Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135819
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.819, "A. M., M. A. en representación de B. A. O. -particular damnificada- s/ queja en causa n° 93.482 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de septiembre de 2019, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de M. D. B. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón que había condenado al nombrado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por ascendiente en concurso ideal con corrupción de menores agravada por el vínculo, perpetrados a partir del día 11 de diciembre de 2012 en Castelar, partido de Morón. En consecuencia, casó el fallo y absolvió a B. por los delitos antes mencionados.
Contra esa decisión, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, y la particular damnificada, la señora M. A. A. M., en representación de su hija, con el patrocinio letrado de la doctora Daniela Marina Di Pasquale, dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los cuales fueron declarados inadmisibles por la Sala interviniente por resolución del día 17 de septiembre de 2020.
En lo que resulta de interés para el caso, la particular damnificada interpuso queja (v. presentación de 24-X-2021); esta Suprema Corte a través de la resolución dictada el día 23 de mayo de 2022 la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió.
La Procuración General dictaminó el día 8 de febrero de 2023, dictada la providencia de autos el día 9 de febrero de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la particular damnificada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora M. A. A. M., por derecho propio y en representación de su hija víctima menor de edad, con el patrocinio letrado de la doctora Daniela Marina Di Pasquale, denunció que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Casación Penal resultó arbitraria por indebida fundamentación, alejada de las reglas de la lógica, con afectación del debido proceso y la defensa en juicio (conf. arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; II, DADDH; 7 y 11 apdo. 2, DUDH; 15 apdo. 1 y 26, PIDCP; 9 y 24, CADH y 11, 25 y 57, Const. prov.).
Detalló como vulnerados los siguientes derechos, principios y garantías constitucionales y convencionales: el interés superior del niño (ley 26.061 y CDN); la responsabilidad gubernamental (art. 5, ley 26.061); el principio de efectividad; el principio pro homine (art. 29 inc. "b", CADH); el derecho a la protección del niño víctima de abuso sexual (art. 19, CDN); el derecho a la recuperación física y psíquica (art. 39, CDN); el derecho a ser oído (arts. 12, CDN y 24, ley 26.061); el derecho a las medidas de protección (art. 37, ley 26.061); el derecho consagrado a la víctima y los deberes estatales en torno a ella (arts. 3 a 8 y 10, ley 27.372 y 7, ley 13.298).
Sostuvo que las conclusiones incriminatorias a las cuales arribó el tribunal de primera instancia, obtenidas por las pruebas testimoniales producidas en juicio (incluido el relato contundente de su hija O. en Cámara Gesell), fueron una derivación lógica de las constancias de la causa y el derecho vigente, en tanto se pudo acreditar con certeza absoluta la materialidad del delito y la responsabilidad de B. en el mismo.
Resaltó la contundencia de los dichos de la menor en cuanto relató varios hechos de abuso sexual ocurridos en la casa de Castelar cuando estaba a solas con su progenitor, destacando la naturalidad con que la niña narró tales sucesos como también que esa circunstancia fue resaltada por el tribunal de mérito quien consideró que en modo alguno podía pensarse que su relato hubiera sido inventado, forzado o inducido.
La recurrente enfatizó que en el marco de esa declaración la niña fue interrogada "de un modo abierto" a fin de que se explayara sobre lo acontecido, y que también se permitió a todas las partes a que hicieran las preguntas que estimaran pertinentes.
Agregó que la sentencia cuestionada, aunque sin decirlo expresamente, adhirió "...al falso Síndrome de Alienación Parental también instalado por la defensa de B. desde el comienzo del proceso", circunstancia que evidenciaría la estrategia de la defensa de convertir al victimario (agresor) en víctima y al niño o niña victimizado en victimario, "...fomentando arraigados mitos y prejuicios respecto de la capacidad del niño/niña como testigo".
Formuló consideraciones sobre la literatura científica especializada en la temática en juzgamiento y destacó que respecto de delitos como los de autos la jurisprudencia estableció un estándar probatorio para acreditar la materialidad y la autoría, el cual se satisface de una forma diferente al de otros supuestos, pues se trata de hechos acaecidos en un ámbito privado y de intimidad contra víctimas menores de edad; citó en apoyo de su postura, entre otros fallos, el caso "Rosendo Cantú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto advirtió que cuando se investigan hechos de violencia sexual, la declaración de la víctima es la prueba fundamental del hecho y no debe ser "corroborada" necesariamente por otros medios de prueba independientes.
Por otro lado, refirió que su propio testimonio resultó conteste y armónico con los dichos de su hija, habiendo observado y dejado sentado el tribunal de grado que "...su estado de angustia al momento de prestar declaración permitía concluir la veracidad del testimonio y descartar la celopatía que invocaba la defensa en su afán por mejorar la situación procesal del imputado"; igual ponderación hizo de los relatos dados por los abuelos de la niña, la señora L. G. M. y J. A. A., como del resto de la prueba testimonial, contestes con las declaraciones e informes de los diversos profesionales que tuvieron contacto con la menor.
Agregó que el tribunal revisor se apartó de los testimonios brindados por los especialistas intervinientes sin dar razón de ello ni exponer ninguna base científica, lo que descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. En ese marco, consideró que "...de la vasta prueba producida en el debate puede concluirse firmemente que la sentencia del tribunal de grado fue una derivación lógica del razonamiento ajustado a las reglas de la sana crítica, de la experiencia y del sentido común".
Finalmente, hizo un repaso de las vulneraciones constitucionales y convencionales que denunció como afectadas y solicitó el dictado de una nueva sentencia.
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso articulado y postuló su acogimiento. Coincido con ese dictamen: la impugnación prospera.
III.1. El fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón condenó a M. D. B. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por ascendiente en concurso ideal con corrupción de menores agravada por el vínculo, perpetrados a partir del día 11 de diciembre de 2012 en Castelar, partido de Morón.
La materialidad ilícita tenida por acreditada fue establecida en estos términos: "...en fechas que no pueden precisarse, pero entre el 11 de diciembre de 2012 y el 7 de abril de 2013, encontrándose a solas con su hija de cinco años de edad O. B., en el interior de la vivienda de la calle … … de Castelar, Partido de Morón, en dos ocasiones le efectuó tocamientos en la vagina, le hizo tocarle el pene, el que introdujo en su boca eyaculándole, promoviendo así la alteración de su sano desarrollo sexual".
En lo que se refiere al análisis de la prueba, el tribunal sostuvo que las rendidas durante el debate oral, especialmente la audiovisual de la declaración de la niña a tenor del art. 102 bis del Código Procesal Penal (Cámara Gesell), los testimonios de su madre y demás familiares, como de los profesionales que la entrevistaron "...alcanzan suficientemente para tener por probados los hechos imputados, siendo que la hipótesis que sostuvo el imputado y la defensa de que fue inducida en forma voluntaria o involuntaria a hacer ese relato, carece de toda apoyatura fáctica y aparece como meramente especulativa".
En primer lugar, valoró el testimonio de M. A. A. M. (madre de la menor víctima), quien contó -entre otras cosas- que "...cuando su hija tenía unos ocho meses de edad, se fueron a vivir a España con su esposo y padre de la menor [...], de allí volvió ella sola con su hija el 24 de diciembre de 2010 porque ya venía teniendo la sospecha de que estaba siendo abusada por él y hubo hechos que se lo confirmaron". Expresó que durante su relató brindó detalles respecto a que llevó a su hija a terapia porque parecía "autista y estaba muy angustiada", y lo relacionó con que el imputado "...le hacía cosquillas en la vagina todo de un modo naturalizado, pero allí recién entendió claramente que eso era un abuso"; que su hija también le contó, entre otros episodios, que en un momento dado B. la había "frotado", "...poniendo a la nena con las piernas abiertas contra el costado de la cadera, subiéndola y bajándola varias veces", contó que esa noche O. tuvo pesadillas y relató que tenía como "mariposas en la boca", además de encontrarse muy alterada y angustiada. El tribunal de la instancia continuó con el análisis de la declaración brindada por la testigo quien rememoró distintas circunstancias vividas luego de su regreso de España.
El tribunal del juicio también ponderó la declaración de la menor O. B. brindada durante la Cámara Gesell. Entre otras circunstancias, la niña contó que su padre le hacía una mirada fija "como que quería atacar", que eso "...le daba miedo y que estaba desnudo con una peluca de payaso en la cabeza, haciéndose el payaso y le hacía cosquillas en la cola con las manos, y le hacía pis de color blanco el que le hacía tomar"; la menor también recordó que lo había visto desnudo en el baño cuando se bañaba y que ello le daba vergüenza. Destacó que "El modo natural en que se expresa la menor, en este como en los otros temas, no amerita suponer que esto fuera algo implantado o forzado, ya que es evidente que va evocando, que va rememorando en el transcurso de la entrevista, algunas cosas que previamente no tenía tan presentes".
Por otra parte, aludió a que L. G. M. (abuela de la menor víctima) relató "...luego de que volvieran de España, como había una sospecha de abuso se le concedieron a B. visitas asistidas donde iban ella y su esposo con su nieta, siendo que fue en una de ellas que vio cómo el imputado frotaba a la nena con sus piernas abiertas contra la cadera"; que "...el 20 de diciembre de 2011, fueron al shopping Plaza Oeste de Morón, él le hablaba en forma verborrágica y la nena solo asentía, siempre a upa, lo que era innecesario porque la niña caminaba perfectamente"; relató que en un momento, al ir al patio de comidas hacia los juegos empezó a frotarla muchas veces contra su cuerpo "...la subía y la bajaba", quedó shockeada porque no pensó que iba a hacer eso; también contó sobre pesadillas de la menor, que se había hecho pis; relató que la menor una vez le contó que su padre le había realizado cosquillas en todo el cuerpo y le daba besos en la vagina y le pasaba la lengua por el cuerpo; finalmente, expuso que en su propia casa vio cómo su nieta estaba nerviosa, se frotaba los almohadones como masturbándose y se metía los dedos en la boca y caminaba en puntas de pie.
Reseñó que en similares términos se pronunciaron J. A. A. (abuelo de la niña) y F. E. A. M. (tía de la menor); además analizó las declaraciones brindadas por el imputado M. D. B. respecto del cual dijo que "Fue llamativa la facilidad con que el imputado en sus declaraciones ante el tribunal cambiaba de estado anímico rápidamente, mostrándose acongojado inicialmente y presentándose como una víctima de toda la situación, por no poder ver a su hija, para después enseguida cuestionar diversas afirmaciones de la denunciante y de sus familiares, sin nunca apenarse por los diversos síntomas de stress post traumático que evidenciaba en su conducta la menor...".
El órgano de juicio resaltó que los profesionales intervinientes dieron su opinión en la causa, y reseñó que: a) la psicóloga forense Gabriela Do Curral expresó que "...la menor le refirió situaciones abusivas y que tenía síntomas de ello como hacerse pis y caca encima"; aclaró que en ningún momento había en ella palabras adultas ni otros signos como para inferir que ese relato fuera inducido, y prueba de ello fue que la niña expresó lo que sentía "...sensaciones y sentimientos como son el asco y la vergüenza, acompañadas de gestualizaciones bien infantil"; b) la psicóloga María Cecilia López concluyó que "...la menor había sufrido abusos sexuales por el progenitor ya que además de habérselos ido revelando en las entrevistas, tenía todos los indicadores de ello"; y descartó por completo que expresiones espontáneas e infantiles, con palabras de niño de esa índole, pudieran haber sido fabuladas o inducidas desde el mundo adulto; c) el psiquiatra forense Raúl Antonio Morello validó de manera monolítica, sin dejar lugar a ninguna duda, las expresiones de la niña y también distinguió con claridad la etapa de los abusos, valorando los síntomas de enuresis, la encopresis, las pesadillas y las situaciones de estrés, concluyendo en que el relato de la menor era creíble; d) la psicóloga Andrea Fabiana Calleja dijo que "...todo lo que la niña había revelado sobre los abusos no pudo ser fabulado o inducido ya que estaba rodeado de todas las características de espontaneidad como por ejemplo el juego, las palabras infantiles y la gestualidad, pero más que nada el modo en que lo sostenía en el tiempo"; e) la psicóloga María Beatriz Muller, que analizó al imputado y dijo que B. tenía características propias de personas que habían sido abusadas, tales como "...labilidad y sexualidad infantil con conflictos con la sexualidad"; y que también se detectaron características de psicopatía, propias de los abusadores.
A su vez, ponderó las testimoniales de N. J. A. (otra tía de la menor); Paula Mariana San Severino (directora del C. E. S. F. J., donde concurría la niña); E. N. G. (transportista que la llevaba al colegio mencionado); las psicólogas Magali Carolina Pesca y Estela Maris Corsalini; y se ocupó del informe elaborado por la psiquiatra forense Patricia Mariel Zarrans, quien se desempeñaba en el cuerpo técnico auxiliar del fuero de responsabilidad penal juvenil.
El tribunal de la instancia concluyó que no había modo de invalidar las imputaciones que claramente formuló la menor contra su padre, y que la prueba en casos como este no podía desprenderse de la obligación de evaluarla y de analizar los hechos bajo la perspectiva de género, tratándose de una niña sometida por quien tenía la mayor autoridad sobre ella; en apoyo de esa postura citó la Convención de Belém do Pará.
III.2. Contra ese pronunciamiento, la defensa particular de M. D. B. dedujo recurso de casación en el que denunció errónea valoración probatoria y solicitó la absolución de su pupilo.
III.3. Por su parte, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el día 26 de septiembre de 2019, hizo lugar al recurso interpuesto y absolvió al nombrado en orden a los delitos por los había sido condenado, ello al reconocer que por efecto de las pruebas no halló la certeza afirmada en el veredicto.
Luego de resaltar que el tribunal de la instancia había hecho descansar la prueba alrededor de las declaraciones de la madre de la víctima, de la menor O. B., familiares y determinados peritos, se refirió a la valoración que de esos elementos se realizó en el marco de la inmediación, esto es, en torno a todo lo que debió rodear la declaración para establecer la credibilidad del testigo; también aludió a la presunción de inocencia y a si había sido alcanzada la certeza objetiva sobre la hipótesis acusatoria, para seguidamente afirmar que en el caso "...no corresponde atribuir a los testigos la credibilidad que les asigna el tribunal de juicio", en tanto entendió que en ese fallo se realizó "... un análisis parcial que prescinde de pruebas decisivas y divide las computadas afirmando la existencia de certeza donde solo existe [...], verosimilitud, que es cosa diversa".
A continuación, se refirió al testimonio de la menor víctima, O. B., y destacó que de su relato no es posible obtener la "certeza y veracidad" que le asignó el sentenciante de origen. En este punto, señaló que "...la declaración de la víctima es una actividad probatoria hábil, en principio, para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia"; y que "[p]artiendo del hecho de que el testigo-víctima no es exactamente un tercero ajeno, en el proceso es válida su testifical, que estará sujeta a la apreciación controlada del tribunal de primera instancia con revisión efectiva en casación (arg. del artículo 8.2.h de la CADH)". Destacó los "criterios o cautelas" que se deben tener en cuenta a la hora de valorar dichas declaraciones: "ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud por corroboración a través de elementos periféricos y persistencia en la incriminación", y que el análisis de tales indicadores debe agudizarse en casos de delitos contra la integridad sexual pues, dado el ámbito de clandestinidad en el que suelen producirse, en muchas ocasiones convierte a dicha declaración "en prueba dirimente".
En primer lugar, refiriéndose a los indicios de "incredibilidad subjetiva", advirtió que luego de observar la Cámara Gesell la declaración de la menor carece de la espontaneidad requerida, no hay una descripción precisa de los actos que se pretenden atribuir al imputado, acercándose más a un relato preparado, desde que la niña, desde el inicio de sus manifestaciones afirma "...tengo que contar lo que me hizo mi papá..."; según el a quo, esa expresión "parece dar a entender que se le dijo lo que tenía que hacer ante la entrevista". Agregó que además se describieron actos que la menor no afirma o en todo caso no quedan claros, sumado a la insistencia de los profesionales a cargo del procedimiento para lograr obtener una determinada respuesta; que todo eso se pudo advertir -a su entender- en las preguntas que se le efectuaron sobre si alguna vez había visto a su padre desnudo, circunstancia que aparecería con contradicciones en su declaración.
El a quo señaló que el tribunal de mérito valoró que la menor había dicho que su padre "... le hacía una mirada fija [...] que estaba desnudo con una peluca de payaso en la cabeza, haciéndose el payaso y le hacía cosquillas en la cola con las manos, y le hacia pis de color blanco el que le hacía tomar ..." (el destacado figura en el original); y que el sentenciante de origen omitió advertir la contradicción sobre la desnudez que dio por acreditada, ya que en otro pasaje de su testimonio la menor afirmó no haber visto nunca desnudo a su papá, señalando que sólo vio en esa modalidad "...a su primo A. que se sacó la malla en la pileta, nada más...", pero que ante la insistencia del profesional la menor contestó que si vio desnudo a su padre, pero en una forma totalmente distinta a la descripta en el inicio de la entrevista: "...si l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.