Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135191
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Carlos Ezequiel Benítez, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.191, "Benítez, Carlos Ezequiel s/ Queja en causa n° 92.775 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
De las presentes actuaciones y de las partes digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 7 de agosto de 2018 condenó a Carlos Ezequiel Benítez a la pena de siete (7) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada en concurso real con portación ilegal de arma de guerra agravado por registrar condena por delito doloso cometido con arma -este último en calidad de autor- (v. fs. 18/39 vta. de las copias digitalizadas).
La defensa oficial interpuso un recurso de casación que fue rechazado el 19 de marzo de 2019 por la Sala IV de ese tribunal, por lo que acudió ante esta Suprema Corte mediante un recurso extraordinario de nulidad (causa P. 132.864).
Esta Suprema Corte, en la anterior intervención, por resolución dictada el 26 de diciembre de 2019, hizo lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido por la defensa oficial a favor del nombrado Benítez y, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de la sentencia recurrida en cuanto había omitido tratar el agravio sobre la aplicación de oficio de la figura agravada de la portación de armas contenida en el octavo párrafo del art. 189 bis inc. 2 del Código Penal y reenvió los autos al referido órgano intermedio a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
En virtud de ese reenvío, la aludida Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 8 de abril de 2020, rechazó el recurso de casación oportunamente interpuesto por la defensa oficial.
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación -doctor Nicolás Agustín Blanco-, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue rechazado por la referida Sala el 3 de noviembre de 2020. Presentada la queja pertinente (v. causa P. 135.191-Q), esta Corte le hizo lugar a través de la resolución del 29 de octubre de 2021, concediendo la vía recursiva a los efectos del tratamiento de las pretensas cuestiones federales involucradas -arbitrariedad y violación del debido proceso, defensa en juicio y principio de congruencia- (v. fs. 13/15).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 28/32), dictada la providencia de autos (v. fs. 34) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurrente denunció la violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso, a raíz de la violación del principio de congruencia (arts. 18, Const. nac. y 8, CADH).
Luego de una reseña de los antecedentes del caso, cuestionó lo decidido por el tribunal revisor en cuanto confirmó la aplicación de la agravante prevista por el octavo párrafo del art. 189 bis inc. 2 del Código Penal, alegando que el Ministerio Público Fiscal al momento de formular la acusación no imputó en ningún momento una portación ilegítima de un arma agravada por poseer antecedentes.
Afirmó que de esa forma se vulneró el principio de congruencia pues la fiscalía "...no imputó a Benítez una portación de arma agravada por poseer antecedentes condenatorios, ese extremo que debería integrar la descripción de la conducta reprochada sí fue utilizado por la representante del Ministerio Público para solicitar la declaración de reincidencia de [su] asistido, pero en ningún momento fue mencionado como un agravante de la conducta típica endilgada".
Destacó que la discusión no estriba en si dicha circunstancia era o no conocida por las partes, sino en si la misma había sido utilizada por la acusación como parte de la figura legal enrostrada respecto de la cual el imputado debía defenderse, de allí que -en su criterio- el tribunal de juicio ha introducido sorpresivamente una circunstancia no intimada por la acusación que vulneró la garantía de defensa en juicio.
En su opinión, se vulneró la garantía de defensa en juicio al cargarle al imputado la tarea de contestar "...no sólo la hipótesis de la acusación, con su concreta calificación jurídica, sino también las otras posibles subsunciones no propiciadas ni mencionadas por la parte acusadora pero referidas a un acontecimiento histórico que, desprovisto del correspondiente acotamiento legal que le conferiría la acusación, requiera de la defensa una amplia imaginación que no tuvo la contraparte...".
En el mismo sentido, destacó que la defensa en juicio no se ejerce contra todo el Código Penal, sino, precisamente, contra una acusación, con su concreta calificación jurídica. En ese marco, invocó lo normado por los arts. 335 y 375 del Código Procesal Penal para concluir que la propia ley procesal reconoce que la variación de la calificación jurídica en la sentencia, aun dentro de los límites del hecho descripto en la acusación, puede conducir en determinados supuestos a colocar al imputado en una situación de indefensión.
Adujo que el imputado concretamente se vio privado de la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de dicha figura, y que tal novedosa calificación legal significó una clara violación del principio de culpabilidad por el acto y de la garantía del ne bis in idem, cuestiones que no pudieron ser opuestas por esa defensa oportunamente (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 57, Const. prov.; 8.4., CADH y 14.7., PIDCP). Dentro de esa idea, recordó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Gramajo".
Sostuvo que se vulneró la mencionada garantía constitucional del ne bis in idem al agravarse la pena de un segundo hecho haciendo foco sobre otro hecho ya juzgado y condenado y, en esa medida, su consideración como agravante representó la imposición de un porcentaje de pena que no responde al nuevo hecho en juzgamiento.
Afirmó que, en este caso, fue el propio órgano revisor quien reconoció que dicha condena fue utilizada para agravar la calificación legal endilgada, como agravante de responsabilidad en la quinta cuestión del veredicto, circunstancia que, al mismo tiempo, fue valorada para fundar la declaración de reincidencia de su asistido, lo que -según entendió- vulneró la prohibición de la múltiple desvaloración de una misma circunstancia en perjuicio del imputado (arts. 18 y 33, Const. nac.). Agregó diversas consideraciones generales sobre los alcances de dicho principio.
En suma, reclamó que se haga lugar al remedio interpuesto, que se anule la sentencia puesta en crisis y se dicte o se mande a dictar un nuevo pronunciamiento acorde a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 28/32).
Coincido con su dictamen.
III. De modo liminar y, en la medida que resulte necesario, cabe realizar una reseña de lo resuelto en las instancias previas.
III.1. El tribunal del juicio tuvo por acreditado que "...el día 29 de enero de 2017, siendo alrededor de las 16:00 horas, en circunstancias en que Viviana Gloria Frascini descendía de su vehículo marca Chevrolet, modelo Agile, tipo sedan cinco puertas, dominio KZU-159, en la calle Lafinur 2212 entre las calles Roca y Villegas, de Remedios de Escalada, partido de Lanús, fue sorprendida por dos sujetos de sexo masculino quienes, mediante intimidación con un arma cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada, se apoderaron ilegítimamente de la cartera con dinero en efectivo que tenía la víctima, de sus documentos personales, de un celular marca Nokia modelo 2760 y del vehículo de la nombrada, con el cual, ambos sujetos se dieron a la fuga"; asimismo "...que ese día, en el cruce de las calles Juan B. Justo y Pichincha, de la localidad y partido de Lanús, uno de los sujetos, portó, es decir, llevó consigo un revólver, marca Orbea, calibre 38 Largo, el cual se encontraba cargado con dos municiones de igual calibre en su tambor, en condiciones de inmediato uso, sin contar con la debida autorización legal para ello" (fs. 404 de las copias digitalizadas).
En el nivel de la calificación legal, sostuvo que "...los hechos imputados a Carlos Ezequiel Benítez deben calificarse como constitutivos de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada en concurso real con portación ilegal de arma de guerra agravado por registrar condena por delito doloso cometido con arma, por los que debe responder en carácter de coautor y autor, respectivamente, de conformidad a los artículos 45, 55, 166, inciso segundo, último párrafo y 189 bis, inciso segundo, párrafos cuarto y octavo, del Código Penal" (fs. 419 vta.).
En definitiva, resolvió aplicar la agravante en cuestión "...pues tal como surge de las copias obrantes a fs. 89, Benítez registra una condena anterior por el delito de robo agravado por el empleo de arma impropia y por cometerse en lugar poblado y en banda" y que "debe aplicarse más allá de la omisión del Ministerio Público Fiscal, pues se trata de un agravante de orden objetivo cuya aplicación se abastece con el único requisito de registrar tal tipo de condena, a la que, por otra parte, también se refirió la Fiscalía y por lo tanto no puede sorprender a la Defensa en modo alguno la aplicación de la ley que corresponde al caso" (fs. 420 y vta.).
III.2. En lo que aquí interesa, en el recurso de casación la defensa cuestionó el haberse aplicado de oficio la figura agravada de la portación de armas contenida en el citado octavo párrafo del art. 189 bis inc. 2 del Código Penal. Entendió que se trató de un exceso en la aplicación de dicha agravante, ya que el propio titular de la acción no la contempló, circunstancia que habría sorprendido a su parte con la consecuente vulneración del derecho de defensa en juicio.
III.3. A su turno, luego del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en la causa P. 132.864, el Tribunal de Casación resolvió que, si bien la señora agente fiscal no introdujo en los lineamientos acusatorios la figura puesta en crisis, es cierto que "...no existió alteración alguna en la descripción de la plataforma fáctica materia de juzgamiento. He allí el quid de la cuestión, pues el principio de congruencia como derivación de la garantía de defensa en juicio radica en la correlación entre los hechos materia de juzgamiento y la sentencia finalmente dictada, prescindiendo de la calificación jurídica propuesta por la acusación, dado que la subsunción de los hechos materia de litigio dentro de la figura legal pertinente resulta un ámbito reservado exclusivamente a la función de los magistrados" (fs. 115 y vta.).
Como sustento de esa decisión, trajo a colación el fallo "Fermín Ramírez vs. Guatemala" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 115 vta.).
Asimismo, coincidió con el tribunal de mérito en cuanto a que la figura cuestionada "...responde a circunstancias objetivas que fueron abordadas durante el debate, y sobre las cuales la defensa tuvo oportunidad de defenderse, pues tanto la existencia de una condena anterior por parte de Benítez -fs. 15- como así también la portación ilegal del arma de guerra fueron cuestiones abordadas en el marco del debate" (fs. 116).
Concluyó que, en consecuencia, "...no existió alteración alguna en el relato de los hechos que pudo haber sorprendido a la defensa e imposibilitado a la misma resistir la acusación" y que "...el impugnante omit[ió] señalar cuáles fueron, concretamente, las defensas que esta alteración del encuadre jurídico le imposibilitó esgrimir" (fs. cit.).
IV.1. En la vía impugnativa en examen, conforme se reseñó, la defensa de Benítez reeditó, en lo medular, el planteo llevado ante la instancia casatoria, sin reparar en las razones por las que se concluyó en sentido adverso a su pretensión (art. 495, CPP). Así, entonces, los reclamos se muestran tan solo como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta que demuestre aquello que intentó denunciar.
Para más, tal como fue resuelto por la instancia intermedia, es doctrina de esta Corte que, en la reglamentación del principio acusatorio, el sistema implementado por el Código Procesal Penal no asigna al Ministerio Público Fiscal la atribución, a modo de señorío absoluto, de establecer el monto máximo de la pena eventualmente imputable al acusado de un delito, ni tampoco la de vincular al juzgador respecto de la calificación jurídica que quien ejerce la pretensión le otorgue al hecho. Antes bien, fija como límite "el hecho materia de acusación", "o sus ampliaciones" (arts. 374 anteúltimo párr. y 375 segundo párr. inc. 1, CPP; causa P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; e.o.).
Por otra parte, las alegaciones efectuadas no se ocupan de demostrar de qué modo se alteró la plataforma fáctica sobre la cual se asentó la calificación jurídica o en cómo Benítez se habría visto despojado de las garantías de debido proceso y defensa en juicio a partir del encuadramiento legal del hecho efectuado por el juzgador (art. 495, CPP y su doctr.).
Resulta oportuno recordar que lo que resguarda el principio de congruencia es que la sentencia que se dicte sea sobre el mismo hecho materia de acusación, y que tanto la defensa como el imputado hayan podido tener conocimiento y, de tal suerte, resistirla sin sorpresas. Mas no necesariamente el hecho de la declaración indagatoria o de la requisitoria fiscal en la elevación a juicio -y mucho menos su calificación legal- debe ser exactamente el mismo en la acusación bajo apercibimiento de transgresión a la aludida congruencia. Por el contrario, el límite resulta del hecho por el que se intima al imputado en la acusación, respecto del cual se habrá de defender (arg. art. 18, Const. nac.). De modo que, si ese límite fue respetado, como sucedió en el caso en examen, la mentada violación no es tal. Máxime cuando la recurrente no logró demostrar que los hechos que comportan la materialidad ilícita del fallo sean diferentes de modo sustancial de aquellos ponderados en el planteo acusatorio y, menos aún, que resultare visible una discordancia fáctica de aspectos relevantes, no meramente accesorios o menores, entre lo expuesto en la acusación y en la sentencia de condena (conf. causas P. 93.751, sent. de 15-VII-2009; P. 108.865, resol. de 19-XII-2012; P. 99.586, sent. de 16-VII-2014; P. 120.665, sent. de 9-XII-2015; e.o.).
En definitiva, el recurrente no logró demostrar que en este caso se haya configurado un déficit que le impidió conocer y defenderse de la acción que se atribuyó a Benítez, respecto de la cual estuvo legalmente al tanto a lo largo de todo el proceso (conf. causa P. 99.820, sent. de 11-III-2009) Tampoco evidenció el avasallamiento del derecho de defensa en juicio que denunció transgredido, ni que haya existido un cambio sorpresivo en el tratamiento dado a la imputación que obstaculizara el ejercicio de tal derecho o que al resolverse la cuestión se incurriera en un apartamiento de las reglas del debido proceso legal (art. 495, cit.).
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), circunstancia que no se advierte en el caso de autos.
IV.2. Por último, los reclamos que ahora introdujo la defensa en el remedio en trato referentes a que el tribunal de mérito privó a esa parte de la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad del art. 189 bis inc. 2 octavo párrafo del Código Penal, así como que mediante su aplicación dicho órgano incurrió en la afectación del principio de culpabilidad por el acto y a la garantía del ne bis in idem, no fueron llevados en estos términos ante el órgano revisor (v. en especial fs. 59 y vta. de las copias digitalizadas), por lo que resultan fruto de una reflexión tardía y, por ende, inabordables en el marco de la competencia revisora de este Tribunal (arg. arts. 161 inc. 3 "a", Const. prov.; 451, 494 y concs., CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del colega doctor Genoud.
Tal como sostiene en su voto, quien recurre no logra justificar el invocado menoscabo a la defensa en juicio y debido proceso, a raíz de la violación del principio de congruencia (arts. 18, Const. nac. y 8, CADH).
Pues, aunque por vía de hipótesis, la parte podría haber presentado planteos derivados de esa calificación legal en ocasión del alegato, la subsunción más gravosa establecida por el juzgador no ha sido consecuencia de una plataforma fáctica diversa ni sorpresiva, en tanto la discusión discurrió por si el imputado Benítez tuvo portación del revólver calibre 38 que le fue secuestrado o solamente tenencia. Mientras el elemento calificante que se le atribuyó: registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, era un dato conocido. Y la defensa, siquiera en ocasión de ocurrir ante Casación dio cuenta de algún planteo que hubiera podido esgrimir a fin de contrarrestar ese encuadre legal que denuncia sorpresivo. Ello, en tanto y en cuanto la condena previa registrada no ha sido objetada por la parte interesada respecto a la posibilidad de que los delitos en cuestión no encajaran en aquellos a los efectos de la tipificación en la agravante del octavo párrafo del inc. 2 del art. 189 bis del Código Penal, ni tampoco postuló el caso constitucional que extemporáneamente ahora articula, tal como se pone de resalto en el sufragio del ponente.
En suma, frente a este singular estado de cosas, la queja deviene impróspera (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto emitido por el doctor Genoud con los agregados realizados por el doctor Soria.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Carlos Ezequiel Benítez, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/10/2023 10:47:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 12:23:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/10/2023 09:14:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/10/2023 09:29:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/10/2023 11:23:43 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/10/2023 12:56:39 hs. bajo el número RS-128-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia