Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134483
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.483-Q, "Perrone, Diego Arnaldo s/ Queja en causa n° 92.011 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó a Diego Arnaldo Perrone a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor del delito de homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género calificado por el vínculo y por haber sido cometido con ensañamiento (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 80 incs. 1, 2 y 11, Cód. Penal).
La defensa oficial presentó recurso de casación que fue rechazado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 8 de octubre de 2019 (v. sentencia, legajo digital).
Contra ello, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que también fue desestimado por el Tribunal de Alzada, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 1/4).
Esta Suprema Corte, el día 4 de agosto de 2021, hizo lugar a la presentación directa y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en orden al embate vinculado a la tacha de arbitrariedad de la sentencia impugnada (v. fs. 6/7 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 22/25, dictada la providencia de autos a fs. 27 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció que el fallo en crisis incurrió en arbitrariedad fáctica en la valoración de la prueba por apartamiento de las constancias de la causa, como así también por la evaluación parcial de las mismas. Afirmó que ello conllevó a la violación de los principios de culpabilidad y de proporcionalidad de la pena.
Aseveró que los argumentos expuestos por el revisor para descartar los planteos de la defensa resultaron insuficientes, en tanto permitirían descartar únicamente el supuesto de inimputabilidad o inconsciencia del art. 34 del Código Penal, mas no el presente caso que trata de un individuo afectado en su psiquis por la abusiva ingesta de alcohol y sustancias estupefacientes (v. fs. 89 vta. y 90).
En esa senda y a fin de avalar su postura, trajo a colación la pericia psicológica elaborada por la licenciada Marcantonio, quien informara sobre la grave adicción que padece Perrone; también aludió al informe de la Fundación "Viviré" referido al tratamiento seguido por el acusado al respecto de sus adicciones; y al testimonio del remisero Julián Cabrera, en cuanto mencionó el consumo de esas sustancias por parte del imputado, tanto durante la ida al domicilio de la víctima como con posterioridad en el viaje de regreso (v. fs. 90 vta.). Expresó que Perrone tenía disminuida su capacidad de motivarse en la norma.
Con apoyo en citas doctrinarias sobre el tema en discusión, destacó que la capacidad de comprensión y control por parte de Perrone estaría fuertemente menoscabada y, por ende, ello habría disminuido su culpabilidad.
Sostuvo que los argumentos dados por el Tribunal de Casación no resultan suficientes para rebatir la hipótesis consistente en la existencia en el caso de un supuesto de imputabilidad disminuida, y que -entonces- implicaría un menor reproche que debe reflejarse en la pena mediante una disminución proporcional, a fin de no afectar los principios de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 91).
Acompañó su discurso citando la opinión de autores y precedentes jurisprudenciales en la materia (v. fs. 91 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del remedio intentado (v. fs. 22/25). Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que "... entre las 00:00 y las 02:00 horas del día 21 de enero de 2017, en el interior de la vivienda sita en la calle Mariano Moreno Nro. 852 de la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, [el imputado], amén de propinarle a la Sra. Mónica Haydée Acosta -con quien había mantenido una relación de pareja- una feroz golpiza; procedió mediante el empleo de cuando menos una cuchilla, a asestar a la nombrada en cuarenta y tres ocasiones, provocando a ésta heridas en su cuello, tórax anterior y posterior, abdomen, región lumbar, antebrazos y pierna derecha, con el claro fin de segar la vida de la misma, mediante ensañamiento y sufrimiento físico y psíquico en forma innecesaria, produciéndose el deceso de la víctima a consecuencia de un paro cardio-respiratorio traumático, causado por un shock hipovolémico y de la hemorragia aguda provocada por las múltiples lesiones de arma blanca antes descriptas, todo ello en el contexto de la violencia de género -física y psicológica- que el sujeto aludido, en su condición de hombre, venía ejerciendo sobre la víctima, incluso desde un tiempo anterior al hecho" (fs. 12 vta. y 13, sentencia en el legajo digital).
Declaró a Diego Arnaldo Perrone como autor responsable del delito de homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género calificado por el vínculo y por haber sido cometido con ensañamiento; lo condenó a la pena de prisión perpetua.
A fin de descartar la alegada mengua en la capacidad de culpabilidad de Perrone, meritó las declaraciones del imputado en la audiencia de debate -en consonancia con la estrategia defensista-; la constancia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la que surge que a Perrone le fue retirada (y también repuesta) su habilitación para conducir vehículos automotores por la adicción que padece; y el informe psicológico efectuado por la licenciada Bárbara Marcantonio de la Defensoría General departamental, quien no se expidió sobre el estado psíquico del imputado al momento de perpetrar la acción por la que debe responder, sino que solo de un modo potencial señaló que el imputado "...padecería de un trastorno por consumo de sustancias, grave, de inicio precoz, sin adherencia a tratamientos especializados" (fs. 28 vta.).
El órgano de juicio agregó que el estado de amnesia al que hizo alusión el acusado en su descargo "...fue categóricamente negado por las claras expresiones del testigo Julián Cabrera" (fs. 28 vta. cit.), quien destacó que al salir el nombrado de la casa de la víctima se había cambiado de ropa y notó que también se había lavado el pantalón.
Concluyó que Perrone, luego de consumar el tremendo ataque a Mónica Acosta,"...desplegó acciones que a simple vista resultan incompatibles con aquel que padece una interferencia psíquica de magnitud suficiente para dificultarle la dirección de sus actos o la comprensión de los mismos" (fs. 29).
A ello adunó el examen psiquiátrico efectuado por las doctoras María Alejandra Mingo y Adriana Leban, quienes aseveraron que Perrone pudo comprender y dirigir sus acciones al momento del hecho que se le imputa, y que no existió lesión generadora de la acción ni un estado de intoxicación con sustancias tóxicas que suprimiera su conciencia (v. fs. 29 vta.).
III.2. En el recurso de casación la defensa denunció absurda valoración de la prueba producida en el debate al descartarse la existencia de una situación de imputabilidad disminuida por parte de su asistido al momento del hecho. Expresó que Perrone desplegó la conducta atribuida en una situación de imputabilidad disminuida, por lo cual se debió aplicar una pena divisible enmarcada dentro de la escala de la tentativa (art. 44, Cód. Penal).
Afirmó que la hipótesis planteada resultaría acreditada a través de distintos elementos: la pericia psicológica llevada a cabo por la licenciada Marcantonio, la que daba cuenta del grave cuadro de adicción que padece el imputado desde hace mucho tiempo; el referido informe de la Comisión Nacional de Transporte; el de la Fundación "Viviré" que dio cuenta del tratamiento que por esa adicción realizó el imputado; y el testimonio prestado por Julián Cabrera sobre el consumo de dos petacas de alcohol durante el viaje de ida a la casa de la víctima. Concluyó que la adicción y el grado de intoxicación alcohólica gue presentaba Perrone al momento del hecho implicó una menor capacidad de comprensión y una mayor inestabilidad impulsiva, es decir, que su capacidad de resistencia frente a los impulsos fue inferior a la normal, por lo que ello debió conllevar a una disminución del grado de culpabilidad. Propuso la aplicación de la escala de la tentativa, establecida en el art. 44 párrafo tercero del Código Penal (v. fs. 47/52, legajo digital).
III.3. A su tiempo, el Tribunal de Casación descartó el recurso por insuficiente, en tanto la defensa reiteraba los argumentos vertidos en el juicio, sin dirigir cuestionamientos sobre los fundamentos expuestos por el tribunal originario al tener por afirmada la completa capacidad de culpabilidad del imputado.
Destacó que para fijar la imputabilidad de las personas drogadas o ebrias hay que atender a criterios que tienen en cuenta circunstancias relacionadas con su origen y la intensidad resultante de la intoxicación. Especificó que "Sólo la intoxicación que impide en forma plena y total la comprensión del acto y dirección de las acciones encajarían en la eximente del artículo 34 inciso 1 del C.P., y aunque el recurrente asume que el imputado Perrone algo comprendía, lo cierto es gue los magistrados del juicio analizaron la falta de afectación parcial de las facultades intelectuales y volitivas de quien se dice que carecía parcialmente de la capacidad de comprender la realidad y obrar en consecuencia, por haber consumido alcohol y estupefacientes, a través de una minuciosa valoración de la prueba en cuya virtud concluyeron que el mencionado no resultó acreedor de la imputabilidad disminuida pretendida..." (fs. 69 vta.).
En ese sentido, el a quo precisó que la desestimación de la pretendida capacidad menguada de culpabilidad "...se correspondió con las constancias objetivas de la causa" (fs. cit.).
Indicó que el órgano de juicio repasó la declaración del imputado, "...quien reconoció su adicción a las drogas y al alcohol, que era un padecimiento que soportaba desde los catorce años. Que tomaba alcohol con la víctima y que él no podía dejar de beber, extremo que generaba conflicto entre ambos [...] que por su adicción a la cocaína le habían retirado el registro de conducir.// Reconoció que le mandaba mensajes a la víctima, que lo hacía porque se sentía sólo y que unas semanas antes del suceso ella le había establecido condiciones para verse, fundamentalmente que no lo harían delante de sus hijas.//
Dijo que por una discusión que tuvieron acerca de que la damnificada quería presentarse a trabajar en un sitio en el que el encartado no estaba de acuerdo, habían estado días sin hablar y que ello lo llevó a consumir más alcohol y drogas, siendo que para ese tiempo ya tenía algunas 'lagunas'.//Rememoró que en uno de esos mensajes que intercambiaron con la damnificada, fue que ésta le escribió: 'debes estar en pedo', que por eso se le ocurrió ir hasta la casa de la víctima para que viera que cómo él estaba.//Hizo referencia asimismo que contrató a Julián Cabrera para que lo trasladara hasta la vivienda de Mónica Acosta y que en el camino, compró y bebió dos petacas de alcohol. Recordó también que al verlo la víctima le dijo 'que pedo que tenés'. Que luego comenzaron a discutir y que después de eso no recordaba más..." (fs. 69 vta./70 vta.).
Aseveró que, de lo transcripto, "...nada hace suponer que Perrone no comprendía o comprendía poco lo que hacía" (fs. 70 vta., legajo digital).
Remarcó que el juzgador -en inmediación intransferible- señaló que el propio Perrone demostró en su declaración que era consciente de que muchas de las referencias que efectuaba nada tenían que ver con la argüida mengua de su capacidad de culpabilidad, tal como cuando mencionó "...entiendo que lo que estoy diciendo es sin sentido, es como un chusmerío..."; y que, la laguna mental a la gue aludió "...es una excusa artificiosa, en un vano intento por mejorar su comprometida situación procesal, pues si se ponderan las conductas desplegadas por éste antes, durante y después del suceso, evidencian la falacia de sus afirmaciones" (fs. 70 vta.).
En ese marco apeló a la testimonial brindada por el remisero Julián Cabrera, quien recordó haber trasladado al imputado a la casa de su pareja en Monte Grande, que este le refirió que como se habían peleado, iba para tratar de reconciliarse. Que luego de pasar una o dos veces por la puerta de la casa de la víctima, le pidió que se detuviera en un boulevard, le pagó el viaje y le indicó que lo debía pasar a buscar dos horas más tarde. Que transcurrido ese tiempo se acercó al sitio acordado y como el acusado no estaba comenzó a retirarse, cuando fue llamado por Perrone, quien se acercó al auto caminando rápido, que estaba "todo mojado" y vistiendo parte de ropa distinta a la que tenía puesta en el viaje de ida. El pantalón que vestía estaba como "cepillado". Que, al igual que en el trayecto hasta ese lugar, le pidió que le comprara dos petacas de bebida alcohólica. Señaló que el encartado siempre se mostró tranquilo, que en el viaje de regreso el acusado le dijo: "pobre mina", y que ante ello el testigo le preguntó si se habían reconciliado, a lo que Perrone respondió: "...discutí, me arreglé pero en la discusión le pegué sin querer y me enchastré de sangre". Que Cabrera le refirió que a las mujeres no se les pega, a lo que Perrone le contestó que "era un boludo". Recordó también que, pasada una hora del retorno, entre las 03:30 y las 04:00 hs. de la mañana, el acusado volvió a la remisería y pidió que lo llevara a comprar más petacas de alcohol y drogas (v. fs. 71 y vta.).
El revisor subrayó que las conductas asumidas por el acusado y que Cabrera narró "...demuestran sin ambages, que el imputado poseía pleno conocimiento y control de lo que quería y hacía", por lo cual "...la existencia de la amnesia momentánea alegada, se da de narices con la afirmación del testigo en cuanto a que Perrone le contara que había golpeado a la damnificada" (fs. 71 vta.).
Afirmó que la circunstancia de que Perrone hubiera consumido alcohol o drogas no le impidió llegar a la agencia, contratar el remise , dar la dirección correcta de la casa de la damnificada, solicitar que el conductor pasara dos veces por la puerta de la vivienda de la occisa, requerirle que lo buscara en dos horas, y luego, consciente de que ese tiempo había transcurrido, presentarse ni más ni menos en el lugar concertado.
Agregó que tampoco se le escapó el detalle que debía asearse y cambiarse de ropa antes de salir de la casa de la damnificada, por habérsele "manchado de sangre" como él mismo afirmó.
Concluyó que el argumento que pretende demostrar que el imputado se encontraba en un estado de semi inconsciencia al haber consumido estupefacientes y bebidas alcohólicas, es una apreciación personal del recurrente que no encontró sustento ni apoyo alguno en las constancias de la causa (v. fs. 72).
Asimismo, expresó que las circunstancias eximentes han de ser probadas como el hecho mismo y que la carga de la prueba, como circunstancias obstativas u obstaculizadoras de la pretensión penal acusatoria, corresponde al acusado en quien presumiblemente concurren.
Adicionó que la no probada imputabilidad disminuida no conduce en nuestro Código Penal a disminución de pena alguna.
IV. Así como ha sido destacado en el dictamen de la Procuración General, de la reseña efectuada se advierte que el recurrente reeditó en esta instancia extraordinaria los planteos que la defensa expuso ante el Tribunal de Casación, sin hacerse cargo -ni replicar- la totalidad de los argumentos esgrimidos por el revisor para desestimar la pretensión casatoria, especialmente el relativo a que el imputado cambió parte de su vestimenta y lavó la restante por haberse manchado de sangre, conforme fue narrado por el remisero Cabrera.
El impugnante tampoco objetó la argumentación del a quo acerca de que correspondía a la parte la demostración de la concurrencia de circunstancias que obstaculicen la imputación fiscal y que, en el caso, la parte no había logrado acreditar la alegada disminución de la imputabilidad, por lo que no cabía proceder a la solicitada disminución de la sanción.
Así, la denuncia de arbitrariedad no puede prosperar pues los embates contra el tramo decisorio en jaque no pasan de ser una oposición personal -divergente a la del juzgador- que no plasma la concurrencia de la invocada arbitrariedad fáctica (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, no se evidenció que el reproche realizado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o que se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Asimismo, cabe señalar que la parte omitió especificar cuáles fueron las circunstancias dejadas al margen por el juzgador y aquellas que según dijo fueron valoradas de modo parcial, reiterándose -entonces- una mera discordancia con la apreciación probatoria efectuada por el órgano revisor que resulta insuficiente a los fines pretendidos (doctr. art. 495, cit.).
En definitiva, el recurrente no ha podido demostrar que la sentencia padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la pretoriana doctrina del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada.
Resulta oportuno recordar que esta instancia "...no puede convertirse en una tercera que vuelva a valorar el acierto o error de lo decidido en las instancias previas por parte de los tribunales ordinarios a los que se les ha asignado ese cometido" (causa P. 133.988, sent. de 11-V-2022; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/10/2022 19:28:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2022 09:13:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 19:54:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:27:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:39:03 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 13:37:39 hs. bajo el número RS-115-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia