Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133556
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.556, "Ramos, Gabriel Fernando s/ queja en causa n° 92.505 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral, Maidana, Budiño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el pronunciamiento dictado con fecha 26 de septiembre de 2017, suspendió el trámite de la queja presentada por la defensa oficial de Gabriel Fernando Ramos en la causa P. 117.297 -registro de esta Suprema Corte-, con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 1, CSJN legajo 2250/2016/CS1).
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del día 18 de junio de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial a favor de Gabriel Fernando Ramos, contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, que confirmó el auto del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental que resolvió declarar la vigencia de la acción penal por no haber transcurrido el plazo de prescripción en la causa seguida al nombrado respecto de los delitos de abuso sexual calificado en concurso real con abuso sexual calificado, ambos en los términos del art. 119 párrafos primero, tercero y cuarto inc. "b" del Código Penal, en la modalidad de delito continuado -dos víctimas- (v. fs. 10/17 pie de página, de la presente causa).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 19/45 vta.), el cual fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 46/50); ello motivó la deducción de un recurso de queja ante esta Corte (v. fs. 53/63 vta.).
Esta Suprema Corte hizo lugar a la vía directa deducida y, en consecuencia, concedió la impugnación extraordinaria articulada (v. fs. 64/66).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 81/89 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 91), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 94/97), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial de Gabriel Fernando Ramos denunció la errónea y arbitraria interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, en infracción del principio de legalidad y, supletoriamente, la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1, CADH; v. fs. 25 vta. y 26).
I.1.a. En primer lugar, afirmó que el Tribunal de Casación Penal extendió analógicamente la expresión "...sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" del inc. "e" del art. 67 del Código Penal a actos que no son tales, en infracción del principio de legalidad.
Sostuvo que pretender que la resolución del Tribunal de Casación dictada el día 25 de octubre de 2011 sea entendida como sentencia condenatoria significa decidir con prescindencia del texto legal; por ende, dicha interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal por parte de la Casación constituyó una extensión analógica prohibida por el principio de máxima taxatividad legal que deriva del de estricta legalidad (art. 18, Const. nac.; v. fs. 27 vta. y 28).
En sustento de su postura citó doctrina de autor y diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 28/29).
En esa dirección, reclamó que se revoque la resolución recurrida por infracción del principio de legalidad y se restrinja la inteligencia del inc. "e" del citado artículo a la sentencia condenatoria en sentido estricto (la que impone la condena en primera instancia), y se declare prescripta la acción penal (v. fs. 29 y vta.).
I.1.b. Por otro lado, argumentó que la interpretación que realizó el Tribunal de Casación respecto del art. 67 inc. "e" del Código Penal es arbitraria, en tanto otorga carácter interruptivo de la prescripción a decisiones que son producto del ejercicio de la doble instancia y la defensa del imputado (arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 29 vta. y 30).
En tales condiciones, afirmó que no puede ser interruptiva del curso de la prescripción una decisión que es el producto del ejercicio de derechos de rango supremo del imputado; trajo a colación diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 30 vta./32).
I.1.c. Seguidamente, volvió a tachar de arbitraria la interpretación del tribunal intermedio respecto a la mencionada norma por quebrantar el principio de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.) en el marco de la distribución federal de competencias legislativas (art. 75 inc. 12, Const. nac.; v. fs. 32/33 vta.).
Refirió que lo decidido por el Tribunal de Casación significa considerar que la cantidad de actos interruptivos de la prescripción de la acción contemplados por el art. 67 inc. "e" del Código Penal puede variar de una provincia a otra, según el ejercicio que hagan de su facultad de establecer plurales instancias dentro de su propia organización de justicia; interpretación que estimó inadmisible (v. fs. 33 vta.).
I.1.d. Finalmente, insistió en que la decisión del órgano revisor de extender el efecto interruptivo de la prescripción a las decisiones de los tribunales de alzada es arbitraria, en tanto frustra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1, CADH; v. fs. 33 vta. y 34).
Luego de citar precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó en que la decisión recurrida frustró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable al permitir la dilación del proceso de un modo "excesivo e intolerable" (fs. 34/35 vta.).
I.2. En segundo término, de modo subsidiario, denunció la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y solicitó la prescripción de la acción penal por ser un instrumento idóneo para tal fin (v. fs. 35 vta.).
Se refirió al derecho constitucional en juego (reconocimiento y rango normativo) trayendo a colación casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 36/39).
Luego de una reseña del derrotero procesal de este caso, consideró necesario evaluar la razonabilidad de la duración del proceso (v. fs. 39/40 vta.).
Se ocupó del alcance del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, su violación en el caso, y la declaración de prescripción de la acción penal como instrumento idóneo para el cumplimiento de ese derecho; y analizó cada una de las pautas para determinar dicha razonabilidad: 1) la dificultad y complejidad del caso; 2) la conducta del reclamante y 3) la conducta de los órganos estatales (conf. CIDH casos Suárez Rosero y Genie Lacayo ; TEDH Terranova v. Italy ; CSJN causa "Barra"; v. fs. 40 vta./43 vta.).
Concluyó en que habiéndose demostrado la infracción de los referidos derechos constitucionales, corresponde poner fin a la persecución penal declarando extinguida la acción por prescripción, garantía del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (CSJN causas "Barra" y "Kipperband"; v. fs. 43 vta.).
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso deducido (v. fs. 81/89 vta.).
III. La señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria en los términos del art. 487 del Código Procesal Penal y acompañó los argumentos presentados en el recurso; a su vez, solicitó que se aplique al caso la nueva doctrina legal de esta Suprema Corte, dictada en consonancia con la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determina la correcta interpretación de la norma en crisis (SCBA causas P. 131.745, sent. de 21-VII-2020 y P. 132.525, sent. de 23-VII-2020; CSJN Fallos: 342:2344, "Farina"; v. fs. 94/97).
IV. Disiento con la postura del señor Procurador General, el recurso procede.
V. Liminarmente, cabe realizar una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa.
V.1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el pronunciamiento del día 26 de septiembre de 2017, suspendió el trámite de la queja presentada por la defensa oficial de Gabriel Fernando Ramos en el marco de la causa P. 117.297 -registro de esta Suprema Corte- con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 1, CSJN legajo 2250/2016/CS1).
V.2. Devueltas las actuaciones, esta Suprema Corte giró copias certificadas al Tribunal de Casación Penal a fin de que -por donde corresponda- resuelva sobre la vigencia de la acción penal (v. fs. 4, legajo cit.).
V.3. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de lo encomendado en la causa P. 117.297, resolvió declarar la vigencia de la acción penal por no haber transcurrido el plazo de prescripción respecto de los delitos de abuso sexual calificado en los términos del art. 119 párrafos primero, tercero y cuarto inc. "b" del Código Penal, en la modalidad de delito continuado, en concurso real (v. fs. 8 y vta. del legajo mencionado).
Para así decidir, sostuvo que "...no es la fecha del dictado de la sentencia condenatoria de este Tribunal -la que no se encuentra firme [y data del] 31 de mayo de 2002- (fs. 407), la que debe tenerse en cuenta como último acto interruptivo de la acción penal"; y que "...la resolución del Tribunal de Casación Penal dictada con fecha 25 de octubre de 2011 -fs. 179/196 del recurso n° 10.460- reviste el carácter de sentencia condenatoria y si bien aún no se encuentra firme, esta fecha es la que debe tomarse como último acto interruptivo de la acción penal, conforme la previsión del art. 67 inc. e) del Código Penal".
V.4. Por su parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento del día 18 de junio de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, en cuanto confirmó la decisión del tribunal de instancia reseñada en el acápite anterior (v. fs. 10/17 pie de página).
Puntualmente, sostuvo que "...el pronunciamiento dictado por esta Sede con fecha 25/11/2011, se traduce en un veredicto de condena plenamente enmarcable en la previsión del art. 67 inc. e) del C.P. sin que quepa quitar su carácter de sentencia condenatoria"; "Es que cuando el art. 67 inc. e del C.P. alude al 'dictado de sentencia condenatoria' como supuesto de interrupción de la prescripción de la acción penal, sin especificar si se trata de la de primera o ulterior instancia, es claro que incluye a cualquiera de ellas, puesto que cuando el legislador quiso referirse a un caso concreto dentro de una pluralidad de actos procesales de igual naturaleza lo hizo expresamente, como lo es en el supuesto del primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria (art. 67 inc. b del C.P.)" (fs. 12).
VI.1. Si bien la cuestión de la prescripción ha sido discutida en estos autos desde las instancias previas, conviene recordar que es un criterio consolidado que puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos: 186:396 y 318:2481). Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal) y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
Asimismo, se debe destacar que, si bien los hechos por los que viene condenado Ramos por sentencia no firme son de fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O. de 11-I-2005), corresponde aplicar esa norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, cit. y su progenie).
En tal entendimiento, resulta pertinente señalar que la ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación de la persona imputada, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación.
VI.2. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
Sin embargo, en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
Aquí también, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal nacional en el mencionado precedente. Recuérdese que en aquella ocasión se instruyó a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: 1) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)" (CSJN causa "Farina", cit., cons. 19).
Por tal motivo, computando el término legal de la prescripción desde la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata el día 31 de mayo de 2002 (v. actuaciones digitalizadas a fs. 77 y vta. digital), la acción penal por los delitos de abuso sexual calificado en los términos del art. 119 párrafos primero, tercero y cuarto inc. "b" del Código Penal en la modalidad de delito continuado y en concurso real, se encuentra prescripta pues ha transcurrido el plazo que fatalmente determinan los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
VI.3. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 104 y del Registro Nacional de Reincidencia que obra a fs. 105.
VII. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden a los delitos de abuso sexual calificado en la modalidad de delito continuado y en concurso real por los que Gabriel Fernando Ramos fue condenado (arts. 55, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 119 párrafos primero, tercero y cuarto inc. "b", Cód. Penal).
VIII. Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Desde mi punto de vista, la defensa no logra demostrar un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, por el cual se denegó la extinción de la acción penal por prescripción (aun con la aplicación de la ley 25.990, más benigna).
En efecto, la recurrente insiste aquí en que la única interpretación posible del concepto "sentencia condenatoria" lo es en referencia a la sentencia de primera instancia, sin embargo la interpretación efectuada por el Tribunal de Casación se condice con la doctrina de esta Corte que estableció que el fallo del tribunal revisor que fiscaliza la sentencia de condena y efectúa un pronunciamiento de mérito sobre el asunto, queda atrapado por la previsión legal del art. 67 inc. "e" y por ello interrumpe el curso de la prescripción (conf. causa P. 121.979, "Salinas", resol. de 16-VIII-2015; y, en particular, causa P. 118.658, sent. de 11-II-2016, y las que siguieron).
Bajo tales parámetros, acierta el tribunal intermedio cuando afirma que no han transcurrido los doce años que la ley determina para tener por abastecido el recaudo temporal que corresponde para el delito reprochado en esta causa (abuso sexual calificado en la modalidad de delito continuado, conf. art. 119 párrafos primero, tercero y cuarto inc. "b", Cód. Penal). Pues, efectivamente, la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Casación el día 31 de mayo de 2011 tuvo virtualidad jurídica para mantener el ejercicio de la jurisdicción penal e inte
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