Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134480
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.480, "Palermo, Leonardo s/ Queja en causa 94.248 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal Oral en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, tras un juicio por jurados, condenó a Leonardo Palermo a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por causar la muerte a su descendiente y agravado genéricamente por el uso de arma de fuego mediando circunstancias extraordinarias de atenuación en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (v. fs. 8/16).
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 16 de abril de 2019, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial del imputado y confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 39/46).
Contra esa decisión, la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 55/68 vta.), el cual fue declarado inadmisible por la mencionada Sala (v. fs. 70/73). Presentada la queja pertinente (v. fs. 90/93), esta Suprema Corte le hizo lugar y concedió el recurso extraordinario (v. fs. 95/97).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 105/109), dictada la providencia de autos (v. fs. 111) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, arbitrariedad en el tramo correspondiente a la determinación de la sanción por apartamiento de las constancias de la causa y transgresión a los principios de proporcionalidad, culpabilidad, razonabilidad y prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes (v. fs. 63 vta.).
Sostuvo que el tribunal intermedio confirmó las circunstancias agravantes valoradas en la instancia de origen sin dar tratamiento a los extremos fácticos argumentados por su parte oportunamente en apoyo de sus críticas (v. fs. 64 vta.).
Respecto de la circunstancia fundada en el mayor disvalor de la acción por la cantidad de disparos efectuados por el imputado a su hijo -quien por la posición en la que se encontraba se hallaba en un estado de vulnerabilidad-, alegó que el revisor no compulsó las constancias de la causa como para asegurar -sin margen de duda- que la víctima estaba caída en lugar de haber trastabillado luego de los disparos, como había planteado la defensa en el recurso de casación. Aseguró que, al no hacerlo, convalidó arbitrariamente la agravante computada, apartándose -según su criterio- de la historia clínica, la operación de autopsia y los dichos del médico que realizó la autopsia, que solo indicaban que la víctima había estado en un plano inferior (v. fs. 65 y vta.).
Argumentó que la falta de sueño durante varios días y el consumo de estupefacientes por parte de la víctima, en realidad, debió ser considerada como una circunstancia atenuante, dado que el grado de euforia, alteración y ofuscación que presentaba, no lo colocaba en una situación de indefensión, sino de agresividad, que alejaba al victimario del aseguramiento del resultado. Insistió en que el órgano revisor se apartó de prueba testimonial para concluir que no había elementos que condujeran a descalificarla, con un argumento "...lindante a la transgresión del 'in dubio pro reo y al de la carga probatoria'" (fs. 66 y vta.).
Por otra parte, señaló que la actitud del imputado al indagar si la víctima ya había muerto -afirmada a partir de lo relatado por un testigo- solo daba cuenta del dolo homicida y que, en todo caso, el revisor se había apartado también en este punto de otras constancias de la causa dado que sus otros hijos relataron que el padre preguntaba -desde su lugar de detención- si su hijo tenía alguna mejoría (v. fs. 66 vta.).
A su vez, adujo que oportunamente refirió expresamente que se debía tener en consideración la edad del imputado como atenuante y de esa manera fijar la pena en el mínimo legal, ya que, de lo contrario, el cumplimiento de la pena impuesta implicaría morir en prisión, siendo ello un trato cruel, inhumano y degradante (v. fs. 67 y vta.). Esgrimió que el tratamiento a dicho agravio resultó arbitrario porque no se tuvieron en cuenta las condiciones de vida de Palermo, invocadas y documentadas por su parte, generando de tal modo que la pena exceda la medida del reproche y afecte los principios de proporcionalidad y culpabilidad (v. fs. 68).
En consecuencia, solicitó que se case la sentencia impugnada y se reenvíen las actuaciones a la instancia anterior para el dictado de una nueva decisión (v. fs. cit).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 105/109), el recurso no prospera.
III. El tribunal de origen tuvo en cuenta como factores de agravación de la pena: el mayor disvalor de la acción debido a la cantidad de disparos efectuados por Palermo a su hijo; el mayor grado de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima por estar ubicada en un plano inferior al momento de recibir los disparos, sumado al hecho de hallarse bajo el efecto de drogas y "trasnochado" durante varios días, lo cual -según su criterio- demostraba una menor posibilidad de defensa frente a la agresión; y la actitud del imputado, tras los disparos, que demostró un mayor alejamiento para emprender auxilio a la víctima (v. fs. 14 vta.).
A su turno, la Casación se abocó al análisis de los agravios esgrimidos por la defensa, de idéntico tenor a los aquí traídos, y los rechazó (v. fs. 39/46).
Con respecto a las agravantes computadas, comenzó precisando que, si la intención del autor era la de dar muerte a su hijo, se entendía que no intentara auxiliarlo cuando estaba herido, y que esa vocación por un resultado típico de tal gravedad se encuentra ponderada en la sanción que el Código prevé para este tipo de delitos; de todos modos, agregó que, como aquella intención -y el dolo en general- admite grados, cuanto mayor sea la vocación y empeño del sujeto activo por quebrantar la norma y afectar el bien jurídico, mayor será la entidad del injusto. Por tal motivo, consideró procedente la ponderación de la actitud del imputado de preguntar, tras efectuar los disparos, "...si aún [su hijo] no había muerto..." por constituir un índice hábil para cuantificar el dolo homicida y ajustar la respuesta punitiva dentro de la pena divisible prevista para el concurso de delitos en cuestión (v. fs. 42).
También expresó que "...a la luz de la disposición del artículo 41 del código de fondo en donde, entre tantas otras, se legitima la evaluación de la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, como también las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad, no puede objetarse el recibo como pautas de severización de la respuesta punitiva la cantidad de disparos efectuados por el acusado a su hijo, como el plano en donde fueron recibidos, al evidenciar este la posición de inferioridad en la que se encontraba el fallecido respecto del tirador, lo cual reconduce a una mayor vulnerabilidad" y que "...aun cuando mediara desproporción física a favor del damnificado, esta resultaba ya suficientemente neutralizada con la selección por parte del matador de un medio de ofensa -arma de fuego- que no requiere del contacto físico ni la cercanía entre víctima y victimario. Si sobre ello, además, el sujeto activo desarrolló su plan de acción ultimando a su hijo cuando este se encontraba en situación de inferioridad -tal la que denota el plano en donde se recibieron los múltiples disparos, la defensa dice mientras trastabillaba- ello exhibe un mayor estado de vulnerabilidad del que toma nota la decisión del juzgador, de la cual no puede escindirse la falta de sueño durante varios días y el consumo de estupefacientes del occiso informado por su hermano, siendo que el predicado estado de 'excitación' por la ingesta de estupefacientes sobre el que cabalga la queja del recurrente no es una consecuencia que en todos los casos y todas las drogas generen, por lo que tal presupuesto fáctico no puede fundar la descalificación de la agravante" (fs. 42 vta. y 43).
En cuanto a la pretendida ponderación de la edad del imputado como pauta atenuante, la Casación indicó que esa circunstancia no muestra, necesariamente, incompatibilidad entre el normativamente predicado fin esencial de la pena privativa de la libertad y el monto escogido; y que el tiempo de detención cautelar aminora el tiempo que el imputado tiene por delante, así como también los propios institutos previstos en la parte ejecutiva de la condena, de modo que no procedía en la actualidad la aleatoria afirmación del recurrente en punto a que el acusado "morirá en prisión" (fs. 43 vta.).
Finalmente, tras descartar que la sanción de prisión temporal impuesta al imputado pueda calificarse como una pena cruel, inhumana o degradante, confirmó el monto escogido por encontrarse dentro de la escala del concurso de delitos ejecutados por Palermo y significativamente alejado del máximo legal previsto en la normativa para estos casos (v. fs. cit./45).
IV. Frente a lo así decidido, se advierte que las críticas de la parte resultan una reedición de los argumentos que fueron analizados y descartados en las instancias previas. La recurrente esgrime su disenso, e insiste en exponer circunstancias fácticas conjeturales como la posibilidad de que la víctima se haya trastabillado, o que su estado por la ingesta de drogas debió ser considerado como atenuante o formulando hipótesis en torno a las diferencias de contextura física entre uno y otro, pero ello no es suficiente para la demostración de las infracciones que invoca, dado que no rebate la conclusión que dio sustento al fallo impugnado, esto es, que el imputado le propició tres disparos encontrándose la víctima en un plano inferior y que, por la circunstancia que fuere, la colocaba en un estado de mayor vulnerabilidad (art. 495, CPP).
En idéntico déficit incurre al cuestionar que la actitud del imputado tras efectuar los disparos no marcaba más que el dolo homicida, ya que no se ocupa de rebatir la respuesta del revisor en cuanto a que el dolo -en general- admite grados o cuantificación y que, cuanto mayor sea la vocación y empeño del sujeto activo por quebrantar la norma y afectar el bien jurídico, mayor será la entidad del injusto, y que ese análisis ingresa en el ámbito de la determinación de la pena.
En rigor, la defensa se limita a insistir con lo ya planteado y a dar una opinión personal discrepante que se desentiende del criterio sustentado por el sentenciante y, por tanto, no alcanza para evidenciar el compromiso de las garantías constitucionales que estimó conculcadas (art. 495, cit.).
Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; P. 134.130, sent. de 4-IV-2022; e.o.).
Con relación al agravio relativo a que no se tuvo en cuenta la edad del imputado como atenuante (sesenta y dos años al momento del hecho) y la pretensión de que se aplique el mínimo legal alegando que lo contrario implicaría la vulneración del principio de proporcionalidad por la aplicación de una pena de prisión que, a su criterio, acarrea el encierro de por vida y constituye una pena de eliminación social, la Casación también brindó fundamentos para desestimarlo, que no fueron refutados con suficiencia.
La recurrente no demuestra, en concreto y más allá de la edad del imputado, un análisis circunstanciado del contenido del injusto y de los hechos atribuidos a fin de demostrar que la sanción punitiva impuesta es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (causa P. 134.260, sent. de 14-IV-2021).
De esa manera, las afectaciones a los principios de proporcionalidad y culpabilidad han quedado huérfanas de fundamentos, en tanto la alegada desproporcionalidad entre la pena y el hecho no fue demostrada además de que el planteo vinculado a que la pena impuesta resulta ser una condena de muerte, resulta conjetural y como tal improcedente.
Todo lo dicho, impide tener por demostrada la denuncia de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa que se le atribuye a las respuestas brindadas por el órgano intermedio, pues -de acuerdo a lo reseñado- no se evidencia en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y, más allá de la discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/06/2022 09:54:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/06/2022 12:29:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2022 15:28:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2022 17:07:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2022 20:38:24 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/06/2022 12:48:21 hs. bajo el número RS-67-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia