Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133076
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.076, "De Luca, José Alberto s/ Queja en causa n° 92.900 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó -en lo que importa para el caso- a José Alberto De Luca a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas cometido con el empleo de arma de fuego (hecho I, causa n° 6338/4, víctima Pablo Leandro Zárate), homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (hecho II, causa n° 6178/4, víctima Luis Alberto Rodríguez) y homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, ambos cometidos con el empleo de arma de fuego (hecho II, causa n° 6178/4, víctimas Diego González y Mauro Leiva), todos ellos en concurso real entre sí (arts. 41 bis, 42, y 80 inc. 6, Cód. Penal; v. fs. 34/81).
A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 19 de febrero de 2019, rechazó -en lo que interesa destacar- el recurso interpuesto por la defensa de José Alberto de Luca y confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 169/187 vta.).
Los señores defensores particulares, doctores Damián Roberto Pérez y Leonel Guillermo García, interpusieron a favor de José Alberto De Luca recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 214/221 vta.), que fue desestimado por inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 231/236).
Contra ello, la defensa de De Luca interpuso queja ante esta Corte (v. fs. 297/305). Este Superior Tribunal, por resolución del 19 de noviembre de 2020, admitió la queja deducida y concedió el recurso extraordinario con el alcance fijado en el punto IV del resolutorio mencionado (v. fs. 306/308).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 351/356 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 358 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de José Alberto De Luca?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal en virtud de la inexistencia de los elementos constitutivos del tipo (v. fs. 215 vta.).
Expuso que la decisión impugnada constituyó un agravio actual, grave y permanente, con la imposición de una injusta pena privativa de la libertad, la que en su instrumentación presentó errónea aplicación de la ley sustantiva y la doctrina (v. fs. cit.).
Sostuvo que, a partir de los elementos de prueba obrantes en la causa, no se desprendía la existencia de un plan previo y premeditado, por lo menos en los términos y con los elementos constitutivos que establece nuestro Código de fondo, de modo que el pronunciamiento impugnado era arbitrario (v. fs. 216).
La defensa cuestionó principalmente la existencia de "premeditación" alegada por los sentenciantes en los dos sucesos imputados. En tal sentido, consideró que en el "hecho I" la víctima Zárate se encontraba previamente amenazada de muerte por Gustavo Mariano -líder de una banda de la denominada Feria de la Salada, a quien le decían "El Cejudo"-, por lo cual ello impedía afirmar la concurrencia del concurso premeditado y plan previo exigido para que se configure la figura cuestionada (v. fs. 217 vta.).
Explicó que tales amenazas eran contrarias al espíritu de la agravante analizada, ya que la premeditación apunta a que se aminore la capacidad de defensa de la víctima, lo que -en su criterio- implica que el plan debe ser, en cierto aspecto, subrepticio. Por lo tanto, aseguró que las amenazas de muerte a Zárate por parte del "Cejudo" hicieron que Zárate, en lugar de aminorar, tomara ciertos recaudos, pues incrementó sus medidas de seguridad, su capacidad de defensa e incluso su capacidad de agresión toda vez que al momento de los hechos poseía dos armas de fuego (v. fs. cit.).
Agregó que la víctima no se encontraba sola, sino con un grupo numeroso de personas, de las cuales varias también estaban armadas, lo que generó un enfrentamiento y disparos de ambos lados. La defensa razonó que, entonces, en este caso, no se configuraba la agravante porque no había existido un plan previo entre varias personas destinado a disminuir la capacidad de defensa de la víctima, sino simplemente hubo un enfrentamiento entre dos bandas en un determinado lugar de la feria, suscitándose un tiroteo en forma ocasional, casual, difusa, en que integrantes de ambos grupos dispararon, resultando fallecido el mencionado Pablo Zárate (v. fs. 218 y 219).
Respecto del denominado "hecho II", consideró que tampoco ha habido un plan previo ni premeditación para eludir la capacidad de defensa de la víctima o matar en el sentido exigido por la norma. Expresó que de forma imprevista se había generado una discusión y, seguido de ello, comenzaron a dispararse de ambos lados en función del altercado suscitado. Estimó que este también fue un suceso difuso y repentino en el que dos bandas de personas armadas iniciaron una discusión que concluyó en un tiroteo (v. fs. 220 y vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 351/356 vta.), el recurso no prospera.
III. El tribunal del juicio tuvo por acreditado el denominado "hecho I" en los siguientes términos: "...el día 10 de febrero del año 2015, en el horario comprendido entre las 00.30 y la 1.00 aproximadamente, en circunstancias en que Pablo Leandro Zárate se desplazaba caminando por Camino de la Ribera y Euskadi de la localidad de Ingeniero Budge, Partido de Lomas de Zamora, fue interceptado por dos sujetos de sexo masculino, junto con aproximadamente otras trece personas, quienes coactuando al efecto y cumpliendo un plan previamente acordado, el que consistía en darle muerte a Zárate, interceptaron al nombrado y le efectuaron disparos con las armas de fuego que portaban, provocando el inmediato deceso de la víctima, toda vez que las múltiples heridas por proyectil que recibió le ocasionaron un paro cardio-respiratorio traumático" (fs. 34 vta.).
En cuanto al "hecho II", se tuvo por debidamente comprobado que "...entre las 23:45 horas del día 23 de febrero de 2015 y las 00:20 horas del día 24 de febrero de 2015, en la intersección de la calle Cosquín e intendente Pedro Pablo Turner, inmediaciones de la rotonda ubicada sobre la Av. Presidente Perón de Lomas de Zamora, un grupo de entre nueve y dieciocho personas entre las que se encontraban dos sujetos de sexo masculino, descendieron de tres vehículos, a saber un Mercedes Benz, un Citroen C4 y una Toyota Hilux color blanca dominio IOK-630, previo acuerdo de voluntades de todos ellos y con la clara e inequívoca intención de causar la muerte, efectuaron con las armas de fuego que portaban disparos hacia Luis Roberto Rodríguez, Diego Esteban González y Mauro Ariel Leiva, ocasionando heridas de tal magnitud en región inguinal derecha en el caso de Rodríguez que produjeron su deceso, y en el caso del mencionado Leiva herida por paso de proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad respecto de éste y del mencionado González" (fs. 53).
Dichos eventos fueron calificados como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas cometido con el empleo de arma de fuego (hecho I) y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas -un hecho- y homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa -dos hechos- cometidos con el empleo de arma de fuego (hecho II), todos ellos concursando realmente entre sí, en los términos de los arts. 41 bis, 42 y 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 78 y vta.).
Con relación a la calificación legal, el tribunal de juicio aludió a un precedente del Tribunal de Casación en el que se había expresado que "...el tipo penal del homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas requiere: 'la concurrencia de dos o más personas -el agente y dos personas más- y que la misma sea o responda a la convergencia de voluntades previamente establecida donde, la conducta de cada una de ell[a]s se encuentre subjetiva y objetivamente vinculada a la de otros no bastando la simple reunión ocasional [...]. La convergencia de voluntades concretadas implica que todos los complotados contribuirán con su concurso a una finalidad delictiva común, esto es, teniendo en todo momento y todos el dominio del hecho en virtud del previo acuerdo para llevar adelante el homicidio'" (fs. 75 y vta.).
Consideró que tales extremos se daban de manera palmaria en los hechos en examen, ya que "...las personas que trabajaban en la Feria de 'La Salada' y que prestaron declaración en el juicio, aseguraron que Pablo Zárate estaba amenazado de muerte por 'el Cejudo' y su banda 'Los Chaqueños'. Todos ellos coinciden en afirmar que, al momento de su muerte, el mentado llevaba puesto un chaleco anti balas y portaba dos armas de fuego [...] porque sabía que corría peligro su vida" (fs. 75 vta.).
Precisó que "...al bajar hacia la ribera, desde el bar 'Punta Mogotes' donde se hallaba el grupo de Zárate aguardando para cobrar los puestos de la feria, fueron recibidos por un grupo de personas -entre los cuales se encontraban los imputados- quienes esperaban a los mismos munidos de armas de fuego, para dar fin a sus vidas, en especial la de la propia víctima Zárate, lo que así sucedió en definitiva" y concluyó que ese evento fue claramente premeditado entre los agresores (v. fs. cit. y 76).
Culminó puntualizando que, en el "hecho I", los imputados, junto con el "Cejudo" Gustavo Mariano y otros sujetos no identificados, emboscaron a Pablo Zárate mediante un plan previo para quitarle la vida y así hacerse de los puestos que aquel tenía en la feria. Y, con respecto al "hecho II", estimó que "...también por cuestiones de poder territorial sobre puestos de la feria y la 'parada' de Traffic que transportaba personas hacia la feria, se presentaron diversos vehículos en el lugar donde se encontraba justamente la parada señalada, en la que se hallaba el fallecido Rodríguez y las restantes víctimas, de dichos vehículos descendieron los imputados conjuntamente con otras personas no identificadas, e intentaron dar con la vida de [Luis 'Pinky' Rodríguez, Mauro Leiva y Diego González] -solo lográndolo respecto de uno de ellos-". Con ello, el juzgador insistió en que ese acontecimiento tampoco resultó súbito, confuso ni repentino, sino que existió una clara convergencia de voluntades para lograr el único propósito diseñado (v. fs. 76 y vta.).
En ese orden, tuvo por acreditada la preexistencia de un acuerdo para segar la vida de las víctimas en ambos casos, quedando respecto de dos de los damnificados en el hecho II en grado de tentativa (v. fs. 76 vta.).
IV. En el recurso de casación, en lo que importa destacar para la resolución del caso, la defensa de José Alberto De Luca cuestionó la calificación legal por entender que no existían elementos idóneos para acreditar un plan previo o un accionar premeditado a fin de provocar la muerte de las víctimas. Por ello, solicitó la recalificación de ambos sucesos en los términos del art. 79 del Código Penal con la agravante contemplada en el art. 41 bis del mismo y, en consecuencia, la reducción de la pena impuesta (v. fs. 90/104).
V. El Tribunal de Casación Penal -con voto del juez Carral, que concitó la simple adhesión del juez Maidana- abordó los planteos de la defensa y los rechazó en su totalidad (v. fs. 169/187 vta.).
V.1. Con relación al "hecho I", el revisor apuntó -en lo que aquí interesa destacar- que "Las comprobadas circunstancias del suceso en trato revela[n] que en un horario cercano a la medianoche, y sin mediar palabra, varias personas -entre ellas los acusados- que se encontraban escondidas detrás de vehículos estacionados, salieron intempestivamente de sus escondites y comenzaron a disparar en dirección a la víctima y el grupo de individuos que lo acompañaban" (fs. 184 vta.).
Aludió que no había sido discutido que los agresores eran más de tres, ni tampoco cuál era el objetivo perseguido por ellos, ya que el ataque se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la víctima y uno de los disparos impactó en su cabeza, provocándole la muerte (v. fs. cit.).
Con base en tales circunstancias, descartó que el suceso hubiera sido "súbito, repentino y confuso" como intentaba plantear el impugnante. Tampoco compartió lo esgrimido por la parte en cuanto a que el grito que habría dado el líder del grupo ordenando que maten a la víctima era indicativo de que no hubo acuerdo ni plan previo para matar. Señaló que, en el contexto de los hechos reconstruidos en la sentencia, se advertía que desde el comienzo del ataque el objetivo era la persona de Pablo Zárate, debido a un conflicto previo entre aquel y el líder del grupo agresor (v. fs. 185).
Y destacó que aquel grito -sobre el que se apoyaba la argumentación de la defensa- no modificaba la reconstrucción del hecho comprobado en la sentencia, sino que podía ser considerado como una reafirmación del objetivo perseguido, en el contexto del violento ataque emprendido por los agresores (v. fs. cit.).
Asimismo, la Casación rechazó el planteo de la defensa según el cual no podía aplicarse el tipo penal previsto en el art. 80 inc. 6 del Código Penal porque las posibilidades de defensa del damnificado no se habrían visto disminuidas, al haberse comprobado que la víctima había sido amenazada de muerte previamente, que al momento del ataque tenía un chaleco antibalas y dos armas de fuego, y que además se encontraba acompañado por varias personas (v. fs. 185 vta.).
En lo concerniente a estas objeciones consideró que "Si bien es cierto que uno de los fundamentos de la figura agravada en cuestión se encuentra en la disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, conjuntamente con la mayor peligrosidad de la conducta ilícita allí prevista, todo ello debe ser consecuencia de la conducta emprendida por los sujetos activos -conducta dolosa de matar a otro con la concurrencia de voluntades de dos o más personas siguiendo un plan previamente acordado para tal fin-, sin que la particular situación de la víctima al momento del ataque pueda ser considerada como fundamento del desplazamiento de la calificación legal a la figura del homicidio simple que propone la defensa" (fs. 185 vta. y 186).
V.2. Respecto al "hecho II", ocurrido el 23 de febrero de 2015 y del que resultaron víctimas Luis Roberto Rodríguez, Diego González y Mauro Leiva, el tribunal intermedio también rechazó el planteo vinculado con la significación jurídica, según el cual los disparos dirigidos contra los nombrados habrían sido precedidos de una discusión, extremo que demostraría que se trató de un suceso espontáneo y no previamente acordado. Para ello, el revisor entendió que "Tanto Leiva como González expresaron que mientras Luis Rodríguez [que falleciera en el episodio] mantenía aquella discusión, repentinamente varias personas bajaron de la camioneta que pertenecía al acusado De Luca y comenzaron a dispararle [...], circunstancias que hablan de un accionar premeditado y previamente acordado, en el que la discusión a la que alude el impugnante carece de relevancia para modificar la calificación legal establecida en la sentencia" (fs. 186 vta.).
VI. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 6 del Código Penal, ya que los agravios traídos por la defensa, bajo la denuncia de errónea aplicación e inobservancia de ley sustantiva, en rigor, están dirigidos a cuestionar aspectos vinculados con los hechos y la prueba valorada en las instancias anteriores, desarrollando a ese efecto una particular interpretación de lo sucedido en sentido diferente al resuelto por el Tribunal intermedio, con la finalidad de lograr un cambio en la calificación legal asignada a los hechos, y en función de entender que no estarían acreditados los elementos que configuran el homicidio agravado en los dos sucesos en los cuales tuvo intervención el nombrado, cuestiones que escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
La defensa no demuestra que el Tribunal de Casación resolviera de manera infundada la subsunción legal (art. 495, CPP).
La Casación -como ya se viera- consideró que en el caso se había acreditado un plan transgresor previamente acordado en ambos casos y, con ello, se afirmó la premeditación de los intervinientes para cometer en concurso los hechos (art. 80 inc. 6, Cód. Penal).
De la transcripción efectuada más arriba, resulta que la justificación brindada por el órgano revisor para mantener el encuadre legal en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal es idónea, en tanto la calificante en cuestión "...se satisface con la convergencia de voluntades concretada, según la cual todos los complotados contribuirían con su concurso a la finalidad delictuosa común..." (conf. SCBA causa P. 46.289, sent. de 2-IX-1997, cit. en P. 114.076, sent. de 9-IV-2014). Y, en cuanto a las alegaciones de la defensa en torno de la "premeditación", cabe señalar que lo que exige la figura en trato es que esta pueda surgir -desde luego a partir de un concierto de voluntades- de manera súbita e implícita en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho (conf. P. 114.076, cit.); tal como ocurrió en autos.
Al respecto, se sostiene que no es necesario "...que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una más o menos prolongada deliberación. Es suficiente que con el acuerdo se haya llevado a cabo como confabulación para realizar el hecho, aun inmediatamente antes de cometerlo", lo que importa decir que es necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso, esto es, con la convergencia intencional de los unos respecto de la acción de los otros, lo cual en el caso ha quedado suficientemente acreditado (conf., por todos, Creus-Buompadre, Derecho Penal, Parte Especial , Tomo I; 7ª ed. act., Ed. Astrea, 2010, pág. 25).
En definitiva, los extremos acreditados, individualizados y explicitados por el Tribunal de Casación para concluir en el encuadre cuestionado, no fueron debidamente rebatidos por la defensa, toda vez que no se hizo cargo -y por tanto se desentendió- de los fundamentos dados por la Casación que dan cuenta de lo contrario (art. 495, CPP), a saber: que las circunstancias en que aconteció el "hecho I" -en un horario cercano a la medianoche, sin mediar palabra, un grupo de varias personas escondidas salieron intempestivamente y comenzaron a disparar en dirección a la víctima- descartaban que el suceso hubiera sido "súbito, repentino y confuso"; que las amenazas de muerte recibidas previamente por la víctima no eran un impedimento para aplicar la figura agravada cuestionada, dado que, si bien sus fundamentos se encuentran en la disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, ello debe ser consecuencia de la conducta emprendida por los sujetos activos, sin que la particular situación de la víctima al momento del ataque pueda ser considerada como fundamento del desplazamiento de la agravante; que la discusión a la que aludía el impugnante con relación al "hecho II" no era trascendente para modificar la calificación legal, en tanto se comprobó que, mientras la víctima Rodríguez mantenía aquella discusión, varias personas bajaron repentinamente de la camioneta de De Luca y le dispararon al nombrado, lo que daba cuenta de un accionar prem
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.