Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135163
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.163, "S., J. M. s/ Queja en causa n° 94.105 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria, Torres.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de julio de 2020, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón que absolvió a J. M. S. con relación al hecho de lesiones leves y, por mayoría, lo condenó a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo reiterado, dos hechos, y abuso sexual agravado por el vínculo reiterado, dos hechos, todos en concurso real entre sí (arts. 2, 40, 41, 45, 55 y 119 párrs. primero, segundo y cuarto inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 741/762).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor José María Hernández-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 768/813 vta.), que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 815/819); ello motivó que el citado defensor dedujera queja ante esta instancia (v. fs. 837/857 vta.), la cual fue admitida por esta Suprema Corte concediendo la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada (v. fs. 862/865).
Oída la Procuración General (v. fs. 883/888 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 890) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario en estudio, la defensa oficial comenzó con una reseña de antecedentes que incluyó transcripciones de la sentencia de condena y el voto en minoría pronunciado por el señor juez Osvaldo Cedarri, como también del recurso de casación, del memorial presentado ante esa instancia y de la sentencia dictada por el tribunal intermedio; luego de ello, se ocupó de argumentar sobre la procedencia del recurso y formuló los siguientes agravios (v. pto. IV, fs. 770 vta./789 del recurso).
I.1. En primer lugar, denunció que el Tribunal de Casación Penal efectuó una revisión aparente de la sentencia de condena, en infracción de la garantía de la doble instancia; alegó la arbitrariedad de ese fallo por apartamiento de las constancias de la causa y la infracción del derecho a ser oído (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 790).
Consideró que la exploración efectuada por el tribunal revisor fue "parcial e insuficiente", sin abordar los planteos que rebatían la fiabilidad asignada a la declaración de la víctima y demostraban que la hipótesis acusatoria no había hallado confirmación en las pruebas que habían sido alegadas (v. fs. 790 vta. y 791).
Afirmó que se pretendió resumir los argumentos del sentenciante de origen acomodando de "forma antojadiza" ciertas partes de algunos elementos probatorios, ignorando aquellos que no validaban la tesis acusatoria; además, que se desentendió de las críticas formuladas por la defensa y de los argumentos del voto en minoría; agregó que, de manera dogmática, se afirmó que el relato de la víctima se afianzó con otros elementos de prueba indirectos suministrados en el proceso, cuando -a su juicio- fue demostrada la ineficacia de tales probanzas para respaldar la tesis fiscal (v. fs. 791 y vta.).
Seguidamente, procuró la demostración de sus críticas dividiendo los planteos en tres ejes temáticos, esto es, el relato del niño víctima, las múltiples intervenciones de los profesionales de la salud y las características del ámbito familiar en que sucedieron los acontecimientos.
I.1.a. En primer lugar, cuestionó la omisión de tratamiento del "contexto en el que se enmarca la denuncia de abuso sexual" (fs. 791 vta.).
En este punto, explicó que en el caso se omitió ponderar datos que revelaban las complejas circunstancias vividas por el niño: cuadro de violencia familiar extrema (verbal, gestual y física); sospechas de engaños entre la pareja; faltante de dinero que fuera atribuido al imputado; la existencia de un proceso de divorcio vincular en trámite -con reclamos de alimentos y visitas-; el modo de conocerse los hechos narrados por el niño en condiciones sugestivas y muy poco claras (no a su madre o terapeuta sino ante su abuela); la falta de corroboración del trato y relación que mantenía el imputado con sus hijos, la que estimó como "buena"; el ocultamiento de los registros de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio por el propio S. los que fueron aportados por la particular damnificada "muchos meses después del allanamiento" y con serias "sospechas" de haber sido manipulados; el pedido de parte del imputado para que se secuestren los discos rígidos de las cámaras de seguridad para demostrar la violencia con que era tratado el imputado por su suegra y su esposa; la circunstancia de que no se habrían detectado en el niño cambios de conductas significativos ni una merma del rendimiento escolar; la intromisión de terceras personas en cuestiones tanto económicas como respecto de la toma de decisiones en la vida de la pareja del imputado y la denunciante; y la declaración de M. P., referida a la injerencia que tenía sobre la relación de pareja de su hija (v. fs. 792/793).
Destacó que en el memorial se había cuestionado la forma en que la sentencia de condena examinó aquellos puntos, negando la existencia de indicadores que advertían la presencia de una contaminación en el relato del niño, circunstancia que -de haberse convalidado- hubiese conllevado a la falta de acreditación del hecho endilgado a su pupilo (v. fs. 793).
Sostuvo que las circunstancias mencionadas fueron omitidas por completo en la sentencia de casación al momento de analizar la suficiencia de la prueba de cargo para acreditar los hechos con la certeza requerida; y que -a juicio de esa defensa- lo expuesto revelaba la importancia del contexto en el cual se gestó la denuncia, permitiendo explicar el manto de sospecha e irregularidades que rodearon un relato -el del menor- confuso y una deficiente intervención de los equipos profesionales (v. fs. 793/794).
I.1.b. En segundo término, argumentó sobre la alegada "arbitraria valoración del relato de la víctima". En ese apartado, cuestionó el deficiente control casatorio en todos aquellos puntos que se vinculaban con las irregularidades en la obtención de dicho testimonio y que -en su opinión- debilitaron su valor probatorio (v. fs. 794).
Comenzó por criticar el modo con que se abordó el relato del menor en Cámara Gesell. En ese cometido se refirió a la necesidad de cumplir con el "Protocolo de Recepción de Testimonio de Víctimas/Testigos Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Padecimiento o Deficiencias Mentales en Cámara Gesell", el que estimó incumplido. Indicó que la respuesta dada a su denuncia sobre el punto resultó contradictoria, en tanto el Tribunal de Casación relativizó las irregularidades planteadas para desentenderse del reducido valor probatorio que conlleva la inobservancia del protocolo, desde que el resultado de ello fue una deficiente entrevista que imposibilita verificar si lo relatado por la víctima cumple o no con criterios preestablecidos de credibilidad (v. fs. 794/796 vta.).
Destacó diferencias en las situaciones relatadas por el niño (a su abuela, a su madre, a la perito Fonseca, en la Cámara Gesell), lo que impediría hablar de un "relato verosímil" en cuanto a los distintos aspectos esenciales de los hechos vividos y que, entonces, no permitían concluir que el valor probatorio de esa prueba -única fuente de información acerca de los hechos- resultase suficiente para destruir el principio de inocencia.
Indicó que tales reclamos fueron abordados por el Tribunal de Casación pero que, de los términos del pronunciamiento, se advierte "...la eliminación de todas las variaciones en el relato del niño bajo la excusa de que las mismas no revisten importancia y de que se trata de referencias de testigos y no de manifestaciones del niño". El recurrente agregó que no sería razonable sostener que el menor víctima declaró en todo momento de manera conteste, sin contradicciones ni fisuras, cuando a través de los distintos interlocutores el menor dijo cosas como que: "...[su] padre lo obligaba a practicarle sexo oral, que el padre se lo practicaba a él, que su padre lo obligaba a masturbarlo, que el padre lo masturbaba a él, que quería penetrarlo analmente con su miembro, que le quería introducir un dedo en su ano, que lo obligaba a ver películas pornográficas, que los abusos ocurrían dos veces al día en la habitación de sus padres, que sucedía de noche en su cuarto, que sucedía en cualquier lugar de la casa (dormitorio, quincho, pileta, donde lo encontrara solo)"; se refirió también a la falta de sensibilidad e "inexpresión de sentimientos" en la declaración del niño y a la existencia de un discurso guionado (v. fs. 796 vta./799 vta.).
Asimismo, señaló la imprecisión de los elementos de prueba en cuanto a la posibilidad de determinación temporal y espacial de los hechos, circunstancias que si bien el tribunal a quo reconoció, fueron tenidas como "irrelevantes", sin explicar las razones de esa decisión (v. fs. 799 vta./800 vta.).
Se refirió -además- a la relevancia de las constancias médicas en cuanto negaron lesiones o signos de acceso carnal anal, datos objetivos que se contraponían con el relato del menor, pero que no tuvieron entidad para el tribunal revisor. En ese marco expresó que si el niño manifestó que su padre lo penetró analmente y que eso era lo que más le había molestado, no correspondía ser indiferente frente a la falta de comprobación médica que demuestre signos o rastros de haber sido accedido carnalmente (v. fs. 800 vta. y 801).
I.1.c. Por otra parte, la defensa cuestionó que el a quo haya confirmado la "absurda valoración de testimonios e informes de los profesionales de la salud", destacando la inexistencia de elementos de prueba periféricos a fin de brindar soporte o credibilidad al relato del menor, aspecto que dogmáticamente la sentencia recurrida insistió en otorgarle primordial relevancia al momento de acreditar la existencia de los hechos (v. fs. 801 y vta.).
En primer lugar, mencionó el desempeño del perito oficial Arcuschin y destacó que la respuesta del tribunal revisor sobre el punto fue absolutamente dogmática y carente de contenido, además de haber minimizado las críticas de esa defensa vinculadas a la inobservancia del protocolo pertinente y a que no fue evaluado el contexto familiar conflictivo que enmarcaba el testimonio en cuestión (v. fs. 801 vta./803 vta.).
En segundo lugar, destacó que el fallo de casación también evitó responder las observaciones que fueron realizadas por el perito de parte, doctor Abolsky, en cuanto declaró que la diligencia de Cámara Gesell se realizó sin seguir las reglas de actuación estipuladas por el Protocolo de esta Suprema Corte, que tampoco se empleó ningún método para evaluar la veracidad del testimonio del menor, ni fueron ponderadas hipótesis alternativas para alcanzar un diagnóstico certero en el caso (v. fs. 803 vta. y 804).
En tercer término, se refirió a la intervención de los doctores Waisburg -neurólogo infantil- y Rodríguez Etchegaray -psiquiatra-. Recordó que en el recurso de casación y en el memorial presentado por esa defensa -en línea con los lineamientos del voto en minoría del tribunal oral-, se cuestionó el diagnóstico presuntivo de estrés postraumático severo informado por tales médicos con relación "indiscutible" con el abuso sexual denunciado (v. fs. 804 y vta.). Sostuvo que se había expuesto que de ellos no era posible descartar que "...el cuadro de situación advertido por los médicos sea consecuencia del grave clima de violencia intrafamiliar que estaba atravesando el menor...", y que dicha circunstancia no fue descartada por el revisor pero que "...aún así la duda se resolvió en contra de la hipótesis de descargo".
En cuarto lugar, se ocupó de las críticas dirigidas contra el dictamen psicológico de la licenciada Fonseca (v. fs. 805 vta. y 806).
Recordó que esa defensa había manifestado que la profesional nunca advirtió signos de abuso y que tomó conocimiento sobre los hechos a partir de que se lo comunicó la madre del menor; que brindaba asistencia psicológica a S. desde hacía dos años antes de la separación de sus padres, y que habiendo reconocido no tener experiencia en materia de índole de abuso sexual infantil, días antes de la realización de la Cámara Gesell "trabajaron" el tema en terapia con el niño. Según el recurrente, el tribunal revisor restó importancia a esas críticas sin explicar las razones de la insuficiencia e irrelevancia del reclamo que rechazó (v. fs. 806 y vta.).
Concluyó el punto destacando que el Tribunal de Casación prescindió del contenido de los agravios llevados, sin darles respuesta plausible, incurriendo en el dictado de un fallo arbitrario por apartamiento de las constancias de la causa, en vulneración del derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa en juicio, el derecho al doble conforme (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) por tránsito aparente por esa instancia revisora, en trasgresión de la doctrina "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los antecedentes P. 89.939, sentencia de 6-IX-2006 y P. 99.084, sentencia de 29-IV-2009 de esta Suprema Corte (v. fs. 809/810).
I.2. En último término (v. apdo. "C"), denunció la violación del principio de inocencia por inobservancia de la regla de in dubio pro reo, y la infracción de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 incs. 2 y 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 incs. 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 810 vta.).
Consideró que en el caso se convalidó una sentencia que, sin argumento válido, descartó la hipótesis de la defensa, y alegó que "...no hay modo posible de afirmar que resulta más probable la hipótesis de la acusación, que aquella de la cual se sigue la absolución" (fs. cit.).
Luego de hacer alusión a los fallos "Nápoli", "Miguel" y "Vega Giménez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó expresando que la sentencia recurrida "...no ha logrado descartar como hipótesis válida la versión de la defensa relativa a que el relato del menor no permite afirmar certeza acerca de la existencia de los hechos, así como también que refleja la animosidad parental, los múltiples episodios de violencia extrema y un severo maltrato infantil por parte de ambos progenitores; y, sin explicar razones, se ha decidido que dicho contexto de marcada agresividad intrafamiliar no ha incidido en el relato del menor ni en el cuadro clínico de estrés postraumático sufrido por aquél" (fs. 811 vta. y 812).
Por todo lo expuesto, solicitó el dictado de un pronunciamiento absolutorio mediante la aplicación del in dubio pro reo o, subsidiariamente, se mande a dictar un nuevo fallo que revise la sentencia de condena dando respuesta a las razones esgrimidas por esa defensa y respetando dicho principio (v. fs. 813 y vta.).
II. De conformidad con la resolución de esta Suprema Corte que admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se desprende que las cuestiones federales vinculadas con la "...arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de las constancias de la causa y su revisión aparente", y la "...denuncia de violación al principio de inocencia como aplicación de la regla de in dubio pro reo , como derivación del derecho de defensa..." fueron desarrolladas con la carga técnica necesaria y guardaron relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso, como para sortear el estadio de la admisibilidad (v. fs. 862/865). Por lo que en ese marco será abordado el recurso interpuesto.
III. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo de la impugnación traída (v. fs. 883/888 vta.); coincido con su dictamen.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón, mediante sentencia dictada el día 5 de septiembre de 2018, por mayoría, tuvo por acreditados los siguientes sucesos: "...en fecha que no es posible precisar, pero que puede circunscribirse a cuando S. M. S. M. tenía entre tres y ocho años de edad, desde el año 2010 hasta el día 11 de noviembre del 2015 -fecha en que dejó de ver al imputado, porque éste se retiró del domicilio en que habitaban- su padre, J. M. S., en el interior de la finca sita en la calle … n° …, de la localidad de Haedo, Partido de Morón, más precisamente en la habitación del imputado, valiéndose de la circunstancia de que el menor se encontraba a solas con él, lo abusó sexualmente en al menos dos oportunidades, en las que estando ambos desvestidos, el imputado jaló de los pelos al niño, introduciéndole su miembro viril en la boca del menor, eyaculando el mismo frente al niño; siendo que además le tocaba el miembro viril al menor. Todo ello bajo amenazas de lesionarlo o promesas" (hecho I). "En las mismas circunstancias de tiempo y lugar, es decir en fecha que no es posible precisar, pero que puede circunscribirse a cuando S. M. S. M. tenía entre tres y ocho años de edad, desde el año 2010 hasta el día 11 de noviembre del 2015 -fecha en que el niño dejo de ver al imputado, porque éste se retiró del domicilio en que habitaban- su padre, J. M. S., en el interior del mismo domicilio [...], lo abusó sexualmente en al menos dos oportunidades, ingresando a la habitación de S. cuando éste estaba durmiendo, despertándolo tocándole su pene" (hecho II; fs. 607 y vta. -numeración al pie de página-).
Los sucesos fueron calificados como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo reiterado -dos hechos- (hecho I) y abuso sexual agravado por el vínculo reiterado -dos hechos- (hecho II; v. fs. 613/618).
IV.2. En el recurso de casación, el señor defensor oficial formuló tres agravios: a) la absurda valoración de la prueba, infracción de las reglas de la sana crítica, conculcación del derecho de defensa en juicio y el desconocimiento del estado de inocencia. En ese apartado cuestionó el valor probatorio que se le asignó a la declaración testimonial del menor en Cámara Gesell, el análisis que se hizo respecto del contexto de violencia familiar, como también la metodología utilizada por los profesionales a cargo de la referida diligencia; asimismo hizo referencia a las conclusiones de los profesionales Waisburg, Rodríguez Etchegaray y Ozón, y resaltó el dictado de una sentencia que estimó con falta de motivación. Afirmó la existencia de arbitrariedad en esas decisiones y que estuvo ausente la debida acreditación de la materialidad ilícita y la autoría de su asistido en los hechos endilgados; b) se agravió de la calificación legal con relación al hecho I, el que se tuvo como abuso sexual gravemente ultrajante, en tanto negó que se hayan acreditado los elementos típicos de la figura aplicada, pues de los elementos probatorios invocados no surgiría en el ánimo del autor la intención de someter o degradar a la víctima, ni que la forma de realización de las conductas atribuidas configuraran un mayor ataque al menor; solicitó se recalifique como abuso sexual simple (art. 119 primer párr., Cód. Penal); c) denunció la errónea valoración de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal para la determinación de la pena y reclamó la aplicación del mínimo legal correspondiente al delito resultante (v. fs. 622/679 vta.).
En el memorial presentado ante el
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