Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132096
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.096, "S. S., G. M. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.632 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani , Torres, Kogan, Soria, de Lázzari.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de noviembre de 2018, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que mediante juicio abreviado condenó a G. M. S. S. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de abuso sexual agravado por la relación de convivencia preexistente con menor de dieciocho años y por ser ascendiente, en concurso real con abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado por el vínculo (v. fs. 44/51 vta.).
Contra esa decisión, el defensor particular doctor Rodolfo Gabriel Araujo interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 61/70), cuya declaración de inadmisibilidad (v. fs. 74/77), motivó la presentación de la queja pertinente (v. fs. 125/132 vta.), a la que esta Corte hizo lugar y concedió el recurso (v. fs. 136/139).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 144/147), dictada la providencia de autos (v. fs. 148) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El defensor particular denunció la inobservancia de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
I.1. Luego de repasar los fundamentos dados por el tribunal de origen para sustentar la condena de S., el recurrente expresó que en el recurso de casación había alegado la carencia de prueba objetiva y coherente para acreditar tanto la materialidad ilícita como la autoría de su asistido y que el órgano revisor no dio respuesta a las argumentaciones que había expuesto en aquella impugnación.
Sostuvo, además, que el a quo efectuó afirmaciones sobre cuestiones que por su parte "nunca hizo" y que el fallo contendría error en la significación jurídica, todo lo cual evidenciaría la inobservancia de los citados arts. 168 y 171 y la afectación del debido proceso y la defensa en juicio.
Por otra parte, en alusión a la respuesta dada por el revisor respecto de los cuestionamientos que dirigió contra el testimonio de la menor víctima, criticó que en la sentencia casatoria se expresara la imposibilidad de evaluar el agravio de la defensa por no haber acompañado copia de la versión completa del testimonio cuestionado o de la video filmación.
Afirmó que con ese proceder se le impuso una obligación que no le fue exigida a las restantes partes del proceso, máxime si el Tribunal de Casación pudo haber accedido a las herramientas que le proporciona el art. 456 del ritual para resolver las cuestiones llevadas a su conocimiento y que, al no hacerlo, el a quo se abstuvo de comprobar los dichos de la defensa a los fines de dar adecuada respuesta a los reclamos que llevó a su conocimiento (v. fs. 64 y vta.).
Refirió que la decisión del tribunal de origen se habría confirmado mediante un "rigorismo procesal injustificable", con más una "remisión global al decisorio de la instancia previa" que no satisface la exigencia del art. 168 citado (v. fs. 64 vta.). Asimismo, denunció la omisión de "cuestiones ineludibles" (v. fs. 65), lo que derivó en la afectación del derecho del imputado a una revisión integral de la condena, por lo que entiende que la sentencia debe ser anulada.
I.2. En segundo lugar, afirmó que el órgano revisor malinterpretó un agravio que había esgrimido, dejando así sin respuesta cuestiones que estimó de fundamental interés para su parte.
Explicó que en la instancia intermedia no pretendía cuestionar la declaración de la menor obtenida mediante la Cámara Gesell, sino que oportunamente había criticado la valoración que el tribunal de juicio hizo de los dichos del perito Adrián Pablo López, del Cuerpo Médico Forense de Lanús, con sustento en que no fueron ratificados ni juramentados en sede tribunalicia y que, por ende, tampoco pudieron ser controlados por la defensa (v. fs. 66).
Agregó que había impugnado la valoración del informe del doctor López como un elemento cargoso, del que surgía que la menor le había expresado haber tenido "contactos" con el imputado, por estar desprovista de toda circunstancia que permita al intérprete conocer si lo que declaró el galeno fue lo que expresó la menor y, en su caso, "...a qué tipo de contactos se refería" (fs. 66). Es por ello que el recurrente consideró que el a quo dejó sin responder el cuestionamiento sobre la validez de la prueba obtenida y la interpretación que de ella se hizo (v. fs. 66 vta.).
I.3. En tercer lugar, denunció que también quedó sin respuesta el reclamo vinculado con la valoración de la pericia realizada a la víctima por la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora, la cual -a su juicio- no prueba la autoría del imputado en los hechos que se le atribuyen.
Expresó que de la experticia apuntada no surgen "...signos de violencia" ni que su defendido haya sido el causante de los vestigios descriptos en ese informe, tampoco que los "...conocimientos sobre sexualidad" allí mencionados los haya adquirido la menor a raíz de los hechos juzgados (v. fs. 67).
Afirmó que los dichos de la denunciante se erigen huérfanos de otra prueba válida que los sustente, y en ese marco formuló objeciones a la mención del testimonio de la madre de la víctima, por contener únicamente "...repeticiones" de lo que escuchó de su hija, y a los informes provenientes del Ministerio Público Fiscal cuya objetividad estimó que "...no puede ser indiscutida". En suma, alegó que el fallo resultó absurdo en tanto "...las pruebas no dicen lo que los jueces quieren que diga" (fs. 67/68).
Concluyó que tampoco en este punto se dio respuesta a la cuestión esencial que el tribunal estaba obligado a tratar, más aún cuando el agravio se vinculaba directamente con la violación de la defensa en juicio. Citó los arts. 5 y 31 de la Constitución nacional, y los fallos de la Corte federal in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio".
I.4. Asimismo, censuró la interpretación efectuada por el señor revisor respecto del procedimiento abreviado que su parte acordó, en cuanto se expuso en el fallo en crisis que los cuestionamientos sobre las pruebas y la calificación debieron ser esgrimidos en aquel momento.
En tal sentido y en lo sustancial, sostuvo que la elección de la estrategia defensista debe quedar fuera de la consideración de los jueces, que al imputado no le está vedado firmar un acuerdo de juicio abreviado en el entendimiento de que la prueba "...le es favorable" y esperar la absolución, y que resulta sabido que el instituto en cuestión no es sinónimo de confesión de parte. Agregó que nada impidió al a quo a que modificara la sentencia originaria por aplicación del art. 435 del Código Procesal Penal, no obstante, en su opinión, el fallo quedó encerrado en frases dogmáticas que dejaron sin respuesta los agravios llevados a su revisión.
I.5. Por último, afirmó que se ha vulnerado el art. 171 de la Constitución de la Provincia, como así también que se cercenó el derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena (v. fs. 69 y vta.).
II. El señor Procurador General propuso el rechazo del recurso en examen.
III. No concuerdo con ese dictamen, la impugnación es procedente.
III.1. Al interponer el recurso de casación, la defensa había planteado que no existían pruebas que permitieran acreditar la existencia del hecho ni la autoría de su asistido, y que el tribunal de juicio no había realizado un análisis lógico y circunstanciado de los elementos probatorios colectados.
En esa ocasión mencionó que en la sentencia de condena la convicción sobre los extremos cuestionados se formó a partir de los dichos de la menor obtenidos mediante la Cámara Gesell, el resultado de la pericia médica practicada en la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora y las afirmaciones del médico Adrián Pablo López, del Cuerpo Médico Forense de Lanús.
Al cuestionar la invocación de tales elementos, respecto del primero sostuvo que el sentenciante descontextualizó la declaración de la niña obtenida en Cámara Gesell, desde que sus dichos -dijo- fueron transcriptos en forma parcial. En apoyo de esa afirmación remitió a la grabación de la aludida audiencia (v. fs. 19 vta.).
En cuanto al resultado de la pericia médica, expresó que solo acreditaría que la menor hubo mantenido relaciones sexuales consentidas antes de ese examen.
Y con relación a las afirmaciones del doctor Adrián Pablo López, integrante del Cuerpo Médico Forense de Lanús, tildadas por la defensa como "huérfanas", refirió que la víctima únicamente le habría manifestado la fecha del último "contacto" que había mantenido con el imputado, sin ninguna otra connotación, y que quedó a cargo del sentenciante la interpretación acerca de la índole "sexual" de esos contactos. Señaló también que el galeno no precisó cómo obtuvo esa respuesta por parte de la niña, y que la entrevista -según expresó- se habría llevado a cabo sin posibilidad de control de la defensa y sin que se observaran las formas establecidas en los arts. 101, 313, 342 bis y 364 del Código Procesal Penal que garantizan el debido proceso.
Concluyó la impugnación casatoria reclamando la absolución de su asistido por no haberse demostrado la acción típica; subsidiariamente, peticionó el encuadre legal en los términos del art. 119 inc. 1 del Código Penal y al mínimo de la pena allí prevista.
III.2. El Tribunal revisor, luego de reseñar el marco fáctico y los agravios llevados a su conocimiento (v. fs. 45 vta. y 46), señaló que en la sentencia originaria se desarrollaron con adecuado razonamiento los elementos de prueba invocados para sustentar la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría del encausado en el suceso delictivo que se le atribuyó, sin advertir la existencia de los vicios que la defensa había denunciado (v. fs. 45 vta. y 46).
Luego, agregó que "...al contrario de lo sostenido por la defensa, la sentenciante, con suficiente fundamento, ha tenido por acreditado, los sucesos que victimizaran a M. A. S., a partir del testimonio de la propia víctima" (fs. 46).
De seguido, el Tribunal de Casación mencionó que la defensa cuestionó "...la validez de la prueba testimonial obtenida en la entrevista de Cámara Gesell, al señalar que 'en el interrogatorio que se habría realizado a la menor no se verificó que se guardaran las formas prescriptas por los arts. 101, 313, 342 bis o 364 del CPP que existen para garantizar entre otros el debido proceso penal' reclamando, a su vez que 'tampoco se dio la posibilidad de controlar dicho acto a la defensa que, obviamente, tampoco tuvo oportunidad de repreguntar'" (fs. 46).
En ese contexto interpretativo, el a quo expresó "...no se advierte el vicio que el recurrente invoca, por cuanto -según se lee en el veredicto- dicha audiencia se llevó a cabo, con la asistencia del Perito Licenciado Daniel González del Gabinete de Peritos Psicólogos del M.P.F., el contralor del Ministerio Público Fiscal y el defensor particular, e incluso se encontraban presente el imputado [...]. A su vez se dejó expresa constancia de que el interrogatorio se desarrolló según protocolo" (fs. 46 vta., primer párr.).
El órgano intermedio continuó efectuando aseveraciones relativas a la "...modalidad especial de recibir testimonio a menores de 16 años de edad, víctimas de determinados delitos -previsto en el art. 102 bis del Código Penal [ rectius : Código Procesal Penal]...", remarcando su objetivo: "...evitar la necesidad de repeticiones de la declaración del menor en forma personal" (fs. cit., segundo párr.).
III.3. De lo anteriormente trascripto, en consonancia con lo denunciado por el recurrente, claramente se advierte que el tribunal revisor aludió al testimonio de la menor obtenido mediante Cámara Gesell, audiencia que la defensa no había cuestionado en su validez formal, sino que conforme surge de la reseña de los agravios contenidos en el recurso de casación (v. apdo. III.1.) tales cuestionamientos estuvieron formulados respecto de las afirmaciones que efectuó el doctor López, integrante del Cuerpo Médico Forense de Lanús, acerca de aquello que la menor le habría manifestado en ocasión de la entrevista que mantuvo con ella, y estos concretos planteos no obtuvieron respuesta expresa ni implícita en la decisión recurrida, ni siquiera fueron enunciados por el Tribunal de Casación como agravios del recurso de su especialidad.
En efecto, sobre el referido informe médico el señor revisor únicamente expresó: "A ello se suma que, si bien la niña se negó a realizar el examen médico en el Cuerpo Médico de Lanús, manifestó ante el Dr. Adrián Pablo López, que el último contacto que había tenido con el denunciado fue más de un mes atrás y que la primera vez había sido hacía unos ocho meses" (fs. 47 vta.), quedando así en evidencia la falta de tratamiento del planteo esgrimido por la defensa encaminado a afirmar la ilegalidad de esa entrevista, esto es, por incumplimiento de las formas procesales y en infracción del debido proceso y la defensa en juicio.
Sin ocuparse en ningún momento de la alegada invalidez de las afirmaciones del perito médico doctor López, también resulta del fallo casatorio que luego del abordaje del agravio referido a la "descontextualización" y "transcripción parcial" de los dichos de la niña brindados en la Cámara Gesell, el a quo continuó afirmando la legalidad de esa audiencia de anticipo de prueba, destacando en ese sentido la presencia del defensor y el imputado en dicho acto, para luego concluir que no se vio cercenada la defensa en juicio del imputado.
También acierta el recurrente al señalar que la sentencia en análisis omitió dar respuesta a los reclamos dirigidos contra la pericia médica realizada en la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora. Conforme quedó reseñado previamente ante el Tribunal de Casación, la defensa no discutió las constataciones verificadas en el cuerpo de la niña, las que daban cuenta de que la menor hubo mantenido relaciones sexuales consentidas antes de ese examen, sino que cuestionó el haberse invocado esa pericia a los fines de establecer la acción típica atribuida al imputado S., y ese concreto planteo no fue abordado por el revisor, quien tampoco lo enunció como agravio que la defensa llevó en la vía casatoria que culminó en la sentencia impugnada.
Cabe destacar que la falta de tratamiento de las mencionadas cuestiones no aparece desplazada por ninguna otra decisión del tribunal intermedio sobre la corrección de la sentencia de condena, ni resulta enervada por el carácter de "periféricos" que el a quo atribuyó a los elementos cuestionados por la defensa, toda vez que ellos fueron invocados en el fallo "...por fuera de las declaraciones que M. brindara en el marco de la Cámara Gesell..." (fs. 47).
Asimismo, corresponde recalcar que no se trata el caso del análisis sobre el acierto o profundidad de lo decidido, tópico que -huelga decir- exorbita la vía impugnativa en examen, sino de la debida verificación acerca de si las temáticas planteadas, estimadas por la defensa como de incidencia esencial en la decisión que se recurrió ante la Casación, recibieron o no respuesta enmarcada en la exigencia constitucional para la validez de las sentencias (art. 168, Const. prov.).
En suma, el Tribunal de Casación incumplió la manda del citado art. 168 de la Constitución de la Provincia al dejar sin respuesta aquellas cuestiones señaladas por el recurrente como "fundamentales", en tanto las estimó inherentes al derecho de defensa y a la revisión integral de la condena (conf. mutatis mutandi causa P. 76.228, sent. de 4-VI-2008; e.o.).
III.4. Lo expuesto torna innecesario avanzar en los restantes agravios, toda vez que, ante las omisiones destacadas, la validez formal de la sentencia ha quedado resquebrajada.
IV. En consecuencia, debido a que en el fallo casatorio en crisis se ha soslayado dar una respuesta concreta a los señalados planteos en infracción del art. 168 de la Constitución provincial, corresponde su anulación y la devolución de los autos al a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 492 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Debo disentir con mis colegas en tanto considero, en coincidencia con el dictamen del señor Procurador General, que el recurso no prospera.
II. Para evitar reiteraciones, me remito al relato de antecedentes del caso realizado por el señor Juez que abre el acuerdo (puntos I y II de su voto).
III. Al interponer el recurso de casación, la defensa planteó que no había pruebas para acreditar la existencia del hecho ni la autoría de su asistido, y que el tribunal de juicio no había realizado un análisis lógico y circunstanciado de los elementos probatorios colectados.
En particular, alegó que se formó convicción con el testimonio de la víctima, el reconocimiento médico legal que le fue practicado en la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora y con las afirmaciones del doctor Adrián Pablo López, integrante del Cuerpo Médico Forense de Lanús (v. fs. 18).
Al cuestionar el primero de estos elementos, sostuvo que el tribunal de grado había descontextualizado la declaración de la niña vertida en Cámara Gesell, en tanto transcribió sus dichos en forma parcial. Aseguró que ello podía comprobarse escuchando la grabación de la audiencia (v. fs. 19 vta.).
Sobre las afirmaciones del doctor Adrián Pablo López -que tildó de "huérfanas" (fs. 18)- señaló que la víctima únicamente le había manifestado las fechas del último y del primer "contacto" con el imputado, sin ninguna otra connotación, y que quedó a cargo del sentenciante la interpretación de la índole sexual de esos contactos (v. fs. 18 vta.). Agregó que el médico no explicó cómo obtuvo tal respuesta por parte de la niña y que la entrevista se había llevado a cabo sin posibilidad de control de la defensa y sin que se observaran "...las formas prescriptas por los art. 101, 313, 342 bis o 364 del C.P.P. que existen a los fines de garantizar entre otros el debido proceso penal" (fs. 19).
Y con relación al resultado del reconocimiento médico, expresó que "...solo acreditaría que la menor mantuvo relaciones sexuales consentidas antes del examen" (fs. 18 vta.).
En definitiva, reclamó la absolución de su asistido por no haberse demostrado la acción típica y, en subsidio, postuló el encuadre legal en los términos del art. 119 inc. 1 del Código Penal y la condena al mínimo de la pena allí prevista (v. fs. 20 y vta.).
III.1. El tribunal revisor, luego de reseñar el marco fáctico y los agravios de la defensa, juzgó que en la sentencia originaria se habían desarrollado con adecuado razonamiento los elementos de prueba que sustentaron la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría del imputado, y descartó los vicios denunciados (v. fs. 45 vta. y 46).
Negó que hubiese existido una vulneración del debido proceso y de la defensa en juicio: señaló que la audiencia en Cámara Gesell se había llevado a cabo con la asistencia del perito psicólogo y el control de las partes, tanto de la Fiscalía como del defensor particular del imputado, y que el interrogatorio se había realizado según protocolo (v. fs. cit. y vta.). Indicó que el impugnante cuestionaba que se hubiera plasmado una transcripción parcial del testimonio de la niña;
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