Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133356
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.356, "G., R. s/ queja en causa n° 92.126 del Tribunal de Casación, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de agosto de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de R. E. G. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que había condenado al nombrado a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en concurso real, en los términos de los arts. 45, 55, 119 tercer párrafo con relación al primer y cuarto párrafo inc. "b" del Código Penal (v. fs. 70/75).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular del imputado -doctor Sebastián B. Martínez- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80/94), que fue desestimado por la referida Sala el 26 de noviembre de 2019 (v. fs. 95/97). Presentada la queja pertinente, esta Corte le hizo lugar, a través de la resolución del 27 de octubre de 2020 concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 140/143).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 154/161), dictada la providencia de autos (v. fs. 163) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El recurrente denunció en primer lugar la falta de motivación del fallo y errónea aplicación del art. 55 del Código Penal; solicitó se califiquen los sucesos como abuso sexual en calidad de delito continuado (v. fs. 80 vta.).
Con cita de doctrina y jurisprudencia, manifestó que para la conformación del delito continuado debían comprobarse los siguientes elementos: dolo unitario, repetición de afectación del mismo bien jurídico (susceptible de vulneración parcial), comisión de similares o idénticas características, e identidad física del titular; los que -en su consideración- se verificaron en autos (v. fs. 81/83 vta.)
Asimismo, expuso que de la plataforma fáctica imputada surge la indeterminación de las conductas delictivas y, por ello, la imposibilidad de considerar la acción del encausado como constitutiva de un concurso material. Explicó que los abusos fueron homogéneos en cuanto a su contenido, repetidos en el tiempo y obedecieron a un mismo trazado inicial -único designio criminoso- que fue la satisfacción sexual de G., a lo que agregó que no se puede afirmar con certeza la inexistencia de un dolo unitario, por tratarse de un elemento netamente subjetivo (v. fs. 84/87).
Solicitó se case el fallo impugnado y se califique el hecho como un delito continuado (v. fs. 90 vta. y 91)
I.2. En segundo lugar, sostuvo que la calificante vinculada con la condición de guardador o encargado de la guarda (art. 119, cuarto párr., inc. "b", Cód. Penal) no se encuentra acreditada, peticionando su descarte.
En esa senda señaló que la situación circunstancial de darse una vuelta, a pedido de su hermana, para ver cómo estaba la menor, "...no genera deber de protección alguno que justifique la aplicación de la agravante" (fs. 92).
I.3. En tercer término, denunció la falta de motivación de las pautas aumentantivas de la pena que fueron ponderadas.
Respecto del aprovechamiento de la confianza entre víctima y victimario, adujo que la misma no fue peticionada por el acusador siendo impuesta de oficio por el sentenciante, a lo que añadió que ya estabaínsita en el tipo penal agravado, pues entre el cuidador y la víctima siempre debe existir tal vínculo (v. fs. 92 cit.).
Se quejó de la arbitrariedad por la valoración como agravante de "...la supuesta extrema confianza que prodigara la madre de la menor" a su defendido, ya que -a su entender- no se probó que la relación fraternal -hermanos- resultare excesiva ni que dicha circunstancia haya sido generada, buscada y/o aprovechada por su representado a los fines de cometer el hecho o para asegurarse la no "revelación del secreto" de la víctima hacia su madre (v. fs. cit. y vta.).
En otro orden, sostuvo que la severizante relacionada con la extensión del daño causado tampoco se acreditó y, además, devino infundada ya que el tribunal de juicio se limitó a reiterar lo afirmado al respecto por la acusación en el momento de los alegatos (v. fs. 92 vta.).
Finalmente, y en cuarto orden, adujo que el monto punitivo fijado resultaba desproporcionado y arbitrario por carecer de la debida fundamentación (conf. arts. 1, Const. nac. y 171, Const. prov.), sin indicación de la incidencia en el quantum punitivo, de cada atenuante y agravante computada, por lo que solicitó la modificación por una pena menor (v. fs. 93/94).
