Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134031
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.031 Q, "M., H. s/ Queja en causa n° 92.572 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca condenó a H. M. a la pena de veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterados, agravados por el vínculo, en concurso real (conf. arts. 55 y 119, segundo y tercer párrafo, en relación al cuarto párrafo inc. "b", Cód. Penal).
Contra la condena, la defensa interpuso un recurso de casación que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 6 de agosto de 2019, por mayoría, rechazó (v. fs. 65/84).
Contra lo así decidido, el defensor oficial, doctor José María Hernández presentó recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley que fueron desestimados por inadmisibles (v. fs. 93/111) lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 126/136 vta.).
Esta Corte, el 2 de marzo de 2021, declaró procedente la queja y concedió ambos carriles extraordinarios (v. fs. 138/140 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 147/156), dictada la providencia de autos (v. fs. 158) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctor Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, la defensa oficial denunció una falta de mayoría de fundamentos en el tratamiento del agravio vinculado a la determinación judicial de la pena (conf. arts. 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 93/98 vta.).
Señaló que en el recurso de casación esa parte había cuestionado la pena por "desproporcionada" con relación a los montos máximos previstos en el Estatuto de Roma y en la ley 26.200, así como también respecto al fin de resocialización que debe guiar a las penas (conf. arts. 18, Const. nac.; 10.3, PIDCP; 5.2 y 5.6, CADH; v. fs. 95).
Frente a ello, recordó lo expuesto en los respectivos votos de los jueces Maidana, Carral y Violini y afirmó que no hubo mayoría de fundamentos en esa cuestión (v. fs. 95/98).
Puntualizó que el señor juez Maidana, al rechazar el planteo, estimó que la sanción impuesta no transgredía el Estatuto de Roma ni la ley 26.200, como así tampoco resultaba desproporcionada ni infundada. Mientras que, por el lado contrario, el juez Carral sostuvo que la condena era arbitraria por falta de fundamentación dado que partía del error de aplicar el art. 55 del Código Penal sin individualizar en concreto cuántos hechos se habían cometido, sin dar respuesta al planteo de la defensa sobre la falta de consideración de aspectos propios de la prevención especial en el caso concreto (edad del imputado y modalidad de ejecución).
Por su parte, señaló que el doctor Violini -en lo sustancial- adhirió al juez Maidana, pero haciendo propia "...la aclaración vertida por el doctor Carral 'en cuanto al modo como debe entenderse la afirmación referida a la reiteración de hechos bajo la forma de concurso real'" (fs. 97 y vta.).
Sentado ello, alegó que esta última aclaración el magistrado Violini era la que impedía lograr la mayoría de fundamentos. Pues si bien el tercer magistrado había adherido al juez Maidana -en cuanto éste rechazó el planteo de desproporción de la condena al descartar el argumento de la defensa vinculado al tope máximo de la pena-, sin embargo, coincidió con el doctor Carral en cuanto tildó de arbitraria la individualización de la sanción pues, frente a la indeterminación de los hechos que conformaron el concurso real, los redujo a dos hechos independientes (v. fs. 97 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó la anulación del pronunciamiento y su reenvío para que se dicte uno nuevo conforme a derecho.
II. El Procurador General aconsejó rechazar la impugnación (v. fs. 147/156) y coincido con su dictamen.
III. El recurso extraordinario de nulidad es improcedente en tanto -contrariamente a lo alegado por la defensa oficial- se abasteció debidamente la exigencia legal de mayoría de opiniones (conf. arts. 168, Const. prov. y 493, CPP).
Veamos.
III.1. Conforme surge del recurso de casación presentado oportunamente, la defensa de M. había denunciado la desproporción de la pena de veintiocho años de prisión impuesta a su asistido, por exceder el monto punitivo máximo previsto en el Estatuto de Roma y en la ley 26.200 para delitos de mayor gravedad al aquí reprochado (conf. arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.2, PIDCP; 5.2 y 5.6, CADH y 55, Cód. Penal; ley 26.200 y Estatuto de Roma; v. fs. 45/47).
Así, concluyó en que la pena era desproporcionada, arbitraria, irrazonable e injustificada; y que las disposiciones de la ley 26.200 deben considerarse derogatorias de todas aquellas que contrapongan su contenido.
III.2. Por su parte, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí interesa -por mayoría- rechazó ese planteo.
III.2.a. En primer término, el juez Maidana, puso de manifiesto que resultaban aplicables las disposiciones previstas en la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a la debida diligencia con la que debe actuar el Estado frente a casos de abuso sexual infantil y a la necesidad de resguardar el interés superior del niño (arts. 3 y 19, CDN). Recordó que mientras la Convención tiene jerarquía constitucional, el Estatuto de Roma solo tiene rango supralegal (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 73 vta./75). A su vez, agregó que la ley 26.200 ceñía su aplicación a casos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión (v. fs. 75).
Sin perjuicio de ello, explicó que la defensa había realizado una inadecuada interpretación del Estatuto de Roma y de la ley 26.200. En tal sentido, explicó que el art. 12 de esta última norma se remite al ordenamiento interno en lo que respecta a la graduación de la pena y a su máximo posible, y de ahí que "... el máximo de la pena aplicable queda supeditado a la existencia de penas mayores en el ordenamiento interno" (v. fs. 75 y vta.).
A su vez, refirió que frente a la afirmación de que el Estatuto de Roma determina una pena máxima de treinta años, lo cierto es que en el art. 70 se habilita la posibilidad de aplicar reclusión a perpetuidad cuando el caso así lo amerite (v. fs. 75 vta.).
Por tales motivos, sostuvo que el principio de legalidad no fue quebrantado ni transgredido el límite máximo emergente del Estatuto de Roma y de la ley 26.200 (v. fs. 76).
De seguido, manifestó que la pena impuesta tampoco vulneró el principio de proporcionalidad. Explicó que dicho baremo exige un equilibrio entre la gravedad del delito y de la sanción. Agregó que también debe tenerse en consideración la necesidad de prevención futura del bien jurídico indemnidad y libertad sexual (v. fs. 76 y vta.).
Por otra parte, aseveró que la condena de M. no era arbitraria (v. fs. 77). Destacó que no se advertía una desproporción en la sanción pues se habían ponderado debidamente las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal. En tal sentido, recordó que se había valorado como atenuante la falta de antecedentes penales y como agravantes "el actuar sobre seguro a partir del clima de violencia y autoritarismo que imponía el encausado a la víctima", "la extensión del daño causado", "la superioridad física evidente entre el imputado y la damnificada durante el tiempo de realización de los ataques que impedía toda resistencia, que cuando fuera intentada, la emprendía a golpes hasta el desmayo" (fs. 78 y vta.).
En definitiva, consideró justa la pena fijada "...en tanto partiendo de la gravedad del hecho, su calificación legal, el concurso material dispuesto, así como el grado de participación que le cupo al imputado, considerando la entidad y cantidad de atenuantes y agravantes valoradas, la determinación judicial de la sanción impuesta se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituye la medida de la culpabilidad del acto atribuido (conf. arts. 40 y 41, [Cód. Penal])" (fs. 80).
III.2.b. Por su parte, el doctor Carral, en cuanto a las críticas vinculadas al apartamiento del Estatuto de Roma, recordó que si bien en diversos precedentes se había expedido respecto a las asimetrías existentes entre las reglas de derecho interno y la ley 26.200, lo cierto es que había luego reconsiderado dicha postura "...a partir de haber quedado en absoluta soledad y en vista de la opinión de [esta Corte]", conforme expuesto en la causa 34.905 caratulada "Benítez Javier" (en referencia a la causa P. 112.756, sent. de 4-III-2015).
Sentado ello, en lo que respecta a la individualización de la pena, se apartó del voto del juez Maidana por estimar que se incurrió en arbitrariedad y se afectaron los principios de proporcionalidad y culpabilidad.
Como primer punto, manifestó que se aplicó el art. 55 del Código Penal sin indicar con precisión cuántos hechos conformaron el concurso real. Sin perjuicio de ello, afirmó que "...deben considerarse al menos dos hechos, porque la plataforma fáctica de imputación abarca esta concreta posibilidad" (fs. 81).
En segundo lugar, sostuvo que, si bien los hechos revisten gravedad, en la determinación de la pena no se respetó el principio de proporcionalidad que debe existir entre la restricción que produce la sanción y el delito cometido. Indicó que, de esta manera, se quebrantó el principio de culpabilidad en cuanto a la relación entre los bienes jurídicos resguardados por la norma penal y la sanción impuesta. Adunó que también es necesario tomar en consideración los aspectos relativos a la prevención especial que debe guiar la pena, circunstancia que exige reparar en las particularidades del sujeto a quien se impone la sanción (v. fs. 81 vta. y 82).
Aseveró que la condena a veintiocho años de prisión era arbitraria en tanto no cumplía con el fundamento teleológico de la pena y se sustentaba en argumentos dogmáticos que se remitían a la cuestión quinta del veredicto (v. fs. 82). Resaltó que la afirmación de que "M. arruinó la vida de su hija desde todo lugar posible" resultaba insuficiente para fundar la sanción finalmente impuesta (v. fs. 82 y vta.).
Por último, puso de manifiesto que tampoco se había dado una respuesta suficiente a los planteos de la defensa vinculados a aspectos propios de la prevención especial en el caso concreto (edad del imputado en función de la extensión de la pena y modalidad de ejecución).
En definitiva, afirmó que la pena de veintiocho años de prisión no se había sustentado en un razonamiento adecuado que permitiera visualizar los parámetros tomados en consideración para ello, más aún, teniendo en cuenta "...el error inicial que identifica un concurso real de hechos sin señalar en concreto cuántos, aun cuando se insinúa una cantidad superior a dos" (fs. 82 vta. y 83).
III.2.c. Finalmente, el doctor Violini, sostuvo que los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no tienen un tope máximo de treinta años de prisión como lo sostenía la defensa, porque también para ellos se prevé la pena de reclusión a perpetuidad (conf. art. 77 inc. "b", Estatuto de Roma). De ahí que la denuncia de la parte, por la que pretendía demostrar la desproporción de la pena impuesta con base en un análisis comparativo de lo previsto en dicho instrumento y lo regulado en el Código Penal, no era procedente (v. fs. 83 y vta.). Agregó que, siendo que la ley 26.200 se promulgó el 5 de enero de 2007, el legislador debió tomar en consideración la reforma operada en el art. 55 del Código Penal en el año 2004. "Más aún, el artículo 12 de la mencionada ley establece que en los casos de delitos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad 'en ningún caso podrá ser inferior a la que le pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación'". Por tales motivos, concluyó que el tope de pena no era el que sostenía la defensa oficial.
Sentado ello, afirmó que "...en función de los delitos cometidos y las pautas de mensura de la pena, adhi[rió] en lo sustancial a lo expresado por el doctor Maidana, haciendo [suya] la aclaración vertida por el doctor Carral en cuanto al modo como debe entenderse la afirmación referida a la reiteración de hechos bajo la forma de concurso real" (fs. 84).
IV. De la reseña efectuada se advierte que la mayoría necesaria para confirmar el monto de pena oportunamente impuesto a M., tal como lo puso de manifiesto la Procuración General, quedó integrada por el voto del juez Maidana al que adhirió el juez Violini.
IV.1. Cabe aclarar que el agravio especialmente llevado por la defensa oficial en el recurso de casación (v. punto III.1.), en el que tachó de arbitraria y desproporcionada la condena impuesta por apartarse de las limitaciones emergentes del Estatuto de Roma y de la ley 26.200, fue rechazado por unanimidad. Y sobre este aspecto de la sentencia no se formuló cuestionamiento alguno.
IV.2. Dicho esto, la denuncia de falta de mayoría de opiniones radica en las consideraciones efectuadas por los sentenciantes respecto al modo en que se aplicaron las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal para finalmente fijar la condena en veintiocho años de prisión.
Cabe señalar entonces que sobre este punto (contrariamente a lo sostenido por el recurrente) también se abastecieron las exigencias establecidas por el art. 168 de la Constitución provincial.
En efecto, tal como se desprende de la reseña efectuada en los puntos III.2.a. y III.2.c., los jueces Maidana y Violini coincidieron en que la sanción impuesta es el producto de una razonable aplicación de las pautas previstas en los arts. 40 y 41, en tanto refleja el reproche a la gravedad del hecho cometido, a la participación del imputado en el mismo y a las pautas atenuantes y agravantes debidamente probadas y valoradas. Por tales motivos, ambos magistrados coincidieron en que la sanción impuesta no resultaba arbitraria ni desproporcionada.
La circunstancia de que Violini hiciera propia la aclaración de Carral respecto a la cantidad de hechos independientes de abuso sexual que debe considerarse que concursaron realmente entre sí ("al menos dos"), de ningún modo pone en crisis la mayoría de opiniones. Es que, en rigor, ello no implicó un apartamiento del encuadre típico en el que se basó Maidana, pues se mantuvo la aplicación del art. 55 del Código Penal solo que otorgando una mayor precisión al proceso de subsunción legal.
De ahí que la aseveración de la defensa, consistente en sostener que la falta de mayoría de opiniones debe sustentarse en la circunstancia de que el juez Violini "...coincide con Carral en cuanto tildó de arbitraria la individualización de la sanción pues frente a la indeterminación de los hechos de abuso sexual los redujo a dos" no se corresponde con el verdadero alcance que debe darse al sufragio de Violini, quien -cabe reiterarlo- en definitiva coincidió con Maidana en que la pena impuesta no era arbitraria ni desproporcionada con respecto a los hechos cometidos, manteniendo incólume la calificación legal que tuvo en consideración el juez de primer término, para confirmar así la pena de veintiocho años de prisión, junto con las restantes pautas previstas en el art. 41 del Código Penal.
V. Por todo lo expuesto, a partir de una interpretación armónica de la sentencia como acto complejo (conf. causa P. 90.257, sent. de 19-IX-2007), se advierte que el Tribunal de Casación Penal abordó y rechazó la denuncia de arbitrariedad y desproporcionalidad del monto punitivo, cumpliendo con el requisito de la mayoría constitucional de opiniones.
En suma, no se advierte -como postuló el impugnante- vulneración a la manda contenida en el art. 168 de la Constitución local (causas P. 126.764, sent. de 19-IX-2018; P. 130.019, sent. de 5-VI-2019)
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por violación a la garantía contra el doble juzgamiento (conf. arts. 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH; 14.7, PIDCP; v. fs. 99/104 vta.).
Puntualizó que la aplicación de las pautas agravantes referidas a "...'la superioridad física evidente entre el imputado y la damnificada durante el tiempo de realización de los ataques que impedía toda resistencia, que cuando fuera intentada, la emprendía a golpes hasta el desmayo'" y "...'el actuar sobre seguro a partir del clima de violencia y autoritarismo que imponía el encausado a la víctima" se sustentan en el plus de violencia ejercida por el imputado para anular la resistencia de la víctima, todo lo cual afecta la garantía contra el doble juzgamiento (v. fs. 103 vta.).
Agregó que en ambos casos es la "violencia" para ejecutar los abusos la que se toma como agravante en los términos del art. 41 del Código penal (circunstancias de su realización) por revelar un mayor grado de injusto que el previsto como modo comisivo del art. 119 del citado cuerpo de leyes.
Explicó que lo que se hace es valorar una y otra vez los mismos presupuestos fácticos: el uso de la violencia por parte del imputado para consumar su objetivo (v. fs. 103 vta.).
Puntualizó que es el uso de la violencia, sea física o moral, el que facilitó la agresión sexual, siendo que en la materialidad ilícita solo se describe que los abusos se hacían "...'de manera obligada y en ocasiones -como en el caso de la violación- con golpes'", sin mencionar otro tipo de conducta que denotara coacción o intimidación (v. fs. 103 vta.).
De seguido, explicó que el "...'obrar sobre seguro' del imputado parece dado en el caso a partir de las circunstancias de tiempo en que los abusos se desarrollaron -en horas de la noche en circunstancias en que la madre de la víctima trabajaba como enfermera y no se hallaba en el hogar [...]-, pues en todo el pronunciamiento no se menciona que el imputado se valiera -deliberadamente- de otras circunstancias para ejecutar los abusos, ni ello surgen de los elementos probatorios valorados en la causa" (fs. 103 vta. y 104).
Por tales motivos, afirmó que el medio comisivo (ejercicio de violencia) fue doblemente ponderado para agravar la pena (conf. art. 41, Cód. Penal), quebrantando la garantía contra el doble juzgamiento (conf. art. 33, Const. nac.).
II. Una vez más, coincido con el señor Procurador General en cuanto a que la impugnación debe ser rechazada (v. fs. 147/156).
III. El carril extraordinario de inaplicabilidad de ley es improcedente (art. 496, CPP).
III.1. La defensa oficial, en el recurso de casación afirmó que la ponderación de las agravantes "actuar sobre seguro a partir del clima de violencia y autoritarismo que imponía el encausado a la víctima" y "la superioridad física evidente entre el imputado y la víctima durante el tiempo de realización de los ataques que impedía toda resistencia y cuando lo intentó la emprendía a golpes hasta el desmayo" afectó la garantía contra el ne bis in idem de una doble manera (v. fs. 44 y vta.) .
En primer lugar, argumentó que la agravante que se da en los supuestos en que el autor es ascendiente de la víctima contempla -además de la relación incestuosa- el aprovechamiento de la superioridad física y el someti
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