Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133814
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.814-Q, "P. C., M. M.. Queja en causa N° 92.465 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Borinsky.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de agosto de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de M. M. P. C. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que -con integración unipersonal- lo condenó a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (conf. copias digitalizadas adjuntas en el sistema informático Augusta).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular del imputado -doctor César Albarracín- dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, los que fueron desestimados por la referida Sala el 9 de junio de 2020 (v. copias digitalizadas). Presentada la queja pertinente en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 1/7), esta Suprema Corte le hizo lugar a través de la resolución del 29 de abril de 2021, concediendo las vías extraordinarias incoadas (v. fs. 12/15).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 24/35), dictada la providencia de autos (v. fs. 37) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Conforme se desprende de las copias digitalizadas aportadas por la parte, el defensor particular, con invocación del art. 168 de la Constitución provincial, denuncia la omisión de tratamiento de tres cuestiones esenciales, que refiere oportunamente planteadas.
I.1. La primera se vincula con la ausencia de adecuación típica del hecho descripto en el veredicto.
Sintetiza que esa parte cuestionó ante el órgano revisor que se considerara probado que su asistido obligó a la víctima a mantener relaciones sexuales contra su voluntad; y que esa materialidad fáctica no encuadraba en el art. 119 del Código Penal porque no abastecía ninguna de las modalidades típicas -en especial, menciona las de "violencia" y "amenaza"- (v. fs. 5).
Argumenta acerca del carácter esencial del planteo, pues si el hecho descripto en el veredicto no encaja en esa previsión legal, correspondía absolver al imputado o modificar la subsunción por otra más benigna; siendo que no se trata de una cuestión que haya sido desplazada por otra (v. fs. cit.).
El fragmento de la sentencia impugnada que sostiene que en el relato de la víctima se describen precisos momentos en que se evidenció la violencia del acto y comprueba la tipicidad objetada, en modo alguno abastece -a su criterio- el abordaje del planteo indicado (v. fs. 6).
Luego de efectuar diversas consideraciones generales acerca de los alcances de la función revisora de la Casación (v. fs. 6/8), expresa que el tribunal intermedio tomó una doble decisión: la de no contestar el agravio de la defensa; y la de intentar ocultar ese déficit incorporando nuevas circunstancias a la plataforma fáctica del veredicto -por ejemplo, que el imputado hubiera empleado violencia-, para así convalidar la calificación legal actuada en primera instancia (v. fs. 8).
Justifica en ello que la cuestión sometida a revisión no ha recibido respuesta, y que las consideraciones " ex novo " que ha hecho el tribunal de Casación no subsanan aquel defecto (v. fs. 9 y 10).
I.2. La siguiente, referida al planteo por "...inexistencia de conocimiento y voluntad" (fs. 10). En resumen, recordó que la sentencia de primera instancia sostuvo que su defendido "no advirtió" la ausencia de consentimiento por parte de la víctima, y sobre esa base el recurrente adujo que no se habría configurado el dolo -conocimiento y voluntad- del imputado que requiere el tipo penal aplicado (v. fs. 12).
Afirma que el a quo, en lugar de responder dicha crítica, incurrió nuevamente en el vicio del reexamen de la prueba del caso, añadiendo elementos que le permitieron sostener que la actuación de P. había sido dolosa (v. fs. 12/14).
I.3. Por último, cuestiona la falta de tratamiento del reclamo relativo a la incorporación indebida de prueba al debate, y la violación indirecta de la defensa en juicio (v. fs. 14).
Señala que el órgano revisor estimó que la declaración del testigo S. resultaba esencial para conformar el plexo probatorio de cargo, pero omitió responder el reclamo sobre el pedido de exclusión probatoria de ese elemento por haberse incorporado en infracción del debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. 15 y 16).
En suma, solicita se declare violado el citado art. 168 de la Constitución provincial y se anule la sentencia impugnada (v. fs. 16).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no es procedente.
III. La completa lectura del pronunciamiento en crisis certifica que no ha existido omisión de tratamiento de las cuestiones esenciales que se dicen preteridas.
III.1. En efecto, del voto del juez Maidana -que concitó la adhesión simple del doctor Carral- surge que, en contestación al reclamo vinculado con la ausencia de dolo por parte del imputado, se resolvió: "...la víctima en su relato ha dejado en claro que su reprobación a tener relaciones sexuales fue exteriorizada y conocida por P. -lo que descarta el planteo subsidiario de ausencia de dolo-, en ese sentido detalló 'yo le decía que parara. Él decía no pendeja de mierda. Él me decía que yo le prometía que íbamos a coger por el culo y que no lo hacía [...] yo gritaba primero por dolor y segundo porque le pedía que me soltara, que me dolía. Él me decía que no, pendeja de mierda me haces siempre lo mismo [...] yo ese día no quería tener relaciones sexuales ni anales ni vaginales'"; y que "...el hecho de que se haya dirigido voluntariamente al domicilio de su 'pareja', con la cual solían tener relaciones sexuales, no implica que haya consentido el acto, y aun cuando el encartado haya supuesto que la finalidad del encuentro era de índole sexual, fue clara la demostración de la víctima de que tal apreciación subjetiva era errónea" (fs. 22 y 23 de las copias digitalizadas respectivas).
En otro tramo del pronunciamiento, y con relación a la acreditación de la violencia que exige el tipo aplicado, se expresa: "[l]a valoración efectuada por la Jueza de grado permite sostener que, por más que en el estudio médico no se evidencie la presencia de lesiones extragenitales -lo que coincide con lo expresado por C., en cuanto afirmó que no hubo golpes-, el acto sexual se realizó sin el consentimiento de la víctima, la cual fue llevada con violencia -mal trato verbal y arrastrada de los pelos- hasta la habitación y, una vez allí, fue sujetada de sus extremidades inferiores mientras se consumaba el coito" y que "...en el relato de L. C. se describen precisos momentos en que se evidenció la violencia del acto lo que comprueba la tipicidad exigida en el art. 119 del CP, ello a pesar de que otras secuencias, como sería la inversión de posiciones, permitirían, quizás por la falta de detalle al respecto, suponer una disminución de la intensidad de dicha violencia, pero que de ningún modo conllevan a sostener la atipicidad de la conducta como pretende la Defensa" (fs. 23 y 24, ídem).
III.2. De la reseña de los agravios puede apreciarse que la queja se orienta no ya a la preterición de tales objeciones, sino a la forma en que fueron encaradas por el a quo , lo cual -se sabe- no es materia revisable mediante el recurso intentado.
En ese sentido ha expresado esta Suprema Corte que "Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad interpuesto si en el pronunciamiento atacado se ha abordado expresamente la parcela que se dice preterida, sin que la brevedad de la fundamentación o el acierto de su tratamiento pueda determinar la nulidad del fallo" (causa P. 115.560, sent. de 18-III-2015). También, que "La obligación de los tribunales colegiados de resolver las cuestiones esenciales no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones" (conf. causa P. 127.492, sent. de 13-XII-2017; e.o.).
III.3. Luego, con relación a la denuncia de omisión de tratamiento de la incorporación indebida de la declaración testimonial de S. al debate, se advierte que dicho reclamo carece de todo fundamento que justifique el carácter esencial de la cuestión. En tal sentido, tiene dicho esta Suprema Corte, que constituye carga del recurrente demostrar el carácter esencial y la incidencia que la cuestión que se dice omitida tendría en el resultado del proceso (conf. causas P. 124.663, sent. de 29-XI-2017 y sus citas; P. 121.005, sent. de 13-III-2019; e.o.).
Por lo demás, la denuncia de violación indirecta a la defensa en juicio, es un tema ajeno a la vía deducida y eventualmente subsanable a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; e.o.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del Ministro ponente, doctor Daniel Soria, en cuanto no hubo en el caso una omisión de tratamiento de una cuestión esencial, ni corresponde evaluar la omisión de tratamiento de la incorporación por lectura del testimonio que indicó el recurrente (del testigo S.). Ello, dado que comparto las razones y fundamentos expuestos en su voto.
En cuanto a la denuncia indirecta de infracción a la defensa en juicio, en mi criterio no corresponde anteponer los límites formales que poseen las vías extraordinarias locales cuanto a través de alguna de ellas se introdujo de manera suficiente una cuestión federal, ya que su análisis en tales términos corresponde a esta Corte en función de su carácter de superior tribunal de la causa, a los fines de posibilitarle al recurrente el eventual acceso al Máximo Tribunal del país (conf. doctr. CSJN "Strada", 308:490; "Christou", 310:324; "Di Mascio", 311:2478 y SCBA causa P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; e.o.).
Ahora bien, tal como lo indica el ponente, en el caso también se interpuso y se concedió la vía de inaplicabilidad de ley en la cual introdujo los planteos de pretensa índole federal, por lo que el indicado, será también allí abordado (conf. mis votos en causas P. 113.640, sent. de 13-IX-2014; P. 120.878, sent. de 09-III-2016; P. 121.259, sent. de 17-V-2017; P. 130.227, sent. de 27-II-2019; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Borinsky , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El recurrente denuncia, en primer lugar, violación al principio de in dubio pro reo y la afectación indirecta del derecho al recurso al confirmarse la condena pese a la exclusión de prueba empleada por el tribunal revisor para la formación de su convicción (v. fs. 11).
En prieta síntesis, argumenta que ante Casación esa parte cuestionó la razonabilidad y logicidad de los argumentos que utilizara la jueza del tribunal oral respecto de los elementos que fueron considerados para corroborar la declaración de la víctima; en particular, lo concerniente a la falta de consentimiento de esta para mantener relaciones sexuales con el imputado (v. fs. cit.).
En esa dirección, destaca que su parte hizo hincapié en que ni el informe médico, ni la declaración del doctor Antuña refrendaron tal versión, y que el órgano revisor coincidió con la defensa al afirmar que tales dictámenes no resultaban determinantes para acreditar que el acto sexual no haya sido consentido. Añade que, de modo similar, criticó la valoración de dos testimonios incorporados por lectura -de Ángela Andrea Cugut y de F. M. G.-, y que el tribunal intermedio acompañó su reclamo prescindiendo de su valoración frente a la suficiencia del resto del caudal cargoso (v. fs. 12/18).
Alega que, en dicho escenario, se ha violado el debido proceso, la defensa en juicio, y el principio de inocencia que exige certeza para el dictado de un fallo condenatorio (conf., el precedente de esta Corte, P. 54.882, sent. de 8-VIII-1996, que cita -v. fs. 18 y 19-).
Luego de transcribir -en extenso- los planteos de esa parte y la respuesta del órgano revisor, concluye que este no contestó los argumentos de la defensa, y que de forma arbitraria afirmó que los elementos excluidos no resultaban indispensables para la conformación de la convicción sincera, desconociendo de tal forma lo afirmado en contrario en la sentencia de juicio, subrogándose indebidamente en las potestades de los jueces del juicio (v. fs. 19/21).
En definitiva, concluye que el tribunal revisor ha objetado la validez y conducencia de tres elementos de convicción para la condena de la jueza de grado y, sobre esa base, debió anular el veredicto y sentencia y remitir la causa para realización de un nuevo juicio (v. fs. 22).
I.2. En segundo término, denuncia la extensión arbitraria de la tipicidad del art. 119 del Código Penal, así como la violación de los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional por la incorporación de datos fácticos novedosos en la etapa revisora, con afectación a la reformatio in pejus (v. fs. 23).
Aduce que la Casación incurrió en arbitrariedad al desentenderse del planteo de su parte relativo a que la figura típica aplicada requiere la configuración de determinadas modalidades, como violencia o amenazas, que -en su criterio- no se habían acreditado. Y, en todo caso, en el pronunciamiento no se afirma la existencia de violencia ni amenazas como modalidades comisivas, sino de mera ausencia de consentimiento (v. fs. 24/26).
Con relación a lo resuelto acerca de que del relato de la víctima se describen precisos momentos en que se evidenció la violencia del acto que comprueba la tipicidad exigida, alega que se trata de un aspecto fáctico que aparece novedosamente, por lo que la defensa quedó en una situación de virtual vulneración de la garantía de la doble instancia (v. fs. 26 y 27).
Reitera que todo el recurso giró en torno a la existencia o no de consentimiento por parte de la víctima, pero no acerca del empleo de violencia que ahora se afirma como hecho probado, que no fue una cuestión sometida a la bilateralidad, y que por tanto conduce a una infracción virtual de la prohibición de reformatio in peius , como derivación de la defensa en juicio (v. fs. 27).
Para concluir, tilda de arbitraria la valoración que el sentenciante revisor hizo del testimonio de la víctima, argumentando que los informes médicos no permitirían acreditar la existencia de esa violencia, ni tampoco surgiría probada a partir de los otros elementos ponderados por el a quo , cuando antes bien -a su criterio- hay datos que se contraponen a esa versión, tales como que V. C. se sacó voluntariamente la ropa, que mantuvo con su asistido una relación sexual por quince o veinte minutos, que no tiene lesiones compatibles con el uso de la fuerza o violencia, que hubo en el contexto de la misma relación un cambio de posición decidida por la víctima y que, días después, incluso meses, ha seguido enviando mensajes de afecto hacia su defendido (v. fs. 28 y 29).
Finalmente, destaca que de los procedimientos clínicos deriva que la víctima al momento del examen no presentaba lesiones traumáticas clínicamente diagnosticables de reciente data y que la propia denunciante admitió su inexistencia (v. fs. 29 y 30).
I.3. En tercer lugar, el recurrente denuncia la arbitrariedad de la sentencia por revisión aparente de la condena en detrimento del derecho al doble conforme y por no resultar derivación razonada de las constancias de la causa (v. fs. 30).
Luego de reproducir in extenso las críticas llevadas a la instancia intermedia en pos de acreditar la arbitraria ponderación del testimonio de la víctima, refiere que el a quo abordó tal cuestión de forma elíptica, sin dar "...respuesta fundada a ninguno de los planteos de esa parte" (fs. 30/38).
De igual modo, señala que algo similar sucedió ante la denuncia de arbitrariedad por haber descreído de los dichos del imputado, cuya respuesta resultó escueta en el sentido de que no hay razones para suponer que la víctima pudiera denunciar falsamente a P., más no explica qué razones podría haber tenido el nombrado para decidir violar a una persona con la que mantenía asiduas relaciones sexuales, ni por qué la víctima estaría motivada a seguir hablando y querer encontrarse con el mismo con posterioridad a la denuncia del hecho (v. fs. 39/42).
Tacha de arbitraria la afirmación del órgano revisor que convalida los motivos dados por la jueza de grado para restar entidad convictiva a los relatos de los testigos propuestos por la defensa. Y en cuanto al testigo S. refiere que no ha percibido ninguna de las circunstancias del hecho que fundan la imputación, ni atestiguado tampoco sobre algún punto debatido (v. fs. 43).
Critica, además, que el sentenciante tampoco diera adecuada respuesta al absurdo denunciado en lo tocante a la "prueba objetiva incorporada al debate" que se vincula esencialmente con el actuar de la víctima y del imputado con posterioridad al hecho (v. fs. 43/47).
Suma la falta de abordaje a la denuncia de estado de indefensión del imputado durante el juicio oral, planteo que vincula con la indebida aceptación de la incorporación del testigo S., tachando de arbitraria la respuesta del órgano revisor al referir que la crítica se circunscribe a una divergente interpretación sobre la pertinencia de la prueba, pero en modo alguno implica una vulneración a garantías constitucionales (v. fs. 48/51).
I.4. Por último, impugna por arbitraria la revisión efectuada a la crítica sobre el conocimiento que había tenido el imputado de la negativa de la víctima a tener relaciones sexuales ese día. Alega que la respuesta dada por el a quo con apoyo en los dichos de la víctima incorpora un hecho no contenido en la sentencia de origen que resulta una afirmación fáctica novedosa, y que es arbitraria pues no se hace cargo de todos los elementos en contrario que se expusieron en el recurso (v. fs. 52/54).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. El tribunal intermedio reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos "...el día 2 de enero de 2012 a las 20.00 horas aproximadamente, un sujeto masculino y mayor de edad, en la vivienda de su propiedad ubicada en … … de Llavallol -partido de Lomas de Zamora- obligó a L. E. C. a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, accediéndola vía vaginal y anal ocasionándole lesiones de desgarro anal en hora I, III, VI y XII y excoriaciones, así como equimosis en hora VI y XII en introito vaginal" (fs. 10 de las copias digitalizadas respectivas).
III.1. En cuanto al primero de los planteos reseñados, cabe recordar que en el recurso de casación la defensa de P. había denunciado que la sentencia de mérito incurrió en arbitrariedad y absurdo al considerar acreditado con certeza que la víctima no consintió la relación sexual. Los argumentos centrales de dicho planteo consistieron en que la versión de la denunciante sobre la aludida falta de consentimiento no se hallaba corroborada por los informes médicos ni por el desarrollo explicativo que hizo en
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