Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134832
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.832-Q, "Roldán, Jorge Armando -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal - s/ Recurso de queja en causa n° 94.379 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a J. D. S.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud, Natiello, Borinsky .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores mediante fallo del 8 de octubre de 2018, condenó a J. D. S. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente -reiterados- (arts. 45, 55 y 119 primer y tercer párrafos en relación al párrafo cuarto, inc. "f", Cód. Penal; v. fs. 7/15 vta.).
Recurrida esta decisión por la defensa del imputado, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, mediante el pronunciamiento del 18 de agosto de 2020, revocó dicho fallo y lo absolvió (v. fs. 58/69 vta.).
El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Jorge Armando Roldán, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 84/108), el que fue denegado por la Sala interviniente (v. fs. 110/114). Ante ello interpuso queja (v. fs. 127/132 vta.), que fue resuelta favorablemente por esta Suprema Corte a fs. 138/139 vta., en razón de los agravios de pretensa naturaleza federal invocados (arbitrariedad por fundamentación aparente, valoración parcial y fragmentada de la prueba, apartamiento de las constancias de la causa, afirmaciones dogmáticas al fundar la duda).
La Procuración General mantuvo el recurso y solicitó que se lo declare procedente (v. fs. 157/163). A fs. 165 se dictó la providencia de autos, luce a fs. 168/171 la memoria presentada por la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal general?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció la arbitrariedad del fallo por diversas causales referidas a la citada doctrina.
En primer lugar le atribuyó afirmaciones dogmáticas y apartamiento de la jurisprudencia de esta Suprema Corte y de la Corte federal en materia de valoración de la prueba referida a casos de abuso sexual infantil (v. fs. 91 y vta.), reprochándole fragmentación y parcialización de los elementos probatorios (v. fs. 92).
En segundo lugar se refirió a la valoración del testimonio del menor víctima (v. fs. 92 vta.), respecto al cual estimó que no era razonable el argumento del revisor consistente en desatender las pericias efectuadas respecto del menor C. N. y G. en virtud de haberse llevado a cabo en su carácter de imputado ante el fuero de responsabilidad penal juvenil (por el delito de abuso sexual contra su hermano menor, v. fs. 93); a la vez que estimó que se hizo una lectura fragmentada de los indicados informes psiquiátrico y psicológico extrayendo conclusiones que -a su modo de ver- no surgen abiertamente de su contenido.
En tercer término alegó que los casacionistas se apartaron de la pericia psiquiátrica al afirmar que el testigo mentía, y tampoco especificaron cuáles fueron las inconsistencias o mentiras que habrían restado credibilidad a sus dichos, lo que -en su parecer- constituyó una afirmación dogmática (v. fs. 94).
También postuló que no se atendió la calidad de niño con discapacidad intelectual de C. N. y G. y no se evaluó su testimonio con perspectiva de infancia dado que mediante la extracción de ciertos párrafos de una "extensa" pericia se desacreditó el resto del testimonio (v. fs. 94 vta.).
Efectuó un repaso de los elementos de prueba y destacó que los peritajes indicaron que si bien la víctima sabía mentir para ocultar sus actos, no tenía habilidad para sostener una mentira en un interrogatorio; y a su vez citó y valoró diversos pasajes de la pericia psiquiátrica efectuada al menor.
En cuarto lugar se agravió de que se valorara la oportunidad en que se develó el abuso sexual (v. fs. 100 vta.) y descartó que allí radicara alguna contradicción (v. fs. 101).
Denunció que el fallo se empeñó en darle importancia al hecho de que el menor mencionó los abusos sufridos una vez que fue descubierto abusando de su hermano. Señaló al respecto que surge de las pericias que dicha circunstancia no fue para descargar responsabilidad sino que fue el momento en que el menor -con las características de su personalidad- logró hacerlo.
Explicó que la advertencia sobre los problemas en el lenguaje, sus rasgos infantiles y las características de su discurso, que fuera manifestado por la perita psicóloga en el informe efectuado al entrevistarlo, quedaron fuera de toda referencia y por ende desatendidos por la Casación (v. fs. 101 vta.).
Discrepó con la incidencia otorgada por el revisor al hecho de que el imputado tuviera novias que concurrían al domicilio, lo que en modo alguno excluye la imputación por abuso sexual que se le adjudicó (v. fs. 103) y citó en su apoyo fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se han tratado cuestiones relativas a los testimonios de víctimas de abusos (v. fs. 104 vta. y 105).
Por último se quejó también de la arbitrariedad en la fundamentación de las contradicciones respecto de la acreditación de los elementos periféricos que habrían validado el relato (v. fs. 105 vta.) y disintió con la postura del revisor que consideró que hubo elementos de prueba que no fueron acreditados, como lubricantes en poder del imputado o sobre la existencia de un picaporte en la habitación que compartían.
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. fs. 157/163). La señora defensora oficial adjunta -a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal-, presentó memorial solicitando el rechazo del recurso en trato (v. fs. 168/171).
III. Desde mi punto de vista, el recurso es insuficiente (art. 495, CPP).
III.1. Como se indicó en los antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores tuvo por acreditado que el imputado J. D. S. -aprovechando la situación de convivencia preexistente-, abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de su sobrino C. J. N. y G., cuando contaba entre trece a dieciséis años de edad y encuadró los sucesos en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente reiterados (arts. 45, 55, y 119 primer y tercer párrafos en relación con el párrafo cuarto, inc. "f", Cód. Penal). Lo condenó entonces a la pena de diez años de prisión, como autor responsable de esos hechos.
III.2. Contra esta decisión la defensa oficial de S. interpuso recurso de casación en el que se quejó de la arbitraria valoración probatoria en la comprobación de la materialidad infraccionaria. Invocó el principio in dubio pro reo , solicitó la absolución del imputado y subsidiariamente requirió la recalificación del hecho como abuso sexual previsto en el art. 120 del Código Penal (v. fs. 20/27 vta.).
III.3. El Tribunal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso interpuesto y absolvió a J. D. S. por los hechos que fuera acusado (v. fs. 58/69 vta.) lo que es objeto de embate a través del recurso extraordinario concedido cuyos agravios en materia de arbitrariedad ya fueron reseñados.
En lo que sigue se hará foco en el voto del doctor Carral (al cual adhirió el doctor Violini) por el cual se dejó sin efecto el fallo de origen al considerarse que la materialidad infraccionaria no quedó probada por fuera de toda duda razonable (en los términos de los arts. 8.2, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 62 vta.).
Para ello comenzó por repasar las pruebas tenidas en cuenta por el juzgador de origen para dar por acreditados los sucesos (v. fs. 63/64 vta.) y a la vez descartar los argumentos de la defensa, en este punto -y en disidencia con su colega el doctor Maidana- bajo el fundamento de que la víctima "...no habría podido sostener una mentira" según lo aseverado por el perito psiquiatra en el informe incorporado por lectura al debate (v. fs. 66).
Consideró que esto último no se ajustó a las constancias de la causa por dos motivos: por un lado porque la mencionada pericia fue realizada en el marco de un proceso del fuero de responsabilidad penal juvenil, en el cual C. fue entrevistado en calidad de imputado, por lo cual, el perito, no evaluó la fiabilidad del discurso del menor sobre los abusos sexuales que en esta causa sí fueron objeto de investigación.
Por otro lado, porque el damnificado pudo sostener, durante su declaración prestada en audiencia de debate, que les había relatado a sus padres lo que su tío le hacía luego de que este se fuera de la casa; y, contrariamente, el resto de los testigos manifestaron que el menor dijo haber sido víctima de abusos reiterados por parte del imputado luego de que fuera descubierto abusando de su hermano y al ser interpelado por toda la familia (v. fs. 66 y vta.).
Adicionó que los progenitores expresaron que nunca habían sospechado nada, agregando que, durante el tiempo en que convivieron con el imputado, este tuvo novias que concurrían a la casa.
Luego, señaló un déficit en el razonamiento del juzgador en la constatación objetiva de la existencia del hecho, al carecer de elementos de prueba periféricos que lo corroboraran (v. fs. 66 vta. y 67).
