25-X-2017; P. 122.106, sent. de 7-III-2018; P. 132.303, cit.; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; e.o.).
En mérito de lo expuesto, la parte no logra evidenciar que el razonamiento seguido por el Tribunal de Casación Penal al confirmar la condena de Santiago Amaro Gutiérrez hubiese configurado una desacertada interpretación de los elementos de prueba al punto de arribar a conclusiones insostenibles o claramente contradictorias, a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. causas P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009; P. 130.513, sent. de 11-IX-2020; P. 134.545, sent. de 6-XII-2021; e.o.).
Por lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de la defensa y mantener la significación jurídica del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal conforme fuera establecida en las instancias previas, en tanto el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover eficazmente los argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (conf. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2022 20:06:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2022 14:22:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2022 09:53:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 10:45:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 10:49:22 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/11/2022 13:41:59 hs. bajo el número RS-135-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia