Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136028
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.028, "Moretti, Alejandra -Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Queja en causa n° 92.058 del Tribunal de Casación Penal, Sala I seguida a Tejeda, Daniel; Roma, María del Rosario; Fernández, Reimundo; Montes De Oca, Rubén", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres, Natiello.
El día 9 de febrero de 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, dictó veredicto absolutorio respecto de Cristian Alberto Núñez quien, en su rol de jefe de seguridad externa de la Unidad Carcelaria n° 28 de Magdalena había sido acusado por el delito de homicidio imprudente -art. 84 del Código Penal- con relación al hecho identificado como n° 1.
Igual temperamento adoptó el órgano de juicio respecto de los agentes penitenciarios Carlos Augusto Busto, Mauricio Alejandro Giannobile, Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Maximiliano Morcella, Gonzalo Rafael Pérez, María Del Rosario Roma, Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Eduardo Gabriel Villarreal y Juan Eduardo Zaccheo, quienes habían sido acusados por el delito de abandono de persona seguido de muerte y lesiones -art. 106 última parte del Código Penal- en relación con el hecho identificado bajo el n° 2.
Por otro lado, el tribunal dictó veredicto condenatorio respecto de Daniel Oscar Tejeda -Director de la Unidad Carcelaria 28 de Magdalena- a quien condenó a la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación especial por el término de diez (10) años para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del hecho n° 1, al cual calificó como incendio culposo agravado (arts. 45 y 189 segundo párr., Cód. Penal).
Igual temperamento adoptó respecto a Reimundo Héctor Fernández -jefe de turno de la mencionada Unidad- a quien condenó a las penas de veinticinco (25) años de prisión e inhabilitación especial por diez (10) años para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, y a Rubén Alejandro Montes de Oca -guardia de la seguridad exterior de la Unidad 28- a las penas de diez (10) años de prisión e inhabilitación especial por siete (7) años para ocupar cargo públicos, accesorias legales y costas, respectivamente, por hallarlos coautores responsables del hecho n° 2, al que calificó como homicidio simple (treinta y tres víctimas) en concurso ideal con tentativa de homicidio simple (dos víctimas), en los términos de los arts. 42, 45, 54 y 79 del Código Penal (v. fs. 1.415/1.464 vta.).
Contra el pronunciamiento de condena, interpusieron recursos de casación el señor defensor oficial doctor Ernesto Ferreira -en favor de Daniel Oscar Tejeda- y los defensores particulares doctor Darío Saldaño -respecto de Rubén Alejandro Montes de Oca- y el doctor Julio Ricardo Beley -en representación de Reimundo Héctor Fernández-.
El veredicto absolutorio por su parte, fue impugnado por la acusación pública y particular (Comisión Provincial por la Memoria; Centro de Estudios Sociales y Legales -CELS- y Colectivo de Investigación y Acción Jurídica).
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 22 de junio de 2021 resolvió, en primer lugar, declarar admisibles todos los recursos. En segundo lugar, hizo lugar a la impugnación de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales -en representación de Ruffina Verón-, como así también acogió parcialmente los recursos del Ministerio Público Fiscal y los interpuestos por las abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, y por los abogados del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, casó el veredicto absolutorio respecto de María del Rosario Roma, tuvo por comprobada la materialidad ilícita, la autoría y estableció la calificación legal como abandono de persona seguido de muerte y lesiones, reenviando a la instancia para la cesura y determinación de la pena a imponer.
Asimismo, hizo lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por los defensores doctor Darío Saldaño, en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca, y por el doctor Julio Ricardo Beley, a favor de Reimundo Héctor Fernández. En consecuencia, casó parcialmente el fallo condenatorio del Tribunal en lo Criminal y recalificó los hechos como abandono de persona seguido de muerte y lesiones (hecho II). De seguido asumió competencia positiva y fijó, respecto de Fernández, la pena en quince (15) años de prisión e inhabilitación especial por el término de diez (10) años para ejercer cargos públicos, al tiempo que mantuvo las impuestas a Montes de Oca.
Por último, rechazó el recurso de casación deducido por el doctor Ernesto Ferreira, en beneficio de Daniel Oscar Tejeda.
Contra esta decisión, la señora agente fiscal ante el tribunal intermedio, doctora Alejandra Marcela Moretti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.484/1.504), el cual -en lo pertinente- fue declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio (v. fs. 1.506/1.514); ello motivó la interposición de queja (v. fs. 1.519/1.525). Esta Corte, por resolución del día 6 de mayo de 2022, la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió (v. fs. 1.526/1.530 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.621/1.627), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.629) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual atacó la parcela del veredicto que absolvió a Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Gonzalo Rafael Pérez, Carlos Augusto Busto, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan César Romano, Eduardo Gabriel Villarreal y Mauricio Alejandro Giannobile; todos ellos vinculados al hecho identificado como n° 2 (v. fs. 1.484/1.485).
I.1. En primer lugar, denunció la inobservancia del art. 106 del Código Penal e invocó arbitrariedad por falta de fundamentación y tránsito aparente ante aquella instancia intermedia, valoración de la prueba de modo parcial, fragmentado y contradictorio; citó el precedente P. 113.511, sentencia de 6-VIII-2014 de esta Suprema Corte (v. fs. 1.488 vta., 1.489 y 1.494 vta.).
Afirmó que en el caso existió prueba suficiente como para destruir el estado de inocencia de los nombrados, en tanto -a su juicio- debieron ser condenados por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y lesiones (art. 106 parte final, Cód. Penal).
Destacó que si bien por un lado se tuvo por acreditado: i. que el ingreso de los agentes penitenciarios se produjo del modo planteado por la acusación, es decir, de modo abusivo en el despliegue y uso de la fuerza; ii. que estos agentes detentaban la posición de garante de la protección frente a las personas sometidas a su custodia y que debían ocuparse de que esas personas gocen de las medidas de protección y custodia propias de la concreta relación especial; iii. que, frente a la existencia de la situación de peligro, se privilegió que no se produzca la fuga de internos; y iv. que no se procedió a la apertura de la única vía de escape viable.
Luego, y ante tal escenario, sostuvo que el tribunal casatorio ponderó las jerarquías o rangos de la institución penitenciaria para adjudicarle la responsabilidad del hecho sólo a los agentes penitenciarios Fernández, Montes de Oca y Roma.
Argumentó que, de ese modo, el tribunal revisor efectuó una conclusión errónea y contradictoria, desentendiéndose de las constancias que acreditaban la responsabilidad de los imputados, de lo que la doctrina define como "delitos de omisión" y "posición de garante", y de la aplicación que de estos preceptos efectuó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 1.495).
A continuación se refirió a los delitos de omisión impropia y de posición de garante, citó doctrina de autor y los casos Tibi vs. Ecuador , Mendoza y otros vs. Argentina y Bulacio vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacó que era innegable que los agentes penitenciarios imputados por el delito de abandono de persona seguido de muerte y lesiones estaban situados en una posición de garante respecto de todas las personas bajo su custodia -los detenidos alojados en el pabellón 16- (v. fs. 1.495 vta./1.497).
Analizó la capacidad individual de acción y señaló que constaba en las evidencias la posibilidad que tuvieron los agentes penitenciarios absueltos de cumplir con el deber de auxilio que les era impuesto por su posición de garante. Sin embargo, estimó que el tribunal intermedio excluyó esa capacidad individual erróneamente, bajo el fundamento del marco de rangos y categorías propios de la institución penitenciaria (v. fs. 1.497).
Sostuvo que ninguno de los imputados intentó abrir las puertas que habían sido cerradas y que se tuvieron por probadas que eran las únicas vías de escape del incendio del pabellón. Afirmó que ninguno intentó abrir la puerta, ni pidió las llaves, ni se interesó de algún modo -mediante el empleo de algún tipo de violencia- para intentar sacar con vida a las personas que desde adentro pedían a los gritos socorro; tampoco llamaron con la urgencia que lo ameritaba a los bomberos.
El recurrente afirmó que los penitenciarios abandonaron a su suerte a los detenidos que quedaron encerrados en el pabellón, conociendo el riesgo al cual las víctimas quedaban expuestas, todas ellas incapaces de salir por sus propios medios y a las cuales les debían asegurar su integridad personal (v. fs. 1.497 vta. y 1.498).
Agregó que tampoco podían alegarse los rangos o categorías existentes dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense como pretexto exculpatorio del delito cometido por los agentes penitenciarios; si bien estimó como cierto que las jerarquías penitenciarias podrían resultar conducentes a fin de determinar la responsabilidad de quienes las detentan, no podían servir para excluir la capacidad individual de acción de los sujetos que -posición de garante mediante- podrían haber efectuado -como señaló el propio Tribunal de Casación que algunos sí lo hicieron- algo razonable a fin de alcanzar el nexo de evitación del resultado muerte (v. fs. 1.498).
Recordó lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López vs. Argentina (v. fs. 1.498 vta.), se ocupó del derecho a la vida y la seguridad institucional, y resaltó que ninguno de los agentes penitenciarios acusados por el delito de abandono de persona seguido de muerte y lesiones fue mandado a cumplir tareas tendientes a que no se produzca la fuga de los internos, por lo que -a su entender- resultó infundado sostener que por aquel motivo quedase descartado cualquier otro incumplimiento de mandato de auxilio (v. fs. 1.499/1.500).
A su vez, consideró absurdo que el Tribunal de Casación sólo haya acreditado la presencia de los imputados en el lugar del hecho en los momentos iniciales, cuando -a su juicio- se tuvo por comprobado que los mismos estuvieron cuando se inició el fuego, cuando se dejó a los internos encerrados dentro del pabellón que se prendía fuego, y cuando los abandonaron sin efectuar comportamientos de salvataje; siendo que además, el tiempo que tuvieron los agentes penitenciarios para alcanzar el nexo de evitación no fue "escaso", como sí lo afirmó el tribunal casatorio.
I.2. Por otro lado, invocó la responsabilidad internacional del Estado nacional por incumplimiento de obligaciones asumidas en tratados internacionales de derechos humanos (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 3, DUDH; 1.1, 2, 5 y 7, CADH; 1, DADDH y 9, PIDCP; v. fs. 1.502).
Sostuvo que un pronunciamiento como el de autos, en el cual se desconoció el derecho de las personas alojadas en el pabellón 16 de la Unidad Carcelaria n° 28 del Servicio Penitenciario Bonaerense de merecer todas las medidas de auxilio y socorro por parte de los agentes penitenciarios que eran garantes de su salud y su vida, importó desconocer los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se le garantice su seguridad personal (v. fs. 1.503).
En apoyo de su postura volvió a citar los casos Tibi vs. Ecuador ; Bulacio vs. Argentina ; y también mencionó el caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras , sentencia de 7-VI-2003.
Por todo lo expuesto, concluyó en que la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal careció de la debida fundamentación, efectuó afirmaciones dogmáticas, valoró inequitativa y antojadizamente la prueba habida y -con su decisión absolutoria- se contrapuso a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado nacional que regulan la materia (art. 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 1.504).
II. El señor Procurador General sostuvo en su dictamen el recurso interpuesto, propiciando hacer lugar al mismo (v. fs. 1.621/1.627).
III.1. Comenzaré por traer aquí algunos datos puntuales referidos al juicio oral y el veredicto y sentencia de primera instancia, para lograr una mejor explicación y comprensión del litigio y su puntual progresión recursiva que lo llevó a los concretos planteos traídos antes esta sede.
Bajo esa idea, es menester tener presente que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en su sentencia de 9 de febrero de 2018, tuvo por acreditado el hecho identificado como II -que es el que aquí interesa- describiéndolo del siguiente modo: "...aproximadamente [a] las 22:30 hs del día 15 de octubre de 2005, se inició una pelea en el interior del pabellón 16 o módulo 'B' de Autodisciplina, emplazado en la Unidad Carcelaria N° 28 de la localidad de Magdalena, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial. A raíz de dicha pelea, el Encargado del pabellón dio aviso a la oficina de control y se hicieron presentes en el lugar el Encargado de turno, e instantes después el jefe de turno y la oficial de servicio con funciones de jefa de la guardia de seguridad exterior durante esa noche, ambos con personal a su cargo y de la División Canes, portando algunos de ellos, escopetas calibre 12/70, con munición antitumulto".
"Previo a dar la voz de alto y a efectuar varios disparos de advertencia desde la puerta de reja que separa el sector de alojamiento de internos de la oficina de vigilancia -matera-, el jefe de turno -máxima autoridad en ese momento en la Unidad-, dio la orden de ingreso al pabellón, distribuyéndose el personal antes mencionado en dos grupos, los que fueron avanzando uno por el sector de las camas y el restante por el corredor principal, a la vez que, quienes iban armados, fueron efectuando reiterados disparos".
"En esas circunstancias, algunos internos se tiraron al piso en forma inmediata, oportunidad en la que comenzaron a ser llevados hacia el exterior del módulo por personal penitenciario, mientras que otros se dirigieron hacia el fondo del pabellón y frente al avance del personal interviniente que había llegado a la altura de la mitad del módulo y continuaban efectuando disparos, un interno inicio un focoígneo en el sector de la última cama emplazada en el lugar como respuesta al accionar de los agentes penitenciarios, el que se propagó rápidamente en su interior, produciendo -cuanto menos- dos nuevos focos. Ante ello, los agentes penitenciarios se replegaron, llevando, consigo a otros internos que se habían tirado al piso, salieron del pabellón y cerraron la puerta de rejas y la que divide éste sector de la oficina de vigilancia (matera)".
"Frente a la existencia del excesivo calor y humo reinantes, que rápidamente invadió el interior del pabellón, hubo internos que se vieron obligados a dirigirse hacia el frente de aquél, con la finalidad de salir por allí en razón de ser ésta la única vía de escape disponible en ese momento y ante la imposibilidad de hacerlo, comenzaron a pedir auxilio a viva voz, sin que el jefe de turno ni el encargado de la custodia de las puertas -últimos en salir del pabellón- procedieran a prestar la ayuda solicitada, pues mantuvieron cerradas las puertas de acceso arriba referenciadas, es decir, la de chapa y la de reja. Que los internos que fueron retirados por el personal penitenciario quedaron bajo su custodia en el frente del pabellón, para luego ser trasladados al sector del césped circundante y finalmente, al patio de visitas, conocido como 'picnic'. Que, transcurridos algunos instantes, parte del personal penitenciario se dirigió hacia el sector trasero de los módulos 15 y 16, procediendo a abrir las puertas de emergencia de los mismos, desalojando a los ocupantes del pabellón 15. Por la puerta de emergencia del 16, sólo logró salir con vida Ángel Eduardo Quintana Ramírez, debido a que los internos que se habían trasladado a la parte frontal del pabellón debido al intenso humo y calor no pudieron regresar hacia el sector trasero".
"Ante los pedidos de auxilio que provenían del pabellón 16, algunos de los internos del 15 se dirigieron hacia el patio de recreo del 16 a fin de iniciar las tareas de rescate, mientras que otro grupo de internos se dirigió hacia los pabellones 17 y 18 para que otros detenidos que estaban allí alojados ayudaran en las tareas de rescate de los internos del pabellón 16, realizando entre todos acciones tendientes a socorrer a las víctimas, sumándose a este accionar los internos del pabellón 16 que habían sido retirados por los agentes penitenciarios inicialmente. En esta tarea emprendida por los internos colaboró -entre otros- por el Servicio Penitenciario el jefe de guardia de seguridad exterior Cristian Núñez y el subprefecto Miguel Horacio Montoya. Que los internos que ingresaron al patio del módulo 16, luego de hacer tareas tales como romper mampostería de paredes con bancos, intentar abrir ventanas haciendo palanca con las maderas, hacer una cadena humana con baldes y tachos de agua, colocarse mantas mojadas para entrar y auxiliar a compañeros que estaban dentro del pabellón, lograron rescatar con vida a Juan Domingo Blanco Recalde y a Cristian Rey González, falleciendo este último, días después".
"Que el proceso combustivo que se originó en el interior del pabellón 16 se caracterizó por haber alcanzado altas temperaturas e ir generando la liberación de humos y gases tóxicos y letales, que invadieron el lugar, consumiendo el oxígeno del ambiente, abarcando distintas fases, hasta llegar a la de autoextinción".
"Que la dotación de bomberos voluntarios de Magdalena, fue convocada a las 23:55, arribando los mismos a las 00:10 horas aproximadamente del día 16 de octubre del 2005. No obstante la situación de peligro cierto y actual que corría la vida de las personas privadas de la libertad bajo su guarda y la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar la integridad física de los mismos, éstos no abrieron cuanto menos la puerta delanteras de chapa y rejas -única vía idónea de salvataje, utilizada por ellos para salir del lugar- teniendo la capacidad de hacerlo, conociendo los efectos tóxicos de los gases y elevado calor, causando de este modo, con su actuar omisivo el fallecimiento de Ariel Cayetano Daniel Mola Silva, Eduardo Ignacio Díaz, Jorge Javier Martín Vera Melgarejo, Pablo Ezequiel Farías Carabajal, Diego Martín del Valle González, Víctor Enrique Franco Rojas, Néstor Javier López Demuth, Omar Abel Pereyra Anión, Rubén Gerardo Merlo Segués, Jorge Omar Mendoza Abdala, Rubén Darío Ayala Feijo, Agustín Sebas
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.