Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132556
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.556, "Bauzada, Lucas Ariel y Bauzada, Matías Sebastián s/ Queja en causa n° 93.596 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia del 7 de marzo de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa de Lucas Ariel Bauzada y Matías Sebastián Bauzada contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata que, en lo que interesa, confirmó el auto dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción (v. fs. 50/55).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 58/70 vta.), el que fue declarado inadmisible por el órgano impugnado (v. fs. 90/93).
Contra la decisión que le resultó adversa, la defensa oficial articuló queja ante este Cuerpo (v. fs. 198/207 vta.), siendo admitida por resolución del 13 de noviembre de 2019, y concedido el remedio extraordinario en orden a las cuestiones federales planteadas (arbitrariedad y violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable; v. fs. 208/210).
Oída la Procuración General (v. fs. 216/219), dictada la providencia de autos (v. fs. 221), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa planteó como cuestión previa la prescripción de la acción penal respecto al hecho calificado como robo cometido con el empleo de arma impropia (v. fs. 63/65 vta.).
Para el supuesto de que ello no prospere, reclamó la prescripción por la irrazonabilidad del plazo de duración del proceso.
Señaló que el fallo impugnado resultó arbitrario en tanto resolvió el planteo de declaración de prescripción de la acción por violación al plazo razonable de duración del proceso, bajo argumentos erróneos y dogmáticos que prescinden del análisis de las circunstancias concretas de la causa y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 65 vta.).
Esgrimió que encontraba vulneradas las garantías constitucionales de la defensa en juicio, debido proceso y la no arbitrariedad de las sentencias, conllevando la violación del derecho a la revisión de lo decidido (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) y del derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1, CADH) en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y doctrina legal de la Corte federal sobre la que funda su reconocimiento (Fallos: "Mattei", "Mozatti", "Polak", "Barra", "Ibañez, Ángel Clemente" y "Vilche, José Luis"; v. fs. 66).
Explicó que desde que tuvieron lugar los hechos -julio de 2005- hasta la presentación del recurso de casación, se venía prolongando el proceso por más de trece años, de los cuales doce se insumieron con el trámite recursivo contra la sentencia de condena, sin que las dilaciones se relacionen con la actividad de la defensa ni de los imputados, ni exista complejidad alguna de la causa, produciéndose un perjuicio a los imputados por el injustificado alongamiento del mismo (v. fs. 66).
Indicó que el Tribunal de Casación para negar la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia vinculado con la garantía constitucional en trato, se pronunció sobre el acierto de los fundamentos contenidos en la resolución impugnada, que resultan desconocedores de la doctrina elaborada por la Corte federal en torno a la garantía (v. fs. 67).
Reputó erróneo el argumento casatorio que reconoció la considerable dilación de la causa en la etapa recursiva, pero la justificó "...en el cúmulo de trabajo existente en los Tribunales Superiores" lo que conlleva a una interpretación que permitiría soportar afectación de garantías constitucionales, en contrariedad con la jurisprudencia del máximo Tribunal federal citada (v. fs. cit.).
Destacó que debe descartarse la complejidad del caso en estudio, dado que la investigación del hecho y el dictado de la sentencia condenatoria insumieron solo un año y cuatro meses, así como la actividad obstructiva por parte de la defensa, pues sus reclamos constituyen el ejercicio de derechos que la Constitución nacional, la provincial y los tratados internacionales y leyes comunes le conceden.
Por último, indicó que negar la vulneración de derechos a los imputados por encontrarse excarcelados, resulta una afirmación desconocedora de las restricciones de la libertad que este estado conlleva (v. fs. 67 vta.).
Concluyó que en autos ha sido infringido el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, resultando arbitraria la sentencia en crisis, al haberse afirmado dogmáticamente que el plazo no era irrazonable en oposición a las constancias de la causa (v. fs. 69 vta.), y solicitó la prescripción de la acción penal en tutela del derecho constitucional mencionado (v. fs. 70 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 216/219).
Disiento con su opinión, pues con base en los argumentos que expondré, el remedio prospera.
III. Para comprender mejor la solución que propicio, haré una reseña preliminar del derrotero procesal de la causa.
III.1. Conforme surge de fs. 29/34 del legajo que corre por cuerda caratulado "Bauzada, Matías Sebastián s/ Recurso de Casación, causa n°27.471", el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata mediante sentencia del 23 de noviembre de 2006 condenó a Matías Sebastián Bauzada y a Lucas Ariel Bauzada a la pena de siete años y seis meses de prisión, por resultar autor y partícipe necesario, respectivamente, del delito de robo cometido con el empleo de arma impropia, el día 16 de julio de 2005 en perjuicio de Carlos Carpanetto y Adriana García (art. 166 inc. 2, Cód. Penal).
III.2. Frente a ello los respectivos defensores de los imputados interpusieron sendos recursos de casación, los que fueron rechazados por la Sala II del Tribunal de Casación Penal por decisorio del 29 de noviembre de 2011 (v. fs. 74/87).
III.3. Mediante resolución del 23 de diciembre de 2013 esta Suprema Corte desestimó por inadmisible el recuro extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación (causa P. 117.991, v. fs. 115/116 vta.) y, por decisorio del 31 de agosto de 2016, denegó también por inadmisible el recurso extraordinario federal intentado por la defensa de los imputados (v. fs. 156/157 vta.).
III.4. Contra lo así decidido el señor defensor oficial interpuso queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quién resolvió el 11 de julio de 2017 "Que en razón de que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales, corresponde ordenar la suspensión del presente recurso de queja a las resultas de la decisión que al respecto tomen los jueces de la causa" (fs. 1 del legajo CSJN 2190/2016/RH1 que corre por cuerda).
III.5. Con motivo de lo así resuelto, luego de correrse vista a las partes, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata, con otra integración, por sentencia del 10 de noviembre de 2017, rechazó el planteo de prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de los imputados (v. fs. 8/9 del legajo casatorio acollarado n° 89.817), decisorio que fue confirmado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata el 15 de febrero de 2018 (v. fs. 21/22 vta. del legajo citado).
III.6. Contra esta sentencia la defensa interpuso recurso de casación (v. fs. 34/41) que fue desestimado por inadmisible por el órgano de Alzada (v. fs. 47), ante lo cual presentó recurso de queja ante el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 49/53 vta., legajo casatorio 89.817).
La Sala I del Tribunal citado declaró procedente la queja e hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto, casó la resolución impugnada y devolvió los autos al Tribunal de Alzada a fin de que jueces hábiles realicen un nuevo abordaje del motivo de agravio referido a la extinción de la acción penal por encontrarse transgredida la garantía del procesado a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 1/5 vta. del presente).
III.7. Así, el 29 de agosto de 2018 la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, se expidió juzgando que en el caso no se hallaba comprometida la referida garantía y, en consecuencia, confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental que denegara el planteo de prescripción de la acción penal (v. fs. 21/23).
III.8. Frente al decisorio adverso la defensa oficial interpuso un nuevo recurso de casación (v. fs. 34/41), que fue rechazado por improcedente por la Sala I del Tribunal de Casación Penal mediante sentencia del 7 de marzo de 2019 (v. fs. 50/55).
III.9. Contra este fallo el señor defensor adjunto interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad en trato.
IV. Como se puede advertir, el proceso lleva insumidos más de quince años de tramitación. Y si bien se ha arribado a una sentencia de condena que fue confirmada, el mismo todavía no ha finalizado puesto que la decisión definitiva no ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
En sintonía con lo alegado por la defensa, considero que en las presentes actuaciones ha sido vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas.
V. Incorporado a través del art. 75 inc. 22, el derecho al que se hiciera mención se ve garantizado por los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que expresa que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías "...dentro de un plazo razonable" y el 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige como garantía mínima "...ser juzgado sin dilaciones indebidas".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a delinear la interpretación de ese derecho en el caso "Mattei" (Fallos: 272:188), donde consideró incluido en la garantía de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) "...el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal" (Consid. 14).
Idéntico criterio siguió en "Mozzatti" (CSJN Fallos: 300:1102), en el que se reafirmó que el principio conforme al cual la defensa en juicio y el debido proceso "...se integran por una rápida y eficaz decisión judicial".
Ambos precedentes fueron citados por la minoría en "Kipperband" (CSNJ Fallos: 322:360), caso este en el que los señores jueces Petracchi y Boggiano afirmaron además que "...el derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal puede encontrar tutela en la prescripción de la acción" (Consid. 9), considerándose al derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable como garantía autónoma.
Es que, ante la ausencia de una regulación específica de la duración máxima del proceso penal se presentan dificultades para determinar cuál es el plazo razonable de duración de un proceso. Por ello se ha impuesto -no exenta de críticas (tal como ha afirmado el doctor Soria en causa P. 76.357, sent. de 30-IV-2004)- la llamada «teoría de la ponderación». Esta es la solución que ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo también recogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (para ver toda su evolución en Pastor, Daniel, El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho , Buenos Aires, Ad Hoc, 2002; pág. 99 y sigs. citado por el Juez Soria en el precedente de mención).
Esa línea es la que finalmente adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo con los votos disidentes en la causa "Kipperband" citada, postura según la cual no es posible fijar el plazo razonable en abstracto ni establecerlo en un número preciso de días, semanas, meses o años, sino que los jueces deben evaluar, caso a caso, si la prolongación de un proceso ha sido o no razonable, teniendo en cuenta la magnitud del retraso, sus motivaciones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento del imputado, el de las autoridades, entre otros criterios a ponderar.
Entonces, ante la falta de una regulación expresa de la duración máxima del proceso penal, el instituto de la prescripción ha sido utilizado en ocasiones excepcionales, para hacer efectivo el derecho a un proceso penal rápido. De tal forma, que en casos que presenten las suficientes particularidades que permitan constatar la vulneración de ese derecho, se ha resuelto que la declaración de extinción de la acción penal por prescripción constituye la vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (conf. Maier, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal , Tomo I/Fundamentos, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2ª ed., 1996, pág. 160; Pastor, Daniel; Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal ; Buenos Aires: Editores del Puerto, 1993, pág. 39; Carrió, Alejandro, Garantías constitucionales en el proceso penal , Buenos Aires: Hammurabi, 4ª ed., 2000, pág. 521/3, citados en mi voto de causa P. 79.797, sent. de 28-V-2003).
Puede afirmarse que hoy en día la vinculación entre el instituto de la prescripción de la acción penal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable resulta innegable para el más Alto Tribunal (conf. "Amadeo de Roth", Fallos: 323:982; "Barra", Fallos: 327:327 cit.; "Egea", Fallos: 327:4815; CSJ 2625/2004 (40-C) /CS1 "Cabaña Blanca S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa n° 7621-" de 7 de agosto de 2007; "Podestá", Fallos: 329:445; "Acerbo", Fallos: 330:3640; "Cuatrín", Fallos: 331:600, entre otros y, más recientemente, en lo que a la violación de la garantía en etapas recursivas se refiere, in re "Santander", Fallos: 331:2319; CSJ 159/2008 "Ibáñez, Ángel Clemente s/ robo calificado por el uso de armas", resuelta el 11 de agosto de 2009; "Salgado", Fallos: 332:1512; "Barroso", Fallos: 333:1639; CSJ 161/2012 "Vilche, José Luis s/ causa n° 93.249", resuelta el 11 de diciembre de 2012 y CSJ 1022/2011 "Salazar, Ramón de Jesús s/ causa n°105.373" -disidencia del juez Maqueda y disidencia del juez Rosatti-, resuelta el 6 de febrero de 2018; y más recientemente, "Espíndola", Fallos: 342:584, y "Escudero, Maximiliano Daniel s/ recurso de hecho" CSJ 25/2011, sent. de 23 de marzo de 2021).
VI. Ahora bien, determinar la razonabilidad de la duración de un procedimiento dado o, por el contrario, declarar que en él ha mediado una dilación exorbitante, comporta una labor que exige examinar ciertos parámetros relevantes merced a los cuales el juzgador puede valorar las diversas circunstancias que rodean el caso, tal como enseña la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; entre otros: la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades judiciales (Casos "Eckle c. Alemania", sent. de 15-VII-1982, T.E.D.H. 1982/4; "Kemmache c. Francia", sent. de 27-XI-1991, serie A núm. 218, pág. 27, apdo. 60; "Pélissier y Sassi c. Francia", núm. 25444/1994, apdo. 67, C.E.D.H. 1999-II T.E.D.H., [10]; "Jetzen c. Luxemburgo", sent. de 4 de marzo de 2008, T.E.D.H. 2008/16, entre muchos).
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha fijado estándares que resultan no solo pautas interpretativas sino también un deber de garantía a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino (conf. Fallos: 327:3312). En tal sentido, para la determinación de la razonabilidad del plazo insumido señala que deben considerarse cuatro elementos, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 77; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164; Caso Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 3 de abril de 2009, Serie C, n° 196, párr. 112; Caso Bayarri vs. Argentina, excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 30 de octubre de 2008, Serie C, n° 187, párr. 107; Caso Escué Zapata vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 4 de julio de 2007, Serie C, n° 165, párr. 26 y Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149), y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, párr. 155 y Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164).
VII. Estimo que estos factores están presentes en el caso. Veamos. El sintético relato de las constancias de la causa permite advertir que desde la ocurrencia del suceso (julio de 2005) han transcurrido más de quince años. Es decir que los acusados llevan ese lapso sometidos a un proceso penal que aún no ha concluido y, por tanto, no han recibido todavía un pronunciamiento judicial firme que haya puesto fin a la situación de incertidumbre que ello importa.
Se trató de un solo hecho delictivo, constitutivo de un ilícito contra la propiedad, seguido a dos imputados que siempre estuvieron a derecho; sin que se verificaran complejidades ni dificultades especiales durante las etapas de investigación y juzgamiento.
De otro lado, no es dable endilgarle morosidad a la defensa de los imputados, la que no propuso diligencias o actividad instructoria de descargo, ni tuvo visos ni actitudes procesales tendientes a dilatar la investigación. Por el contrario, se limitó a ejercer los actos esenciales de su ministerio, tarea que no puede ser merecedora de reproche alguno a los fines de atribuirle responsabilidad por la dilación de la causa (conf. T.E.D.H. in re : "Bucholz", sent. de 6-V-1981 [T.E.D.H. 1981, 1] serie A, núm. 42, págs. 18 y 22, apdos. 56 y 63).
Ello es así pues al año y cuatro meses el Tribunal de juicio dictó sentencia condenatoria.
Asimismo, según los informes de los organismos encargados de registrar antecedentes (v. fs. 228/231; 239/242 vta.), ninguno de los imputados ha reportado desde el hecho de autos, otros datos que no sean los referidos al motivo de esta causa.
En cuanto a la actuación judicial, ha habido un retardo injustificado durante la etapa recursiva, pues aun cuando existan problemas de sobrecarga de trabajo, no se vislumbra que ello autorizara tamaña demora.
Finalmente, en lo que respecta a lo que el señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Sergio García Ramírez ha denominado "...afectación actual que el procedimiento implica para la situación jurídica del individuo", esto es: la real incidencia que la alongada duración del trámite proyecta sobre el procesado (conf. arg. párrafos 29, 35 y 36 del voto razonado del referido magistrado, en la sentencia de la CIDH dictada en el caso "López Álvarez vs. Honduras"), es cierto que aquí los imputados no se encuentran privados de su libertad (de allí que aquí no esté en tela de juicio la garantía consagrada en el art. 7.5 de la CIDH), cabe destacar que ante una eventual firmeza podría redundar en la ejecución efectiva de una pena privativa de la libertad, lo cual significaría el reingreso a prisión, a más de quince años de acaecido el hecho, de personas alejadas desde entonces de toda vinculación con el sistema represivo
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