II. Coincido con el rechazo de los planteos que propicia el dictamen de la Procuración General (v. fs. 154/161).
III.1. Está acreditado que "...un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente de su sobrina R. B. C., nacida el 2 de octubre de 1997, desde el 24 de febrero de 2008 -fecha en que el imputado cumplió dieciocho años de edad- hasta días antes de la radicación de la denuncia, ocurrida ésta el 28 de abril del año 2009 teniendo la víctima a esta última fecha once años [...], y habiendo ocurrido estos hechos en el domicilio de calle … … a la altura catastral del … departamento interno de [Bahía Blanca], donde la víctima vivía con su progenitora, encargándole esta última al encartado de autos que pasara por las noches para cuidar a la menor en horario que su progenitora trabajaba o estudiaba en el Instituto Avanza de [esa] ciudad, para comprobar que la niña se encontraba bien, siendo así que el imputado, aprovechando esta relación de confianza y encontrándose encargado del cuidado de la niña es que obligó a su sobrina R. C. a mantener relaciones sexuales accediéndola carnalmente vía vaginal, en más de dos oportunidades durante el período señalado" (fs. 12).
El sentenciante de juicio encontró a R. E. G. autor responsable de los hechos que calificó como abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en concurso real (arts. 45, 55, 119, tercer párrafo, con relación al primer y cuarto párrafo inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 10/34 vta.).
III.2. En el recurso de casación la defensa de G., como primer motivo de agravio, denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal, dado que se debió calificar el hecho como un delito continuado. En segundo lugar, se quejó de la errónea aplicación de la agravante, toda vez que, en su opinión, el imputado no era encargado de la guarda de la niña. Se agravió también de la valoración de oficio del "...aprovechamiento de la confianza entre víctima y victimario" como circunstancia aumentativa. Finalmente denunció la falta de razonabilidad en el proceso de determinación del monto de pena (v. fs. 36/54).
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal coincidió con su antecesor y rechazó el recurso.
III.3.a. Para descartar el agravio relativo a que debió calificarse el suceso como delito continuado, la jueza ponente, doctora Budiño (a quien adhirió su colega el juez Mancini) luego de reseñar la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada, que no fue cuestionada, adujo que quedó debidamente probada la reiteración de los ilícitos, constituyendo cada uno de los hechos enrostrados una conducta típica independiente. Explicó que la niña declaró "...a veces pasaba seguido...a veces usaba preservativo y a veces no..." (fs. 71 vta.).
Resaltó que el delito continuado "...requiere en el plano subjetivo la concurrencia del denominado dolo unitario o total, que es el que genera la ligazón o interdependencia entre los actos típicos particulares de modo tal que pueda considerarse a cada uno de ellos una suerte de medio comisivo de un único hecho general. Es por ello que el grado de representación del autor respecto de esa continuidad debe abarcar la realización de todos los actos parciales con anterioridad al agotamiento del primero de ellos" (fs. 72).
Apuntó que cada uno de los ataques a la integridad sexual, ejecutados en distintos momentos, constituyeron infracciones independientes que se agotaron en sí mismas no solo desde el punto de vista del dolo del autor, sino también teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado que por sus características se vio vulnerado en cada uno de los actos, por lo cual descartó que esas acciones pueden ser consideradas actos comisivos de un único delito objeto de un plan general preconcebido.
Entendió que cada abuso sexual con acceso carnal se trató de una nueva afectación del bien jurídico tutelado, distinta e independiente de la anterior, lo que impide considerar los hechos como constitutivos de un delito continuado dado que, en este, cada acto típico parcial implica solo un mayor contenido de injusto de un mismo hecho general del que es parte, pero nunca una afectación independiente del bien jurídico tutelado (v. fs. cit. y vta.).
III.3.b. De seguido rechazó el planteo sobre la agravación del delito por resultar el autor encargado de la guarda de la niña.
Con cita de doctrina consideró que el término abarca a cualquier persona que tuviese de hecho al menor bajo su cuidado, dado que "encargado de la guarda" es no solo aquel que ejerce su titularidad (o guardador) sino que además comprende a aquellos sujetos a quienes se les encomienda el cuidado del niño (v. fs. 72 vta. y 73).
Explicó que la razón por la cual esta circunstancia actúa como calificante "...reside en el aprovechamiento que el autor realiza respecto de la situación de sujeción en que se encuentra a su respecto el menor, ya sea por el hecho de estar bajo su autoridad como por el respeto que debe guardarle [...] quedan comprendidos en ella los sujetos que por distintas razones tengan a su cargo el cuidado de un menor" (fs. 73 cit.). Citó precedentes de esta Corte.
Entendió demostrado que el imputado quedaba al cuidado de la niña cuando su progenitora trabajaba, a partir del creíble testimonio de la menor y de su madre, por lo que la calificante debía mantenerse.
III.3.c. A fin de desestimar el tercer planteo, indicó que la circunstancia agravante relativa a la relación de confianza entre víctima y victimario fue solicitada por el señor Fiscal de Juicio conforme surge del acta de debate agregada al presente legajo (v. fs. 73 vta.).
Descartó que se haya efectuado una doble valoración de una misma circunstancia, atento que la situación de ser encargado de la guarda no implica en modo alguno que exista una relación de confianza entre victimario y víctima, sino que el autor se aproveche de la oportunidad y de la situación de preeminencia que su rol de cuidador genera.
Subrayó que la relación de confianza entre ambos verificada en autos, trasciende la situación de la guarda, pues G. era su tío, hermano muy apreciado por parte de su madre y "...la propia niña expresó que como él la cuidaba no sabía que eso que le hacía estaba mal, no sabía lo que le estaba haciendo, no tenía información..." y que si bien la relación de confianza puede o no establecerse a partir de la situación de guarda, aquello no resulta excluyente (v. fs. 74).
III.3.d. Finalmente, descartó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, atento que "...los juzgadores explicaron qué circunstancias puntuales habrían de ponderar, ya sea en sentido agravante o atenuante" (fs. 74 cit.).
Adunó que el sistema de atenuantes y agravantes establecido en la ley de fondo no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena, pues el art. 41 señala una serie de pautas según las cuales el Juzgador debe fijar la pena dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes tasados en torno al quantum de pena a aplicar, siempre que tal operación respete los límites impuestos por la escala, extremos estos que se verifican en el caso particular (v. fs. 74 vta.).
IV. Como adelanté el recurso no prospera.
IV.1. Frente a lo decidido con relación al primer agravio defensista, las argumentaciones expuestas no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal recurrido desestimó los planteos formulados, pues en rigor solo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar las vulneraciones legales denunciadas (art. 495, CPP).
Luego, la interpretación del delito continuado efectuada por el sentenciante, coincide con la que ha venido realizando esta Corte desde hace mucho tiempo (pues recordemos que en nuestro ordenamiento no se encuentra consagrado expresamente, sino que su aplicación proviene de la doctrina y la jurisprudencia).
En anteriores ocasiones he traído un antiguo voto del doctor Fernández (a quien adhirieran Bustos, Quijano y Rozas) en el que, a fin de rechazar un planteo de la defensa que propugnaba la continuidad delictiva para varios hechos de hurto de ganado de un mismo campo, se sostuvo que "...los elementos integrantes de[l delito continuado] lo constituyen la unidad de resolución, la pluralidad de acciones y la unidad de lesión jurídica (ver Soler, t. II, pág. 346)" (conf. causa Ac. 304, "Andicochea, Leonardo; Cejas, Donato y otros. Hurto de ganado mayor reiterado, en General Lamadrid", sent. de 26-XI-1957, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1957-VI, págs. 109/116).
Esta postura se condice con la proveniente de la doctrina italiana que exigía que, para la configuración del delito continuado, el autor, en el aspecto subjetivo, debía contar con lo que Carrara llamaba "resolución criminal única" (conf. Carrara, Francesco; Programa del Curso de Derecho Criminal, Parte General, Tomo I, traducción de Octavio Béeche Argüello y Alberto Gallegos Pacheco, 1ra. Edición, San José, Jurídica Continental, 2000, pág. 292); posicionamiento confirmado en varios otros precedentes en los que esta Corte -incluso con otra integración- estableció como doctrina legal que "...para que haya delito continuado es necesario que haya unidad de resolución o de designio. En consecuencia, no procede esa calificación cuando se juzga una pluralidad de acciones y de designios independientes" (conf. causas Ac. 6.133, "Ferreyra, Rubén Saúl. Estafas reiteradas", sent. de 16-VII-1963, magistrados votantes: Nápoli-Quijano-Martocci-Acuña Anzorena, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1963-II, págs. 359/362 y Ac. 7.416, "Tau, José Azziz. Estafas reiteradas", sent. de 11-V-1965, magistrados votantes: Martocci-Nápoli-González Bergez-Acuña Anzorena, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1965-I, págs. 1.006/1.009).
En ese sentido, ya en otras oportunidades he señalado que "...ante la falta de consagración legal expresa del supuesto de delito continuado, debe exigirse a la jurisdicción la mayor meticulosidad posible en la justificación de su aplicación, puesto que no existe total consenso de la doctrina y la jurisprudencia respecto a qué hipótesis delictivas se extiende, como así tampoco cuáles son los requisitos de mínima y de máxima que se exigen para afirmar su concurrencia" (mi voto en causas P. 121.641, sent. de 31-VIII-2016 y P. 132.113, sent. de 30-VII-2020).
Por ello, aun cuando el recurrente enumere ciertos requisitos que -entiende- presentes en el caso, no se logra revertir la conclusión de que en el supuesto en análisis los abusos se han perpetrado con discontinuidad temporal entre ellos y que cada uno de los ataques a la integridad sexual "...constituyeron infracciones independientes que se agotaron en si mismas" (art. 495, CPP).
A lo expuesto debo agregar un dato más. La pretendida aplicación de la continuidad delictiva en los casos de los delitos contra la integridad sexual, ha obtenido reparos de peso en el derecho comparado.
Ya en su momento Edmund Mezger, tomando como ejemplo un caso de abuso, sostenía que la exigencia a nivel subjetivo "...ha sido criticada con razón, porque es absurdo otorgar el privilegio de la continuación y, por consiguiente, de un solo hecho, a quien ha concebido desde un principio el 'dolo total' y se aprovecha cada vez de nuevo de la misma oportunidad para su acción punible (por ejemplo, abusar siempre de nuevo del mismo niño, 176, n°. 3), y pone de manifiesto, así, una voluntad delictiva especialmente intensa, en contraposición con el que cede reiteradamente a la tentación que se le presenta" (Mezger, Edmund; Derecho Penal Parte General, traducción de Conrado Finzi, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1958, págs. 342).
Efectivamente, el indicado Tribunal Supremo Federal Alemán frente a los supuestos de abuso sexual (StGB 173, 174 y 176) decretó no reconocer el delito continuado como unidad jurídica o típica de acción. Incluso, respecto a otros tipos penales, el BGH declaró que, para el tratamiento adecuado del desvalor total de estos supuestos, bastan las disposiciones concursales cuya adecuación debe examinarse caso a caso por los tribunales (conf. Posada Maya, Ricardo; ob. cit., pág. 461).
Donna concluye que, en definitiva, la del delito continuado se trata de una teoría antigua "...en el mal sentido de la palabra, dejada de lado por la doctrina y la jurisprudencia y aparece, especialmente en este tipo de delitos [en referencia a los delitos contra la integridad sexual] como una forma de simulación del dolo que dogmáticamente es inexplicable" (ob. cit.).
Es que incluso en España, aun cuando el Código Penal ibérico regula en forma expresa la unificación típica continuada, razones político criminales llevaron a establecer que su aplicación resulte facultativa en casos de infracciones contra el honor, la libertad e indemnidad sexuales, disponiendo así que "En estos casos se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva" (CPE, apdo. 3, art. 74, modif. por LO 15/2003).
En consecuencia, en virtud de las razones expuestas, debe rechazarse el intento por revertir la aplicación del enlace real regulado por nuestro ordenamiento de fondo (art. 55, Cód. Penal) a los hechos comprobados, pues no ha sido demostrada la errónea aplicación de ley sustantiva ni la violación de la doctrina legal referida a esta.
IV.2. La segunda parcela del recurso se dirige a intentar una reinterpretación de los hechos a partir de los cu
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