Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.612, "C., A. M. s/ queja en causa n° 93.966 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, con integración unipersonal, el 17 de octubre de 2018 condenó a A. M. C. a la pena de cuatro años de prisión, multa de doscientos veinticinco pesos, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 12, 29, 40, 41 y 45, Cód. Penal y 5 inc. "c", ley 23.737; v. fs. 66/69).
La defensa interpuso un recurso de casación (v. fs. 76/95 vta.), que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 4 de febrero de 2020, rechazó por improcedente (v. fs. 110/117).
Contra ese fallo, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor José María Hernández, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 126/135 vta.), el que declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 136/138 vta.) motivó la deducción de una queja (v. fs. 149/156). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el medio extraordinario de revisión (v. fs. 158/161).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 171/173 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 175) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial tacha la sentencia de arbitraria por incumplimiento de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales, apartamiento de las constancias de la causa, contradicción e infracción a los arts. 1, 18 y 33 de la Constitución nacional (v. fs. 130 y vta.).
Luego de mencionar las explicaciones dadas por el órgano casatorio para descartar el planteo en punto a que las circunstancias particulares en las que se encontraba A. M. C. operaron a nivel del juicio de culpabilidad, indica que carecen de todo fundamento por falta de desarrollo argumental.
Agrega que no se expresaron las razones en virtud de las cuales se consideró que, no obstante, las circunstancias especiales que llevaron a la imputada a cometer el delito, no se encontraba acreditada una afectación de su autodeterminación, es decir que no se trataba de un supuesto de imputabilidad disminuida (v. fs. 131).
Asevera que la coyuntura por la que atravesaba C. no estaba limitada a las dificultades económicas y sociales a las que hizo mención el juzgador, y que la sentencia se limitó a exponer consideraciones de índole dogmática, que se apartan de las constancias de la causa, lo que descalifica el fallo como acto jurisdiccional válido (v. fs. 131 vta.).
Hace referencia a que se trata de una persona que tenía 60 años al momento de los hechos, sin antecedentes penales, que necesariamente debió de atravesar por alguna situación excepcional en razón de la cual cambió su actitud frente a la vida y frente a la ley.
Menciona los dichos de su asistida al finalizar el debate, y el peritaje psicológico efectuado por el licenciado Gustavo Galera e incorporado al legajo de morigeración, donde se destacan ciertas carencias y dificultades personales de C., así como la situación de angustia, depresión y arrepentimiento que exhibió la nombrada frente al perito por la situación que la llevó a delinquir (v. fs. 131 vta. y 132).
Indica que las circunstancias alegadas resultaron "...de suma importancia y peso", al punto que llevaron al tribunal del juicio a declarar en el caso concreto la inconstitucionalidad de la pena de multa por resultar irracional, y a reducirla de acuerdo a las posibilidades reales de la imputada. Por eso, entiende que se decidió la cuestión prescindiendo de la totalidad de las particularidades que presenta el caso, incurriendo así en el vicio de arbitrariedad (v. fs. 132/134).
Además, afirma que el fallo es arbitrario por contradictorio, desde que por un lado da por acreditada la grave situación por la que atravesaba la imputada al declarar inconstitucional el mínimo de una parte de la pena -la multa-; mientras que, por el otro lado, niega la pretensión de la parte referida a que esas mismas circunstancias incidan en la otra especie de pena -la prisión- al estimar que carecía de respaldo probatorio (v. fs. 134 y vta.).
Añade que esa contradicción esconde una discrecional e infundada valoración de la situación sufrida por C., que -en su opinión- le significó una disminución del ámbito de autodeterminación y consecuentemente un contexto de culpabilidad disminuida (v. fs. 134 vta./135 vta.).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el remedio extraordinario (v. fs. 171/173 vta.).
III. Coincido con su opinión. Desde mi punto de vista, el recurso es insuficiente para revertir lo resuelto (conf. art. 495, CPP).
III.1. Al presentar la impugnación contra la condena de primera instancia, la defensa se agravió por la errónea aplicación de preceptos normativos y postuló la inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena con que se castiga la conducta prevista en el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737. Solicitó que se le imponga a C. una sanción que no supere los tres años de prisión de ejecución condicional; subsidiariamente, requirió que esa pena de tres años sea de efectivo cumplimiento, pero que se ordene su inmediata libertad. Explicó que el caso revestía aristas suficientemente complejas, excepcionales y graves que habilitaban a perforar el mínimo legal que acompaña a la conducta reprochada a la imputada. Entendió comprobada la disminución de la culpabilidad de C., la que -según dijo- debía evaluarse como una atenuante de peso. Hizo mención al fin preventivo especial de la pena y realizó consideraciones teóricas acerca del mandato resocializador que impera en las normas vigentes. Recordó que, en virtud de la vigencia de la morigeración de la prisión preventiva dispuesta en su favor, la fijación de una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento la colocaría frente a la posibilidad de evitar su ingreso al ámbito carcelario (v. fs. 76/95 vta.).
III.2. Como se reseñó en los antecedentes, la Sala I del Tribunal de Casación, a través del voto del juez Daniel Carral -a quien adhirió el juez Ricardo Maidana- rechazó la impugnación por improcedente.
Para así decidir señaló que el hecho que se tuvo por probado consistió en que "...el 28 de noviembre de 2017, siendo las 18:20 horas aproximadamente, A. M. C. tuvo sustancia estupefaciente con ánimo de comercializarla al menudeo; ello, en el domicilio que se ubica sobre la calle San Lorenzo, en la ante esquina de Bordabehere de esta ciudad (185,57 gramos de marihuana distribuida en 78 envoltorios plásticos)" (fs. 113).
En orden al planteo de inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena con la que se reprime el delito descripto en el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, indicó que, si bien podían exhibirse como respetables los argumentos formulados por la defensa, resultaban insuficientes para acreditar dos dimensiones estrechamente vinculadas. Esto es, por un lado, que la situación económica y social en la que se encontraba A. M. C. fuera de una entidad tal que provocara la reducción de su ámbito de autodeterminación, hasta el extremo de colocarla en un contexto de culpabilidad disminuida; y, por el otro, que el contenido y razonabilidad de la norma cuestionada colisione efectivamente con los mandatos de nuestra Constitución nacional.
Destacó que, si bien las dificultades en la esfera económica y social esgrimidas por la defensa adquirieron una significación de peso al ser valoradas como circunstancias atenuantes, correspondía diferenciar el alcance y los límites que se desprenden a partir de esos extremos fácticos (v. fs. 113 vta.).
Resaltó que en autos se consideró, a partir de elementos incorporados al proceso, que la situación económica por la que atravesaba la imputada atenuaba su responsabilidad; traduciéndose tal aspecto -con adhesión del representante del Ministerio Público Fiscal- en la reducción del monto de dinero previsto para la pena de multa con la que se reprime el delito que se le adjudicó; pero que "...ello no habilita necesariamente a afirmar que esa misma circunstancia también haya operado al nivel del juicio de culpabilidad, dimensión en la que se evalúa la capacidad del sujeto activo para adecuar su comportamiento conforme al mandato normativo vigente" (fs. 114).
Mencionó que la base probatoria permitió al juzgador de grado aseverar que la situación económica en la que se hallaba la procesada debía impactar sobre la imposición de una de las especies de pena con la que se castiga el delito reprochado; y que ese mismo conjunto probatorio posibilitaba afirmar, en la instancia revisora, que no se encontraba acreditada una afectación en el ámbito de autodeterminación de la imputada que habilitase la discusión acerca de la gradualidad del juicio de culpabilidad (v. fs. 114 vta.).
Explicó que la pretensión de la defensa se traducía en una cuestión teórica sin posibilidades de incidir en el caso particular, por falta de respaldo probatorio; situación que lo eximía de abordar la posibilidad de aplicar sanciones por debajo de los límites legales que acompañan a las infracciones penales, como también si ese límite colisiona con mandatos constitucionales (v. fs. 114 vta.).
Agregó que no hallaba demostrado, en esa oportunidad, que la imposición de una pena menor a la prevista mediante el proceso de criminalización primaria favorezca a la satisfacción del fin resocializador vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
Apuntó, con cita de autor, que la pretensión defensista "...descansa en el déficit argumental consistente en la imposibilidad lógica de derivar conclusiones prescriptivas o morales de premisas descriptivas; y viceversa, es decir, no corresponde extraer resultados descriptivos de premisas prescriptivas" (fs. 115).
Concluyó que el cabal cumplimiento del fin resocializador de la pena sería objeto de abordaje en la etapa de ejecución de la sanción penal legalmente impuesta (v. fs. 115).
IV. En el caso, el recurrente ha señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia ni ha rebatido las concretas respuestas brindadas por el Tribunal de Casación a similares agravios a los aquí traídos (art. 495, CPP).
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. causas P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; e.o.).
En efecto, le fueron explicadas a la defensa las razones por las cuales no se encontraba acreditada una afectación en el ámbito de autodeterminación de la imputada como para habilitar la discusión acerca de la gradualidad del juicio de culpabilidad.
El órgano recurrido especificó que la situación económica que atravesaba C. al momento del hecho atenuaba su responsabilidad, lo que se tradujo, con anuencia de la fiscalía, en la reducción del monto pecuniario previsto para la pena de multa conjunta con la de prisión. Pero aseveró que esa base probatoria carecía de la entidad suficiente para reducir el ámbito de autodeterminación de la nombrada, al extremo de colocarla en un contexto de imputabilidad disminuida.
En este escenario, las denuncias de violación a las garantías constitucionales quedan huérfanas de sustento argumental y, por tanto, indemostradas (art. 495, CPP).
Por lo demás, el recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Por lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2023 19:48:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 06:54:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:14:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 12:00:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 12:05:06 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/02/2023 14:13:28 hs. bajo el número RS-10-2023 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia