Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132711
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.711, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ recurso de queja en causa n° 92.393 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a H., M. L.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de abril de 2019, hizo lugar al recurso de la especialidad deducido por la defensa de M. L. H., casó el veredicto condenatorio dictado por el Tribunal Criminal n° 3 de Bahía Blanca, y absolvió al nombrado por el delito de abuso sexual reiterado agravado por la situación de convivencia preexistente, en concurso real (v. fs. 72/90 y 1/29).
Contra esa decisión el señor fiscal ante el órgano casatorio, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 92/106 vta.) que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 107/111).
Deducida queja por aquella parte (v. fs. 114/119 vta.), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte (v. fs. 127/128 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 151/154), dictada la providencia de autos (v. fs. 158) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso, el doctor Carlos Altuve, denunció que la sentencia del Tribunal de Casación incurrió en un supuesto de arbitrariedad cuando absolvió al imputado M. L. H. del delito de abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente) por el que venía condenado.
Al desarrollar los agravios explicó que la "arbitrariedad por fundamentación aparente" surgía de la circunstancia de que -a su entender- existía prueba de cargo suficiente y concordante como para destruir el estado de inocencia del acusado, pero que, sin embargo, aquella había sido valorada de un modo fragmentado y arbitrario por el órgano casatorio (v. fs. 96 vta.).
Señaló que los propios recaudos invocados por el Tribunal de Casación para verificar la credibilidad en casos de testimonios únicos, se vieron corroborados respecto del testimonio aportado por la víctima de los hechos objeto de esta causa (v. fs. cit.).
Al respecto señaló la persistencia en la incriminación sin incurrir en "ambigüedades ni en contradicciones" (fs. 97 y vta.).
Luego se ocupó de la verosimilitud de los dichos de la víctima y allí destacó la coincidencia del relato con las circunstancias de tiempo y espacio narradas y avaladas por los amigos de aquella.
Asimismo, hizo pie en las alteraciones de conducta de la damnificada y su correspondencia con los tiempos de los hechos; adunó a ello el reconocimiento que hiciera el propio imputado en cuanto a los ingresos a la habitación de la niña en la época de los abusos (aunque aludiendo a fines diversos a los abusos sexuales).
Por último, en cuanto al requisito de "incredibilidad subjetiva" del testimonio de la víctima, señaló que la investigación tuvo su génesis en las manifestaciones espontáneas que la madre de la damnificada formuló ante la asistente social Stella Anselmi y de los propios dichos de la niña ante la psicóloga, licenciada María Rosa Ferrari, en el año 2011, en oportunidad en que dichos profesionales se apersonaron al domicilio en que vivía la entonces menor a fin de realizar un informe socio-ambiental en el marco de otra investigación penal preparatoria (IPP) que tramitaba en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (v. fs. 98).
El recurrente enfatizó este último dato para descartar cualquier tipo de animadversión de la víctima hacia H..
También calificó al relato de A. A. D. como sumamente claro, contundente y sin contradicciones que permitieran sembrar un manto de dudas e indicó elementos de prueba adicionales y concordantes que posibilitaron al tribunal de instancia arribar a una sentencia de condena.
Destacó que los informes realizados por la asistente social y la psicóloga dieron cuenta de que A. A. D. se mantuvo conteste en sus dichos y que así lo entendió el tribunal de origen en su pronunciamiento condenatorio.
A contrario, señaló que el Tribunal de Alzada dudó infundadamente de la sinceridad de los dichos de A. A. D., a pesar de que su relato "...cumplió [...] uno y cada uno de los requisitos impuestos por el tribunal revisor cuando se trata de un testimonio único" (fs. 99 vta.).
Agregó que la Casación exigió la corroboración de la evidencia indicada mediante producción de prueba adicional, lo que catalogó como un requisito de "prueba tasada", sistema no adoptado por nuestro régimen procesal vigente y contrario al principio de libertad probatoria según el cual los hechos del proceso pueden acreditarse por cualquiera de los medios de prueba establecidos en la ley (v. fs. 100).
Denunció así el apartamiento de la normativa que rige en el caso conforme a las reglas locales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 100).
Trajo a colación los fallos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que, cuando se investigan hechos de violencia sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos probatorios independientes.
Asimismo, invocó la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, por la cual el Estado argentino se comprometió, y por la cual existe un deber de investigación y sanción de esta violencia, como así también de adaptar los procedimientos internos para no revictimizar a quienes han sufrido este tipo de delitos (Convención de Belém do Pará).
En síntesis, postuló que la decisión del Tribunal de Casación, en cuanto absolvió por el beneficio de la duda al imputado H., construyó una supuesta orfandad probatoria desentendida infundadamente de las constancias incorporadas en la causa y de la obligación estatal de debida diligencia, y de la obligación específica en materia de violencia de género de investigar y sancionar a los responsables.
De seguido argumentó la arbitrariedad del pronunciamiento por "...haberse extraído de ciertas piezas probatorias una conclusión que no surge abiertamente de sus contenidos" para lo que invocó doctrina emergente de la causa P. 73.154 de este Tribunal, sentencia de 24-IX-2003 (v. fs. 101).
En este punto, criticó la decisión del tribunal intermedio de ponderar como prueba de descargo los dichos del hermano de la menor (G. W. D.), quien declaró no haber visto nunca una situación de abuso sexual como la denunciada por su hermana.
Sostuvo que el Tribunal de Casación efectuó un análisis parcial y fragmentado del testimonio del joven -quien compartía la habitación con su hermana- haciendo especial hincapié en que afirmó no haber visto las situaciones que se denuncian.
Consideró sobrevalorado dicho testimonio, que se le otorgó una trascendencia y significancia que no poseía dejando en evidencia las falencias de Casación para fundamentar la duda, puesto que las manifestaciones del joven en rigor dejaban entrever que se había enterado muy por arriba de los hechos -debido a que era muy chico-, pero que tal testimonio nada aportó sobre la inocencia de H..
Por último, aludió a la arbitrariedad del fallo por haberse extraído de ciertas piezas probatorias una conclusión que no surgía abiertamente de sus contenidos y que resultó intrínsecamente contradictoria (v. fs. 103).
En este punto cuestionó la pretendida orfandad probatoria relatada por los jueces de Casación respecto de cada uno de los indicadores de sospecha de padecimiento de abuso sexual entre los que mencionó "...los cambios bruscos en el rendimiento escolar", acreditados con los informes de los institutos educativos junto a los vastos testimonios que reseñó.
Adicionó a esto lo relativo a los "...trastornos del sueño" de la menor, objetando que el órgano revisor le restara valor probatorio al cuestionar las referencias temporales.
Adunó lo relatado por amigos de la joven que declararon en la causa y sus propios familiares que dieron cuenta de su consumo de estupefacientes y los intentos de suicidio padecidos por aquella.
Por todo ello concluyó en la arbitrariedad del fallo por apartamiento infundado de las constancias de autos prescindiendo arbitrariamente de fragmentos de testimonios de cargo en general y de la víctima en particular, lo que reflejó una fundamentación aparente de la decisión.
II. El señor Procurador General presentó su dictamen por el cual solicitó que se haga lugar al recurso (v. fs. 151/154).
III. Para comenzar corresponde que me retrotraiga al fallo de primera instancia, por el cual el tribunal en lo criminal tuvo por cierto que "...sin fechas precisas pero en el período comprendido entre el año 2006 hasta 2007, cuando la menor A.A.D. tenía entre nueve y diez años de edad (nació el 9 de enero de 1997) en el interior de una habitación del domicilio de calle Catriel n° … de Bahía Blanca, fue víctima de abusos sexuales reiterados por parte de su padrastro quien, aprovechándose de la situación de convivencia pre-existente, la confianza de la víctima y la circunstancia de que ésta se encontraba descansando, la sometía a tocamientos de sus zonas íntimas por debajo de las prendas..." (fs. 1 vta. y 2).
El órgano de juicio, tras contextualizar y considerar las características propias de los delitos sexuales intrafamiliares, valoró como medular al testimonio de la víctima para probar el injusto, y lo estimó veraz (v. fs. 13 y vta.).
También consideró que la pesquisa llevada adelante había logrado conformar -con anclaje fundamental en ese testimonio- un cuadro probatorio suficiente (v. fs. cit.).
Advirtió asimismo que no había sido A. quien realizara la denuncia que inició el proceso, sino que la investigación se había generado a partir de los dichos de su madre, A. de P., quien en ocasión de ser visitada por una asistente social relató que su hija le había narrado que, cuando contaba con nueve años de edad, había sido abusada por el padrastro.
Ponderó la ratificación en el juicio de los dichos previamente relatados en varias ocasiones y ante diferentes funcionarios, a lo que sumó los testimonios de oídas de amigos y conocidos que refirieron que A. les había contado sobre los abusos sufridos a manos de su padrastro (v. fs. 14 vta. y 15).
También los consideró corroborados por indicios de tiempo, modo y personas desprendidos de los informes iniciales (v. fs. 15), extrayendo diferentes indicadores. Entre ellos, en primer lugar, mencionó los trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos) también relatados por A. de P.. En segundo lugar, cambios bruscos en el rendimiento escolar (la madre relató que no estudiaba y dormía durante la clase, lo que la llevó a repetir tres años de escuela). También tomó como indicadores las mentiras; las quejas somáticas (por ejemplo, aducir dolor de panza a la hora de irse a la cama); las conductas autoagresivas a raíz de las cuales varias veces se cortó en brazos y piernas.
De igual modo fueron valorados los intentos de suicidio y el abuso de estupefacientes.
Finalmente, a pesar de la ferviente defensa que la propia progenitora hiciera del imputado, estimó que la prueba alcanzaba para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado (v. fs. 15/16).
IV. Impugnada la condena por las partes (Fiscalía, particular damnificada y defensa de H.), el Tribunal de Casación hizo lugar al reclamo de la defensa del imputado y lo absolvió al considerar que la conclusión probatoria del tribunal de la instancia no encontró respaldo en las evidencias rendidas e incorporadas al debate (v. fs. 87).
Mediante el voto del magistrado ponente Daniel Carral, se analizó que la condena se había apoyado "...fundamentalmente en el testimonio de A.A.D." (fs. 78 vta.). Y si bien sostuvo que no era inválido estructurar un veredicto de condena sobre la base de un único testimonio directo, ello no significaba que la libertad de valoración no tuviera reglas (v. fs. 78 vta., 79 y luego reiterado en 82).
En tal entendimiento puntualizó que debía comprobarse la concurrencia de tres requisitos: ausencia de incredibilidad subjetiva; verosimilitud; y persistencia en la incriminación (v. fs. 79).
Luego consideró que el Ministerio Público Fiscal había omitido recolectar prueba esencial independiente del relato de la entonces menor damnificada (v. fs. 80 vta.), lo que generó arribar al juicio sin un examen pericial psicológico respecto de la víctima, con una declaración tras seis años de radicada la denuncia (v. fs. 81 vta.).
Entendió que la acusación no obtuvo información relevante sobre indicadores en la esfera psíquica compatibles con un abuso sexual infantil, como tampoco en lo que se refiere a la credibilidad del relato, aspectos que resultaban trascendentes a tenor de la versión de los hechos presentada por el acusado y su defensa (v. fs. 82).
Analizó el relato del imputado H., quien negó los hechos y los atribuyó a importantes problemas de conducta de quien en esa época era menor, puntualmente adujo que la formulación de la imputación se debía a un episodio en el cual el imputado, a raíz de una mala contestación de A. A. D. a su madre, la había puesto bajo la ducha en el baño, episodio también relatado por la licenciada Anselmi (v. fs. 82 y vta.).
De la aseveración del imputado referida a que, a raíz de esta acusación y los problemas de conducta la llevaron a A. A. D. a realizar un tratamiento psicológico, el magistrado encontró cierto respaldo en un acta del año 2011 labrada en la escuela a la que concurría, donde se invocan dichos de la víctima cuando señala que habría concurrido a psicólogos pero que "...no le han servido de nada" (fs. cit.).
También insistió en las falencias probatorias de la Fiscalía, a la que le achacó no haber obtenido el testimonio de la psicóloga Giacotta, quien habría brindado tratamiento a la joven (v. fs. 83).
En cuanto al testimonio del hermano, G. W. D., destacó que éste afirmó que nunca vio una situación de abuso, y lo unió a la versión del imputado de la que surgía que ambos hermanos dormían en camas individuales "pegadas", reprochando que los jueces del juicio no dieran cuenta de la carencia de valor convictivo emergente -a su criterio- de ese relato (v. fs. 84 y vta.).
Descartó que los informes de los institutos educativos a los que concurrió A. A. D. a partir del año 2009 resulten útiles dado que los abusos ocurrieron entre el 2006 y el 2007.
En cuanto a la progenitora A. d. P., por un lado, le quitó toda credibilidad a partir del hecho constatado de que le ofreció dinero a su hija para que cambie su testimonio, mas luego ponderó que las referencias a cambios de conducta en la escuela datan de cuando la menor tenía siete u ocho años. Lo que no podría ser tomado como indicio de sospecha cuando los abusos "...habrían ocurrido con posterioridad", entre los nueve y diez años.
Igual crítica mereció el trastorno del sueño, que sostuvo, podía obedecer a múltiples causales. A los restantes indicadores les restó valor por falta de producción probatoria (conductas autoagresivas, intentos de suicidio y consumo de estupefacientes; v. fs. 86).
Finalmente descartó los testimonios de amigos y conocidos de la víctima por entender que no aportaban elementos en favor de la hipótesis acusatoria y concluyó en que no se verificaba un estado de certeza propio de una sentencia condenatoria, respecto de la ocurrencia de los hechos endilgados a M. J. H.; y en consecuencia, dicha insuficiencia probatoria llevaba a un estado de duda insuperable que, atendiendo la manda del art. 1 del Código Procesal Penal debía resolverse a favor del acusado (v. fs. 88 y vta.). De ese modo, quedaron desplazados los demás reclamos de la defensa por inoficiosos, y también los recursos de la acusación pública y privada, quien se conformó con lo así decidido al no presentar impugnación, a excepción del fiscal, con el alcance en que fuera concedido.
V. Más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca el impugnante -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso (conf. doctor. CSJN, Fallos: 299:17; 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN, Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), extremo que no se aprecia en el caso (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 124.923, sent. de 6-VI-2018; P. 128.451, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
En efecto, el revisor parte de considerar que un único testimonio, si está correctamente valorado y motivada su credibilidad, tiene virtualidad procesal para contrarrestar la presunción de inocencia del imputado; sin embargo, concluye, con base en consideraciones que no lucen suficientes a la luz del completo escrutinio probatorio apreciado por el a quo , que, en el caso, no cabría otorgarle credibilidad y peso convictivo fundamental a la declaración de la víctima.
Esa incompletitud impide calificar a la decisión judicial como un acto jurisdiccional válido, desde que imposibilita conocer a cabalidad los motivos por los cuales la declaración de A. A. D. -pese a señalarse que no se dudaba de su sinceridad- no abastecería el estándar suficiente para la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría penalmente reprochada a H. luego del juicio.
Aun cuando las críticas a la tarea investigativa de la Fiscalía puedan ponderarse, ellas de por sí no explican la base racional en la que se sustenta la duda que generó la absolución, como así tampoco los elementos valorados por el tribunal intermedio aportaron información o datos que confronten el relato de la víctima a punto de evidenciar la presencia de una duda razonable no despejada por la condena del órgano de grado.
En tal sentido, las autoagresiones, los trastornos del sueño, los cambios de conducta en la escuela, y hasta un intento de suicidio que se tuvieron por corroborados en el veredicto de primera instancia a partir del relato de A.A.D y de los testimonios de dos de los amigos de ésta, quienes manifestaron haber visto las cicatrices consecuencia de ello, aparecen fragmentados y parcializados en el análisis de la sentencia puesta en crisis.
En particular, se aprecia insuficientemente explicado el descarte que se realiza de lo testimoniado por los amigos de la joven, con la mera indicación de que no habrían aportado ninguna información relevante para el caso, sin ponderar que contribuyen a corroborar el sostenimiento de la versión de la víctima a través del tiempo, así como respecto de las consecuencias psico-físicas por ella padecidas. De igual modo, nada se dice acerca de lo relatado por O. C., quien refirió conocer a A. desde muy chica, habiendo concurrido muchas veces a dormir a la casa de la víctima, advirtiendo ya entonces sobre el destrato que aquella tenía en el entorno familiar, a la vez que aludió a un episodio singular acaecido en una de las oportunidades en que pernoctó allí y que justamente involucraba al denunciado, al cambiarla de cama en la noche (v. fs. 24 de la copia de la sentencia de grado).
Lo mismo respecto de la dinámica familiar en la que estaba inserta la víctima y que dio cuenta de su estado de vulnerabilidad frente al marcado interés que presentaron sus familiares más cercanos (hermano y madre) atestiguando en favor del inculpado. A ello cabe sumar la circunstancia constatada de que la propia progenitora ofreciera dinero a la damnificada para que variara su testimonio. Tal contexto f
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