Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132167
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada y se remiten los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.167, "Gerez, Nicolás Osvaldo s/ queja en causa n° 91.799 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 1 de noviembre de 2018, rechazó, por improcedente, el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa de Nicolás Osvaldo Gerez contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes que revocó la decisión del Juzgado de Garantías n° 1 departamental que había otorgado la excarcelación ordinaria al imputado (v. fs. 29/32).
Contra ese fallo, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 35/45), el que declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 51/54 vta.) motivó la deducción del recurso de queja (v. fs. 108/115 vta.). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el medio extraordinario de revisión (v. fs. 116/119).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 124/127), dictada la providencia de autos (v. fs. 128), presentada la memoria por el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal (art. 487, CPP; v. fs. 133/135 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial denunció revisión aparente de la sentencia en transgresión a la doble instancia. Tachó la sentencia de arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa, infracción al derecho a ser oído (arts. 18, Const. nac; 8.2 "h", CADH y 14.5 PIDCP; v. fs. 40).
Recordó que en el recurso de casación la defensa tildó de arbitrio el fallo de la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes al haber considerado que si bien en caso de condena la pena -en abstracto- podría ser dejada en suspenso, en el supuesto de autos difícilmente sucedería, analizando para ello ciertas características del hecho. Reclamó que este pronóstico resultaba anticipado, al presuponer un juicio de culpabilidad que debe efectuarse luego de celebrarse el debate oral, lesionando de este modo el principio de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso (arts. 18 y 33, Const. nac.).
Consideró que la prisión preventiva resulta inválida al no respetar el principio de proporcionalidad, en tanto la medida cautelar excede el fin que se pretende proteger, pues la eventual pena podría ser dejada en suspenso (v. fs. 40 vta. y 41).
Luego de referirse a los puntos salientes del reclamo, destacó que el órgano recurrido omitió expedirse sobre los planteos constitucionales efectuados, limitándose a reseñar las características del suceso que la Cámara de Apelación y Garantías tomó en consideración para afirmar la existencia de peligros procesales, concluyendo en la ausencia de arbitrariedad, sin atender al reclamo de que la eventual pena que pudiera recaer lo sea de ejecución condicional, así como la infracción a principios constitucionales en el pronóstico efectuado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 41 vta.).
Citó en apoyo de su postura el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Gotelli" y el Informe 86/09, Caso 12.553, "Jorge, José y Dante Peirano Basso c/ República de Uruguay" de la Comisión Interamericana. Transcribió párrafos de lo resuelto por la Casación sobre el punto en cuestión, señalando que decidió mediante afirmaciones genéricas, sin otorgar respuesta alguna a los planteos realizados por la defensa (v. fs. 42 vta.).
Concluyó en que ese modo de fallar "...no se condice con una adecuada revisión integral del fallo al haberse efectuado solo una revisión aparente toda vez que no analiza los argumentos expresados por la defensa referidos a la afectación de principios constitucionales" (v. fs. cit. y 43).
Explicó que este apartamiento equivale a una infracción al derecho a ser oído que es derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.1 PIDCP; v. fs. 43 cit.).
Adujo, con cita del fallo "Casal" del Superior Tribunal nacional y los dictados por esta Corte en las causas P. 99.084 y P. 89.939, que la sentencia no cumplió con los estándares fijados por dichos órganos en cuanto a que "...el recurso de casación debe ser un remedio ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior a través de un examen integral del fallo recurrido procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho" (fs. 44).
De esta forma, concluyó que la sentencia impugnada infringió el derecho a ser oído al prescindir de las razones por las que se reclamaba que se restablezca la excarcelación arbitrariamente revocada y con fundamentos que lesionan principios constitucionales (v. fs. 44 vta.).
Solicitó por ello se case la sentencia y se reenvíen los autos al a quo para el dictado de una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 45).
II. La Procuración General aconsejó el rechazo del remedio extraordinario (v. fs. 124/127).
En la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal, el señor defensor oficial señaló que los motivos invocados en el remedio extraordinario en estudio resultan suficientes para acogerlo, agregando que debe tenerse presente al momento de resolver la situación personal y procesal del imputado y el contexto de crisis humanitaria que atraviesan los centros de detención de la provincia de Buenos Aires. Ilustró que Nicolás Osvaldo Gerez permanece excarcelado desde el 16 de abril de 2018, cumpliendo las obligaciones impuestas oportunamente, está trabajando en el quiosco de su hermana, no ha tenido conflictos con la justicia, encontrándose a derecho; la causa que se le sigue n° 2.420/18 está radicada en el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes, con fecha de debate designada para los días 10 y 11 de agosto de 2021. Solicitó se tenga en consideración al momento de resolver la presunción de inocencia de la que goza, así como el derecho a permanecer excarcelado (art. 21, Const. prov.; v. fs. 133/135 vta.).
III. Disiento con la Procuración General, el recurso prospera.
En efecto, en el remedio articulado ante el Tribunal casatorio, la parte denunció arbitrariedad de la sentencia por falta de fundamentación. Indicó que se había efectuado una prognosis prematura y que de esa situación infiere un peligro de fuga inexistente, toda vez que el imputado se encuentra a derecho, cumpliendo con las obligaciones que le fueran indicadas (comparecer todos los meses a la sede del Patronato de Liberados más cercana a su domicilio, prohibición de tener y/o portar armas, abstenerse de mantener contacto con quienes aparecen como víctimas de autos). Explicó que en la causa no se han acreditado datos objetivos que permitan demostrar los peligros procesales para una medida tan gravosa, tal como el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio, aunado a que Gerez carece de antecedentes penales y la escala punitiva para el ilícito imputado se halla comprendida en el supuesto previsto por el art. 169 inc. 3 del Código Procesal Penal. Aludió al derecho constitucional a la libertad y destacó que la atenuación de la medida de coerción deriva del principio de inocencia (arts. 18, Const. nac. y 10, Const. prov.). Invocó el principio de proporcionalidad aplicable a las medidas de sujeción que restrinjan la libertad ambulatoria. Solicitó se deje sin efecto el auto que revocó la excarcelación de Gerez (v. fs. 13/20 vta.).
A su turno, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nolfi, presentó memorial donde mantuvo el recurso y agregó que se resuelva a tenor de lo dispuesto por la Comisión Interamericana en el Considerando 109 Informe 86/09, Caso 12.553, "Jorge, José y Dante Peirano Basso c/ República de Uruguay" y lo dispuesto en el precedente "Gotelli" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 27/28).
IV. Frente a ello el tribunal revisor señaló que de la lectura del cuestionado fallo "...se desprende que los Camaristas explicitaron en detalle aspectos concretos de la conducta asumida por el imputado; circunstancias que permiten fundar la decisión, en tanto se verifican elementos de juicio, a partir de los cuales, se infiere la existencia de riesgo procesal" (fs. 30 vta.).
En esa senda mencionó que "...los Camaristas advirtieron la existencia de peligros procesales -de fuga y entorpecimiento del proceso- en base a plurales indicadores legalmente establecidos (arts. 148, 1°, 2° y 3°, CPP). En concreto se valoraron las características de los hechos atribuidos -en los que hubo utilización de un arma de fuego para intimidar a las víctimas, amenazas de muerte, el ilícito fue llevado a cabo en pleno horario comercial, pluralidad de intervinientes y división de tareas, el inmediato cambio de vestimentas y la utilización de automotores sin dominio colocado". Consideró que el auto dictado cumple con el estándar exigido por el art. 106 del Código Procesal Penal (fs. 31).
Afirmó que "...los genéricos argumentos expuestos por el Defensor no alcanzan para descalificar el pronunciamiento en crisis como un acto jurisdiccional válido, ni consiguen demostrar que los Jueces se hayan valido de fórmulas abstractas y/o dogmáticas para respaldar su decisión, lo que constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias propias del caso" (fs. 31 cit. y vta.).
Especificó que "...si bien la CSJN reconoce la existencia del derecho constitucional a gozar de libertad durante el proceso (Fallos 314:451), esto no constituye una salvaguarda contra la detención o la prisión preventiva u otras medidas cautelares que cuentan con el respaldo constitucional (Fallos 305:1022, 314:391)" (fs. 31 vta.).
V. De lo reseñado se advierte que el órgano intermedio omitió expedirse sobre las cuestiones llevadas a su consideración relativas a la pena en expectativa y cumplimiento condicional de la eventual sanción, así como la infracción a garantías constitucionales en el pronóstico efectuado por el Tribunal de Alzada (referentes al derecho a la libertad derivado del estado de inocencia y al principio de proporcionalidad aplicable a las medidas de sujeción). Es precisamente por ello que debe concluirse que el fundamento brindado por el a quo no implicó una decisión sobre todos los agravios llevados a su conocimiento y los asuntos federales advertidos por la defensa en su recurso de casación.
A ello cabe agregar, tal como lo señala el señor defensor oficial en su memoria, que esta Corte ha recordado la necesidad del uso racional de la prisión preventiva (pues, en el caso, la decisión impugnada al rechazar la queja de la defensa, propicia el eventual encierro cautelar de Gerez), en función de los estándares del fallo "Verbitsky", del uso de medidas alternativas o morigeradoras y en su caso del sistema de monitoreo electrónico (v. resolución 3.341/19).
Por lo demás, y sin abrir juicio sobre lo que pueda resolverse en el fondo, se ha omitido un análisis circunstanciado en relación con el principio de proporcionalidad, considerando, en especial, la gravedad del hecho imputado y la sanción penal que pudiera corresponder, frente a las consecuencias que acarrearía el medio coercitivo consecuencia de la revocación de la excarcelación decidida en la instancia.
Por lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso y casar la sentencia recurrida para que por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva ajustada a derecho, dando acabado tratamiento a la cuestión aquí descripta (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada y se remiten los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia