Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132274
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.274-Q, "F., L. R. A. y V., J. M. s/ queja en causa n° 91.422 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia del 5 de febrero de 2019, hizo lugar -parcialmente- al recurso de la especialidad incoado por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que, por mayoría, había condenado a L. R. A. F. a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, por hallarlo coautor responsable de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda; y a J. M. V. a la sanción de ocho años de prisión, por resultar autor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo y coautor de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, en concurso ideal. En consecuencia, descartó como severizantes de la sanción el haber "atentado contra la vida humana", "el resultado del tratamiento tutelar" y "la ausencia de arrepentimiento"; casó parcialmente el fallo a nivel punitivo, y fijó la pena de F. en tres años y tres meses de prisión, y la de V. en siete años de idéntica especie, dejando incólume el resto de las declaraciones de la sentencia impugnada (v. fs. 129/142 vta.).
Frente a ello, la señora defensora oficial departamental del Fuero especializado -doctora Mariana Roncoroni- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 151/157). Asimismo, a fs. 158/166 el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Mario Luis Coriolano- presentó un escrito en el que manifestó acompañar el carril extraordinario deducido por la defensora departamental y ampliar los fundamentos del mismo (v. fs. 158, punto I), que fueron declarados inadmisibles por el órgano intermedio (v. fs. 167/170 vta.). Frente a ello, la defensa oficial presentó queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal, que fue admitida por esta Corte, mediante resolución dictada con fecha 10 de septiembre de 2020 y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley interpuesta por la señora defensora oficial del fuero especializado y su ampliación obrante a fs. 158/166 (v. fs. 231/235).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 245/255 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 257) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora defensora del fuero juvenil, entendió que la sentencia casatoria no se ajustaba a los parámetros constitucionales pues mantuvo la calificación cuestionada respecto al imputado V., esto es, arts. 165 y 167 inc. 2 del Código Penal por sobre la propiciada del art. 84 bis del mismo cuerpo legal.
Expuso que la sede intermedia no había avanzado "...más allá de una enunciación despojada de todo análisis del dolo" (fs. 154).
Remarcó la independencia entre ambos sucesos y que, no obstante, ello no fue suficiente para acoger el cambio de calificación requerido por la defensa.
Se disconformó con el razonamiento efectuado, pues evoca la idea de un derecho penal del enemigo y una estigmatización que implica un perjuicio respecto del joven imputado que no halla fundamento ni vinculación con los hechos ventilados en autos (v. fs. 154 cit.).
De seguido, pormenorizó las particularidades del caso y señaló que en el análisis de ambas conductas -robo y accidente- se había producido un quiebre en el curso causal, que ameritaba la aplicación del instituto previsto por el art. 55 del Código Penal, dado que la sola circunstancia de la persecución no ata el siniestro al hecho sustractivo, ni permite entenderla como un contexto de mayor reproche a J. V. (v. fs. 154 vta.).
Finalmente, solicitó el encuadre bajo las disposiciones de los arts. 167 inc. 2 y 84 bis del fondal, figuras que debían concurrir materialmente (v. fs. 155).
I.2. Por otra parte, discrepó con la solución adoptada por la Sala en tanto -desde su óptica- realizó las valoraciones conglobadas en relación a la pena aplicable y la reducción establecida como instituto del fuero especializado, metodología que privó a esa parte de conocer la medida de la sanción impuesta como también la de la referida reducción (v. fs. 155 cit. y vta.).
En ese discurrir, requirió el mínimo legal de pena para los delitos propiciados (arts. 84 bis y 167 inc. 2, Cód. Penal), citó el estándar establecido en el fallo "Maldonado" y las Reglas de Beijing en el apartado 17.1, destacando que ambos jóvenes han tenido buenos informes dentro de las instituciones donde se encontraban alojados (v. fs. 155 vta. y 156). Finalmente solicitó la aplicación de la disminución prevista a la escala de la tentativa, estimó la pena de un año y seis meses de ejecución condicional para L. R. A. F.; y para J. M. V., atento el cambio de calificación propiciado, la sanción de dos años, también de ejecución condicional (v. fs. 156 vta.).
I.3. El señor defensor oficial, doctor Coriolano, en el escrito que estimó complementario, denunció revisión aparente de la parcela del agravio vinculada con la falta de acreditación del dolo que requiere el homicidio que integra la figura del art. 165 del Código Penal. En ese andarivel, expuso que la casación nada dijo de cómo se dieron por acreditados los elementos requeridos por la figura legal, ni explicó la ausencia de análisis sobre la consideración de la inmadurez que caracteriza a los menores "...especialmente vulnerables en la configuración del dolo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares en las que se produce la muerte de la víctima de autos" (fs. 161 vta. y 162). Añadió que la desconexión fáctica entre el robo y la muerte "...imponía un exhaustivo tratamiento de fundamentación para justificar la existencia de dolo eventual respecto del segundo hecho [homicidio]" (fs. 162 cit.).
A continuación, efectuó una serie de consideraciones respecto de la nueva sanción fijada en la sede intermedia. Así, manifestó que el monto establecido era infundado, con fundamentación aparente y contraria a los principios rectores del fuero de menores, por lo que lo tachó de arbitrario (v. fs. cit. y 162 vta.).
Destacó que el revisor omitió toda consideración a la audiencia de visu, y la transformó, de tal modo, en un mero trámite formal intrascendente, cuando debía ser el acto de defensa efectivo más importante del trámite impugnativo (v. fs. 163 vta.). Citó, al efecto, diversos precedentes y concluyó en el menoscabo de la garantía del debido proceso, la defensa en juicio en su directa vinculación con el derecho del imputado de obtener un examen integral de la sentencia condenatoria y en la arbitrariedad de lo fallado (v. fs. 163 vta./165 vta.).
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la queja (v. fs. 245/255 vta.). Coincido con él.
III.1. Del recurso de casación obrante a fs. 88/98 vta. surge que la defensa cuestionó la omisión del sentenciante de exponer las razones por las cuales se subsumió la conducta atribuida a J. M. V. en el delito de homicidio en ocasión de robo, desechando la propuesta defensita de encuadrar el suceso en el delito de homicidio culposo en concurso real con robo agravado. Sostuvo que entre ambas conductas -robo y accidente de tránsito- se produjo un quiebre en el curso causal. Aseveró que el homicidio culposo no está incluido dentro de los homicidios contemplados en la figura del art. 165 del Código Penal.
Como segundo motivo de agravio planteó que no se habían abordado adecuadamente los parámetros establecidos en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 22.278, vinculados a la necesidad de imponer pena a los menores imputados, y se disconformó con el monto de las sanciones. Postuló el descarte de las agravantes referentes al atentado contra la vida humana, el resultado del tratamiento tutelar dado que los informes resultaron positivos, la ausencia de arrepentimiento de los jóvenes y la valoración de la detención de F. en otro proceso, a escasos días de haber recuperado la libertad en esta causa. Solicitó la reducción de la escala penal prevista para los delitos endilgados, a la contemplada para la tentativa (arts. 42 a 44, Cód. Penal y 4 de la ley 22.278), estimando que esa reducción es imperativa para los jueces del fuero de responsabilidad penal juvenil a partir del precedente "Maldonado" de la Corte federal.
Solicitó la reducción de las penas impuestas, a un año y seis meses de prisión respecto a F., y a dos años de prisión respecto a V., en caso de accederse a la modificación del encuadre penal, en subsidio la de cinco años de prisión.
III.2. El órgano de juicio tuvo por acreditado, y ello arribó firme a la instancia casatoria (v. fs. 133 vta.) que "...siendo aproximadamente las 19:50 horas del 6 de febrero de 2017, en circunstancias en que Orlando Daniel Ureña circulaba a bordo de su motocicleta marca Yamaha modelo YBR dominio 845-GWZ color negro, haciéndolo por la Colectora Gaona y la calle Talcahuano de la ciudad de Moreno, ocasión en que se detuvo durante unos instantes dejando el rodado encendido para efectuar una comunicación desde su teléfono celular. Dicha maniobra fue advertida por cuatro sujetos de sexo masculino jóvenes constituidos en banda, dos de los cuales circulaban a bordo de una motocicleta de 100 cc. color negro, mientras que los otros dos se desplazaban en una moto vehículo color azul, presumible marca Yamaha modelo YBR, quienes previo realizarse señas entre ellos, se le aparecieron de sopetón a Ureña, ocasión en que simulando detentar un arma de fuego le exigieron que se bajara del rodado porque caso contrario le darían muerte, tras lo cual (un) masculino que oficiaba de acompañante del rodado descripto en primer término -J. M. V.-, quien se encontraba vestido con short color rojo y remera color blanco, descendió de la motocicleta apoderándose tanto del moto vehículo como del teléfono celular marca Motorola modelo E que utilizaba el antes nombrado, dándose luego a la fuga a bordo de las tres motocicletas por Colectora Gaona en sentido de circulación a la ciudad de Luján" -el destacado figura en el original- (fs. 131 vta. y 132).
También quedó probado que un testigo advirtió lo que sucedía y comenzó a seguir a los asaltantes a bordo de su vehículo. Tres de aquellos fueron perdidos de vista pero el cuarto -V.- "...a bordo del rodado sustraído al verse cercado continuó circulando durante unos ciento ochenta metros aproximadamente ,[...] oportunidad en que efectuó una maniobra brusca girando en sentido contrario al que venía desplazándose con la intención de evadirse de su perseguidor, es decir comenzó a circular a contramano a alta velocidad por Colectora Gaona en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transitando durante cincuenta metros aproximadamente hasta que embistió al señor Vicente López, el cual circulaba a bordo de una bicicleta, modelo mountain bike color rojo" -el destacado figura en el original-.
Producto del impacto, Vicente López sufrió traumatismo cráneo facial grave con herida contuso cortante en sien izquierda, herida en la nariz del lado izquierdo con fractura malar izquierda, fractura de maxilar superior en múltiples fragmentos y del maxilar inferior en tres partes, herida contuso desgarrada de aproximadamente dieciséis (16) cm. de longitud en cara interna de muslo de pierna derecha, herida contuso desgarrada en región inguinal izquierda de catorce (14) cm. de longitud, escoriaciones múltiples de tipo lesiones de arrastre en hemiabdomen izquierdo, fractura de tercio inferior derecho, escoriaciones múltiples en ambas manos, contusiones equimóticas en párpado superior e inferior de ambos ojos, fractura en región tempo parietal izquierda, gran contusión cerebral fronto parieto temporal izquierda, heridas que le provocaron la muerte en forma inmediata (v. fs. 133/134).
III.3.a. El órgano intermedio, luego de destacar que se había realizado la audiencia con los imputados (v. fs. 131 vta.), en primer término evaluó que la muerte de Vicente López se produjo en el transcurso del robo sufrido por Orlando Daniel Ureña, pues las circunstancias del caso demostraban una secuencia de eventos sin solución de continuidad, que se inició con el ataque a Ureña por parte de cuatro sujetos -uno de ellos J. M. V.- que se apoderaron ilegítimamente de su motocicleta y teléfono celular, la inmediata huida de V. a bordo del vehículo de Ureña; la visualización de toda esta secuencia por parte del conductor del Renault Kangoo que inició la persecución de los sujetos activos del delito; la brusca maniobra del nombrado V. para escapar de su perseguidor, comenzando a circular a contramano por la arteria por la que se desplazaba -Colectora Gaona- y el impacto a escasos metros contra la víctima fatal (v. fs. 133 vta. y 134).
Resaltó que el tribunal de primera instancia describió como "temeraria" a la maniobra realizada por el imputado y que los sucesos fueron encuadrados en la figura prevista por el art. 165 del Código Penal.
A fin de responder los planteos de la defensa, destacó que "...la adjetivación en el fallo en crisis, de la maniobra conductiva como 'temeraria' no necesariamente hace recaer el encuadre legal de la conducta en la figura culposa, sino que se requiere la ponderación amplia de las distintas particularidades del obrar imputado y las circunstancias externas que rodearon al acontecer histórico investigado, para establecer si corresponde la atribución del homicidio en su forma culposa" (fs. 134 vta.).
Aseveró que el fallo del órgano de grado contenía una clara y amplia evaluación del contexto en que el acusado emprendió la huida del escenario del robo, conduciendo una motocicleta en contramano, por una arteria con abundante tránsito, a una velocidad tal que el impacto con la víctima no solo le produjo las graves y numerosas lesiones antes descriptas, sino también la "muerte instantánea" (fs. 134 vta. cit. y 135).
Para descartar el agravio indicó que el acusado, en el marco del robo emprendido, asumió, al intentar escapar, la creación de un riesgo propio del delito de homicidio doloso, con lo cual el resultado lesivo ocurrido le resultaba imputable y a su vez abastecidos los presupuestos exigidos por la figura prevista en el art. 165 del Código Penal (v. fs. 135).
Con relación al planteo referido al desarrollo alcanzado por el iter criminis , aseveró que las circunstancias témporo espaciales del caso demostraban una secuencia de eventos sin solución de continuidad, que impedía considerarlos como hechos independientes en el sentido del concurso real previsto por el art. 55 del Código Penal, "...más allá del acierto o error del sentenciante al establecer el grado de desarrollo del delito contra la propiedad endilgado" (fs. 135 vta.).
III.3.b. Para desechar el agravio vinculado con la necesidad de imponer pena privativa de la libertad a los imputados, reseñó que el juzgador en la tercera cuestión del veredicto abordó dicho planteo conforme las previsiones del art. 4 de la ley 22.278, quien luego de citar la normativa aplicable analizó las particularidades del caso (v. fs. 136)
En cuanto a las características del suceso atribuido a los jóvenes, el Tribunal de Casación destacó que se trató de un delito grave, con pluralidad de intervinientes, y que culminó con la muerte de una persona, lo que evidenció el desprecio por la vida. Computó a su favor la ausencia de antecedentes, transcribió parcialmente los informes de los distintos centros donde estuvieron alojados los acusados, en los que en términos generales, se describió una buena adaptación a las normas de convivencia de esas instituciones, no obstante se reveló la existencia de un informe disciplinario sobre una agresión de L. F. a otro interno, y otro incidente de similares características en el que se vio involucrado J. M. V. (v. fs. 136 vta. y 137).
En punto a la impresión causada por los jóvenes en la audiencia de debate, señaló que, pese a que la defensa sostuvo que se encontraban arrepentidos por los hechos cometidos, los jóvenes nada dijeron.
De esta forma entendieron necesaria la imposición de una pena, a efectos de que los nombrados pudieran continuar reinsertándose en la sociedad y evitar que repitan situarse en conflicto con la ley penal (v. fs. 137 y vta.).
La Sala revisora advirtió que dicha decisión no se apoyó exclusivamente en la gravedad del injusto, sino también en los distintos informes obtenidos del tratamiento tutelar de los jóvenes.
Destacó que L. F., conforme se informó, "...no se ha mostrado interesado en participar espontáneamente en los espacios de entrevista y cuando es convocado por el Equipo Técnico adopta una postura desimplificada con un discurso acotado y evasivo, no logrando hasta el momento profundizar en aspectos de su historia vital..." - el destacado figura en el original- (fs. 137 vta.)
Apuntó que del informe de J. M. V. surge que "En relación a los hechos que motivaron su internación, el joven reconoce la magnitud del hecho, si bien entiende que las consecuencias del mismo sucedieron accidentalmente" -el destacado figura en el original- (fs. cit.).
Con cita de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Maldonado" y "Marteau" concluyó que la decisión del órgano juzgador tuvo su fundamento en elementos subjetivos y concretos sobre los cuales se soporta la necesidad de imponer una sanción punitiva (v. fs. 138 y vta.).
III.3.c. Finalmente en orden a la magnitud de la sanción impuesta estimó que asistía razón a la defensa. En esa senda descartó como agravantes al "atentado contra la vida humana", por constituir uno de los elementos del tipo penal en el que se enmarcó la conducta de V. afectando la prohibición de doble valoración y con respecto a L. F. dado que no se le atribuyó responsabilidad alguna en el fallecimiento de Vicente López (v. fs. 139 vta.); "el resultado del tratamiento tutelar" por haber sido meritado como uno de los elementos en que el tribunal fundó la necesidad de imposición de pena privativa de la libertad; y "la ausencia de arrepentimiento" pues el arrepentimiento no configura una pauta legal para la medida de la sanción (v. fs. 139 vta. y 140).
Así, asumió competencia positiva, y teniendo en cuenta especialmente los principios que rigen en la materia fijó la sanción de V. en siete años de prisión y la de F. en tres años y tres meses de prisión (v. fs. 140 vta. y 141).
IV. El agravio concerniente al significado jurídico que se les atribuyera a los hechos cometidos por V., debe ser rechazado.
IV.1. La defensa afirmó que no se ha probado el homicidio doloso, así como que existe una desconexión fáctica entre el robo y el homicidio, requirieron que el hecho fuera encuadrado bajo las normas de los arts. 164, 167 inc. 2 y 84 bis, todos del Código Penal, en concurso real (v. fs. 155).
IV.2. Del resumen efectuado en los antecedentes del caso se advierte que los cuestionamientos referidos al encuadre jurídico son dependientes de la valoración de la prueba del hecho.
En rigor, las discrepancias de la defensa se refieren a la conclusión a la que llegaron ambas instancias precedentes según la cual el deceso de Vicente López se produjo durante la fuga protagonizada por el joven V. con motivo del robo emprendido, siendo que -en ese marco- el imputado asumió la creación de un riesgo propio del delito de homicidio doloso (v. fs. 134 vta. y 135).
Se sabe que, por regla, las cuestiones relativas a la determinación del hecho y la participación del acusado, junto con la valoración de los elementos de prueba que les da sustento, no son propias del ámbit
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.