Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134058
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.058, "Rodríguez, Daniel César s/Queja en causa n° 93.409 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de mayo de 2019, en lo que es de interés, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de Daniel César Rodríguez contra el veredicto de culpabilidad -dictado por unanimidad en el marco de un juicio por jurados- y la posterior sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma impropia -hecho I- y robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa -hecho II- (v. fs. 162/187 vta. con relación a fs. 24/50).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/238), el que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio el 11 de junio de 2020 (v. fs. 241/246).
Deducida queja por aquella parte (v. fs. 270/273 vta.), la impugnación fue declarada mal denegada y concedida por esta Suprema Corte el 26 de mayo de 2021 (v. fs. 275/278).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 290/295), dictada la providencia de autos (v. fs. 334) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la violación al derecho a obtener la revisión integral del veredicto de culpabilidad y de la sentencia condenatoria, por haber constituido la intervención del Tribunal de Casación un mero tránsito aparente por la instancia revisora (arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 75 inc. 22 y 18, Const. nac.; v. fs. 234 vta.).
Argumentó que la respuesta del órgano revisor a los reclamos de la defensa consistió en afirmaciones genéricas y abstractas inaplicadas a las constancias de la causa (v. fs. cit.).
Consideró que la sentencia casatoria omitió responder los cuestionamientos esgrimidos en el recurso de casación contra el pronunciamiento condenatorio, pues solo constituyó una reiteración de éste en lugar de verificar si el jurado había aplicado de modo correcto el método histórico y respetado el principio in dubio pro reo . En ese sentido, estimó que la sentencia de casación frustró el doble conforme, trayendo a colación para apoyar su postura el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 235).
Insistió en que la decisión del Tribunal de Casación no dio respuesta a la mayor parte de los cuestionamientos llevados a su conocimiento y se limitó a repetir el contenido de las pruebas valoradas y del sentido incriminante otorgado por el jurado. Ante ello, concluyó que la sentencia de la casación no constituyó una revisión integral, amplia y eficaz de la dictada en primera instancia (v. fs. 235 vta.).
Seguidamente, señaló los agravios incluidos en el recurso de casación por el entonces abogado defensor de Rodríguez (la violación al principio in dubio pro reo y la arbitrariedad cometida al tener por acreditada la materialidad ilícita -con relación al hecho II- quebrantando las reglas de interpretación del derecho aplicable al caso) y transcribió extractos de las respuestas brindadas por el Tribunal de Alzada, considerando que vulneraron el derecho a la doble instancia y el derecho a la defensa en juicio (v. fs. 235 vta./236 vta.).
Por todo lo expuesto, afirmó que la sentencia impugnada infringió los arts. 1, 18 y 33 de la Constitución nacional, frustró el derecho al doble conforme (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) y conculcó el principio in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.1, CADH; v. fs. 237 vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 290/295). Coincido con esa postura.
III. De manera liminar cabe señalar que, al tratarse de un pronunciamiento dictado en el marco de un juicio por jurados, según la naturaleza propia de ese sistema, la fundamentación de los motivos sobre la materialidad ilícita, la participación del o los acusados y el derecho aplicable a la plataforma fáctica tenida por acreditada, no son exteriorizados en el veredicto de primera instancia del modo en que se expresa una sentencia emanada de jueces técnicos (conf. art. 210, CPP; doctr. causa P. 130.086, sent. de 6-XI-2019).
Conforme lo determina la norma que rige este tipo de supuestos (art. 106, CPP) -sin que en el caso fuera puesta en entredicho-, son las instrucciones del juez técnico que dirige el debate las que constituyen "...plena y suficiente motivación" del veredicto.
De igual modo, ello no fue un obstáculo para que, frente a los diversos agravios presentados por la defensa de Rodríguez, el Tribunal de Casación emprendiera una actividad que, conforme se verá más adelante, lo llevó al abordaje de los agravios que le permitieron concluir en la razonabilidad del veredicto de culpabilidad dictado merced a los diversos elementos de prueba rendidos en el juicio (conf., en lo sustancial, causa P. 130.086, cit.).
III.1.a. Tras el veredicto de culpabilidad que dictó el jurado por unanimidad por los delitos de robo agravado por el uso de arma impropia -hecho I- y robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa -hecho II-, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora impuso a Daniel César Rodríguez la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso.
III.1.b. Contra ello, la defensa de Rodríguez interpuso recurso de casación (v. fs. 86/106). En lo que aquí importa, formuló los siguientes agravios: la no aplicación del beneficio de la duda, con la consecuente violación al principio in dubio pro reo por haber arribado el jurado a un veredicto de culpabilidad a partir de elementos de prueba contradictorios; y que la materialidad ilícita -con relación al hecho II- fue arbitrariamente establecida, a partir del quebrantamiento de las reglas de interpretación del derecho aplicable al caso, pues consideró que correspondía absolver a su defendido o bien aplicar la figura menos gravosa del art. 165 del Código Penal, al no tener por probada su culpabilidad "más allá de toda duda razonable" debido al limitado contenido de las instrucciones impartidas al jurado.
III.1.c. El Tribunal de Casación Penal -con voto del juez Natiello, que concitó la adhesión del doctor Kohan- rechazó el recurso articulado (v. fs. 162/187 vta.).
De modo preliminar, efectuó diferentes consideraciones con relación a la extensión de su capacidad revisora respecto de un veredicto emanado de un jurado popular (v. fs. 165/167).
Luego, se refirió al caso en particular y sostuvo que "...si el Jurado dictó veredicto de culpabilidad, lógico ocurre pensar que la sujeción de dicha conclusión a la prueba rendida superó el estándar probatorio mínimo de la culpabilidad, más allá de toda duda razonable, deviniendo consecuentemente incuestionable su conclusión , atento que el atravesar el mencionado estándar es requisito y condición 'sine qua non' del veredicto de culpabilidad" (fs. 166 vta.; el destacado figura en el original).
De seguido, resaltó que el concepto de "duda razonable" había sido especificado por el juez técnico, quien aclaró que: "... la prueba del Fiscal de la acusación tiene que lograr que no haya ninguna otra explicación lógica que pueda ser extraída de ella que no sea que el acusado cometió el hecho. La única manera de destruir esa presunción de inocencia es que no haya ninguna duda razonable sobre la culpabilidad de la evidencia presentada por el Fiscal. Si existe esto deberán declararlo no culpable" (fs. cit.; el destacado figura en el original).
Y afirmó que, en este caso en particular, la decisión a la que arribó el jurado no se había apartado -en lo esencial- de los parámetros de razonabilidad y que había sido dictada superando dicho estándar probatorio, más allá de toda duda razonable; por ende, entendió que no resultaba viable la violación al principio in dubio pro reo alegada por la defensa (v. fs. cit.).
Agregó que las instrucciones impartidas por el magistrado que presidió el debate habían expresado claramente el estado de presunción de inocencia del que gozaba el imputado y cuál era el alcance de la duda razonable, encontrándose el jurado debidamente informado respecto de la prueba que debía valorar y de las diferentes calificaciones legales (v. fs. 167).
Aseguró que el juez técnico había brindado correctas y detalladas instrucciones en el proceso, que no fueron oportunamente objetadas por la defensa, de modo que no merecían ninguna crítica por ser claras, ajustadas a derecho y acordadas por las partes. Por ello, concluyó que no podía afirmarse que la condena obedeciera a una errónea explicación al jurado del concepto "duda razonable", ni de las posibles calificaciones legales aplicables al caso -arts. 80 inc. 7 y 165 del Código Penal- (v. fs. 167 vta.).
Asimismo, afirmó que, a partir del análisis exhaustivo del soporte informático, del registro íntegro del debate y de la prueba reunida, no surgía violación de las normativas mencionadas en el recurso de casación (v. fs. 167 vta.).
Posteriormente, detalló la materialidad ilícita establecida por la fiscal en el debate y descartó los restantes reclamos de la defensa referentes a las calificaciones legales y la concurrencia otorgada a los ilícitos en cuestión (v. fs. 167 vta./168 vta.).
A su turno, el doctor Kohan -quien adhirió al juez Natiello y añadió ciertas consideraciones concernientes a la tarea revisora de una sentencia de condena emanada de un veredicto de culpabilidad emitido por un Tribunal de Jurados- concluyó que "...del análisis de la prueba efectuado en los términos aquí propuestos, al no encontrarse discutidas las instrucciones impartidas al jurado, debe darse por cierto que este ha sido debidamente ilustrado, cabe indicar que con los dichos testificales y demás prueba detallada por el Dr. Natiello, tal como lo indica la Fiscalía ante esta sede (acudiendo para su apreciación al registro de evidencia luciente en el soporte magnético), el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular resulta razonable y dictado más allá de duda razonable, siendo que el temperamento esbozado por la defensa no es más que un intento por privilegiar su caso sin que medien razones que permitan descartar en forma incontrovertible la conclusión del referido jurado"; sumándose de ese modo a la ponderación de la prueba reunida en el juicio que justificaba el fallo de condena (v. fs. 185 vta. y 186).
III.2. Ahora bien, luego de lo transcripto en los párrafos precedentes, queda claro que las diversas aseveraciones formuladas por el recurrente en las cuales apoya su denuncia: la violación al derecho a obtener la revisión integral de la sentencia condenatoria, el tránsito aparente por la instancia revisora y la conculcación del principio in dubio pro reo (v. fs. 234 vta./237 vta.), no logran desvirtuar lo resuelto por la casación, quien se ocupó de la plataforma fáctica -la cual reseñó- y del plexo probatorio rendido durante la audiencia, aclarando que había realizado un análisis exhaustivo del soporte informático, del registro íntegro del debate y de la prueba reunida, brindando las razones que lo llevaron a concluir que debía descartarse un estado de duda como pretendía el recurrente.
Por lo demás, las alegaciones del impugnante no logran evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
En definitiva, no demuestra -siquiera conjeturalmente- que la sentencia atacada padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad.
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos: t. 310, pág. 234).
Y, más allá de su oposición a la actividad llevada a cabo por el órgano revisor, la parte no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (conf. causas P. 117.434, resol. de 9-IV-2014; P. 118.456, resol. de 16-IV-2014; P. 116.026, resol. de 30-IV-2014; P. 118.778 y P. 118.783, resols. de 7-V-2014; P. 117.950, resol. de 4-VI-2014; P. 116.187, resol. de 11-VI-2014; P. 116.860, resol. de 18-VI-2014; P. 118.573, resol. de 25-VI-2014; P. 130.086, cit.; e.o.).
En concreto, las críticas efectuadas en el recurso no pasan de ser una opinión personal contraria al criterio sustentado por el tribunal intermedio (art. 495, CPP). Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; e.o.).
Así las cosas, la parte tampoco consigue evidenciar que se encuentre comprometido el principio de inocencia por inobservancia de la regla del in dubio pro reo que alega como transgredido, pues su reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento.
Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí demostrar (conf. causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; P. 133.109, sent. de 21-V-2021; P. 134.417, sent. de 21-II-2022; e.o.).
En consecuencia, la impugnación no consigue evidenciar la argüida violación de los principios y garantías citados, toda vez que la decisión recurrida comporta la recta aplicación de la solución legal expresamente delimitada para una situación como la del caso.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres. En cuanto al agravio del recurrente referido a que la decisión del Tribunal de Casación vulneró el derecho a obtener una revisión integral de la sentencia condenatoria emanada luego del veredicto del jurado, solo adiciono lo que sigue.
El impugnante no ha demostrado que el patrón revisor aplicado por los magistrados Natiello y Kohan, (que -este último- identificó como el cumplimiento del estándar de "Yebes/Biniaris" ) sea incongruente con los parámetros impugnativos que rigen normativamente para las condenas dictadas en los juicios por jurados (conf. art. 448 bis, incs. "a", "b" y "c", motivos vinculados a la composición del tribunal, cuestionamiento de las instrucciones, rechazos de prueba); en particular respecto del motivo establecido en el inc. "d" del art. 448 bis del Código Procesal Penal, en cuanto circunscribe al órgano revisor a examinar si hubo un apartamiento manifiesto de la prueba producida; marco legal que -por otro lado- no fue puesto en entredicho por la parte.
Por lo demás, tampoco ha demostrado que dicho examen haya sido incompatible con la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que dicho tribunal ha sostenido recientemente que para descartar el veredicto del jurado sería necesario verificar un apartamiento directo de "la lógica metodológica" empleada, esto es, que el curso lógico de la decisión de los jurados no pueda ser reconstruido conforme a pautas racionales (Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua, sentencia del 8 de marzo de 2018, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; en particular, párr. 259). Y esto último, según lo expresado por el Tribunal de Casación -cuyos argumentos fueron transcriptos en el voto de mi colega al que adhiero-, no fue advertido en el caso (art. 495, CPP).
Con este agregado también voto por la negativa . El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto emitido por el doctor Torres, con las consideraciones adicionales que surgen del sufragio concordante vertido por la doctora Kogan, a tenor de los fundamentos allí expuestos.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:19:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:10:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 09:32:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:37:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:58:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/12/2022 15:16:58 hs. bajo el número RS-157-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia