Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132997
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.997-Q, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal - s/ Recurso de queja en causa n° 94.262 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a S., S. M.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Kogan, Genoud, Kohan, Budiño, Violini.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín -con integración unipersonal-, mediante fallo del 4 de octubre de 2018, condenó a S. M. S. a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor responsable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, por la convivencia preexistente con la víctima y por la edad de esta, perpetrado en al menos tres oportunidades en concurso real entre sí (arts. 45, 55 y 119 primer párrafo incs. "b" y "f", Cód. Penal), y estableció las siguientes condiciones: a) prohibir que el encartado S. tenga contacto con la niña O. B. S. O. y su grupo familiar; b) presentarse dentro de los cinco primeros días hábiles del mes al tribunal; c) informar ante cualquier modificación de su domicilio actual y respecto de sus posibles salidas del país (v. fs. 33/62 vta.).
Recurrida esta decisión por la defensa del imputado, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 27 de junio de 2019, revocó dicho fallo y absolvió a S. M. S., en cuanto al delito de abuso sexual agravado por el que fuera acusado (v. fs. 146/177).
El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Alberto Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 184/207), que fue denegado por la Sala interviniente (v. fs. 209/213). Ante ello interpuso queja (v. fs. 330/336 vta.), que fue resuelta favorablemente por esta Suprema Corte a fs. 340/342 vta. en razón de los agravios de pretensa naturaleza federal invocados (arbitrariedad por fundamentación aparente, valoración parcial y fragmentada de la prueba, absurdo y apartamiento de las constancias de la causa).
La Procuración General mantuvo el recurso y solicitó que se lo declare procedente (v. fs. 351/359 vta.). Dictada la providencia de autos (v. fs. 365), presentada por el imputado -por derecho propio, con el patrocinio letrado de su nuevo defensor particular doctor Eduardo Norberto Palacio- la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 370/381 vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal general?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia arbitrariedad en la fundamentación de la duda respecto de la autoría del imputado, por valoración fragmentada y parcial de la prueba y absurdo; apartamiento de las constancias de la causa y déficit de motivación (v. fs. 195 vta.).
Aduce que la duda del sentenciante sobre el ilícito atribuido a S., a tenor de los términos de la denuncia, posee un fundamento aparente, reposa en afirmaciones dogmáticas y omite la consideración de prueba decisiva para la solución del pleito -a su criterio- corroborante de los dichos de la menor víctima (v. fs. 196).
Argumenta que el revisor soslayó la piedra basal del diseño del pronunciamiento condenatorio, sustentado primordialmente en los dichos de la niña en la Cámara Gesell, los que justipreció creíbles y concordantes con las emociones mostradas por la menor, advirtiendo su angustia; que no halló resquicio alguno que le permitiera dudar de la ocurrencia de los hechos denunciados, ante la narración pormenorizada y lógica en su estructura interna, sin ingredientes que posibiliten sospechar algún tipo de fabulación o de interés en perjudicar al imputado (v. fs. 196 vta.).
En esa senda invoca que el a quo efectuó una fragmentación de las evaluaciones psicológicas realizadas tanto por las expertas del cuerpo de peritos oficiales (Angriman y Manzo), como las de parte (Cieri y Brusco), del cotejo de los informes y las declaraciones testimoniales de las profesionales, así como del mérito asignado por la juzgadora de la instancia, priorizando los pasajes que podrían servir para poner en tela de juicio la credibilidad del relato de la menor, en desmedro de los que la avalan (v. fs. 197 vta.).
Señala que del aporte de la licenciada Angriman puede extraerse que cuando entrevistó a la niña, a los nueve años, advirtió que aquella parecía más madura que su edad, que "...se desenvolvía muy ágilmente, decía reiteradamente [que] el padre la había abusado, hablaba de tocamientos en zonas íntimas, era en momentos cuando ella se bañaba". Asimismo, que en "...tercer grado se habían dado reiteradamente, consistían en violaciones, lo había escuchado de las noticias". Refirió que en la Cámara Gesell "Estaba muy ansiosa [...] Podía relatar un episodio de tocamientos, de situaciones de gravedad ", los que reiteraba con "...cierta incomodidad", dando cuenta de la agresividad del padre. De la Cámara Gesell pudo observar que si bien le faltaba descripción de contexto, ello depende de cada caso, "...es muy relativo", porque "...por su corta edad no tienen los elementos necesarios para decir [lo que] pasó"; no encontró elementos de inducción, ni discursos "...con el otro", descartando así influencia inductiva por parte de la madre o de terceros; "...no hubo fabulación porque no encontró elementos delirantes", siendo que el estado psíquico "...puede variar con el tiempo, porque está en conformación". Señaló que la relación ambivalente con su padre es "... esperable en los abusos intrafamiliares ". Por otra parte, estimó que la conflictividad apareció en plano y que "...hubo indicadores inespecíficos", aunque sí "de trauma", siendo la resignificación de ese tipo de episodios traumática y de carácter "grave". A su vez, observó fluctuaciones en el estado de ánimo de la niña, siendo su ansiedad "una angustia encubierta". Por último, refirió que la profesional evaluó que "...no presentaba inconvenientes en las funciones cognitivas", y que para que "... sea una fantasía no tendría que haber una reiteración de la misma frase" (fs. 197 vta. y 198; el destacado figura en el original).
Suma a ello la coincidente experticia y testimonio dado por la licenciada Manzo en cuanto a la referencia a los abusos por parte de la niña, a la violencia de su padre, quien destacó que "...es común en las víctimas de abuso sexual este sentimiento ambivalente", pese a que no encontró en la menor existencia de daño en la sexualidad. Aseveró, además, que no se advertía que confundiera fantasía con realidad y que verbalizó el temor a su padre, que si bien pudiera tener tendencia a mentir ello no implica que mienta en todos sus actos de la vida (v. fs. 198 vta.).
Indica que la sentencia atacada desconoce la normativa internacional con rango constitucional (arts. 1, 19 y 34, CDN) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tanto deja impune un hecho de violencia sexual cometido contra una niña (v. fs. cit. y 199).
Resalta que el tribunal recurrido desatendió otros testimonios determinantes que apuntalan los dichos de la menor, entre ellos el brindado por la licenciada Luisa María Lepera (psicóloga que entrevistó a la niña cuando tenía ocho años), a quien le contó espontáneamente lo sucedido, refiriéndole que cuando se estaba bañando, el padre entraba y la tocaba, jugaba con el muñequito como la tocaba el papá; que notó a la niña muy ansiosa, muy dispuesta a contestar preguntas, hizo dibujos de la casa y pudo observar elementos fálicos; que, a su entender, había signos de abuso. A la par, detectó que el hermano de la víctima tampoco quería ver a su padre; a la niña le veía mucha angustia y una mirada triste; sospechó que había indicadores de abuso sexual; estaba "...en condiciones de asociarlo con ASI" (fs. 199 cit.). También desoyó la testimonial prestada por L. O., que dio cuenta de que llevó a su hija a terapia a los cuatro años por presentar "chupones" en el cuello y marcas en los brazos; presenció cuando su hija contó de los abusos a la psicóloga Lepera, quien la hizo reaccionar ante la gravedad de lo sucedido; que al principio le costaba preguntarle, pero de a poco le fue contando; que "...se paraba detrás de ella, la tocaba con la mano, a veces con la toalla y a veces sin ella", y le refirió que "...le decía a su padre que no le gustaba, él le decía somos padre e hija"; que los episodios ocurrían "...en la casa de él, en la habitación de ella, a veces en el baño"; le dio a entender que "...fue varias veces", y que "...tenía miedo, que estaba amenazada" (fs. cit.). Suma a estos elementos las declaraciones juramentadas de la abuela materna M. d. C. B., de la compañera de trabajo de la madre S. E. V., y de la maestra de tercer grado S. L. P. (v. fs. 199 vta.).
I.2. De otro lado, se queja del arbitrario mérito del episodio ocurrido en la puerta de la casa donde vivían la víctima y su madre, antecedente inmediato de la "develación del abuso", de los testimonios prestados por L. M. y G. S. junto con tramos de la pericia psicológica efectuada por la licenciada Manzo, para introducir dudas sobre la ocurrencia del suceso disvalioso (v. fs. 200 y vta.).
En su parecer dicho acontecimiento no resulta conducente o dirimente para creer o descreer los dichos de la menor, atento solo aceleró los tiempos internos de la niña para decidirse a contar los abusos padecidos.
I.3. Señala que el revisor incurrió en afirmaciones dogmáticas y arbitraria valoración al señalar supuestas contradicciones en la declaración de la menor, con relación al momento en que ocurrieron los abusos, desentendiéndose que los hechos objeto de acusación se extendieron desde los cinco a los ocho años de edad de la niña; así como sobre el lugar donde acaecieron (en el baño, o en el cuarto, a veces en su cama), siendo que también reconoce que en los casos de víctimas de corta edad son esperables ciertas variaciones narrativas. Cita en apoyo de su postura la doctrina de esta Corte en causas P. 126.185, sentencia de 18-V-2016 y P. 122.143, sentencia de 24-IV-2019 (v. fs. 201/202).
I.4. Ataca de absurdo y dogmático el razonamiento efectuado por el casacionista en tanto descarta un episodio de supuestos "chupones" y "marcas" que presentaba la niña cuando tenía cuatro años, que llevaron a su madre a la consulta con la licenciada Fornasiari; cuestiona la idoneidad del develamiento realizado por la menor ante la licenciada Lepera, en función de no haberse efectuado ante la psicóloga Fornasiari cuando tenía cuatro años de edad, cuando en esa ocasión la madre efectúa la consulta solo porque la niña presentaba ciertos signos externos (v. fs. 202 y vta.).
Se disconforma con el descarte de la ponderación de la solicitud al tribunal de familia por parte de la víctima y su hermano de no tener más contacto con su padre; de la ausencia de beneficio económico para la madre de la niña meritado por la juzgadora de grado, del informe sobre la personalidad de S. S. y la discusión en torno a la presencia o no del síndrome de alienación parental, apartándose de este modo de las normativas locales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 202 vta. y 203).
Sostiene que "...no puede soslayarse que el particular tipo de delito en tratamiento (contra la integridad sexual) requiere una mayor flexibilidad en la apreciación de los elementos generadores de convicción, debiendo merituarse hasta el más mínimo indicio, con el fin de evitar la impunidad de tan aberrantes hechos que en la casi generalidad de los casos cuentan con escasos testimonios directos y presenciales, más allá de la víctima de los mismos" (fs. 203 cit.).
Concluye que el estado de duda a partir del cual se absolvió a S. ha sido consecuencia de una arbitraria valoración de los elementos de prueba reunidos, que dotó a la sentencia de una fundamentación aparente, carente de la debida motivación que la descalifica como acto jurisdiccional válido (v. fs. 203 vta. y 204).
En suma, en síntesis, indica que el fallo en crisis "...a) carece de motivación, por cuanto en principio, no ha existido una crítica razonada al testimonio de la víctima, otorgando sólo fundamento aparente a la decisión, ello puesto que esa declaración resultaba ser prueba basal, b) se ha apartado [...] de las declaraciones testimoniales y periciales, fragmentando en forma arbitraria los dichos en el juicio y omitiendo considerar otros elementos de prueba de trascendental importancia [...], c) se han utilizado argumentaciones a partir del absurdo razonamiento sobre hechos que no resultan conducentes para la dilucidación del hecho principal" (fs. 204).
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. fs. 251/259 vta.).
III. De su parte, al presentar el memorial que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, el imputado, por derecho propio junto con su defensa de confianza, abogó por el rechazo del recurso en trato (v. fs. 370/376 vta.).
IV. El recurso no procede. Como se verá, las alegaciones que porta la pieza impugnativa -y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad, único motivo por el cual fue habilitada la vía intentada- no logran superar una mera discrepancia con el criterio del a quo , sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha al pronunciamiento, ni una administración irrazonable del principio favor rei .
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. Fallos: 301:909; 319:1728; e.o.), de modo que, aun frente a las reglas que gobiernan este tipo de casos, no ha sido posible corroborar con la certeza requerida para un juicio de condena, la hipótesis acusatoria. Media, pues, insuficiencia impugnativa (arts. 495, CPP y 15, ley 48).
V. Me explico.
V.1. El Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín tuvo por acreditado que, entre el año 2012 al 28 de agosto de 2015, cuando O. B. S. O. tenía entre cinco y ocho años de edad, y en circunstancias que la niña cumplía con el régimen de visitas acordado por sus padres por lo cual se hallaba en el domicilio de su progenitor, aprovechándose de esta situación de convivencia, S. M. S., mientras su hija se bañaba o inmediatamente después de que lo hiciera en una de las habitaciones de la planta superior de la vivienda, en al menos tres oportunidades, realizó tocamientos en la zona de la vagina de la niña con sus dedos, consistentes en agarrarla por detrás con el toallón y apretarle fuerte en esa zona, y ante la negativa de aquella referirle que eso hacían los padres con las hijas, amenazándola, ante su resistencia, con lastimar a su madre (v. fs. 34).
Encuadró tales sucesos en el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, por la convivencia preexistente con el victimario y por la edad de la damnificada -menor de dieciocho años-, realizado en al menos tres oportunidades, en concurso real entre sí, en calidad de autor penalmente responsable (arts. 45, 55 y 119 primer párrafo incs. "b" y "f", Cód. Penal), y condenó, en definitiva, a S. M. S. a la pena de tres años y seis meses de prisión, junto con el cumplimiento de reglas de conducta.
A tal fin valoró los dichos de la víctima O. B. S. O., que fueran receptados por medio del sistema de Cámara Gesell, los cuales reputó absolutamente creíbles, concordantes y coincidentes con las emociones que mostró en dichos pasajes, advirtiendo su angustia durante el proceso de declaración, finalizando la experticia en ese estado (v. fs. 55).
Estimó que la versión de la niña resultó refrendada por las pericias psicológicas efectuadas por las licenciadas Adriana Cecilia Angriman y María José Manzo, en consonancia con el actuar previo de las psicólogas Natalia Andrea Fonasiari y Luisa Marta Lepera (v. fs. 55 y vta.). A ello adunó la declaración de la perita psicóloga de la Asesoría Pericial Departamental, Claudia Rosa Echeverría, que realizó dos entrevistas con el imputado; la declaración de S. L. P. en su calidad de maestra de tercer grado de la víctima; los testimonios de la denunciante -y madre de la menor- L. V. O.; de la abuela de la niña, M. d. C. B. y de S. E. V., amiga de la denunciante, en cuyo domicilio se alojaron los primeros días que siguieron a la radicación de la denuncia por abuso sexual. Relató las manifestaciones de la licenciada María José Manzo, psicóloga del Ministerio Público Fiscal, de la licenciada en psicología forense Alina Florencia Cieri. Asimismo, meritó la declaración prestada por el imputado S., las juramentadas aportadas por la defensa, entre ellas las de Andrés Gustavo Fernández Bernheim, Gabriela Marisa Baquer, Daniel Mario Mercado, la escribana María Concepción García, los pediatras doctora María Roxana Strático y doctor Gustavo Marcelo Aprigliano (v. fs. 56/58 vta.). Ponderó entre los elementos incorporados por lectura, la denuncia policial presentada el 2 de septiembre de 2015 y el examen médico realizado a la menor.
V.2. Al recurrir la defensa particular de S. esa decisión (v. rec. de casación de fs. 67/102), previa audiencia de visu celebrada con la presencia del imputado de autos, su defensa de confianza y la señora fiscal ante esa instancia (v. fs. 130/131), la Sala I del Tribunal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto y absolvió a S. M. S. de los hechos por los que fuera acusado en las presentes actuaciones (v. fs. 146/177).
Para dejar sin efecto el fallo de origen, el doctor Carral -a cuyo voto adhirió el juez Maidana- explicó que la denunciante, L. O., y el imputado, S. S., son la mamá y el papá respectivamente de O. B. S. O., de ocho años de edad al momento de la denuncia -nacida el 28 de diciembre de 2006- y de su hermano L. M. S. O., de doce años de edad (v. fs. 152).
Reseñó que la pareja se separó cuando la niña tenía dos años de edad aproximadamente y que, en el año 2010, cuando la menor contaba con tres o cuatro años de edad, L. O. la llevó a una consulta con una psicóloga -la licenciada Fornasiari- dado que cuando volvía de la casa del padre, la niña tenía "chupones", marcas en los brazos generalmente, y a veces en el cuello (v. fs. 152 vta.). En oportunidad de declarar en el juicio, la psicóloga expresó que el motivo de la consulta fue confuso, "...por miedo al profesor de música, y por moretones que tenía la nena, dichos de la mamá..." (fs. 45 vta.), que no vio marcas en el cuerpo de la menor, tampoco encontró indicadores de abuso sexual ni signo alguno sospechoso, y en una entrevista con el padre de la niña -S. S.- le recomendó que no le diera besos en la boca a su hija (v. fs. cit.).
Continuó describiendo como antecedente relevante de la denuncia, que el sábado 22 de agosto de 2010, el acusado -según narró- se presentó en el domicilio en el que vivía L. O. junto a sus hijos, O. B. y L. M., porque de acuerdo a la modalidad habitual que tenían pactada con su expareja, tenía que llevar esa mañana a su hijo L. M. a un partido de handball. La madre le había expresado que el niño no quería ir y él insistió para que lo despertara pues tenía un compromiso con sus compañeros de equipo, indicando que toda esta conversación se dio por mensajes de WhatsApp, sin ningún tipo de actitud violenta de su parte. No obstante, a los pocos minutos de encontrarse en su camioneta estacionada en la puerta de la vivienda mencionada, se hizo presente personal policial que fuera convocado por la denunciante adjudicándole una actitud violenta que no había tenido (v. fs. 152 vta. y 153).
En tanto L. O., por su parte, expresó que esa mañana le dijo a S. que su h
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