Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133005
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 133.005-Q, "A. M., M. Á.. Queja en causa n° 93.889 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan, Maidana, Carral .
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 21 de mayo de 2019, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de M. Á. A. M., contra la decisión de ese órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó el carril de la especialidad frente al pronunciamiento de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón que confirmó el cómputo de pena aprobado por el órgano de mérito (v. fs. 129/132).
El señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 136/147).
Esta Corte, el 16 de junio de 2020, hizo lugar a la presentación y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que la tacha de arbitrariedad respecto de la aplicación de la ley 27.362 y la consecuente afectación de los principios de legalidad y ultraactividad de la ley penal más benigna -ley 24.390- se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias (v. fs. 154/156 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 147/189 vta., dictada la providencia de autos a fs. 189 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los agravios se reseñarán teniendo en especial consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sin que corresponda hacer referencia al embate que quedó fuera del ámbito de competencia de esta Corte (inconstitucionalidad de la ley 27.362; conf. art. 486 bis, CPP).
El señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, tildó la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación, denunció arbitraria aplicación retroactiva de la ley 27.362 y afirmó que se afectó el principio de legalidad pues, a su entender, se debió aplicar ultraactivamente el art. 7 de la ley 24.390, anterior a la reforma de la ley 25.430, por ser más benigna (arts. 18, Const. nac.; 2, 3 y 24, Cód. Penal; 9, CADH y 15.1., PIDCP).
Aclaró que la situación de su asistido no está abarcada por la ley 27.362, por lo que su aplicación extensiva y retroactiva es arbitraria y violatoria del principio de legalidad. Agregó que dicha norma pretende efectuar una "interpretación auténtica" de la ley 24.390 luego de transcurridas más de dos décadas desde la sanción de esta última, afectando el principio de irretroactividad de la ley penal.
Resaltó que la interpretación de la ley 24.390 en relación con los delitos comunes resultaba pacífica hasta antes de la entrada en vigencia de la ley 27.362. En su apoyo, citó el precedente "Arce" (Fallos 331:472) de la Corte nacional, en el que -según dijo- se estableció que lo que importa es que el delito se haya cometido durante la vigencia de la ley 24.390, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho período. En tal sentido, aseveró que como A. fue condenado por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390 (B.O. de 22-XI-1994) la doctrina de "Arce" es completamente aplicable.
De seguido, en lo que respecta al alcance que debe darse a las leyes interpretativas dictadas por el Congreso y a la exégesis que efectúa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trajo a colación el fallo "Valot, Eduardo Alfredo c/ AFIP" (sent. de 17-V-2005). Advirtió que ese tipo de leyes puede ser un fraude de etiquetas y, en esencia, modificar el régimen legal y concluyó que, por tales motivos, no puede prevalecer la interpretación auténtica por sobre la asignada por la Corte federal en el caso "Arce".
Adujo que de acuerdo con el art. 2 del Código Penal, siempre se aplicará la ley penal más benigna en todos los supuestos en donde se analice la prisión preventiva por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390; a su vez, refirió que el art. 3 del Código Penal reconoce que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado, lo que importa la consagración de una excepción a la regla general que impide combinar los elementos más benignos de dos leyes.
Por tales motivos, consideró que deben observarse los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 por sobre los arts. 2 y 3 de la ley 27.362, en función del carácter material que revisten las reglas referidas al cómputo de la pena y porque la primera era la ley vigente al momento del hecho. En su apoyo, citó nuevamente el fallo "Arce" y la causa P. 93.620, "C., R. C. y otro" de esta Corte (sent. de 7-IV-2009), voto del doctor de Lázzari, en donde -según dijo- se consideró aplicable lo establecido en el art. 7 de la ley 24.390 al período en que el imputado estuvo detenido por segunda vez sin condena firme por un hecho cometido durante la vigencia de aquella norma.
En virtud de lo expuesto, atendiendo al carácter material que revisten las leyes 24.390 (B.O. de 22-XI-1994), 25.430 (B.O. de 1-VI-2001) y 27.362 (B.O. de 12-V-2017), y pese a que el cambio de valoración efectuado se documentó a través de la legislación, por imperio del principio de legalidad y por aplicación universal del principio de la ley penal más benigna (CSJN "Cristalux", Fallos: 239:824), solicitó que se respete la aplicación de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390.
Resaltó que "...la interpretación auténtica de la ley es un recurso que sólo resulta legítimo cuando se presenten interpretaciones disímiles en torno a una cuestión, presupuesto que no acontece en el presente dado que hasta la sanción de la ley 27.362 la jurisprudencia pacíficamente aceptaba la aplicación del cómputo privilegiado en función de la fecha de comisión del hecho, resultando indiferente que el sujeto hubiese estado detenido o no durante la vigencia de la ley 24.390".
En lo que respecta a los alcances de la ley 27.362, aclaró que la inaplicabilidad de ley 24.390 con relación a los delitos de lesa humanidad no tiene ninguna incidencia en el caso de autos, ni tampoco la tiene lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Batalla". Añadió que el alcance de los arts. 2 y 3 de esa norma debe restringirse lo máximo posible. Refirió que el cómputo de la pena debió hacerse conforme lo prescripto por la ley 24.390, porque estuvo vigente en tiempo intermedio entre el momento de comisión del delito y el dictado del fallo y es la más benigna (conf. "Arce", cit.)
En definitiva, afirmó que la aplicación al caso de la ley 27.362 viola el principio de legalidad por ser una ley más gravosa a la vigente al momento de los hechos que se aplicó de manera retroactiva.
Por último, citó el título de la ley 27.362 así como su art. 1, en los que se hace referencia a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y dijo que el hecho cometido por su asistido no encuadra en ninguno de ellos por ser un delito común. Ponderó también el contexto sumarísimo en que se sancionó esa norma (luego del cuestionado fallo "Muiña" de la CSJN), todo lo cual, a su entender, demuestra que la intención del Poder Legislativo no fue reglamentar la interpretación del art. 7 de la ley 24.390 para todos los delitos sino exclusivamente para los referenciados en la ley 27.156, a los que alude el art. 1 de la ley 27.362, y que están directamente conectados con los arts. 2 y 3 de la misma norma.
En suma, solicitó que se haga lugar a su planteo y se remita el expediente al tribunal de primera instancia para la realización de un nuevo cómputo.
II. El señor Procurador General aconsejó desestimar el recurso deducido (v. fs. 177/181 vta.).
Postuló que si bien en el caso rigió temporalmente la ley 24.390 (por hechos cometidos desde enero a junio de 2001) sus presupuestos no se habían constatado y por eso no correspondía aplicarla, en función de los argumentos que desarrolló en su dictamen.
III. Coincido con el Procurador; la impugnación no prospera (conf., mutatis mutandis , mi voto en causa P. 131.819, sent. de 24-II-2023).
IV. Previo a ingresar al fondo del reclamo es necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. M. Á. A. M. fue condenado por sentencia firme de fecha 23 de noviembre de 2017 a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el ascendiente reiterado en doce oportunidades, todos en concurso real entre sí, los que a su vez concurren idealmente con el delito de promoción de la corrupción de menores agravada por haber sido cometida por el ascendiente (víctima I.A.A.), y por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el ascendiente en grado de tentativa (damnificada C.E.A.A.), según hechos respectivamente acontecidos en fechas indeterminadas, pero ubicados entre los primeros días del mes de enero y antes del 12 de junio de 2001, en las localidades de San Miguel, partido del mismo nombre, y William Morris, partido de Hurlingham, y entre el 12 de agosto de 2001 y el 12 de agosto de 2012, en la localidad de William Morris, partido de Hurlingham.
Con fecha 5 de febrero de 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón aprobó el cómputo de pena, del que surge que A. estuvo detenido ininterrumpidamente desde el 12 de mayo de 2014 y que la sanción impuesta vencerá el 11 de mayo de 2032 a las 24 horas, mientras que la caducidad registral operará el día 11 de mayo de 2042 (v. fs. 2/4).
IV.2. Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso de apelación, en el que solicitó la aplicación ultraactiva del cómputo privilegiado previsto en el art. 7 de la ley 24.390, en el entendimiento de que los delitos por los cuales fue condenado su asistido ocurrieron durante su vigencia (primeros días del mes de enero y antes del 12 de junio de 2001).
Sostuvo que las consecuencias de la llamada "ley del 2x1" se extienden a todas las causas iniciadas hasta su derogación, más allá de la entrada en vigencia de la ley 25.430.
Planteó que el tiempo de prisión preventiva cumplido por A. debe computarse al amparo de ese régimen más benigno a partir de los dos primeros años de detención y hasta la firmeza de la condena (9-XII-2017), en función del art. 2 del Código Penal. Así, ubicó el vencimiento de la pena el 21 de enero de 2027 y la caducidad registral el 21 de enero de 2037 (v. fs. 5/8).
IV.3. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, el 24 de mayo de 2018, confirmó el pronunciamiento de primera instancia. La jueza que lideró el acuerdo, y a cuyo voto adhirieron sus colegas de sala, consideró acertado lo resuelto por aplicación de la ley 27.362 de "Interpretación Auténtica", que en su art. 2 estableció que "...el art. 7° de la ley 24.390 -derogado por la ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en que el condenado hubiera estado privado de la libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley" (fs. 9 vta.).
IV.4. La defensa dedujo recurso de casación (v. fs. 18/21 y 35/42). Advirtió que la interpretación propuesta por la ley 27.362 respecto de los alcances del cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390 resulta claramente más desfavorable y perjudicial que la contemplada en la ley 24.390, si bien hoy derogada por la 25.430, vigente al momento de los hechos; dijo que era imperativo aplicar la ley 24.390 por resultar más benigna a la hora de computar el plazo de encierro preventivo sufrido por A.. Asimismo, resaltó que el art. 3 del Código Penal establece que "En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado".
Afirmó que en función de los arts. 1, 7 y 8 de la ley 24.390 y 2, 3, 24 y 77 del Código Penal, y del acuerdo plenario 8.746 del Tribunal de Casación, la pena de dieciocho años de prisión impuesta a A. vence el 21 de enero de 2027.
IV.5. La Sala IV del Tribunal de Casación, el 4 de diciembre de 2018, rechazó el recurso por inadmisible a tenor de la interpretación que efectuó del art. 450 del Código Procesal Penal, pese a lo cual ingresó al tratamiento de las cuestiones federales y de fondo planteadas, y las desestimó (v. fs. 44/49).
Con cita textual de lo resuelto en causa 87.411, caratulada "Ardura", de ese mismo órgano jurisdiccional (sent. de 5-IV-2018), afirmó que "...no existe conflicto en el análisis de la aplicabilidad de las normas del Código Penal en los términos del art. 2 del mismo desde que los preceptos de la ley 27.362 brindan precisión a los alcances de la 24.390 y la 25.430, constituyendo una verdadera norma interpretativa formulada por el mismo órgano que oportunamente dictara las segundas. Vale decir que la primera de las legislaciones mencionadas constituye una suerte de 'reglamentación' de las últimas la cual, aunque tardíamente dictada, debe imperar en la determinación del ámbito de aplicación de las referidas leyes 24.390 y 25.430 toda vez que resulta que ambos textos se complementan entre sí, acotando en consecuencia el margen interpretativo que de las mismas puede hacer el poder judicial".
Concluyó que "...el cómputo privilegiado establecido por las referidas legislaciones queda circunscripto a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley exclusivamente (ley 24.390 -B.O. de 22-XI-94- derogada por ley 25.430 -B.O. de 1-VI-01-)", por lo que -a su juicio- no había que realizar ningún análisis de mayor benignidad (v. fs. 48).
V. Inicialmente, cabe aclarar que -contrariamente a lo sostenido por la defensa oficial- la ley 27.362 no solo contempla a los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, sino que su art. 2 abarca a los delitos comunes. Ello se desprende de la interpretación literal y sistemática del texto de la ley y también del debate parlamentario.
V.1. Interpretación literal y coherente de la ley 27.362.
Como primer punto, el título de la ley, "Conductas delictivas. Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra", configura un indicio de que la norma no solo regula el cómputo privilegiado respecto de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra -expresamente mencionados en el título- sino también de los delitos comunes, abarcados en el término "Conductas delictivas", marcando por intermedio de la puntuación empleada (punto y seguido) que se trata de algo distinto a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
En segundo lugar, la lectura sistemática y coherente del texto completo de la norma indica que los arts. 1 y 2 receptan casos diferentes, pues de lo contrario, si se afirmara que ambos se refieren a la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, lo cierto es que la normativa resultaría incoherente por dar soluciones contrapuestas a un mismo caso.
Veamos.
Por un lado, el art. 1 de la ley 27.362 establece que "De conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7º de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional". De la literalidad de dicho artículo se advierte la imposibilidad absoluta de aplicar el cómputo privilegiado a ese tipo de delitos sin excepción alguna.
Por otra parte, el art. 2 prevé que "El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley". Este artículo regula los supuestos -distintos a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio- en los que procede la aplicación del cómputo privilegiado bajo ciertas condiciones.
De ahí que afirmar que la ley 27.362 únicamente abarca el universo de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra -tal como pretende el recurrente- y que quedan afuera todos los otros delitos genera una contradicción insalvable entre los arts. 1 y 2, pues estos darían soluciones contrapuestas para un mismo caso: por un lado, la prohibición absoluta de aplicar el cómputo privilegiado a un grupo de delitos (art. 1); y por el otro, la posibilidad de aplicarlo bajo ciertas condiciones, esto es, si la persona hubiera estado detenida durante la vigencia de la ley 24.390 (art. 2). Tal exégesis de la norma es insostenible por incoherente.
En ese sentido, Nino explica que "Hay una contradicción entre normas cuando dos normas imputan al mismo caso soluciones incompatibles. En la formulación de Alchourrón y Bulygin, un sistema normativo es inconsistente cuando correlaciona un caso con dos o más soluciones y lo hace de tal modo, que la conjunción de esas soluciones constituye una contradicción normativa. La primera condición, pues, para que haya inconsistencia normativa, es que dos o más normas se refieran al mismo caso, que tengan el mismo ámbito de aplicabilidad. La segunda condición, es que las normas imputen a ese caso soluciones lógicamente incompatibles" (Nino, Carlos S.; Introducción al análisis del derecho , 2da. edición, 12va. reimpresión, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003, págs. 272/273).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "...para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769)" ("Acosta", Fallos: 331:858, cons. 6).
En definitiva, la letra de la norma -primera fuente de interpretación- así como también el principio lógico de no contradicción, permiten afirmar que la ley 27.362 no solo establece la imposibilidad absoluta de aplicar el cómputo privilegiado a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra (art. 1) sino que regula las condiciones necesarias para la aplicación del 2x1 al resto de los delitos (art. 2).
V.2. El debate parlamentario.
Lo expuesto hasta aquí se refuerza con el debate parlamentario, del cual surge con claridad que la ley pretendió, además de zanjar las discusiones luego del fallo "Muiña" (CSJN causa "Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros s/ recurso extraordinario", sent. de 3-V-2017, Fallos: 340:549), abordar los alcances de la aplicación ultraactiva de la ley 24.390 a los delitos comunes (conf. art. 2, ley 27.362).
A modo de ejemplo, resulta de utilidad citar un extracto de la exposición del diputado Tonelli, quien afirmó: "Nuestro proyecto apunta a que la ley 24.390 deba interpretarse de manera tal que solo pueda beneficiar a quienes padecieron prisión preventiva en el lapso de vigencia, es decir, durante 1994 y 2001 [...] Este es el sentido de nuestro proyecto, que además tiene la particularidad -o la virtud desde nuestro punto de vista- de que no solo comprende el caso de los delitos que más preocupación generan, que son los de genocidio, lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, sino que comprende y alcanza a todos los delitos [...] Esta es nuestra propuesta, la hemos discutido con los representantes de
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