Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133075
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.075, "Altuve, Carlos Arturo, Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa n° 92.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de mayo de 2019, rechazó los recursos homónimos presentados por la señora agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada n° 2 con asiento en Ituzaingó del Departamento Judicial de Morón, y por la particular damnificada, M. P. A., contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de la mencionada departamental que absolvió a A.H. D. en orden al delito de abuso sexual agravado por el vínculo (v. fs. 320/328).
Contra ese pronunciamiento, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, el señor fiscal, doctor Carlos Arturo Altuve (v. fs. 333/348), y también la particular damnificada (v. fs. 350/378 vta.).
El Tribunal de Alzada los desestimó por inadmisibles (v. fs. 393/398 vta.), lo que derivó en la presentación de sendos recursos de queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, desestimó por inadmisible la queja interpuesta por M. P. A., con patrocinio letrado (v. copia de la resolución agregada a fs. 414 vta. y 415 correspondiente al legajo P. 133.184-Q), y admitió la presentada por el fiscal de Casación, concediendo la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que la denuncia de arbitrariedad cuenta con la carga técnica necesaria (v. fs. 496/497 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 531/537), dictada la providencia de autos (v. fs. 539), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció arbitrariedad en la fundamentación de la duda respecto de la autoría del imputado, por apartamiento de las constancias de la causa, afirmaciones dogmáticas y déficit de motivación (v. fs. 337 vta.).
Se agravió porque el órgano revisor consideró que no existió ningún elemento de prueba más allá de la declaración de la menor víctima en torno a los abusos padecidos por la misma por parte de su papá (v. fs. cit.).
Adujo que la duda del sentenciante sobre la participación de D. en la materialidad ilícita posee un fundamento aparente, en tanto realiza afirmaciones dogmáticas y omite la consideración de prueba decisiva para la solución del pleito (v. fs. 337 vta. y 338).
I.1. Postuló la arbitrariedad de lo decidido, en primer lugar "...por no resultar cierto que el testimonio de la menor sea un elemento solitario" (fs. 339).
Argumentó que la licenciada en psicología Cecilia López fue contundente al señalar, en el respectivo informe, que luego de diez meses de tratamiento pudo concluir que D. presentaba síntomas y signos de vivencias abusivas de índole sexual (v. fs. cit.).
En línea con lo anterior, reprodujo diversos pasajes de lo declarado por la misma licenciada durante el debate, en la que fue relevada del secreto profesional (v. fs. 339 vta./340 vta.).
Alegó que, pese a tan detallado relato y explicación de dicha profesional, nada de ello fue considerado por el órgano revisor, sino que se limitaron a poner en duda la denuncia de la víctima por considerar que el mentado informe era una "...rara 'melange...' entre un psicodiagnóstico y las conclusiones de un tratamiento psicológico [...] al guardar '...estricta similitud' con las mismas vivencias reflejadas en una obra de la misma autora [...] como así también por su condición de consultora de ONG 'Salud Activa' (CIAPSI), organización presidida por la abuela de la menor, que le costara la separación de su cargo por el Juez de Garantías, ante la 'dualidad de roles'" (fs. 340 vta.).
Que lo resuelto por el tribunal revisor, en orden a que dada la carencia de un psicodiagnóstico independiente se debía volver al relato de la víctima como único sustento de las hipótesis acusatorias, constituyó una afirmación dogmática en el entendimiento de que se quitó mérito a una declaración fundamental como la brindada por la terapeuta que entrevistara durante años a la víctima, y que al menos debió revestir un serio valor como prueba indiciaria a la hora de apuntalar los dichos de la menor o, en el último de los casos, ponderarse como un indicio más, en forma conglobada con el resto del material existente (v. fs. 340 vta. y 341).
Agregó que, en el mismo sentido, debía sumarse el testimonio de la licenciada Adriana María Pérez Suazo, quien afirmó que los dichos de la víctima durante la audiencia de debate le resultaron creíbles pues coincidía con lo que había manifestado en Cámara Gesell, y que en dicha oportunidad la víctima no estaba tan angustiada como ahora donde se pudo explayar mucho más y que no le pareció que estuviera mintiendo (v. fs. 341 vta.).
Advirtió que ambos sentenciantes de grado incurrieron en una valoración fragmentada de la prueba, al tomar sólo el informe que la citada profesional practicó en la etapa de investigación del cual no surgen indicadores traumáticos específicos de abuso sexual infantil, dejando de lado lo manifestado por la misma durante la declaración en el juicio oral (v. fs. 341 vta. y 342).
Como un indicio más en torno a la credibilidad del relato de la víctima, trajo a colación lo declarado por su madre M. P. A., en cuanto expresó que un día su hija le dijo "...mi papá me toca la cola", y como consecuencia de ello no dejó que D. siguiera yendo a la casa del padre, y que D. no ofreció resistencia alguna (v. fs. 342).
I.2. En segundo lugar, criticó que el órgano revisor omitiera considerar que la víctima de un hecho llevado a cabo en solitario y sin terceros presenciales, justifique que -como en el caso- la fuente de comprobación del hecho remita a los dichos de la propia víctima.
En esa senda, adujo que el sentenciante se apartó de los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú" en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que cuando se investigan hechos de violencia sexual la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos probatorios independientes (v. fs. 342 y vta.).
Cuestionó además que el órgano revisor avaló lo resuelto por la mayoría del tribunal de mérito acerca de encontrar "graves" contradicciones en los dichos de la menor.
Luego de efectuar una reseña de las mismas, señaló que se asignan contradicciones en cuestiones que hacen a la fragilidad de la memoria de la niña víctima de un abuso sexual, entendiendo que "Tal modo de razonar, aún cuando la niña pudo variar algún detalle menor, transcurridos -como es el caso- seis años desde la primera declaración en Cámara Gesell, ofende el sano juicio y las reglas de la lógica que deben gobernar la tarea de la valoración probatoria" (fs. 343).
En lo concreto, sobre la ampliación de la declaración de la víctima efectuada durante el debate, destacó que es acorde al sentido común y resulta avalado por la licenciada Pérez Suazo, en cuanto a que, al llegar a una edad de mayor desarrollo en materia sexual, la víctima recién pudiera comprender la totalidad de las agresiones sexuales sufridas a mano de su propio padre (v. fs. cit.).
Y en cuanto a la discrepancia emergente entre los recuerdos de la niña sobre su paso por el colegio y los informes suministrados por dicha institución, explicó que se comparan las percepciones subjetivas de la víctima de cómo se sentía en aquella época los informes fríos y objetivos del colegio respecto de la conducta, lo cual -en su parecer- resulta absurdo y constituye un elemento más en aras de la descalificación merecida por el fallo en cuestión (v. fs. 343 vta.).
Afirmó que el órgano revisor al descreer de manera arbitraria de los dichos de la niña, se aparta de las reglas de la experiencia, el sentido común y la enseñanza de la psicología en la evaluación de este tipo de hechos y desconoce las normas de rango constitucional (arts. 1, 19 y 34, CIDN) y la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la par que citó doctrina de esta Suprema Corte en orden a la habilidad del testimonio de la víctima (v. fs. cit.).
I.3. Concluyó que "...no puede soslayarse que el particular tipo de delito en tratamiento (contra la integridad sexual) requiere una mayor flexibilidad en la apreciación de los elementos generadores de convicción, debiendo merituarse hasta el más mínimo indicio, con el fin de evitar la impunidad de tan aberrantes hechos que en la casi generalidad de los casos cuentan con escasos testimonios directos y presenciales, más allá de la víctima de los mismos" (fs. 344).
Por último, destacó que la insuficiencia probatoria en la acreditación de la autoría del imputado "...a) carece de motivación, por cuanto en principio, no ha existido una crítica razonada al testimonio de la víctima, otorgando sólo fundamento aparente a la decisión, ello puesto que esa declaración resultaba ser prueba basal b) se ha apartado el órgano casatorio de las declaraciones testimoniales, fragmentando en forma arbitraria los dichos en el juicio y omitiendo considerar otros elementos de prueba de trascendental importancia..." (fs. 345).
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. fs. 531/537).
III. Coincido con él, en tanto estimo que el Tribunal de Casación, al resolver del modo en que lo hizo, incurrió en un supuesto de arbitrariedad que descalifica a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido.
Previo a ingresar al fondo del reclamo, se hará una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. De la lectura del pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón se advierte que los hechos por los que venía acusado D. eran los siguientes: "En fecha no determinada, pero establecida entre el día 10 de agosto del año 2002 y el 10 de agosto del año 2008, al menos en dos oportunidades, durante los fines de semana, en horas de la noche y en el domicilio sito en la calle … … … de la Localidad de Ituzaingó, A. H. D. tras obligar a su hija M. D. D. a dormir juntos en la cama de su habitación, le tocó la vagina por debajo de la bombacha, abusando de esta manera sexualmente de la menor" (fs. 69 vta.).
En muy prieta síntesis, el voto del juez González -que hizo mayoría con adhesión del doctor Cedarri-, entendió que le asiste razón a la postura esgrimida por la defensa en orden a la aplicación del beneficio de la duda en favor de su asistido, desde que los elementos de cargo que ha receptado y valorado a tenor de los arts. 209 y 210 del Código Procesal Penal, le permitieron "...formar convicción a la hora de dinamizar la aplicación del postulado previsto en el art. 1 del ceremonial" (fs. 71).
A fin de dar anclaje a su postura, inicialmente se refirió a las circunstancias concomitantes sucedidas en la causa que -según expuso- vienen a atentar con la búsqueda de la verdad material. En tal sentido, enumeró la denuncia que dio origen a la presente causa, el inicio por ante el Tribunal de Familia n° 1 de los expedientes "A., M. P. c/D. H. A. s/Alimentos" (causa n° 34.479), y "D. A. c/A. M. s/Régimen de Visitas" (expte. n° 35.632), el examen preliminar a la víctima practicado por la licenciada Adriana Pérez Suazo, el informe médico legal de policía practicado por la doctora Alejandra Sansostri, así como los distintos informes psicológicos y psiquiátricos realizados tanto en la persona de la denunciante como del imputado (v. fs. 71 vta. y 72).
Luego efectuó diversas consideraciones generales en orden a la noción de víctima en los casos de abuso sexual de menores, así como con relación a "...la prudencia que requiere este tipo de delitos a la hora de su correcta indagación, por cuanto ninguna norma subordina la utilidad de la declaración del menor víctima de abuso en relación con cánones de pruebas específicos, tales como la existencia de la retroalimentación externa o ejecución de una evaluación psicológica, dificultándose así la evaluación de dicho testimonio, la cual recae plenamente en la libre decisión del Tribunal" (fs. 74 y vta.).
Continuó señalando que, al decir de la titular de la acción pública, sólo se centra la hipótesis acusatoria en el relato de la víctima y los dichos de la licenciada Pérez Suazo, restándole valor convictivo a las demás pruebas producidas, y en particular al informe de la licenciada López "...sobre el cual reposa la información recibida por parte de la niña, siendo esta profesional terapeuta de D., y única fuente de conocimiento de los hechos abusivos" (fs. 75).
Con relación al aludido informe, destacó que "...parece ser una rara 'melange', entre lo que intentó ser un psicodiagnóstico y las conclusiones del tratamiento psicológico proporcionado a D., sin siquiera ser despejado en el tránsito del debate el alcance de uno u otro sentido, ya que al decir de la propia terapeuta en forma generalizada se utilizaron las mismas técnicas propedéuticas de abordaje" (fs. 75 y vta.).
Agregó que el mismo ha sido motivo de controversia dada "...la estricta similitud que guardan los relatos transcritos, con aquellas mismas vivencias reflejadas en la obra de nota de la autora en su texto 'La búsqueda de la Espada Mágica'" (fs. 76).
Recordó que, con anterioridad, D. había sido evaluada por la licenciada Cuadro en el centro de "Salud Activa" CIAPSI cuando la menor contaba con siete u ocho años de edad y que "...en punto a la[s] situaciones de abuso de índole sexual, es la propia terapeuta, quien aseveró que no observó indicadores específicos y/o inespecíficos compatibles con abuso sexual alguno" (fs. 76 vta.).
Añadió que, más cercano al inicio de la causa, la perito oficial Pérez Suazo destacó que no hay trastorno psicoevolutivo y psicosexual, que tiene una vida típica de adolescente de trece años, no se visualizan a la fecha indicadores traumáticos específicos de abuso sexual infantil, dado que han pasado cuatro años desde el inicio de la presente causa (v. fs. 77).
Señaló que desde dicha entrevista preliminar las dilaciones aparecen, ya que la deposición de la menor en Cámara Gesell, fue tomada recién con fecha 14 de septiembre de 2012, y que, en definitiva, tales dilaciones atentan con la búsqueda de la verdad (v. fs. 77 y vta.).
Advirtió que en el marco del debate la víctima "...refirió actos sexuales más gravosos y de distinta connotación a las dadas en su origen, y esta multiplicidad de relatos -más allá- de las apreciaciones vertidas por la Licenciada Pérez Suazo, en punto a la credibilidad del mismo" y agregó que "...esta misma perito oficial en etapa contemporánea a los primigenios hechos ventilados, aseveró que no existían indicadores de abuso sexual específicos e inespecíficos" (fs. 78).
Sostuvo que "...este nuevo relato vuelve a padecer la misma tónica del primigenio, es decir de descontextualización de los hechos; descontextualización que podría contravenir los principios contenidos en el art. 335 del rito" (fs. 78 y vta.).
A modo de ejemplo, trajo a colación un tramo de la declaración de la víctima, que reza: "...las películas no sé si estaban en la compu, o la ponían, que había otras personas, imágenes, o sombras en la habitación, uno de pelo largo, no recuerdo bien cuando comenzó, que era muy chiquita, que tendría cuatro o cinco años, o siete u ocho años, cuando iba a la primaria a la Escuela Almafuerte, que era muy chiquita, que sucedieron los hechos de los dos años hasta los diez, que me tocaba la vagina, el clítoris, el culo, sexo oral, fotografías desnudas, me eyaculaba", a partir ello se preguntó si hubiera sido útil, la realización de un psicodiagnóstico, tanto al origen de la presente, como a la fecha del pronunciamiento, concluyendo que la respuesta es afirmativa, pero que ello no ocurrió ni ocurrirá en autos (v. fs. 78 vta.).
Además, explicó que la investigación de este tipo de delitos debe recurrir a un proceso multimodal de peritaje y que tal valoración gira alrededor de las técnicas usadas por clínicos expertos que evalúan tanto las declaraciones del niño -en sentido amplio- y cuyo foco es protegerlo y que "...si bien no existen test o batería de test que puedan determinar si las declaraciones de abuso son fundadas o no, si pueden venir de datos adicionales concomitantes con el hecho o los hechos en sí, y ello precisamente es lo que no ocurre en el caso en trato" (fs. 79 vta.).
En resumen, dijo que "...las pruebas colectadas no abastecieron ni apoyaron la tesis acusatoria, más allá de la parcialización de la misma que hicieran tanto la señora Agente Fiscal, Dra. Biassotti, como así la Dra. Bentivegna, en su carácter de apoderada de Particular Damnificada, circunstancia ésta que me permite dinamizar la presunción contenida en el art. 1 del rito..." (fs. 86).
Concluyó que "...el plexo probatorio recolectado en la presente, no hace otra cosa que dinamizar el principio contenido en el art. 1 del adjetivo (favor rei); razón por la que concluyo que, los indicios valorados por el titular de la acción pública, y en consonancia con él, los dichos del particular damnificado, no logran persuadirme ni alcanzan para formar sincera convicción, quedando aquellas conclusiones en una mera entelequia, sin apoyo en la prueba reunida en el Juicio Oral y Público celebrado" (fs. 86 vta. y 87).
III.2. En lo que aquí importa, la señora agente fiscal de la instancia interpuso recurso de casación, en el que denunció la arbitraria valoración de la prueba en cuanto a la existencia y autoría del hecho.
En lo medular, destacó que D. D. fue escuchada, no solo en Cámara Gesell, sino también durante el debate siendo mayor de edad en el que hizo un relato claro y locuaz de lo sucedido, expresando circunstancias precisas de lugar y de oportunidad en que sucedieron los hechos, señalando a su progenitor como el autor de los mismos, más allá de las imprecisiones de las fechas y de los recuerdos fragmentados atento la corta edad que tenía cuando ocurrieron los hechos (v. fs. 99 y vta.).
Trajo a colación la declaración testimonial de la madre de la víctima M. P. A. en cuanto manifestó las razones que la llevaron a comenzar un tratamiento psicológico a D., primero con la licenciada Susana Cuadro a principios del año 2005, y luego con la licenciada Cecilia López en el mes de febrero de 2008, destacando que luego de mucho tiempo de tratamiento esta última "...D. pudo contar lo que le pasaba diciéndole textualmente 'papa me toca la cola', manifestándole que lo había hecho los fines de semana cuando se quedaba a dormir en la casa de su abuela paterna, que luego su hija lo contó en la cámara gesell, que a raíz de estos sucesos desvinculó a la niña de toda relación con su padre y también con el resto de la familia paterna incluso de sus abuelos" (fs. 99 vta.).
Asimismo advirtió que entre los profesionales psicólogos que depusieron durante la audiencia de debate, la licenciada Pérez Suazo como miembro del Cuerpo Técnico Auxiliar de la asesoría pericial fue la única profesional que resultó ser imparcial y logró evaluar los dichos de la víctima con mayor objetividad, quien al ser preguntada sobre la credibilidad de su relato estimó que lo que dijo en la Cámara Gesell coincidía plenamente con lo que contó en el debate, cuyo contenido fue más fuerte porque se pudo explayar más con su edad adulta, que lo que relató es porque lo vivió, no porque se lo hayan contado,
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