Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133413
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.413, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires- s/ Queja en causa n° 92.228 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Álvarez, Franco Damián", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud .
El Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de Junín declaró la extinción de la acción penal por el delito de robo atribuido a Franco Damián Álvarez y lo sobreseyó por haber transcurrido el plazo de la suspensión del juicio a prueba concedida, sin que incumpliera las pautas de conducta impuestas (arts. 59 inc. 7, 76 bis y 76 ter, Cód. Penal; v. fs. 19/26).
Contra esa decisión la Fiscalía interpuso un recurso de apelación que fue rechazado por la Cámara de Apelación y Garantías de ese departamento judicial. Esa misma parte interpuso luego un recurso de casación que no fue concedido por la Cámara por lo que acudió en queja al Tribunal de Casación. La Sala I de ese tribunal, mediante el pronunciamiento del 14 de marzo de 2019 -por mayoría- rechazó el recurso presentado (v. fs. 92/94 y 95/96).
El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso entonces el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 30/41 que, denegado, fue luego concedido por esta Suprema Corte por vía de un recurso de queja (v. fs. 85/87).
El señor Procurador General dictaminó considerando abstracta la impugnación (v. fs. 118/122) y en el mismo sentido se expidió la defensa oficial (v. fs. 150/151).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 156) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Debe declararse desistido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Fiscal de Casación denunció ante esta Corte la configuración de un caso de arbitrariedad normativa por interpretación inadecuada y desnaturalizadora del art. 76 ter cuarto párrafo del Código Penal.
Explicó que cuando la norma establece que debe revocarse la suspensión de juicio a prueba concedida por "...la comisión de un nuevo delito", dicha disposición no exige que ese nuevo delito haya sido juzgado, condenado y que la condena haya pasado en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 37).
De esta manera discutió la extinción de la acción penal decretada en el caso y solicitó a esta Corte el establecimiento de la correcta hermenéutica de aquel precepto (v. fs. 37/40).
Asimismo, se agravió por la omisión de análisis -por parte de la mayoría del Tribunal de Casación- de derecho sustantivo, tildando de arbitraria la sentencia por carecer de debida fundamentación y por emplear fórmulas dogmáticas y genéricas.
Aseveró que el fallo no aportó ninguna explicación para descartar los agravios llevados por esa parte para dilucidar la interpretación de la norma aludida e insistió en el déficit de motivación que le achacó a la decisión (v. fs. 40/41 vta.).
II. Para permitir un correcto entendimiento del proceso corresponde señalar que el 19 de diciembre de 2016 el Juzgado de Garantías n° 2 de Junín suspendió el proceso seguido contra Franco Damián Álvarez por el delito de robo, imponiendo reglas de conducta a cumplir por el término de un año (v. fs. 95/96).
El 12 de abril de 2018 el mismo órgano dio por cumplido el plazo y las condiciones fijadas y, sin hacer lugar a la objeción fiscal sobre la comisión de nuevos delitos, declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó al imputado (arts. 76 ter y 59 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 92/94).
La Cámara de Apelación y Garantías confirmó esa decisión (según resulta de la reseña efectuada en la instancia de casación, por cuanto dicho fallo no se encuentra agregado) y la fiscalía dedujo un recurso de casación en el cual denunció la errónea interpretación de los arts. 76 bis y 76 ter del Código Penal (v. fs. 2/6).
La impugnación fue declarada -por mayoría- inadmisible por el Tribunal de Casación, luego de analizar el art. 450 del Código Procesal Penal y la presencia de cuestiones federales, gravedad institucional o arbitrariedad (v. fs. 19/26).
Como se relató en los antecedentes, la vía extraordinaria articulada habilitó, en principio, la intervención de este Tribunal.
III. Sin embargo, el señor Procurador General manifestó en su dictamen que el recurso del Ministerio Público Fiscal devino abstracto en virtud de que el imputado Álvarez finalmente resultó absuelto respecto de la imputación atribuida que originó el planteo de revocación de la suspensión de juicio a prueba oportunamente otorgada.
En tales condiciones concluyó que no era posible sostener los agravios formulados ante esta Suprema Corte puesto que la impugnación carecía ahora de virtualidad, solicitando -con cita de jurisprudencia- que así sea declarado (v. fs. 118/122 vta.).
La defensa oficial en similar sentido requirió que se tenga por desistido el recurso de la acusadora de conformidad con los arts. 487 segundo párrafo del Código ritual y 21 inc. 8 de la ley 14.442 y doctrina legal que invocó (v. fs. 150/151 vta.).
IV. Tal como fuera establecido en la causa P. 84.702 (sent. de 29-III-2006) y reiterado en pronunciamientos posteriores (v. causas P. 88.980, sent. de 8-III-2007; P. 99.516, sent. de 15-X-2008; P. 105.957, sent. de 30-III-2011; e. o.), a tenor de las normas relativas a la actuación del señor Procurador General en el trámite de los recursos extraordinarios ante esta Corte -art. 487, Código Procesal Penal, según ley 11.922 y sus modificatorias- en materia penal y en cuanto actúa en cabeza del cuerpo de fiscales, según se encuentra discernida en el art. 21 inc. 8 de la actual ley 14.442, su intervención se endereza a: "...Sostener los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal o desistir de ellos mediante dictamen fundado, y recurrir y actuar ante los tribunales superiores cuando lo estime pertinente". Ello, en virtud del valor primordial asignado a la función requirente, en la que prevalece el principio "acusatorio" y el de "unidad" del Ministerio Público (art. 3, ley cit.).
En ese entendimiento, frente a un recurso fiscal, el superior, en el caso el señor Procurador General ante la Suprema Corte, debe expedirse sobre si: 1) lo sostiene (pudiendo incluso mejorarlo), abriéndose recién allí la jurisdicción del Tribunal; o, 2) lo desiste, mediante dictamen fundado, obturando la posibilidad revisora.
Como se expuso en tales precedentes, ese desistimiento puede tener lugar obviamente cuando el Procurador así lo indica de manera clara y expresa, pero también cuando de los fundamentos del dictamen resulta inequívocamente que aquel de ningún modo sostiene o defiende total o parcialmente la pretensión impugnativa del representante de la vindicta pública.
En líneas generales, salvando las especificidades de cada régimen y, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ello es así porque al no acompañar la Procuración al fiscal recurrente, "desapodera" al tribunal de toda jurisdicción sobre el caso (Fallos 317:372). Y ello debe reputarse con tal alcance no solo cuando hubiera formulado una explícita indicación de desistimiento o no acompañamiento de la vía emprendida (conf. Fallos: 238:586; 295:107; 7317:372 cit.; 323:176; 323:423; e. o.), sino además cuando esa voluntad era asequible merced al propio contenido del dictamen, verbigracia: porque "...la manifestación del Procurador General de no adherirse al recurso deducido por el Procurador Fiscal, importa un desistimiento por parte del fisco" (Fallos: 28:170 [1885]) también, cuando había expresado "...que se abstiene de sustentarlo" (Fallos: 186:445); o "...sostiene la improcedencia" del recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara (Fallos: 202:156; 207:152); igualmente, cuando hubiere expresado que "...no encuentra motivos jurídicos que permitan sustentar la doctrina desarrollada por el apelante" (Fallos: 202:48); o porque derechamente expresa que "...no habr[á] de mantener[lo]" (Fallos: 325:499). Y, en lo que aquí importa, de igual modo, si, quien debe sostener el recurso fiscal, en lugar de eso estima que "...carece de objeto porque cualquier pronunciamiento al respecto sería abstracto" -en esa ocasión, "...por hallarse el interesado fuera de la jurisdicción nacional"- (Fallos: 209:239).
V. Por todo lo expuesto, en función de lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto considera que el recurso carece de virtualidad por no existir interés actual (v. fs. 118/122), debe tenerse por desistido, quedando, por ende, esta Suprema Corte sin jurisdicción (conf. arts. 21 inc. 8, ley 14.442 y 487, Cód. Procesal Penal; conf. en lo pertinente P. 84.702, sent. de 29-III-2006; P. 88.980, sent. de 8-III-2007; P. 99.516, sent. de 15-X-2008; P. 105.957, sent. de 30-III-2011 y P. 132.753, sent. de 29-VI-2021).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Atento el modo en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde abordar el tratamiento de la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se tiene por desistido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 487 seg. párrafo, CPP y 21 inc. 8, ley 14.442).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2021 17:24:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:42:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 12:17:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 12:20:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 12:23:37 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 12:29:35 hs. bajo el número RS-161-2021 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia