Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134445
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.445-Q, "Chasma, Rubén Adrián s/ Queja en causa nro. 91.875 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres, Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, en el marco de un proceso abreviado condenó -en lo que importa destacar para el caso- a Rubén Adrián Chasma a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser de ningún modo acreditada (art. 166 inc. 2 último párrafo, Cód. Penal) -hechos 1, 2 y 3-; coautor del delito de robo agravado por el uso de arma (art. 166 inc. 2, Cód. Penal) -hecho 4-; autor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada (art. 166 inc. 2 último párrafo, cit.) -hecho 5-; y coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, por haber sido cometido con la utilización del arma mencionada -utilizada en forma impropia- y por haber sido cometido en poblado y en banda (arts. 166 inc. 2 y 167 inc. 2, Cód. Penal) -hecho 6- (v. fs. 76/84 vta.).
Contra esa condena la defensa interpuso un recurso de casación y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de abril de 2019, lo rechazó por improcedente.
Frente a ello se alzó el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 140/152 vta.) que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 154/156).
Deducida queja por parte de la defensa (v. fs. 171/175 vta.), fue concedido por esta Suprema Corte por resolución de 8-VI-2021 (v. fs. 181/183 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 195/199 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 201), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la defensa oficial denunció infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), del debido proceso legal y del derecho de defensa (art. 18, Const. nac.); alegó también la errónea revisión de la sentencia de condena y la violación al derecho al doble conforme (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) -ver fs. 142 vta.-.
Afirmó que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por esa instancia revisora, al ratificar de manera arbitraria la condena impuesta a Rubén Adrián Chasma sin haber dado acabada respuesta a los agravios formulados (v. fs. 143).
Adujo que en el recurso de casación esa defensa había cuestionado, por un lado, la ausencia de fundamentación del fallo en lo concerniente a la acreditación de la materialidad ilícita de los hechos y la autoría responsable atribuida a Chasma en los mismos, por el otro, el excesivo monto de pena impuesto, sin debida justificación; sin embargo, el Tribunal de Casación lejos de sanear los defectos denunciados también incurrió en arbitrariedad y violación al derecho de defensa y debido proceso (v. fs. 143 y vta.).
I.1. En primer lugar, sostuvo que el planteo relativo a la ausencia de fundamentación del fallo de condena fue tratado por el revisor mediante una reiteración de lo actuado por el tribunal de mérito, omitiendo describir y ponderar las circunstancias concretas acreditadas en la causa, e impidiendo a esa defensa percibir el itinerario lógico y jurídico en perjuicio del derecho a la revisión del fallo condenatorio y la garantía al doble conforme. En apoyo de su postura trajo a colación los precedentes "Laportilla" y "Spíndola" de esta Suprema Corte (v. fs. 143 vta./145 vta.).
I.2. En segundo término, sostuvo que esa parte había impugnado la cuantía de la pena aplicada por considerarla excesiva y carente de motivación, pero el tribunal intermedio se desentendió de ello y no respondió la cuestión. Consideró que tal modo de proceder resultó arbitrario, pues el recurso de casación resultaba claro en cuanto a que el agravio formulado respecto al monto de la pena aplicada, también alcanzaba a Chasma y no solo a su consorte de causa (v. fs. 145 vta./146 vta.).
Sostuvo que la falta de respuesta plausible, constituyó un apartamiento de las constancias de la causa en infracción al derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa en juicio. Trajo a colación los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 146 vta./148 vta.).
Con esa decisión, el tribunal revisor desnaturalizó el derecho al recurso de su defendido y afectó el debido proceso y la defensa en juicio. Citó el precedente "Ruiz" de esta Suprema Corte y los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte federal (v. fs. 149/151 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó a esta Suprema Corte que case la sentencia impugnada y reenvíe los autos a Casación para que -debidamente integrado- dicte una nueva conforme a derecho sobre las cuestiones discutidas en el presente recurso (v. fs. 151 vta. y 152).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 195/199 vta., y propició el acogimiento parcial del recurso extraordinario deducido, y, en consecuencia, propuso que se revoque la sentencia impugnada a nivel de la determinación de la pena con reenvío al Tribunal de Casación para que trate debidamente el agravio.
III. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso prospera parcialmente.
IV. El planteo relativo a la falta de fundamentación del fallo en lo concerniente a la acreditación de la materialidad ilícita de los diversos hechos, y la autoría responsable atribuida a Chasma en ellos, no es de recibo.
IV.1. Por el contrario, el restante agravio referido a la falta de fundamentación de la sentencia de condena, por considerar que no hubo un análisis ni respuesta respecto al modo en el cual se determinó la pena, como explicaré más adelante, evidencia una falta de adecuado tratamiento y acarrea el progreso parcial del reclamo (v. fs. 46/51).
IV.2. En principio corresponde señalar que el Tribunal de Casación Penal, luego de referirse al acuerdo de juicio abreviado y a sus implicancias, abordó el agravio y adelantó que no tendría acogida favorable (v. fs. 78 vta. y 79).
Seguidamente, analizó los seis sucesos acreditados y la participación que tuvo en ellos el imputado Rubén Adrián Chasma.
Con relación al hecho 1, sostuvo que el sentenciante de mérito tuvo en consideración el acta de procedimiento que dio origen a la investigación, como también el testimonio del subcomisario Sánchez quien fue el primero en tomar conocimiento de lo acontecido en el Complejo Deportivo El Arco de la localidad de Villa Gesell; de igual modo, valoró la declaración de Domingo Bermúdez -propietario del lugar y víctima del robo-; analizó las cámaras de seguridad del complejo las cuales permitieron determinar con claridad el rostro de uno de los dos atacantes, y los informes policiales posteriores que dieron cuenta de que el sujeto identificado era Rubén Adrián Chasma, a quien por ese entonces se lo investigaba por otro delito cometido en julio del mismo año 2015; finalmente, se consideró la identificación del domicilio del imputado y el resultado positivo del allanamiento realizado (v. fs. 79 y vta.).
En cuanto al hecho 2 ocurrido el 12 de agosto de 2015, Casación afirmó que se tuvo en cuenta la denuncia realizada por el propietario del mercado sito en la calle Paseo 105 y Avenida 22 de Villa Gesell, el señor Omar Russo quien relató que el comercio se encontraba cerrado al público y dos sujetos ingresaron por una puerta trasera que se hallaba abierta, y que mediante la utilización por parte de uno de ellos de un arma de fuego, lo obligaron a entregar el dinero en efectivo y luego lo encerraron junto a su esposa (Fanny Torres) y a dos empleados. La víctima pudo reconocer a los dos atacantes en virtud de que ambos concurrían a su comercio, identificando así a Javier Ferreyra alias "el Manco" y Rubén Adrián Chasma alias "el Colorado". Su declaración fue coincidente con la prestada por su esposa y sus dos empleados; también se valoró el testimonio del oficial principal Clementel y el reconocimiento fotográfico practicado por la víctima (v. fs. 79 vta. y 80).
Respecto al hecho 3 cometido el día 28 de febrero de 2016 también en Villa Gesell, refirió que el tribunal de origen tuvo en consideración la denuncia y declaración prestada por la damnificada Patricia Rodríguez, quien describió a los dos sujetos que ingresaron a su comercio, uno de los cuales se hallaba armado y que ambos le exigieron la entrega del dinero de la caja y se retiraron. Se valoró el testimonio de Alexia Sarraude quien contó que, al momento de retirarse del comercio, ingresaron dos sujetos mientras que un tercero se quedó en la vereda esperándolos, luego observó cómo los tres individuos salieron corriendo del lugar, ella regresó al local y tomó conocimiento de lo sucedido. También se ponderó el informe del oficial subayudante Jonatan Norberto Gómez y el reconocimiento fotográfico llevado a cabo por Patricia Rodríguez, quien individualizó a Rubén Chasma como uno de los individuos que ingresaron a su comercio y lo indicó como el que se hallaba armado (v. fs. 80 y vta.).
En cuanto al hecho 4 ocurrido el 10 de marzo de 2016, el tribunal revisor sostuvo que en la sentencia cuestionada se tuvo en consideración el acta de procedimiento que dio cuenta que "...siendo las 20.35 horas dos sujetos de sexo masculino ingresaron al local 'La Pérgola', sito en Boulevard entre Paseo 115 y 117 de Villa Gesell, portando un arma de fuego y un cuchillo, y mediante amenazas sustrajeron la recaudación del día y tres celulares"; a su vez, las declaraciones testimoniales de Mónica, Federico y Verónica García -quienes en ese momento se hallaban en el local- brindaron una misma versión de lo sucedido y aportaron las características fisonómicas de los atacantes; también se valoraron las testimoniales de Fontana y Contreras -vecinas- y la del sargento Marcela Karina Benítez quien recolectó los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del interior del local. A su vez, Federico García de manera espontánea se presentó en la fiscalía y puso en conocimiento que el celular que le habían sustraído el día del hecho, había sido publicado en una página de Facebook destinada a la compra y venta de usados; también fueron valorados los reconocimientos de personas en los cuales los testigos reconocieron al encartado Chasma como uno de los que participó en el suceso. Por último, se valoró el testimonio de Verónica Belén Vallejos quien brindó detalles de lo sucedido a través del relato de su cuñado Ariel Abril alias "Pato" quien el día del evento acompañó a los acusados y fue quien los esperó afuera del comercio en una motocicleta (v. fs. 80 vta./81 vta.).
Seguidamente, se refirió al hecho 5 ocurrido el 8 de abril de 2016 dando cuenta que "...siendo las 12.30 horas un sujeto ingresó a una distribuidora de artículos para kioscos, y mediante la utilización de un arma de fuego se apoderó de una suma superior a los $300.000, siendo testigos de lo acontecido el dueño del comercio, su hijo, su esposa, un cliente que en ese momento se retiraba y una empleada"; indicó que todas las testimoniales relataron que al ingresar al comercio, el atacante se dirigió a la empleada de nombre Gisela Klitzch y le reprochó a los gritos que por su culpa -al haber hecho una denuncia el año anterior-, su compañero estaba detenido y que "...no se atreviera hacer lo mismo en esta oportunidad porque sabía muy bien quien era y donde vivía"; la nombrada lo reconoció como el mismo sujeto que en abril del año 2015 junto a otros dos masculinos, interceptaron su vehículo y le robaron sus pertenencias. Sumó a lo anterior, los registros de las cámaras de seguridad, el testimonio del agente de policía Matías Arce, las tareas investigativas llevadas a cabo por el oficial Juan Alio, la declaración de Jorge Caro y el reconocimiento fotográfico positivo de Gisela Klitsch, Miriam González y Gianfranco Bonis (v. fs. 81 vta. y 82).
Por último, indicó que para tener por acreditado el hecho 6 y la participación en él del imputado, el sentenciante tomó en consideración el acta de procedimiento y la declaración prestada por Carlos Jauregui, quien relató que "...el día 28 de junio de 2016 a las 14.20 horas, dos sujetos ingresaron a su comercio de nombre 'Cyber Juegos' y 'Cobro Expres', quienes mediante la utilización de armas de fuego se apoderaron de la recaudación de ambos comercios, unos $15.000 aproximadamente"; "...se produjo un forcejeo motivo por el cual recibió golpes con un arma en su rostro, y que luego de consumado el hecho se dieron a la fuga". Se tuvieron en cuenta los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de un comercio aledaño, donde se visualizó al imputado y a su cuñado -Diego Fernando Canales-, ambos con pedido de captura por evasión. Por su parte, Pablo Krezeimien vio salir a dos sujetos del local y subirse a un Renault 9 patente ATX939, el cual se encontraba estacionado en doble fila, y que luego intentaron esconderse en el vehículo; también se ponderaron el testimonio de Sergio Alderete quien aportó el domicilio de Chasma y Canales, el reconocimiento médico practicado sobre la persona de Jauregui y la rueda de reconocimiento en donde señaló tanto a Chasma como a Canales como las dos personas que ingresaron a su local. Se meritó el resultado del registro domiciliario donde se hallaron armas y aparatos de telefonía celular, de igual modo se ponderaron los pedidos de captura de Chasma y la declaración de Gabriel Boichuk, testigo de procedimiento (v. fs. 82 y vta.).
IV.3. Sentado ello, se advierte que el agravio de la defensa fue revisado en su totalidad y se brindaron las razones por las cuales se lo rechazó. Es decir, sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna del planteo propuesto a su escrutinio, el Tribunal de Casación cumplió con su tarea revisora, analizó la evidencia con la cual se había tenido por acreditada tanto la materialidad ilícita como la autoría de Chasma en los seis sucesos, y proporcionó las razones -coincidentes con las del sentenciante de origen- por las cuales debía confirmarse la condena.
De tal modo que, en este punto, resulta infructuoso el intento de la defensa oficial por evidenciar arbitrariedad por falta de fundamentación respecto de la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría atribuida a Chasma en los hechos (art. 495, CPP).
La impugnación se basa en generalidades de cariz dogmático ineficaces para avalar la vulneración a la doctrina legal que cita en el recurso o el compromiso de las garantías constitucionales que estima conculcadas, por lo que el reclamo deviene manifiestamente insuficiente tal como sostiene el señor Procurador General a fs. 198 y vta. en su dictamen.
En definitiva, la sentencia en crisis cuenta, en este punto, con fundamentación suficiente que la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad denunciada y tanto los hechos ilícitos, la autoría penalmente responsable y la consecuente calificación legal arriban aquí con el cumplimiento de la doble conformidad (doctr. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
V. Tal como adelantara, el planteo sobre la tacha de arbitrariedad del fallo recurrido por falta de fundamentación sobre la excesiva cuantía de la pena aplicada, prospera.
V.1. En lo que importa destacar para el caso, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, mediante el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, además de haber condenado a Rubén Adrián Chasma -aquí recurrente-, también condenó a Diego Fernando Canales a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, por haber sido cometido con la utilización del arma mencionada -utilizada en forma impropia- y por haber sido cometido en poblado y en banda (hecho 1); autor del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra y coautor del delito de encubrimiento agravado (hechos 4 y 5) -ver fs. 15/40 vta.-.
V.2. La señora defensora oficial interpuso contra ello recurso de casación a favor de ambos imputados y denunció -en lo que interesa para el caso- la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, argumentando que a pesar de no haberse ponderado agravantes -la fiscalía no requirió ninguna-, en el caso de Canales el tribunal se había apartado "notablemente" del mínimo legal establecido en la figura penal aplicada, y en el caso de Chasma el monto de pena resultaba sumamente elevado. Consideró desproporcionada la pena de Canales considerando el único hecho reprochado como, así también, que la falta de fundamentación de la sentencia no permitía saber la ecuación en la que se había basado el juzgador para arribar a la pena de ocho años (v. fs. 48/49). Finalmente, reclamó la declaración de inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia -tercer agravio- (v. fs. 49 y 50).
V.3. Mediante la presentación de fs. 66 y la ratificación de fs. 69/70, el imputado Diego Fernando Canales, desistió del recurso de casación interpuesto oportunamente a su favor.
V.4. El Tribunal de Casación Penal, al abordar el recurso incoado sostuvo de manera liminar que "...los dos restantes agravios individualizados en el recurso como Segundo y Tercer Agravio, donde se cuestiona la me[n]sura de la pena (art. 40 y 41 del CP) y el pedido de declaración de inconstitucionalidad respecto al instituto de la reincidencia, no recibirán tratamiento en el presente dado que guardan exclusiva relación con la sentencia condenatoria recaída contra Diego Fernando Canales, quien el 28 de agosto pasado desistió de la vía casatoria intentada (v. fs. 66/70)" (fs. 77).
V.5. Sin embargo, podemos advertir que la denuncia sobre la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal no sólo abarcaba a Diego Fernando Canales -quien desistió del recurso de casación-, sino también incluía a Rubén Adrián Chasma; por lo que el tribunal revisor estaba obligado a analizar las críticas con relación al monto de pena aplicado al nombrado.
Por lo expuesto, en coincidencia con el señor Procurador General, corresponde hacer lugar parcialmente a este tramo del recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa, reenviando los autos a la instancia anterior para que el tribunal intermedio brinde un adecuado tratamiento al planteo sobre la mensuración de la pena, manteniéndose incólumes y firmes las restantes cuestiones (arts. 40 y 41, Cód. Penal y 496, CPP).
Con el alcance dado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Rubén Adrián Chasma, se revoca la sentencia impugnada en la parcela relativa a la individualización de la pena, y se dispone el reenvío de los autos al Tribunal de Casación Penal para que brinde un adecuado tratamiento al planteo sobre la men
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