Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133015
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (doctr. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.015, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/Queja en causa Nº 92.734 del Tribunal de Casación Penal -Sala I- seguida a S., G. A." , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes el 21 de agosto de 2018 declaró a G. A. S. coautor responsable del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas (art. 80 inc. 6, Cód. Penal), difiriendo el tratamiento de la necesidad de aplicar una sanción penal (arts. 3 y 4, ley 22.278).
Frente a ello, la defensa interpuso un recurso de casación y la Sala Primera de ese Tribunal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de junio de 2019, declaró parcialmente procedente el recurso y, en consecuencia, casó parcialmente el fallo impugnado y recalificó su intervención en el hecho como autor responsable del delito de lesiones graves (v. fs. 20/32 vta.).
Ante esa decisión el señor fiscal ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 34/46), el que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 47/51). Deducida queja por la parte (v. fs. 53/58), esta Corte por resolución del 19 de noviembre de 2020 admitió la queja y concedió la vía extraordinaria (v. fs. 59/61).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 78/81), dictada la providencia de autos (v. fs. 85) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció arbitrariedad del fallo casatorio por apartamiento de la normativa aplicable al caso, y en ese orden aludió a la errónea aplicación del art. 90 del Código Penal y a la inobservancia del art. 80 inc. 6 del mismo ordenamiento legal. También denunció arbitrariedad por fundamentación aparente, déficit de motivación y por apartarse de la sana crítica en la apreciación de las pruebas mediante un análisis fragmentado de las mismas.
I.2. Al desarrollar los agravios explicó que en el caso no existió una correcta apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Casación, a tono con las reglas de la sana crítica sino solo un escrutinio estanco y recortado de ciertos datos descontextualizados (v. fs. 41).
Sostuvo que existían elementos suficientes para vincular a G. A. S. como coautor penalmente responsable de la muerte violenta de Héctor Manuel Maidana, en particular a través del encastre de los testimonios -y demás piezas incorporadas por lectura al debate- en virtud de las cuales el inferior pudo concluir que el joven imputado había asistido a la golpiza de la víctima por su propia voluntad y munido de elementos lesivos a la par de sus consortes, participando activamente en la producción de golpes contra el damnificado.
Afirmó que se acreditó que, al intentar huir la víctima del lugar, tanto S. como su hermano, la arrojaron al piso y continuaron pegándole, momento en el que el progenitor de ambos la hincó con un arma blanca.
Entendió que, de tal modo, el accionar violento y conjunto de los tres coautores provocó la herida sangrante en el abdomen que junto a los múltiples traumatismos la llevaron luego a su posterior deceso.
Puntualizó que resultó probada la secuencia y la intervención de los imputados acreditándose el acuerdo previo que exige la figura cuestionada (v. fs. 43).
Destacó que el tipo del art. 80 inc. 6 requiere una convergencia de voluntades homicidas previamente establecida, no siendo necesaria una preordenación reflexiva y fríamente calculada en una prolongada deliberación, sino que basta la verificación de un acuerdo previo de los partícipes para matar entre todos.
Agregó que el sentenciante realizó una crítica parcial de los diferentes elementos de convicción valorados por el tribunal inferior, dejando de lado el necesario análisis global de los mismos.
I.3. Con relación a la significación legal atribuida reprochó lo sentenciado por el órgano casatorio pues -a su juicio- se acreditó la coautoría penalmente responsable de G. S. en el homicidio agravado de Héctor Manuel Maidana, en tanto quedó probado que S. junto con su hermano fueron quienes interrumpieron la huida de la víctima del lugar -en el que estaba siendo agredido- tirándolo al piso, situación que permitió a "Lalo" S. hincar la sevillana en el abdomen de la víctima (v. fs. 44).
Sostuvo que, si la intención del imputado hubiera sido solo la de producir lesiones, no habría derribado y colocado a la víctima en estado de indefensión.
Finalmente tomó como una corroboración del acuerdo previo, el no haber actuado ante la actitud de su padre de hincar a la víctima en una zona vital.
Por todo ello solicitó el restablecimiento de la calificación legal decidida en primera instancia (v. fs. 44 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó que se haga lugar al recurso (v. fs. 78/81).
III.1. Para dar respuesta al agravio corresponde primero tener presente cuál ha sido el hecho que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil tuvo por acreditado. En tal sentido el órgano de juicio estableció en su decisión que "...la tarde del día 16 de agosto de 2017, entre las 17 y las 18 horas, en la calle [...] de la localidad y partido de Berazategui [...] tres sujetos del sexo masculino, dos de ellos mayores de edad salen en primer término de su domicilio, haciendo lo propio a los pocos minutos el tercer sujeto, menor de edad; todos ellos armados con elementos contundentes; atacan a la víctima, Héctor Manuel Maidana quien se hallaba indefenso y toma un palo de escoba que corta en dos para defenderse. Los tres sujetos coactuando bajo división clara de tareas le provocan innumerables golpes con elementos duros (palo, caño y tonfa), al tiempo que luego desarmado intenta la víctima huir del lugar y es cuando los dos sujetos más jóvenes lo tiran al suelo, continúan pegándole, cuando llega el sujeto mayor de edad se suma a la golpiza y le propina puntazos con un arma blanca (del tipo cuchillo). Las lesiones descriptas le ocasionan a la víctima traumatismo toraco abdominal abierto por herida de arma blanca localizadas en región interescapulovertebral derecha e hipocondrio izquierdo, con presencia de hemoperitoneo junto con la presencia de lesión en vena mesentérica superior y del colon transverso, de riesgo de vida, siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui, produciéndose su óbito por falla multiorgánica con shock séptico por herida de arma blanca en región abdominal" (fs. 3 vta. y 4).
III.2. El tribunal de grado, en lo que es de interés, calificó al hecho como homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas normado por el art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 16).
Con relación a la significación jurídica afirmó que surgía probado el accionar violento del joven imputado y sus consortes. Tomó en consideración que todos salieron del mismo domicilio familiar -en un primer momento el padre y el hermano del imputado y luego este último- munidos de elementos contundentes y punzocortantes.
Consideró que hubo un concierto de voluntades en la ejecución del hecho bajo dos secuencias, una inicial que tuvo como protagonistas al padre y al hermano de G. S. abalanzándose sobre la víctima, para luego sumarse el nombrado.
También aseveró que cuando la víctima quedó desarmada e intentó huir, los hermanos Nicolás y G. se lo impidieron, golpeándolo con elementos contundentes para finalmente el progenitor de estos, apodado L., hincarlo con un elemento punzocortante.
De tal modo es que el juzgador precisó las conductas para afirmar el concierto de voluntades tendiente "a un hecho total", con invocación de la teoría del dominio del hecho.
III.3. Ante el tribunal intermedio la defensa particular a cargo de los doctores Guillermo Leibson y María Fernanda Regazzoni cuestionaron -esencialmente- la calificación legal aplicada al suceso pues a su entender la circunstancia de que G. S. hubiera planificado junto a su padre y hermano el homicidio de su vecino Maidana, era un enunciado fáctico que la acusación no había logrado acreditar.
Por el contrario, la defensa estimó que la evidencia reunida había demostrado que su defendido se sumó a una pelea en curso en la que ya intervenían sus familiares, y que en dicho marco su progenitor sorpresivamente lesionó a la víctima con un arma blanca.
IV.1. El Tribunal de Casación hizo parcialmente lugar al recurso y en definitiva acogió este planteo de la defensa, por lo que calificó la conducta de S. como constitutiva del delito de lesiones graves, desechando la coautoría de un homicidio (calificado).
IV.2. El magistrado Daniel Carral (v. fs. 21 vta./31 vta.) -a quien adhirió su colega Ricardo Maidana- expresó que de la propia materialidad ilícita tenida por acreditada surgía que el imputado G. S. se había unido unos pocos minutos después a una pelea que mantenían sus familiares (v. fs. 23).
Agregó que tampoco estaba controvertido que los tres sujetos habían golpeado en conjunto a la víctima (v. fs. 24) sin embargo, con los testimonios valorados en la instancia no surgía acreditado que G. S. hubiera planificado junto a su padre y hermano el homicidio de Maidana.
Por el contrario, consideró que la información aportada por los testimonios brindados en el juicio refutaba ese enunciado al tiempo que confirmaba que el aporte de G. S. se había orientado a lesionar a la víctima, convergencia intencional interrumpida por el aporte sorpresivo del progenitor del imputado ("Lalo" S.).
Para ello realizó un repaso de los testimonios de Nahuel Aceval, Javier López y Jonathan Amarilla, en tanto consideró que los mismos aportaban información que corroboraba la hipótesis de que G. S. se había unido -con posterioridad a los coimputados-, a una pelea desigual entre vecinos.
Destacó de estos testimonios la coincidencia en un punto que consideró relevante: que en el inicio de la pelea ninguno de los intervinientes portaba armas blancas, sino "palos", al igual que el damnificado, y que no fue sino hasta el final de la secuencia en que "Lalo" sacó un cuchillo y atacó con él a Maidana, siendo que el testigo Javier López agregó que "...los hijos reaccionaron con sorpresa frente a la conducta de su padre" (fs. 24 vta.).
Luego de una detallada valoración de los testimonios concluyó en que el sentenciante no había examinado el relato de los testigos a la luz de las hipótesis en pugna (v. fs. 25 vta.) sino que tuvo por acreditado el acuerdo premeditado para matar a partir de tres elementos: que todos salieron del mismo lugar, que todos estaban armados y que todos agredieron a la víctima. Sin embargo, apreció que tales proposiciones eran compatibles tanto con la hipótesis de la acusación como con la teoría del caso expuesta por la defensa (v. fs. cit. y 26).
Así, enfatizó que ninguna evidencia determinó que G. S. conocía que su padre tenía consigo un cuchillo, no solo porque salió de la casa con posterioridad y se sumó a una pelea que estaba en curso, sino porque "ningún testigo colocó ese elemento en manos de 'Lalo' durante la pelea, sino hasta el final, cuando lo sacó y lesionó a la víctima..." (fs. 26).
Descartó que la circunstancia de que los tres hubieran salido de la misma casa con elementos contundentes fuera indicativa de un acuerdo para matar como tampoco lo era el hecho de que todos hubieran ejercido violencia contra el damnificado.
En definitiva verificó que el razonamiento del tribunal de la instancia no se correspondía con las probanzas reunidas en el caso pues estas acreditaban que era la decisión autónoma del apodado "Lalo" S. la única compatible con el dolo homicida, elemento subjetivo que cabía inferir de las características del arma empleada (con capacidad de penetración en la anatomía de la víctima), la zona del cuerpo a la que había dirigido el golpe (zona vital como el abdomen) y la intensidad aplicada en el caso (apta para introducirse en el cuerpo de la persona y alcanzar esa zona vital).
IV.2. Por otro lado, el juez Carral explicó que la lesión por arma blanca desplazó el riesgo de muerte generado por los golpes propiciados por el imputado.
En efecto, tomó como base el testimonio del médico legista Guillermo Márquez, quien explicó que la víctima falleció "...por 'un cuadro séptico, que es cuando hay infección que repercute en todos los órganos del cuerpo, un fallo multiorgánico (y que) uno debe sospecharlo de entrada ante una lesión penetrante en el abdomen (pues) hay penetración de gérmenes en una cavidad que es estéril'" (fs. 29 y vta.).
Concluyó que, si bien los golpes podrían haber provocado la lesión pancreática que presentó la víctima, esta se sumó a una herida con un arma blanca que de por sí ya era generadora de un cuadro séptico por la penetración de gérmenes al lesionar el colon transverso. Advirtió así que el riesgo generado por la conducta de "Lalo" S. desplazó al otro riesgo -atribuido al encartado- que no se realizó en el resultado (v. fs. 30 vta.).
De ese modo explicó que "...si la teoría jurídica de la acusación postuló la existencia de un plan premeditado para matar y atribuyó la co-causalidad de la muerte a las lesiones que produjo el encartado, y ambas premisas quedaron refutadas mediante la prueba disponible, la imputación del homicidio en coautoría debe ceder" (fs. cit.), propiciando así el cambio de calificación para G. S. en lesiones graves.
V. El resumen antes expuesto deja en claro que el fallo dictado por el Tribunal de Casación tiene una motivación clara, precisa y suficientemente apoyada en las pruebas reunidas y en el plexo normativo que impide su descalificación a remolque de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias bajo el catálogo de "fundamentación aparente", "apartamiento de las reglas de la sana crítica" o "apartamiento de las constancias de la causa" que le achaca el representante de la acusación pública en su recurso.
Por el contrario, el tribunal intermedio explicó con detalle cuáles fueron las falencias en las que incurrió el juzgador a la hora de evaluar las pruebas en que sustentó sus enunciados fácticos, dejando en evidencia que las premisas que afirmaban la existencia de un acuerdo premeditado de voluntades para matar no surgían de los propios testimonios ponderados en la sentencia del tribunal de grado.
Las razones traídas en el recurso en examen lejos están de demostrar un supuesto excepcional que encaje en la doctrina de las sentencias arbitrarias elaborada por la Corte federal (art. 495, CPP), pues el recurrente no se apresta a señalar a partir de cuál o cuáles elementos probatorios no valorados o erróneamente ponderados se advierte que haya habido una mínima premeditación de dirigir un ataque letal concertado y plural respecto del sujeto pasivo.
De manera que la alegación referida por la Fiscalía, respecto a que el Tribunal de Casación efectuó una incorrecta apreciación de la prueba que condujo a una errónea aplicación del art. 90 y la inobservancia del art. 80 inc. 6, ambos del Código Penal, no prospera ya que sus declamaciones no se ven reflejadas en argumentos que demuestren que estemos frente a un pronunciamiento arbitrario.
Por lo demás, tampoco se avizora que con la interpretación realizada por el Tribunal de Casación para descartar el acuerdo previo de dolo homicida se le haya otorgado un alcance tan restrictivo a la figura calificante, que sea incompatible con el concepto de premeditación que exige la norma (conf. mi voto en causa P. 114.076, sent. de 9-IV-2014).
Es que, frente a los propios hechos de la materialidad ilícita, la voluntad del progenitor del imputado aparece como súbita a tenor del fragor de la pelea que comenzaran el hermano y el padre de aquel. A lo cual cabe adicionar que Casación concluyó que el riesgo realizado en el resultado fue el así introducido por su padre, desplazando hasta el entonces en curso, sin que esa parcela decisiva tampoco aparezca debidamente replicada (doctr. art. 495, CPP).
En definitiva, el impugnante se desentiende de los argumentos específicos brindados en el fallo recurrido al tiempo que no demuestra que en el caso estén presentes los elementos que permitan encuadrar el suceso en las previsiones del homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (doctr. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:19:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:10:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 09:32:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:37:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:58:13 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/12/2022 12:47:46 hs. bajo el número RS-155-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia