Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131988
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.988-Q, "Altuve, Carlos Arturo s/ Queja en causa n° 93.234 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Godoy Abeldaño, Maximiliano Javier", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Genoud , Kohan.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de diciembre de 2018, hizo lugar -por mayoría- al recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Martín que confirmó la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 1 de esa jurisdicción que efectuó el cómputo de la pena de prisión perpetua impuesta a Maximiliano Javier Godoy Abeldaño y fijó como fecha de su vencimiento el 26 de septiembre de 2029 (según la rectificación de fs. 70/71). En consecuencia, casó el fallo y dispuso la inmediata libertad del condenado por agotamiento de la pena impuesta (arts. 13 -según ley 11.221- y 16, Cód. Penal; v. fs. 26/40 y 6/8).
El fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 49/56, el cual fue concedido por esta Suprema Corte por vía de un recurso de queja (v. fs. 136/137 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 170/174), dictada la providencia de autos (v. fs. 176), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La impugnación de la fiscalía ante esta instancia discute que se haya declarado agotada la pena impuesta.
Teniendo en cuenta los datos que constan en autos, el trámite de la presente incidencia ha sido el siguiente.
El Juzgado de Ejecución que intervino no hizo lugar a la libertad por agotamiento de la pena de prisión perpetua a la cual fue condenado Godoy Abeldaño como autor de homicidio agravado en concurso real con robo agravado por el uso de armas (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), decisión que fue confirmada por la Cámara y luego dejada sin efecto por el Tribunal de Casación (en una intervención anterior a la que ahora se examina, del 1 de febrero de 2018), cuyo fallo dispuso que fuera fijado el momento de su agotamiento (v. fs. 6 y 1).
En consecuencia, el Tribunal en lo Criminal realizó, el 14 de marzo de 2018, un cómputo que estableció como fecha del vencimiento de la pena el 25 de enero de 2030. Consideró que el hecho fue cometido el 28 de febrero de 1999 y que, de acuerdo a un cómputo anterior, se encontraba en condiciones de acceder a la libertad condicional el 20 de marzo de 2012.
Para cumplir con lo ordenado y teniendo en cuenta la fecha de comisión del delito, dicho tribunal acudió al texto del art. 55 del Código Penal en su versión anterior a la ley 25.928 y, en función de las penas previstas en los arts. 79 y 227 ter del mismo, concluyó que el máximo legal de la especie de pena de prisión es de treinta y siete años y seis meses, tiempo al cabo del cual debía considerarse agotada la pena impuesta en el caso. Además, aplicó la ley 24.390 computando doble el tiempo de privación de la libertad que transcurrió a partir de los dos años de detención hasta la firmeza de la condena (v. fs. 1/4). Tal decisión fue objeto de rectificación y el vencimiento quedó, entonces, fijado el día 26 de septiembre de 2029 (así lo señaló la Cámara a fs. 6, aludiendo a una rectificación resuelta a fs. 70/71).
Según lo reseñó la Cámara al fallar el 27 de agosto de 2018, la defensa oficial apeló y discutió aquel máximo legal pues sostuvo que no podía exceder de veinticinco años. Empero, esa impugnación fue desestimada (v. fs. 6/8).
II. El defensor particular articuló un recurso de casación en el cual argumentó que si Godoy Abeldaño podía pedir la libertad a los veinte años de encierro y las reglas de conducta debían extenderse por cinco años más, entonces la pena, aun siendo perpetua tiene un plazo máximo de veinticinco años, de conformidad con los arts. 13 y 16 del Código Penal, para hechos cometidos con anterioridad a la vigencia de las leyes 25.892 y 25.928, según el art. 2 de dicho Código, de modo tal que no implique un encierro de por vida (v. fs. 11/17).
Por lo tanto, sostuvo que la pena había sido agotada y requirió la inmediata libertad, añadiendo que, además, Godoy contaba con contención familiar.
Entre los datos que consignó en su escrito indicó que el 17 de abril de 2017 y el 31 de marzo del mismo año el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 de San Martín denegó la libertad por agotamiento de la pena y la libertad condicional que había solicitado (v. fs. 12).
III. El Tribunal de Casación, por mayoría, hizo lugar a la pretensión de la defensa.
Describió las circunstancias del caso indicando que la sentencia que condenó a prisión perpetua fue dictada el 23 de mayo de 2000, que adquirió firmeza el 10 de marzo de 2008 y que el último de los cómputos realizados "...arrojó que al día 14 de marzo de 2018 el causante llevaba veinticinco (25) años, siete (7) meses y dieciséis (16) días privado de su libertad (v. fs. 1/4 cit.). También, que se determinó que la sanción impuesta al penado vencerá el 25 de enero de 2030" ( rectius : 26 de septiembre de 2029, según la rectificación ya mencionada; fs. 27 vta.).
Estableció que corresponde fijar la fecha concreta de vencimiento de la condena a prisión perpetua ya que el sistema constitucional no admite el encierro de por vida ni siquiera en estos casos y afirmó que "...la imposición de un vencimiento superior a los veinticinco (25) años de prisión resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Penal, en su redacción anterior a la reforma operada por la ley 25.928 (B.O. 10-IX-2004), que es la que rige el caso de autos (art. 2, Cód. Penal)" (fs. 28 vta.). De acuerdo con la regla del art. 55, debía acudirse -según explicó- a la pena más alta de la Parte Especial de aquel Código para determinar el máximo de la especie de pena aplicable, es decir el art. 79 o el art. 80, "...norma que imponía a su vez definir cuál es el tope de las penas calificadas como 'perpetuas'". "En virtud de ello, si en el caso de los condenados no reincidentes era posible (antes de la sanción de las leyes 25.892 y 25.928), la obtención de la libertad condicional a los veinte años de cumplimiento de la pena, y las reglas de conducta se extendían por un período de cinco años más, entonces la pena prevista en el artículo 80 del Código Penal, pese a su calificación de 'perpetua', tenía en realidad un plazo máximo de duración de 25 años. Desde esta óptica, además, un condenado reincidente, aun cuando le estuviera vedada la libertad condicional, podría obtener su libertad una vez cumplidos veinticinco años de condena" (fs. 28 vta. y 29).
Por consiguiente, estableció que para los delitos cometidos con anterioridad a la ley 25.928 la pena no podía superar los veinticinco años de prisión, ya que las disposiciones del Título X del Código Penal no resultan aplicables al resto del ordenamiento legal, de modo que elevar el tope a tenor del art. 227 ter (ley 23.077), que refiere a una categoría muy especial de delitos, importaría una interpretación analógica contraria al principio de legalidad y a la división de poderes. Interpretó que nada autoriza a suponer que estas disposiciones modifiquen la totalidad del sistema y que, en ese caso, se "...transforma a la reclusión y prisión perpetuas en una punición de menor gravedad que las penas privativas de la libertad divisibles en razón del tiempo...", provocando desajustes irracionales en varios institutos de la Parte General del Código Penal, a los que aludió seguidamente (libertad condicional, tentativa) sin perjuicio de otras inconsistencias que no han sido remediadas legislativamente, según expuso (v. fs. 29 vta./31).
En definitiva, con sustento en los principios de legalidad, división de poderes y razonabilidad de los actos de gobierno, estableció que la pena en este caso no podía superar los veinticinco años y que, de acuerdo al cómputo realizado, ya había sido cumplida, razón por la cual dispuso la inmediata libertad del condenado por agotamiento de la pena, la que, según consta en el acta del 14 de diciembre de 2018, se hizo efectiva (v. fs. 31 vta. y 46).
IV. En el recurso extraordinario bajo estudio, la fiscalía pide que se establezca "...en qué momento los condenados a penas privativas de libertad perpetuas, extinguirán por agotamiento la pena que les ha sido impuesta". Alega que, al existir diversas exégesis en distintos organismos jurisdiccionales de la Provincia sobre el asunto, se encuentran en juego principios y garantías constitucionales como el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, el debido proceso y el interés de la sociedad en esta temática (v. fs. 52 vta. y 53).
Argumenta que cuando se trata de condenados a penas perpetuas que pueden acceder a la libertad condicional, cumplidas ciertas condiciones y luego de transcurridos cinco años desde el otorgamiento sin su revocación, la pena se extingue. En cambio, cuando tales condenados no pueden "acceder a los beneficios libertarios", no está determinada la oportunidad en que se extingue la pena por lo cual debe fijarse jurisdiccionalmente (v. fs. 53 y vta.).
Explica que Godoy Abeldaño se encuentra dentro del primer caso porque, no siendo reincidente, podía obtener la libertad condicional a los veinte años de acuerdo a la ley vigente al momento de la comisión del hecho y, al cabo de cinco años, la pena quedaría extinguida. Objeta que, no obstante, el a quo consideró que no era necesario que accediera a la libertad condicional ya que declaró que agotó la condena en virtud de los veinticinco años de prisión cumplidos.
El recurrente no acuerda con ese criterio y, teniendo en cuenta que la libertad condicional fue pedida y denegada a Godoy, postula que debe establecerse "un parámetro razonable y adecuado" para definir cuándo debe tenerse por cumplida la pena. Propone, en consecuencia, una interpretación del art. 55 del Código Penal anterior a la ley 25.928 a la luz de la cual y, en función del art. 227 ter del mismo, el límite del encierro debe fijarse en treinta y siete años y seis meses, según resulta del fallo dictado por la Corte Suprema en el caso "Estévez" (sent. de 8-VI-2010) y jurisprudencia de esta Suprema Corte (v. fs. 53 vta./55). Por ello, reniega de la interpretación dada por el a quo a dicho precepto, la cual denuncia por errónea.
Concluye, así, que la pena no se agotó y que se extinguirá luego de cinco años a partir de la libertad condicional, si le fuera concedida, o al cabo de treinta y siete años y seis meses de cumplimiento si no la obtuviera.
V. El recurso procede, tal como lo propicia el dictamen de la Procuración General, pues en el fallo impugnado se aplicaron erróneamente los preceptos que rigen el caso (conf., en lo pertinente, causa P. 130.559, sent. de 29-IV-2020).
V.1. En primer lugar, cabe aclarar que, por regla, se halla fuera de la órbita del sentenciante establecer una determinación numérica de la pena a perpetuidad, que ya el legislador consideró que era absoluta (no individualizable). De lo contrario, su fijación ab initio en determinada cantidad de tiempo de privación de la libertad, podría avanzar sobre el arbitrio que compete a otros poderes del Estado, desoyendo el sentido de la misión del Poder Judicial, que exige observar escrupulosamente el ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben al legislador o al Ejecutivo (CSJN Fallos: 208:1848 y 2268; 310:1162; 311:2580; 316:2732; 326:2004; entre muchos). Ello, frente al amplio margen que la política criminal le ofrece precisamente al legislador para establecer las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso (CSJN Fallos: 311:1451, cons. 9°).
V.2. Además, la pena a perpetuidad ya tiene establecida su finalización en la propia sistemática del Código Penal, sin que pueda individualizarse a priori en la suma de veinticinco años de encierro como erróneamente se decide en el fallo en cuestión.
Es sabido que aun el interno que cumple esa especie de pena, y que por no haber sido declarado reincidente puede acceder a la libertad anticipada contemplada en el art. 13 del régimen penal (conf. régimen anterior ley 25.892, B.O. de 26-IV-2004), no puede tener por cumplida la condena necesaria o inexorablemente en ese lapso. Simplemente porque obtener la libertad condicional a los veinte años depende del cumplimiento de otros requisitos normativos y sólo cuando se satisfagan todos podrá accederse a ese instituto. Por su lado, el art. 16 del referido cuerpo legal aporta como dato concreto de vencimiento de esa pena: a los cinco años de concedida la libertad condicional no revocada, abasteciendo de ese modo con una adecuada determinación la fecha de la eventual finalización de la condena. Por eso mismo, la examinada se trata de una pena absoluta, no determinada (o relativamente indeterminada), pero determinable, con la eventualidad derivada de las contingencias antedichas (conf. doctr. causa P. 126.107, sent. de 31-VIII-2016; Zaffaroni et al., Derecho Penal. Parte General , Ediar, Bs. As., 2002, pág. 946).
V.3. Tal como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del año 2019, con un criterio trasladable al presente, "...la debilidad de las razones invocadas por el a quo autorizan la descalificación de lo resuelto conforme la doctrina de arbitrariedad de sentencias, en la medida en que la solución a la que se arriba impide considerar al pronunciamiento como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cf. Fallos: 312:246, 608 y 339:499)". Muy particularmente cuando "...se advierte una manifiesta prescindencia del régimen previsto por las disposiciones legales sobre libertad condicional aplicadas al caso -régimen anterior a la ley 25.892-, y de conformidad con las cuales la extinción de la pena de prisión perpetua presuponía el sometimiento al régimen de libertad condicional" bajo el cumplimiento de los presupuestos que gobiernan dicho instituto (conf. arts. 13, 15, 16 y 17, Cód. Penal), lo cual, tal como ha sido expuesto, ha importado una decisión contra legem (conf. CCC 70150/2006/T01/1/2/RH1, "Álvarez, Guillermo Antonio y otro s/robo con armas", sent. de 22-VIII-2019, cons. 8° y 9°).
V.4. El representante fiscal ha aceptado, una vez superado el requisito temporal y de no cumplimentar el interno los otros presupuestos del art. 13 del Código Penal, la pertinencia de fijar el límite de la condena a perpetuidad impuesta a Godoy Abeldaño en treinta y siete años y seis meses de prisión, en función del juego armónico de los arts. 55 -en su texto anterior a la ley 25.928-, 79 y 227 ter del Código Penal, en el entendimiento de que es el parámetro que mejor armoniza con la sistematicidad de todo el digesto de la materia. De modo que lo aquí decidido no podría ir por fuera de este acotamiento en perjuicio del condenado (arg. art. 435, CPP).
V.5. Por otra parte, y en virtud del principio de adhesión a la apelación, corresponde responder al planteo de la defensa formulado ante la Casación en el cual objetó dicho tope -que, de no obtener la libertad condicional, sería aplicado a Godoy-, al postular que el art. 227 ter del Código Penal no fijaba, de modo general en el régimen que se examina, el máximo de la especie de pena al cual se remitía el art. 55 del mismo Código (v. fs. 14 vta./16).
Sin perjuicio de lo ya dicho respecto de las normas que específicamente rigen el caso (arts. 13, 15, 16 y 17, Cód. Penal), en cuanto a la contingencia de establecer el tope máximo de pena privativa de libertad al tiempo en disputa para la hipótesis de no acceder el interno al régimen de libertad anticipada previsto en el art. 13 del Código Penal, como ya ha sido definido por esta Suprema Corte en diversas ocasiones (causas P. 116.101, sent. de 12-III-2014; P. 107.756, sent. de 4-V-2016; P. 132.625, sent. de 23-IX-2020; e.o.), el límite de veinticinco años que la parte pretende que debe aplicarse en el supuesto de autos, nunca ha sido expresamente reconocido por nuestro legislador.
Por el contrario, hace largamente más de una década que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O. de 10-IX-2004).
Y si bien también se modificó el requisito temporal para acceder a la libertad condicional para el caso de penas indivisibles (ley 25.892, cit.), otras inconsistencias de igual tenor pueden observarse aún hoy entre el tope punitivo expresamente vigente e institutos de la parte general (v.gr. arts. 42, 44 y 46, Cód. Penal; e.o.), lo cual no basta para demostrar que asista razón a la defensa.
Sobre este particular asunto (conf. lo resuelto en causa P. 133.921, sent. de 10-II-2021) la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que "El propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate", agregando que por sí misma, "...esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" (causa "Estévez", sent. de 8-VI-2010; conf., en el sentido indicado, lo resuelto por esta Corte en el precedente P. 127.708, sent. de 13-XII-2017). De modo que el reparo de la defensa sobre tal extremo, decae.
V.6. Retomando la cuestión puntual en disputa, Maximiliano Javier Godoy Abeldaño había cumplido, al 14 de marzo de 2018, según el cómputo que data de esa fecha, veinticinco años, siete meses y dieciséis días de prisión ininterrumpida. De acuerdo con el acta de fs. 48, en diciembre de dicho año fue liberado y fijó domicilio, lo cual supone haber constatado la falta de registros de otros procesos o impedimentos susceptibles de obstaculizar su liberación, pues así lo había dispuesto el Tribunal de Casación en su fallo. En este estado de cosas, cabe atender a la arraigada doctrina que enseña que las sentencias no pueden desentenderse de los pormenores existentes al momento en que se las dicta (conf. doctr. CSJN Fallos: 325:1345, 1440, 2177, 2275; e.o. y, de este Superior Tribunal, por muchos, causas P. 116.809, sent. de 22-XII-2015; P. 114.296, resol. de 27-XI-2013 y P. 108.278, resol. de 16-II-2011), para establecer que deberá evaluarse en la instancia de grado la pertinencia de tomar la fecha de su liberación como acceso al régimen de libertad condicional -que anteriormente le había sido denegada (v. fs. 12)- y, en todo caso, a partir de allí reputar las condiciones de cumplimiento de los arts. 13 y 15 y el cómputo de los subsiguientes cinco años a que alude el art. 16, todos del Código Penal (textos vigentes al momento del hecho), para dar por agotada la pena con el alcance expuesto en lo que antecede. Ello frente a la inconveniencia del reingreso intramuros del condenado, siempre que haya demostrado suficiente adaptación en su reingreso a la sociedad, todo lo cual deberá ser debidamente constatado en el marco y con el alcance de lo aquí decidido.
En consecuencia, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Concuerdo con el distinguido colega doctor Soria en que corresponde hace
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