Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de lesiones graves por el que venía condenado Martín Patricio Sarlengue (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e" y 90, Cód. Penal y 496 y concs., CPP).
Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.933, "Sarlengue, Martín Patricio s/ Queja en causa n° 91.507 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante pronunciamiento dictado con fecha 27 de noviembre de 2018, suspendió el trámite de la queja presentada por la defensa oficial de Martín Patricio Sarlengue con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 1, legajo CSJN 2268/2017/RH1).
En función de lo así resuelto y del reenvío dispuesto por esta Corte, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca informó que por resolución del 26 de septiembre de 2017 desestimó, previa vista a la fiscalía de instrucción y juicio interviniente, la petición de sobreseimiento por prescripción de la acción penal en orden al delito de lesiones graves efectuada por la defensa oficial en favor de Martín Patricio Sarlengue (v. fs. 9/11 y 21 del mencionado legajo y 35/37 del presente).
Dicho temperamento fue confirmado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca (v. fs. 49/53 vta.) y por la Sala V del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 85/89).
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 124/130 vta.), que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 133/135), lo que motivó la deducción de queja ante esta Corte (v. fs. 245/250) que por resolución del 25 de junio de 2020 la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario y lo concedió (v. fs. 251/253 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 267/273 vta., dictada la providencia de autos a fs. 275, presentada la memoria por la señora defensora adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal (v. fs. 278 y vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, denunció arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación, con afectación al debido proceso legal, a los principios de inocencia, pro persona y máxima taxatividad interpretativa de las normas penales, al derecho al recurso y a la garantía del plazo razonable (v. fs. 126).
Explicó que el último acto interruptivo en estas actuaciones es la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca el 27 de agosto de 2009, por la que se condenó a Sarlengue a la pena de un año y dos meses de prisión por el delito de lesiones graves.
Aseveró que según las previsiones de los arts. 62 inc. 2 y 67 inc. "e" -en función del art. 90- del Código Penal, la acción penal se encuentra prescripta, al haber transcurrido en exceso el límite temporal de seis años establecido para el ejercicio de la persecución penal del Estado.
Esgrimió que el 27 de agosto de 2015 operó la prescripción de la acción por el delito de lesiones graves, cuando aún la sentencia de condena no se encontraba firme (v. fs. 127).
Afirmó que el pronunciamiento atacado es arbitrario, por considerar que la sentencia revisora también interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal, efectuando una interpretación contraria al principio de legalidad y al derecho de defensa en juicio, todo lo cual afecta la garantía a ser juzgado en un plazo razonable (conf. arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 9, CADH; 15.1, PIDCP; 11 y 25, Const. prov.; v. fs. 128 y vta.).
En suma, entendió que la interpretación arbitraria del art. 67 inc. "e" del Código Penal dejó inoperante la reforma de la ley 25.990 así como también el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 129/130).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el reclamo (v. fs. 267/273 vta.).
Disiento con su postura, el recurso prospera.
III.1. Preliminarmente reseñaré el derrotero de la presente causa.
De lo actuado surge que el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, por sentencia del 27 de agosto de 2009, condenó a Martín Patricio Sarlengue a la pena de un año y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de lesiones graves (art. 90, Cód. Penal). La realización del juicio que derivó en dicha condena fue determinada por la comisión de un nuevo delito por parte del procesado mientras se encontraba gozando del instituto de la suspensión del juicio a prueba (v. fs. 2/12).
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de abril de 2013, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa del imputado (v. fs. 14/19).
Contra ello, el señor defensor oficial de casación penal presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por esta Suprema Corte mediante resolución del 2 de diciembre de 2015 (causa P. 121.754; v. fs. 20/23). La parte dedujo recurso extraordinario federal que fue declarado inadmisible por este Tribunal el 9 de agosto de 2017. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 27 de noviembre de 2018 ordenó la suspensión del recurso en razón de que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 1, legajo CSJN 2268/2017/RH1).
III.2. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; entre muchas otras).
Inicialmente, se debe destacar que si bien el hecho por el que viene condenado Sarlengue por sentencia no firme data del 4 de febrero de 2002, fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
En tal entendimiento se señaló que la ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación.
III.3. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015, entre otras.
Si bien más recientemente en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aún bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979, cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de lesiones graves (art. 90, Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (27 de agosto de 2009) como que se lo haga a partir del fallo revisor de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (16 de abril de 2013), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
IV. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 286 y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 289/290.
V. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de lesiones graves por el que Martín Patricio Sarlengue viene condenado (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 90, Cód. Penal).
VI. Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
De acuerdo con lo expuesto en el voto del colega ponente, sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (27 de agosto de 2009) como que se lo haga a partir del fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal que confirmó dicho pronunciamiento (al rechazar por improcedente el recurso, el 16 de abril de 2013), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990; conf. art. 2, Cód. Penal).
Por lo tanto, en el caso no hace falta ingresar a la discusión entre la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) o la que se señala nacida al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, según ley 25.990 (doctr. art. 488, CPP), para tener por efectivamente abastecido el transcurso del tiempo determinante de la prescripción.
Por lo demás, constatada en el voto al que adhiero la inexistencia de delitos que hayan interrumpido el plazo prescriptivo, adhiero a la declaración de que la extinción de la acción penal en orden al delito de lesiones graves (art. 90, Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Concuerdo con la solución que se propone con el siguiente alcance.
Tal como se expresa en el voto de la colega doctora Kogan, sea que se compute el término legal de prescripción del delito enrostrado (lesiones graves) desde la primera sentencia de condena emitida por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca con fecha 27 de agosto de 2009, o atendiendo a la sentencia del órgano revisor del 16 de abril de 2013, ha transcurrido en exceso el plazo máximo de la pena previsto para el delito de que se trata, de modo que corresponde su declaración.
Por lo expuesto nada aporta a la cuestión que aquí interesa la discusión entre la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) o las que se señalan nacidas al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, según ley 25.990 (doctr. art. 488, CPP), dado que de cualquier modo hay que concluir en la extinción de la acción penal por prescripción, en tanto los informes de antecedentes refieren que el imputado no ha cometido nuevos delitos que pudieran enervar su curso.
En consecuencia, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de lesiones graves por el que venía condenado Martín Patricio Sarlengue (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e" y 90, Cód. Penal y 496 y concs., CPP).
Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:51:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:56:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/02/2022 16:12:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2022 10:50:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2022 08:01:00 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/02/2022 10:39:37 hs. bajo el número RS-3-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia