Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134852
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.852, "Pérez Sanabria, Patrocinio y Quiñones Chiñolis, Alberto. Queja en causa n° 91.420 de Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de mayo de 2020, rechazó -por mayoría- sendos recursos interpuestos por la defensa particular de los imputados y el señor agente fiscal contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Junín, que decretó la invalidez de la acusación fiscal formulada durante la audiencia de debate respecto de Gustavo Núñez Ibarra, Luciano González Leith, Alberto Antonio Quiñones Chiñolis y Patrocinio Pérez Sanabria y dispuso la realización de un nuevo debate ante jueces hábiles -arts. 56, 59 incs. 3 y 4, 201 última parte, 205 inc. 3, 207, 210 y 368 del Código Procesal Penal- (v. fs. 153/169 vta.).
Contra ello, la defensa particular de Patrocinio Pérez Sanabria y Alberto Quiñones Chiñolis (v. esp. fs. 174 vta.), a cargo de los doctores Carlos Esteban Torrens y Federico Mastropierro, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 174/178), el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 185/186 vta.).
Interpuesta queja por los defensores de los nombrados Quiñones Chiñolis y Pérez Sanabria (v. fs. 202/204), esta Suprema Corte a través de la resolución de 7 de octubre de 2021, admitió la vía directa articulada y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado a favor de los nombrados (v. fs. 212/215).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 227/230), dictada la providencia de autos (v. fs. 232) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Cabe precisar liminarmente que de conformidad con la resolución de esta Corte que admitió la queja interpuesta por la defensa particular de los coimputados Patrocinio Pérez Sanabria y Alberto Antonio Quiñones Chiñolis, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a fin de asegurar la vigencia del ne bis in idem invocado y del resto de los "...agravios de índole constitucional que guardan directa relación con la suerte de la pretensión" (esp. fs. 213 vta. y 214, apdos. I.3.b. y I.3.c. -resol. cit.-), por lo que en ese marco serán abordados los planteos articulados.
II. La defensa particular de los encartados denunció que el tribunal de la instancia originaria, luego de haber sido brindados los lineamientos de apertura del juicio, producida la prueba y los alegatos finales de las partes, decidió de manera arbitraria no absolver -en lo que interesa destacar- a Quiñones Chiñolis ni a Pérez Sanabria y, en lugar de ello, declaró la invalidez de la acusación fiscal y dispuso la realización de un nuevo debate oral (v. fs. 176).
Los señores defensores de confianza alegaron el quebrantamiento del principio de prohibición de la autoincriminación y criticaron al tribunal de juicio por aferrarse a las versiones de los coimputados con el fin de mantenerlos ligados a un proceso penal, el cual -a juicio de esa defensa- debió culminar con un veredicto (v. fs. cit.).
Consideraron que la decisión del Tribunal de Casación al confirmar -por mayoría- lo resuelto en primera instancia, vulneró los arts. 71 del Código Penal y 1, 2, 6, 374 inc. 6 del Código Procesal Penal, como también la defensa en juicio, el debido proceso, la prohibición de declarar contra sí mismos y el non bis in idem ; afectando de igual modo normativa internacional vinculada con los arts. 8.1. -imparcialidad de los jueces- y 8.2.g. -prohibición de declarar contra sí mismo- de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto se habrían utilizado declaraciones de imputados para no pronunciar veredicto absolutorio (v. fs. 176 y vta.).
Afirmaron que el juzgador que intervino en la instancia de mérito perdió su imparcialidad al anular un acto válido como lo fue la acusación fiscal -respecto de la cual esa defensa respondió en pleno ejercicio dentro del acusatorio-, sustituyendo y arrogándose funciones propias del acusador en franca colisión con la normativa nacional e internacional mencionada. Así, entendieron que el tribunal del debate para fundar su decisión extendió su labor e ingresó en la valoración que el Ministerio Público Fiscal realiza del material probatorio (v. fs. ídem vta.).
Resaltaron que el reenvío dispuesto para la realización de un nuevo debate erosiona el derecho de toda persona a ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas y que la realización de ese nuevo juicio, luego de haber atravesado todas las etapas válidas y sin conducta previa de los imputados que hubieran dado lugar a la nulidad, provoca un avasallamiento a la garantía constitucional del non bis in idem (v. fs. cit. vta. y 177).
Consideraron que la sentencia recurrida ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no imputable a Quiñones Chiñolis y a Pérez Sanabria, ocasionándoles un perjuicio de imposible reparación ulterior (v. fs. 177).
Concluyeron, para el supuesto de confirmarse el fallo en revisión, en que sus asistidos deberán soportar la reedición de un nuevo juicio oral siendo que ya pasaron por uno totalmente válido y, por todas las razones expuestas, solicitaron se haga lugar al recurso, se declare la infracción a las garantías federales, se declare la nulidad de la sentencia recurrida y se ordene el reenvío de la causa para el dictado de un nuevo pronunciamiento de índole absolutoria con relación a sus defendidos Pérez Sanabria y Quiñones Chiñolis (v. fs. 177 y vta.).
III. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 227/230).
IV. Comparto lo dictaminado por la Procuración General, en orden a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no ha de tener favorable acogida.
V. Previo ingresar al fondo del reclamo, se hará una reseña de lo acontecido en el expediente.
V.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Junín, una vez cumplida con la audiencia de debate llevada a cabo el 25 de abril de 2018, y a fin de dictar el veredicto correspondiente en la presente causa, abordó como cuestión liminar verificar si la acusación fiscal formulada respecto de los imputados durante dicha audiencia era válida (v. fs. 17/41 vta.).
Consideró, luego de efectuar una síntesis de los hitos relevantes llevados a cabo en el proceso hasta ese momento ante esa instancia (v. esp. fs. 17 vta./27), que dicha acusación "...es sin lugar a dudas el momento cúlmine de toda audiencia de debate, pues importa el verdadero ejercicio de la pretensión punitiva estatal. Y de allí la necesidad de que la misma sea planteada de manera precisa, fundada en la prueba producida, como para permitir que se abra la puerta de la jurisdicción y se habilite en definitiva la actuación del poder punitivo del Estado" (fs. 27).
Narró, seguidamente, las circunstancias que -a su juicio- merecían ser catalogadas de irregulares o anómalas acerca de la intervención que le cupo a la parte acusadora en ese debate oral y afirmó, a modo de síntesis, que "...El parcializado y desordenado manejo de la información aportada al proceso, la arbitrariedad consagrada en la disposición de la producción probatoria, sumado a otras falencias técnico jurídicas como las vinculadas a la delimitación fáctica de la imputación, con repercusión en la calificación de los hechos, [...] persuaden [a ese tribunal] de considerar que nos hallamos frente a una acusación que merece ser considerada inválida, debiéndosela privar de sus efectos. Y, entiéndase bien, diverso sería suponer una acusación válidamente formulada -como no sucede en autos- que por debilidad probatoria no permitiera alcanzar el alto grado de conocimiento exigido en esta crucial etapa procesal para romper la presunción de inocencia con que llegan imbuidos los imputados (certeza), lo cual derivaría en la absolución de los mismos" (fs. 35 vta.).
Expresó, en sintonía con las razones vertidas, que "...lo acontecido en autos resulta demostrativo de que una parte esencial del debate, como es la acusación, no abastece los estándares mínimos para considerarla válida. Resulta menester ineludible que la parte requirente, portadora del ejercicio de la acción penal pública, formule sus solicitudes de manera motivada, fundada en el análisis cabal y objetivo de la prueba que se produjo en la primera etapa del debate, desprovista de toda subjetividad caprichosa que pudiera sesgar el sustrato fáctico imputado. Y esa falta de objetividad es la que advierto se presenta en el caso de autos, hiriendo letalmente la validez de un acto de incuestionable trascendencia en el proceso penal como lo es la acusación, en tanto ella resulta ser el prisma por el cual se habilita el ejercicio jurisdiccional" (fs. cit./36).
Precisó que el tenor de las falencias en las que incurriera -a su modo de ver- el señor fiscal como parte esencial del proceso, impedían al tribunal originario perder de vista que "...las faltas de argumentación y motivación no nos colocan en el campo de la duda que debería resolverse indefectiblemente en favor de los encausados", en tanto resultaba imperioso contar "...con una acusación válida que permita el pleno ejercicio de la defensa en juicio, tributaria del debido proceso legal", por lo que correspondía "...la renovación de los actos que permitan contar con la misma, perfeccionando dicha instancia crucial dentro del trámite" (fs. 37 vta./38 vta.).
Concluyó, finalmente, que las tachas contra la acusación fiscal no se encontraban sustentadas en un exceso de rigorismo formal, sino que -antes bien- resultaban sustanciales y con la entidad suficiente como para tenerla por inválida, por ello coligió que frente a "...un manifiesto apartamiento de los deberes de objetividad, motivación, fundamentación y autoabastecimiento de [los] requerimientos [de la acusación]" y, sobre esa base, decidió que "...sin una acusación válida por tales motivos no puede [ese] Tribunal avanzar hacia el dictado de una resolución acerca del fondo de la cuestión [...], imponiéndose la renovación de los actos del debate -frente a un tribunal integrado con jueces hábiles para hacerlo- en cuyo seno haya de contarse con una acusación debidamente fundada en la prueba a producirse, y motivada en el derecho aplicable al caso" -conforme arts. 56, 59 incs. 3 y 4, 201 última parte, 205 inc. 3, 207, 210 y 368 del Código Procesal Penal- (v. fs. 40 vta., 41 y 42 vta.).
V.2. Contra ello, la defensa particular -en lo que interesa- de los imputados Alberto Antonio Quiñones Chiñolis y Patrocinio Pérez Sanabria dedujeron recurso de casación (v. fs. 52/56 vta.), al igual que el señor agente fiscal departamental (v. fs. 57/69 vta.) y el señor defensor oficial de la instancia (v. fs. 72/84).
La defensa particular de los nombrados denunció, en lo que importa destacar para el caso, la inobservancia y quebrantamiento de los arts. 367 y 368 del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución nacional; argumentó que el señor fiscal desarrolló una imputación "...clara, precisa y circunstanciada", respecto de la cual esa parte contestó sin dificultades formales, ejerciendo el derecho de defensa de sus pupilos de modo eficaz. También se refirió a que el tribunal de mérito se apartó de su lugar de tercero imparcial, invadiendo la jurisdicción de las partes al formular consideraciones acerca de la prueba rendida en el debate y, finalmente, alegó la transgresión a la garantía que prohíbe el doble juzgamiento y requirió se absuelva a sus defendidos.
V.3. El Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el 19 de mayo de 2020, rechazó -por mayoría- todos los recursos deducidos (v. fs. 153/169 vta.).
En tal sentido, la decisión mayoritaria a la que se arribó, conformada en el caso por el voto del señor juez doctor Borinsky -que concitó la adhesión del señor juez Carral- señaló, en lo que importa destacar para la solución del caso, que "...los actos emanados del Fiscal como órgano del Estado (el desistimiento de la acción, la oposición a que se suspenda a prueba el juicio, entre otros), están sujetos al control de razonabilidad por parte de los jueces. La discrecionalidad de la acción y la consiguiente disponibilidad de las imputaciones e incluso de las pruebas, son un reducto, del todo injustificado, del carácter originariamente privado y después sólo cívico o popular de la iniciativa penal. [...] El artículo 56 del Código Procesal Penal prescribe que el fiscal deberá formular motivadamente sus requerimientos y conclusiones que se bastan a sí mismos" (fs. 166 y vta.).
Consideró que "...si se veda cualquier tipo de control de los actos del Ministerio Público no se puede descartar el riesgo de una decisión judicial forzada por un dictamen fiscal erróneo, quizás impuesto y en cualquier caso portador de una decisión que no sigue un proceso público de gestación. Si el tribunal quedase atrapado sin más por un dictamen del fiscal que pone fin a la acción, se desbordaría el marco de la promoción y ejercicio de la acción pública usurpando el ámbito de la decisión jurisdiccional que la Constitución reserva a los jueces como expresión de la facultad de penar perteneciente al Estado" (fs. 167).
Recordó el dictado de diversos precedentes de la Corte federal en orden al requisito constitucional que prescribe la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales y, en su consecuencia, razonó que "...si el Fiscal del juicio, al efectuar su acusación en la audiencia, incurrió en la serie de irregularidades e inconsistencias que detectara [el] Tribunal de primera instancia (y que reseña exhaustivamente el primer voto [del fallo dictado en la instancia de origen]), el acto de él emanado carecía de la razonabilidad exigida constitucionalmente a la par que privaba al órgano jurisdiccional de uno de los elementos esenciales del debido proceso, por lo que, a [su modo de] ver, la nulidad fue correctamente decretada (argumento de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 203 del Código Procesal Penal) y debe confirmarse", proponiendo el rechazo de los recursos casatorios deducidos -con imposición de costas-, a excepción del interpuesto por el fiscal (v. fs. 167 y vta.).
El doctor Carral, como ya se mencionó, adhirió al voto del señor juez Borinsky por compartir sus fundamentos y entendió necesario agregar -en lo sustancial- que "...la razonabilidad de los actos de gobierno conlleva la posibilidad de su contralor de la que ningún órgano del Estado puede estar exento. Este contralor de la actividad del Ministerio Público Fiscal se da, dependiendo del instituto en trato y de la etapa del proceso, a veces desde una corroboración intra-ministerio [sic] y otras desde la injerencia jurisdiccional" (fs. 168 y vta.).
Adunó a lo expuesto que "Sentado lo anterior, resulta conveniente aclarar que este contralor jurisdiccional no puede extenderse al criterio con que la acusación ha valorado el material probatorio disponible para fundar su posición. El límite del control de juicio debe versar únicamente sobre los aspectos esenciales que hacen al deber de motivación suficiente, aspecto que -adelanto- encuentro abastecido en el caso en examen, como bien ha explicitado mi colega [-doctor Borinsky-] en el voto que antecede, sin dejar de advertir por ello que el tribunal de la instancia más allá de la crítica respecto a este tópico, ha ingresado en materia propia de valoración probatoria que, desde [su] punto de vista, se encuentra fuera del contralor para el que se halla legitimado" (fs. 168 vta.).
Puntualizó que, sin embargo, "...en lo sustancial, el razonamiento sobre la indeterminación del hecho, las falencias en las citas normativas, entre otras cuestiones no menores tornan aplicable un juicio de censura dado la inobservancia de una de las formas sustanciales del proceso, en el caso, aquella relativa a la acusación" (fs. 168 vta. y 169).
Por otra parte, el señor juez doctor Violini -en su voto dado en minoría- comenzó con una reseña del veredicto que incluyó la requisitoria de elevación a juicio y los cuatro hechos imputados, como también la ratificación de los eventos imputados por parte del señor fiscal al formular la acusación, de lo alegado por las partes, de la prueba producida y de los vaivenes de la investigación que mencionó el juzgador de origen (v. esp. fs. 158 vta./164 vta. -segunda cuestión planteada-).
Refirió, a continuación, que "La acción penal es pública e indisponible y el titular de ella es el Ministerio Público Fiscal [...]. Por lo tanto, el hecho de que no se comparta la postura del Acusador, o aún el hecho de que la argumentación del a quo resulte razonable no habilitan, ni al inferior ni a este Tribunal a anular un acto válido. Y con ello concluir, que al ser inválida la acusación, el debate realizado carecía de uno de sus elementos esenciales y, por lo tanto, no hubo juicio. De tal manera, el juzgador perdió su carácter imparcial pues al anular el alegato fiscal con base en una divergencia de criterios, lo sustituyó y subrogó la función del órgano requirente" (fs. 164 vta. y 165).
Agregó que "...el veredicto no ha motivado cómo el dictamen fiscal habría violado normas de rango supralegal, cuál habría sido el perjuicio concreto sufrido y quién lo habría sufrido concretamente dado que el conflicto que aquí se trae no importó colisión 'entre' los poderes del Estado, o entre poderes nacionales y provinciales, o entre poderes públicos y garantías de los ciudadanos, sino que sólo traslució discrepancias de criterios en el interior de un mismo órgano, entre dos de sus representantes" (fs. 165).
Expresó que el Ministerio Público Fiscal es el órgano estatal al que se le ha delegado la función requirente -titular de la acción pública y su alegato acusatorio es vinculante- y que los hechos por los que acusó a los imputados "...habían sido enunciados en los lineamientos tal cual como habían sido fijados en la etapa anterior por la [...] Cámara de Apelación y Garantías" y que la defensa "...había cuestionado dicha enunciación rechazando el tribunal su planteo" (fs. 165 y vta.). En consecuencia, sostuvo que "...la decisión del tribunal vulneró el principio de congruencia y la prohibición reformatio in pejus, al anular el debate y disponer la realización de uno nuevo -con otros jueces- luego de exponer su evaluación de las pruebas producidas y la imputación de un delito más grave al igual que el carácter de la intervención para tres de los imputados", por lo que propuso casar el veredicto impugnado con envío para que jueces hábiles lleven a cabo un nuevo juicio de conformidad con los hechos determinados en el requerimiento fiscal, en tanto ello "...no ocasiona violación al principio ne bis in ídem desde que el debate realizado culminó con la resolución que se casa" -el destacado figura en el original- (v. fs. 165 vta. y 166).
VI. Como adelanté, el planteo de la defensa sobre la pretensa violación de la garantía que protege contra la persecución penal múltiple, no prospera en tanto el recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
VI.1. De la reseña efectuada, podemos destacar -en primer término- que los recurrentes insisten con su postura respecto a que el control jurisdiccional por parte del tribunal de mérito no debió extenderse a la valoración del material probatorio que realizó el señor agente fiscal, en la medida que vulnera dife
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