Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135199
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.199, "Díaz, Franco Luis s/ queja en causa n° 94.225 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de octubre de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a Franco Luis Díaz a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor y autor responsable de los delitos de homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma (hecho I), robo simple (hecho II) y portación ilegal de arma de guerra (hecho III), los cuales concursan materialmente entre sí (v. fs. 45/56 vta.).
Contra ello, la señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 71/88 vta.), el que habiendo sido declarado inadmisible por el tribunal revisor (v. fs. 89/90 vta.), motivó la interposición de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 100/103).
Este Tribunal admitió la vía directa y concedió el recurso extraordinario articulado (v. fs. 108/109 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 119/123), dictada la providencia de autos (v. fs. 125) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia casatoria, la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 -en grado de tentativa- y la inobservancia del art. 166 inc. 1, ambos del Código Penal. También alegó la violación al principio de inocencia por inobservancia del in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 14.2., PIDCP y 1, CPP; v. fs. 74 vta.).
Luego de transcribir parte de lo decidido por el tribunal recurrido, se refirió a lo declarado por la víctima Coronel y sostuvo que en el caso existió un claro apartamiento de las constancias de la causa, argumentando que el testigo invocado no resultó tan creíble como para arribar a una condena con el grado de certeza legalmente exigida (v. fs. 75/78).
A su entender, con las constancias de autos no pudo comprobarse el dolo homicida endilgado a Franco Luis Díaz, pues no existiría ninguna prueba directa de la que pudieran extraerse indicios para su acreditación (v. fs. 80).
En el afán de evidenciar la ajenidad de su defendido en el hecho que se le atribuyó, señaló al sujeto que se encontraba en el asiento trasero del vehículo que conducía la víctima como la persona que intentó darle muerte.
Por tales motivos solicitó que el individualizado como hecho I en el fallo en crisis sea recalificado en los términos del art. 166 inc. 1 del Código Penal, cuanto menos, por aplicación del in dubio pro reo (v. fs. 81 vta./85).
I.2. En forma subsidiaria, denunció arbitrariedad en la determinación de la pena por haber existido un apartamiento de las constancias de la causa y una errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 85).
Luego de reseñar el planteo llevado por el señor defensor oficial en el recurso de casación, así como lo decidido por el tribunal intermedio sobre el punto, sostuvo que con la misma calificación legal y materialidad infraccionaria, el representante fiscal había propuesto al imputado y su defensa un acuerdo de juicio abreviado en el que, valorando como atenuante la carencia de antecedentes de Díaz y sin computar agravante alguno, sugirió la aplicación de una pena en diez años de prisión.
Frente a ello, consideró que el tribunal intermedio se apartó de su tarea revisora pues, más allá de que la propuesta de juicio abreviado formulada por el señor fiscal no lo obligaba a mantener la misma pena, la que estimó como justa y proporcional para la culpabilidad del imputado en el suceso, el aumento de cinco años por encima de aquella propuesta demostraría una "...falta de objetividad del representante fiscal y una suerte de agravante por no haberse sometido a dicho modo alternativo al juicio oral...", circunstancia que -según dijo- debió ser advertida en su afirmada revisión amplia por parte del Tribunal de Casación (v. fs. 85/87 vta.).
Solicitó que se case parcialmente la sentencia en el tramo de la dosificación de la pena, y que se devuelvan las actuaciones al tribunal revisor para el dictado de una nueva conforme a derecho (v. fs. 88).
II. Coincido con la postura del señor Procurador General, el recurso debe ser rechazado (v. dictamen a fs. 119/123).
III.1. Con relación al agravio reseñado en el apartado I.1. del presente, en lo que resulta de interés para resolver la impugnación en examen, el Tribunal en lo Criminal n° 7 de Lomas de Zamora tuvo por acreditado que "...el día 16 de mayo de 2017 minutos después de las 20:00 horas, en circunstancias en las cuales la víctima de autos Eleodoro De Jesús Coronel circulaba en el auto de su propiedad marca Peugeot 504 dominio XIF-079, oficiando de remís, por las calle Bustos en inmediaciones de la localidad de Ingeniero Budge partido de Lomas de Zamora, trasladando como pasajero a dos sujetos del sexo masculino, uno no identificado y prófugo a la fecha el cual se posicionó en el asiento trasero, en tanto el otro individualizado como Franco Luis Díaz (a) 'El Chino' quien se sentó en el asiento delantero lado acompañante, coactuando al efecto y en una clara división de tareas quien iba detrás mediante el empleo de un cinto de tela color gris procedió a ahorcar al mencionado Coronel hasta que el mismo perdió el conocimiento, ello con el claro fin de lograr su muerte, preparar, facilitar y consumar otro delito, ocurrido el estado inconsciente de la víctima, oportunidad en la que se apoderaron ilegítimamente del rodado, un celular marca Nokia abonado 1557721515, una tarjeta Shoping, un reloj marca Casio color negro, la suma aproximada de $600 pesos, un DNI y registro de conducir todo propiedad del mencionado Coronel, a quien posteriormente arrojaron en la vía pública convulsionando y maniatado en sus extremidades, concretamente en inmediaciones de la calle Euskadi entre Cañuelas y Epecuen, localidad de Ingeniero Budge dándose a la fuga con el botín producto del ilícito, no logrando la muerte de Coronel por razones ajenas a su voluntad" (hecho I, causa n° 32168-17; fs. 18 y vta., sent. de condena).
El suceso fue calificado como homicidio agravado criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma.
El tribunal de juicio tuvo por acreditada la participación del encartado en el intento de dar fin a la vida de Coronel para desapoderarlo de su auto, celular, dinero y otros objetos personales, y que para perpetrar el plan criminal llevado a cabo por el acusado y su consorte de causa -no identificado- "...Díaz al conocer a Coronel lo convence para hacer un viaje corto, para ello es que arriba a su remís, lo lleva hasta el lugar en donde asciende su compañero, luego y a bordo del mismo intentan darle muerte a su víctima ahorcándolo hasta la pérdida de conciencia para atarle sus manos, pies y envolverle con sus prendas de vestir su cabeza, arrojándolo del auto y dejándolo abandonado en la vía pública casi sin vida y de este modo logar además su impunidad" (fs. 26 vta. y 27).
III.2. Al respecto de esa decisión, al deducir el recurso de casación, la defensa oficial sostuvo que no se había probado la autoría de Díaz en el mencionado hecho I. Señaló que la única prueba que había sido valorada fue el testimonio del denunciante Coronel, por lo que dada la orfandad probatoria -a su entender- debió aplicarse el beneficio de la duda a favor de su pupilo. Concluyó que en el caso se había valorado incorrectamente el art. 80 inc. 7 del Código Penal al no haberse acreditado la intención homicida de Díaz, y propuso un cambio en la calificación legal por la del delito de robo agravado por lesiones graves (v. fs. 3/8 vta.).
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal, luego de describir la materialidad ilícita, afirmó que la sentencia de condena no presentaba déficit de motivación ni vicio alguno que importara vulneración a los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, y señaló que la defensa se había limitado a proponer un criterio valorativo opuesto al asumido por el juzgador, lo cual no alcanzaba para evidenciar los defectos que había pregonado (v. fs. 47 vta./48 vta.).
Como punto de partida para acreditar los cuestionados extremos referidos al citado ilícito (hecho I), acudió al motivado examen de la declaración prestada por la víctima, Eleodoro De Jesús Coronel, quien sindicó al imputado Díaz como uno de los autores del suceso que lo había victimizado; también explicó que se habían valorado las declaraciones de los policías Beltrán, Lacorte y López, y la de Romero, chofer y compañero de trabajo de Coronel. Agregó que el plexo probatorio se había completado con otros elementos: acta policial, inspección ocular, placas fotográficas y copias de la historia clínica de la víctima (v. fs. 48 vta.).
El a quo refirió que la víctima había narrado que "...accedió a la solicitud de Díaz para que lo llevara en su remís porque lo conocía de chico, y que por eso y aun cuando luego de iniciado el viaje subió al vehículo otro sujeto, conocido de Díaz, no desconfió"; que "...sintió que lo tiraron para atrás desde el cuello y que se le cortaba la respiración llegó a pegarle un golpe de puño al 'Chino' para defenderse"; también que "...lo agarró, y que a consecuencia del golpe de puño que le asestó al imputado quedó en su puño la marca de sus dientes caninos". Asimismo, indicó que los oficiales policiales intervinientes se refirieron a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habían hallado a la víctima en la vía pública: "...largaba espuma por la boca", "...estaba convulsionando, atado de pies, manos y cabeza y que en su cuello, cabeza y mandíbula tenía un cinturón blanco"; y que el testigo Romero a su vez declaró que el día del hecho vio charlando a Coronel y al tal "Chino" (v. fs. 48 vta. y 49).
En atención a ello consideró correcta la valoración que el juzgador de origen efectuó de los indicios de oportunidad, presencia y fuga, interpretando que "...fluyen en un único sentido incriminatorio en cuanto Coronel fue arrojado en la vía pública, después de despojarlo de sus pertenencias y en las circunstancias narradas por los policías interventores en las inmediaciones del domicilio del imputado". A su vez rechazó el vacío probatorio argumentado por la defensa y destacó que la declaración de la víctima estuvo corroborada por el resto del plexo cargoso, y aclaró que -de todos modos- la declaración de un testigo único no carece de fuerza probatoria por esa sola circunstancia, siempre y cuando dicho testimonio resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador (v. fs. 49 vta. y 50).
Asimismo, descartó la invocada inobservancia al principio de in dubio pro reo al considerar que en la sentencia impugnada no se observó vacilación alguna por parte del sentenciante como para afirmar indebidamente la responsabilidad penal del imputado en los hechos que le fueran endilgados (v. fs. 50).
En cuanto al planteo de la defensa sobre la falta de acreditación del dolo homicida de parte de Díaz en las maniobras de ahorcamiento llevadas a cabo sobre Coronel, para desestimarlo consideró que resultaron reveladoras las circunstancias en que la víctima fue hallada, atado "...de pies y manos, inconsciente y convulsionando", habiendo sido "...arrojado del automóvil y abandonado en una calle sin iluminación", sumando a ello el relato del propio damnificado. De tal modo, rechazó por inviable el argumento de la defensa en torno a que en el caso no se había acreditado el dolo en el accionar del imputado Díaz.
Agregó que "...independientemente del fracaso de la empresa, las circunstancias referidas a la gravedad de la agresión sufrida por Coronel y en las condiciones que fue abandonado en la vía pública, ponen de relieve una conducta querida y dirigida a culminar con la vida de la víctima, por sobre cualquier otra hipótesis"; y que "...de la copia de la historia clínica de Coronel y del informe médico valorado por el sentenciante se verifica que la víctima estuvo internada 8 días, varios en terapia intensiva, que ingresó al hospital con excitación psicomotriz, hipoxia, broncoaspiración por asfixia mecánica y presentaba distintos politraumatismos". Sumó a lo dicho que, si bien el perito médico había informado que las lesiones habían sido leves, la víctima tuvo riesgo cierto de vida ya que, de no haber intervenido el personal médico, las lesiones habrían producido su muerte (v. fs. 50 vta. y 51).
Finalmente, también desestimó la pretensión de la defensa de modificar la calificación legal del hecho I -homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma-, ello al considerar que en el caso se acreditó la conexión subjetiva entre el robo y la tentativa de homicidio, descartando un supuesto de arbitrariedad o quiebre lógico (v. fs. 51 y vta.).
Luego de consideraciones sobre el art. 80 inc. 7 del Código Penal, sostuvo que el sentenciante de origen había concluido de manera ajustada que "...para perpetrar el plan criminal, Díaz, al conocer a Coronel lo convenció para hacer un viaje de remís corto, lo condujo hasta el lugar donde ascendió su compañero y a bordo del vehículo intentaron darle muerte a Coronel ahorcándolo hasta la pérdida de la conciencia, luego lo ataron de pies y manos y lo arrojaron del auto a la vía pública"; coincidiendo con la instancia anterior en que esa acción se concretó para perpetrar el despojo y asegurar la impunidad.
Agregó que, de conformidad con la materialidad ilícita descripta, era imposible no pensar en una coautoría funcional desde que "...Díaz y el sujeto que se ubicó en el asiento trasero del remís tomaron parte en el ilícito, desde su inicio hasta su consumación, con una incuestionable desmembración de roles"; "En esta división de tareas, el plan se completa por la sumatoria de los actos parciales que cada uno de los intervinientes realiza, como se verificó en el caso, la modalidad asumida y la circunstancia de las personas que intervinieran en el ilícito, revela un acuerdo previo de voluntades"; y que "...la conjunción de los aportes, hace que se le pueda atribuir a un sujeto las contribuciones de los demás intervinientes como si fueran propias pues ella resulta el fundamento de la imputación de cualquier contribución causal a la ejecución del hecho efectuada en el marco del acuerdo".
Concluyó que "...Díaz es coautor porque ayudó a quien ahorcó con el cinturón a Coronel, dándole oportunidad para que la maniobra produzca su efecto, imponiendo a la víctima mayor terror, mayor peligro ante un doble ataque y a su vez debilitada su resistencia defensiva"; y que "La lectura del veredicto pone de manifiesto un razonamiento adecuado acerca de la existencia de dos sujetos que, previo acuerdo, actuando en común, con reparto de funciones, ejecutaron los delitos objeto del proceso, en supuesto que lleva a la ampliación del concepto de autor que significa la coautoría prevista en el artículo 45 del Código Penal" (fs. 52 vta. y 53).
III.4. La denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y de inobservancia del art. 166 inc. 1 del mismo ordenamiento, con más la pretensión de la defensa de vincularlas con la tacha de arbitrariedad del fallo, no pueden prosperar.
En primer término, considero que, pese a la denuncia de errónea aplicación e inobservancia de ley sustantiva, la defensa utiliza argumentos que -en rigor- refieren al mérito asignado a los elementos de prueba y a la fijación de los hechos, ello a partir de considerar que en el caso existió un apartamiento de las constancias de la causa y no se acreditó el aspecto subjetivo del homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), proponiendo una calificación alternativa, materia que -por principio- excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato (doctr. art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, lo que -como se verá- no ocurre en el caso (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; e.o.).
La recurrente insiste en la pretensión de mutar la calificación legal a partir de negar la acreditación del dolo homicida, pero en esa faena dejó sin rebatir las concretas respuestas brindadas por la Casación, concordantes con la decisión del sentenciante de origen, en cuanto a que la gravedad de la agresión sufrida por Coronel, quien estuvo internado 8 días en terapia intensiva, habiendo ingresado al hospital "...con excitación psicomotriz, hipoxia, broncoaspiración por asfixia mecánica y [...] politraumatismos", y las condiciones en que fue abandonado en la vía pública "...atado de pies y manos, inconsciente y convulsionando", daban por acreditada una conducta "...querida y dirigida a culminar con la vida de la víctima", con lo que tuvo por confirmada la existencia de una coautoría funcional en virtud de una división de tareas que en el caso revelaba un acuerdo previo de voluntades.
Ninguna de esas comprobaciones fue cuestionada por la defensa, quien tampoco demostró la presencia de algún vicio en la decisión que pudiera descalificarla como acto jurisdiccional válido (art. 495, CPP).
Es oportuno recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común. Desarticular tal coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (conf. causas P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 133.465, sent. de 14-VII-2021; e.o.).
En síntesis, el agravio en examen se presenta como un criterio meramente divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
IV. El restante planteo tampoco es de recibo.
IV.1. En el recurso de casación -tercer agravio-la defensa oficial del nombrado había denunciado la errónea valoración de las agravantes "pluralidad de sujetos intervinientes" y "...la extensión del daño causado a la víctima puesto de manifiesto en su sentido testimonio, tanto en su salud -no pudo trabajar por seis meses, desde allí convulsiona, nunca le había pasado-, como económicamente -tuvo que ser mantenido por su familia, meses después tuvo que comprar otro vehículo para poder trabajar, ya que del anterior solo tenía seguro de responsabilidad civil..."; en ambos casos consideró que no fueron mínimamente acreditadas en tanto "...no se aportó ni documentación alguna en relación al referido seguro
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.