Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133946
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.946, "Ratto, Jorge Alberto y Taborda, Jonathan Eduardo s/ Queja en causa n° 91.979 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria y Genoud .
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal resolvió, el 4 de julio de 2019, hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa de Jorge Alberto Ratto y Jonathan Eduardo Taborda contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza que condenó a Ratto por resultar coautor responsable de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa , en concurso real, y a Taborda por considerarlo coautor responsable de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa y autor de violación de domicilio y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real, imponiendo a ambos la pena de prisión perpetua, con accesorias legales y costas y a Taborda, además, la pena de multa de mil pesos. Se ordenó, también, el decomiso y destrucción del revolver secuestrado.
El Tribunal de Casación absolvió a Taborda por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, manteniendo sólo la pena de prisión perpetua que le fue impuesta y confirmó, en lo restante, el fallo impugnado respecto de ambos acusados (arts. 45, 55, 80 inc. 7, 150, 166 inc. 2 segundo párr., Cód. Penal; v. fs. 83/101 vta. en relación a fs. 10/33 vta.).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso a favor de los dos procesados el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 116/126, el cual fue concedido por esta Suprema Corte por vía de un recurso de queja (v. fs. 153/156).
Oído el señor Procurador General a fs. 166/170, dictada la providencia de autos a fs. 171, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Ante esta Suprema Corte, el Defensor planteó, por un lado, que a Jorge Ratto se le atribuyó incorrectamente la responsabilidad por el homicidio en cuya ejecución no tomó parte y, por otro, que para ambos imputados el encuadre en el art. 80 inc. 7 del Código Penal era errado (v. fs. 118).
I.1. En cuanto a la denuncia de errónea aplicación de los arts. 80 inc. 7 y 45 del Código de fondo y la violación al principio de culpabilidad por el acto respecto de Ratto, refirió que el aspecto subjetivo de la coautoría no se pudo fundar debidamente dado que no se demostró que en el plan inicial de cometer un robo ya estuviera incluido disparar a la víctima y que fue efectivamente Taborda quien gatilló contra González, por lo que -a su modo de ver- resultó un exceso por el cual Ratto no debía responder.
Alegó que tampoco se probó que Ratto hubiera hecho un aporte objetivo al homicidio que le haya dado dominio del hecho (v. fs. 118/119).
Argumentó que, luego de que las víctimas fueron desapoderadas de la motocicleta, y habiendo Ratto reingresado a la camioneta en la que los procesados se desplazaban, la víctima esgrimió un garrote y en tales circunstancias se produjo el disparo por parte de Taborda. Por lo tanto, sostiene, la sentencia estableció que "...sólo uno de los agresores se encontraba frente a las víctimas cuando se produjo el disparo, mientras el otro -Ratto- ya había abordado la camioneta para huir del lugar" (fs. 119).
Interpretó que no puede atribuirse coautoría a Ratto en el homicidio dado que no se justificó el modo en el que tomó parte de la ejecución del homicidio o cual fue su aporte objetivo consistente en la realización de un elemento del tipo sin el cual el homicidio no pudiera haberse cometido o que le hubiera dado el dominio funcional del hecho (v. fs. 119 y vta.).
Explicó que el homicidio no fue premeditado y que no puede afirmarse que Ratto hubiera brindado algún tipo de acuerdo previo para matar, insistiendo en que se encontraba dentro del vehículo y "...sólo efectuaba señas y reclamaba a su compañero para que se retiraran del lugar. Es decir, tampoco le atribuye la sentencia ningún actuar del que pueda inferirse colaboración ni consentimiento respecto del actuar homicida de su compañero" (fs. 119 vta.).
Por lo tanto, planteó que no se verificó el aspecto objetivo de la coautoría funcional en el delito de homicidio.
Volviendo a la faz subjetiva de la coautoría, sostuvo que no se estableció de manera indubitada "...que ese acuerdo para sustraer un bien ajeno mediante el uso de violencia y la intimidación con un arma de fuego, pudiera incluir el de matar a una persona para lograr consumarlo". Según lo interpretó, el disparo de Taborda fue "...una acción imprevista y decidida espontánea e individualmente por el acusado, sin el consenso o preacuerdo de Ratto". En función de ello, descartó la existencia de un dolo homicida preacordado por los imputados y de su ultrafinalidad, resultando un exceso de Taborda puesto que "...el hecho que comenzó como un robo armado, y claramente preacordado por los intervinientes, mutó luego en una agresión dirigida contra la víctima por parte de Taborda..." (fs. 119 vta./121).
Solicitó que, por ausencia de un designio común de los intervinientes en relación al homicidio, la situación de Ratto se resuelva según el criterio empleado por esta Suprema Corte en la causa P. 114.722 (sent. de 3-X-2012), limitándose el reproche al delito previsto en el art. 166 inc. 2 del Código Penal.
I.2. En lo que concierne a la subsunción en el art. 80 inc. 7 del mismo, consideró que el fallo incurrió en arbitrariedad e infracción a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo (v. fs. 122 vta.).
En ese sentido negó que el disparo de Taborda haya tenido la finalidad de facilitar el robo o procurar la impunidad dado que surgió ante una reacción defensiva de la víctima -que esgrimiera un garrote-, siendo el homicidio una contingencia del robo producto de la sorpresa ocasionada y que -a su modo de ver- tuvo la finalidad de defenderse (aunque no legítimamente) de ese potencial riesgo a su integridad física (v. fs. 123 vta. y 124).
De acuerdo con este planteo, consideró arbitraria la afirmación de que la muerte de González fuera guiada por alguna de las ultrafinalidades típicas del homicidio criminis causa y para ello brindó dos razones: por un lado, que las víctimas ya habían sido despojadas de la motocicleta y por el otro que si se disparó para procurar la impunidad, "...resulta evidente que González no era la única persona que luego de cometido el ilícito podría identificar a los acusados" porque también se encontraba en esa situación Andrea Pereyra a quien no se procuró dar muerte (v. fs. 124 y vta.).
Como corolario, peticiona (debe entenderse en subsidio respecto de Ratto) la aplicación del art. 165 del Código Penal.
II. El recurso, tal como lo propicia el señor Procurador General en su dictamen, no progresa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal que celebró el juicio oral, tuvo por probado -en lo que aquí interesa- que "el día 6 de enero de 2017, siendo aproximadamente las 18:00 horas, dos sujetos del sexo masculino, identificados posteriormente como Jonathan Eduardo Taborda y Jorge Alberto Ratto, quienes se trasladaban a bordo de una camioneta blanca conducida por este último, previo acuerdo de voluntades y división de tareas, al llegar a la intersección de las calles [...], Partido de La Matanza, interceptaron a José María González y a su pareja Andrea Fabiana Pereyra, quienes se trasladaban en una motocicleta Corven Triax 200, dominio A010MLP, mediando intimidación con un arma de fuego detentada por Taborda, se apoderaron ilegítimamente de la motocicleta de mención, siendo que ante la resistencia opuesta por González, se le efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en la humanidad del mentado, con el fin de causarle la muerte y a efectos de consumar el desapoderamiento y asegurar la impunidad, ocasionándole lesiones que desencadenaron su deceso" (fs. 20 vta. y 21).
La acción así descripta fue reprochada a ambos agentes en calidad de coautores y calificada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa (arts. 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 segundo párr., Cód. Penal; v. fs. 30/31).
III.2. En el recurso de casación la defensa -entre otros planteos- discutió la calificación legal desde dos perspectivas. Por un lado, en relación con Ratto, sostuvo que se aplicó erróneamente el art. 80 inc. 7 del Código Penal y no se observó el art. 47 del mismo por no haberse tenido en cuenta que la ejecución del homicidio por quien poseía el arma fue totalmente independiente de la decisión de quien lo acompañaba.
Incluso, puso en discusión que Taborda hubiera disparado "para obtener el fin propuesto" porque cuando lo hizo los damnificados "...ya estaban desmontados del motovehículo..." (fs. 51 y vta.).
Describió que el disparo lo produjo Taborda frente al intento de defensa de González con un palo, por lo cual -alegó- no se demostró en Ratto la conexión típica legalmente exigida pues no puede sostenerse que ambos sujetos hayan tomado -o aceptado- la decisión de matar si las contingencias del robo así lo ameritaban (v. fs. 51 vta.), pidiendo para Ratto la subsunción como robo agravado por el empleo de un arma de fuego (v. fs. 52).
Por otro lado, discutió la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal al negar la configuración de la conexión subjetiva descripta en la figura y solicitó el encuadre en el art. 165 del mismo para ambos imputados (nuevamente, debe entenderse como un pedido subsidiario en cuanto a Ratto). En la lectura de la defensa, el disparo ocurrió debido a la sorpresiva reacción de la víctima de manera que la motivación del inc. 7 no existió (v. fs. 52/54).
III.3. El Tribunal de Casación, al rechazar la impugnación resolvió que Jorge Ratto participó activamente tanto en el robo como en el homicidio agravado (v. fs. 95 y vta.). Para ello tuvo en cuenta que la testigo Andrea Pereyra relató: "...nos apuntaron con el arma, le apuntaron a José, le dieron primero, le pegaron primero, ahí él sacó un garrote, entonces le dispararon en la cabeza", "...el otro se quedó dentro de la camioneta, le hacía señas al del arma para que se apure, le decía lo que tenía que hacer, el que estaba abajo era el que tenía el arma, le decía con las manos que se apure, el que estaba dentro de la camioneta primero se bajó y después se subió y hacía las señas" (fs. 95 vta.).
Explicó el Tribunal que "Lo relatado por la víctima evidencia una clara división de tareas entre el sujeto que manipulaba el arma, Jonathan Taborda, y Jorge Ratto quien permanecía en la camioneta, bajó de ella y finalmente volvió a subirse al vehículo en el que se transportaban ambos, todo lo cual demuestra una organización y división de roles, donde objetivamente existió una mancomunación de esfuerzos y condominio (sic) final en el injusto achacado"( ibidem ).
Afirmó que en la coautoría por dominio funcional del hecho ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la conducta típica, pero hace un aporte necesario a la realización del hecho en la forma planeada y "...es posible que la conducta de cada uno tenga distinta relevancia típica...". En el aspecto subjetivo -describió- hay una decisión común y en el objetivo, la ejecución común del hecho (v. fs. 96 y vta.). "El dominio les corresponde a todos..."; "Los aportes parciales de cada uno de ellos carecen de una autonomía propia y sólo pueden ser valorados como piezas integrales e insustituibles del plan delictivo genérico" y "Todos los que cumpliendo el acuerdo previo, concurren al ilícito achacado y realizan actos coadyuvantes y necesarios para la consumación del hecho planeado, son coautores" (fs. 97 y vta.).
En función de estos postulados, confirmó la calificación establecida respecto de la conducta de Jorge Ratto y seguidamente se ocupó de la objeción según la cual el encuadre legal habría sido errado debido a que "...el despojo de la motocicleta estaba en curso, y fue un acto imprevisto de la víctima el que inició una nueva etapa en el desapoderamiento...", lo que conduciría -según la defensa- a la aplicación del art. 165 del Código Penal (v. fs. 97 vta.).
El órgano revisor reafirmó que el homicidio se conectó ideológicamente con el robo y que se trató de una conexión final porque "...el homicidio fue cometido para consumar el robo, basando esa conclusión en la mecánica de los hechos, donde uno de los dos malvivientes, disparó contra la humanidad de José González al querer éste evitar el despojo de la motocicleta" (fs. 98).
Para descartar la aplicación del art. 165 del Código Penal expuso que en esta figura la muerte es consecuencia de una situación no prevista, impensada, accidental o no querida, lo cual no se correspondía con el hecho de autos en el cual surgía del contexto de la acción que no se había tratado de un acto no querido puesto que "...la modalidad evidenciada -un disparo certero, a corta distancia y con intención de matar, impactando en el cráneo..." demostraba la intención dirigida al resultado mortal.
El órgano casatorio descartó también que fuera exigible una preordenación anticipada para la configuración del homicidio del art. 80 inc. 7 del Código de fondo pues la decisión de matar puede aparecer en forma imprevista siempre que concurran los motivos previstos en dicha norma (v. fs. 99).
Para finalizar aseveró que no existía duda del dolo directo en el homicidio, considerando el disparo letal que recibió la víctima y -según doctrina que citó- que el encuadre en la figura calificada estaba justificado cuando el imputado "...quiso robar y al tener resistencia de las personas intenta eliminarlas, reflejando un desprecio de la vida..." (fs. 99 vta.).
IV. El resumen de los fundamentos y conclusiones a las que arribó el tribunal casatorio en respuesta a los puntuales agravios llevados a su sede, tiene la finalidad de dejar en evidencia que no se aprecian errores manifiestos de razonamiento o fundamentación que permitan encasillar al pronunciamiento en alguno de los supuestos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tampoco se advierte infracción a los principios constitucionales de inocencia e in dubio pro reo invocados por el recurrente.
IV.1. En efecto, la defensa llevó a casación similares planteos sin demostrar en esta instancia extraordinaria el error de derecho (en la aplicación de la ley sustantiva o en la doctrina legal de esta Corte) sino que, antes bien, pone énfasis en sostener una postura interpretativa contraria, lo que de por sí no resulta una técnica eficaz para la procedencia del agravio (art. 495, CPP).
En cuanto a la participación del imputado Jorge Alberto Ratto el Tribunal casatorio analizó la prueba reunida y sobre esa base sostuvo que Ratto descendió del vehículo en el que había arribado, interviniendo activamente en el atraco para luego volverse a subir, por lo que no siempre se mantuvo en el interior de la camioneta.
Puntualmente respecto del segmento en el que Taborda le efectuó el disparo mortal a la víctima, se tomaron en cuenta los categóricos dichos de la testigo presencial Andrea Pereyra quien contó que mientras uno de los atacantes golpeaba a su pareja -instante antes de dispararle y ocasionarle la muerte-, el restante -Ratto- efectuaba señas y directivas para que concrete el objetivo ilícito.
En tales condiciones es que se explicó la subsunción del hecho en la categoría de dominio funcional a través de la cual, existiendo un plan común con división de funciones y codominio del hecho, las imputaciones de los intervinientes son recíprocas.
En el escenario fáctico que arriba incuestionado, no resulta razonable interpretar que el accionar homicida deba resultar jurídicamente ajeno a Ratto cuando el mismo tuvo el codominio de la dinámica delictiva incluso en el tramo de la ejecución de la víctima, pues desde la camioneta hacía señas a Taborda "para que se apure" y diciéndole "lo que tenía que hacer" tras lo cual, huyeron juntos del lugar.
Esta Corte tiene dicho -y resulta aplicable al presente- que desarticular la coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009 y P. 123.527, sent. de 26-X-2016).
Por lo demás, se entiende que "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth; Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993)" (conf. doctr. -en lo pertinente- causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008 y P. 104.036, sent. de 11-V-2011).
En cuanto a la solución brindada en el precedente P. 114.722 (sent. de 3-X-2012) pretendida por la parte (v. fs. 121/122), la misma debe ser desestimada ya que el defensor no se ocupó de demostrar que la situación fáctica sea análoga a la que se enjuició aquí, teniendo en cuenta el diferente modo en que se desarrolló la acción de cada uno de los individuos ejecutores en uno y otro caso, diferencia que permitió en aquella otra causa desvincular a un interviniente de la ultrafinalidad atribuida al restante (causas P. 121.297, sent. de 21-XI-2018 y P. 127.705, sent. de 20-XII-2017).
Consecuentemente, también la alegación sobre la transgresión del principio de culpabilidad debe ser descartada.
IV.2. Respecto al encuadre de la acción como homicidio calificado (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) las críticas tampoco prosperan por cuanto la significación jurídica se aprecia concordante con la doctrina de esta Corte que sostiene que para que resulte aplicable el homicidio calificado criminis causa "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993), siendo además que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 121.171, sent. de 10-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
En efecto, el modo de actuar descripto en la materialidad del hecho es congruente con la concurrencia de al menos una de las fin
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