En esa senda destacó que la víctima expresó que los episodios de abuso transcurrieron durante tres años, con una frecuencia de cinco o seis veces por semana, siempre de noche, en la pieza que compartían, y que el acusado quitaba el picaporte de la habitación en cada oportunidad; que en las ocasiones en que lo penetraba, S. se ponía vaselina, la cual tenía guardada en su ropero.
Destacó que no estuvo en discusión que el imputado hubiera habitado el domicilio de su hermana entre los años 2010 y 2014; ni tampoco que, durante esos años, hubiera compartido la habitación con su sobrino C..
Consideró que la utilización de vaselina durante cada embate sexual no era un detalle menor, tanto por la reiteración y la extensión temporal del injusto denunciado (cinco o seis veces por semana, durante tres años), como también -fundamentalmente- por los dichos de la doctora Ribe, en tanto expresó que: "...El hecho de que en muchas oportunidades no se encuentren lesiones o secuelas relacionadas con los abusos, obedece a la utilización de lubricantes, o de fluidos naturales como la saliva..." (fs. 67).
Subrayó que frente a ello, no se acreditó la existencia de lubricantes sexuales en poder del imputado, que S. negó haber tenido jamás vaselina u otro lubricante sexual; que no hubo testigos que hubieran percibido ese tipo de elementos en poder del acusado o entre sus pertenencias alguna vez; y que no se realizó ninguna diligencia por parte de la fiscalía como para contribuir a robustecer su hipótesis.
En similares términos se expidió sobre la cuestión del picaporte, destacando que no se había realizado ninguna diligencia en el lugar a los fines de constatar los dichos de la víctima, respecto a que, en cada acto sexual, el imputado quitaba el picaporte y luego lo volvía a colocar (v. fs. 67).
En cuanto a las declaraciones del grupo familiar conviviente, consideró que aportaron datos que servían tanto para validar la hipótesis de la acusación -en cuanto se presume que, al ser sorprendido cometiendo un abuso en perjuicio de su hermano menor, C. develó los abusos sexuales padecidos-; como para consolidar la tesis de la defensa -en tanto indicó que C., al ser descubierto abusando de su hermano dijo haber sido víctima de abusos sexuales para descargar su responsabilidad- (v. fs. 67 vta.).
Referenció un pasaje del informe psiquiátrico incorporado por lectura al debate "...Otros datos de interés surgieron también en la entrevista con los padres y se relacionan a la comunicación entre los padres con [C.] respecto al abordaje de la educación sexual y valores familiares sobre qué tipo de relaciones están permitidas, son consideradas normales, etc. Aquí la madre expresó que ella siempre habló con sus hijos sobre lo que estaba bien (relacionarse sexualmente con mujeres) y como conducta desviada las relaciones de tipo homosexual. Tanto ella como el causante repiten la frase 'mujeres sobran en Chascomús' (sic), en el caso materno para dejar claro que no comprendía la conducta de su hijo y su hermano y por parte de [C.] indicando que a pesar de la gran oferta femenina su imposibilidad de acercamiento era mayor a la necesidad de satisfacción sexual acorde el mandato familiar y su preferencia sexual manifiesta". "El antecedente inmediato de los hechos [C.] pudo relatarlo recordando que en ese momento 'se desesperaba' (sic) para estar 'tranquilo' (sic). Los protagonistas en ese momento tenían 12 años y 4 años (aproximadamente según dijo en la pericia)...". "A ello cabe agregar que, al momento de realización de la pericia, C. tenía 17 años, su hermano A. 10 años -aproximadamente- y el imputado 42 años" (fs. 67 vta. y 68).
Mencionó que ello demostraría que existió, al menos, un episodio precedente entre los menores C. y Á., anterior a la estadía del acusado en dicha vivienda, tal cual lo aseverado por el acusado en un tramo de su declaración prestada en debate.
Explicó que "...la declaración de la víctima, como prueba basal de la acusación, carece de las notas necesarias para sostener el veredicto de condena, máxime en su necesario confronte con la hipótesis alternativa plausible, explicativa de los mismos datos y compatible con la inocencia del acusado" (fs. 68).
Juzgó inconsecuente la deducción a la que arribaron los sentenciantes, en la inteligencia de que existen errores fundamentales en la interpretación del cuadro probatorio.
Luego de conceptualizar el alcance y contenido de la presunción de inocencia proclamada en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 68 vta. y 69), concluyó que no se verificaba un estado de certeza propio de una sentencia condenatoria respecto de la ocurrencia de los hechos endilgados a J. D. S., manteniéndose una duda razonable, por lo que atendiendo a la manda del art. 1 del Código Procesal Penal, debía resolverse a favor del acusado (v. fs. 69 cit.).
IV. Tal como lo adelanté, el recurso no procede (art. 495, CPP).
De acuerdo a lo relatado, los planteos remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, que si bien por regla son ajenas a la competencia de esta Suprema Corte, se consideraron admisibles -de modo excepcional- a los fines de evaluar la presencia en el caso de un supuesto que encaje en los patrones de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias denunciado por el recurrente y, de ese modo, garantizar el adecuado tránsito de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. resol. de queja, fs. 138/139 vta.).
Ahora bien, las críticas esgrimidas por el Ministerio Público fiscal no logran demostrar que la solución absolutoria a la que arribó la mayoría del tribunal revisor haya infringido el sistema de valoración probatoria vigente, las reglas de juicio u otros parámetros legales; como así tampoco que lo decidido se haya asentado en la pura subjetividad de los magistrados votantes o haya sido producto de graves desaciertos.
Es que, bajo el esquema del control constitucional amplio de la motivación del fallo de condena (conf. "Casal", Fallos: 328:3399), del voto mayoritario se desprende un análisis tendiente a corroborar la justificación de las conclusiones fácticas expuestas en la sentencia de primera instancia.
Y en ese discurrir se consideró injustificada -aun bajo los especiales y particulares estándares que rigen para este tipo de delitos- la conclusión referida a que la víctima no habría podido sostener una mentira.
Para ello se apreció que la pericia sobre la cual se asentó esa aseveración tuvo un objeto procesal diferente y por lo tanto no poseía la fiabilidad necesaria para validar un relato del entrevistado en su carácter de víctima, aspecto que no es aquí fehacientemente rebatido por el recurrente y que no resulta irrelevante. Pues, en efecto, el único informe pericial psicológico practicado respecto de C. en su carácter de víctima (v. fs. 103/107) no aparenta ser un instrumento forense dirigido a evaluar la credibilidad de los dichos del joven.
De igual modo, se estimó la carencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo de dicha declaración, como así también se consideraron presentes otros déficits en el análisis de las constancias y en la producción probatoria (falta de constatación de otros datos aportados por el declarante, carencia de diligencias probatorias).
En lo que hace a la oportunidad de la denuncia de los abusos atribuidos al imputado (en ocasión de constatarse un abuso sexual de la propia víctima hacia su hermano), el revisor lo consideró un indicio equívoco, ya que en la versión de la defensa configuró un modo de descargar la responsabilidad por la propia conducta de la víctima puesta al descubierto; mientras en la hipótesis de cargo fue apreciado como el elemento que llevó a develar el delito previamente cometido (le "...había hecho lo que su tío le hacía a él" -fs. 63 vta.-).
Y relacionado con esto último, el magistrado Carral indicó que la pericia a la que se hiciera referencia (elaborada en el marco del proceso que tuvo al joven como imputado del abuso sexual de su hermano menor), incorporó el dato de que C. ya había protagonizado un episodio de abuso sexual contra su hermano menor antes de convivir con su tío -imputado-.
De manera que frente a un escenario probatorio complejo, se advierte un abordaje global a los fines de determinar si cabía la confirmación de la condena, sin que se advierta en ese quehacer las causales de arbitrariedad denunciadas.
En particular, no se ve reflejado un supuesto de apartamiento de las constancias de la causa , como tampoco de afirmaciones dogmáticas ya que la tarea revisora emprendida tomó en consideración todos los datos disponibles (conf., en sentido contrario, causa P. 132.711, sent. de 5-VII-2021), a los cuales les negó la eficacia probatoria brindada en el fallo originario y a partir de allí estableció una falta de certeza que condujo a la absolución por la regla del in dubio pro reo .
El recurrente con sus críticas -en rigor- deja traslucir la discrepancia con la interpretación que realizó el revisor de los mismos elementos probatorios. Sin embargo, esta instancia "...no puede convertirse en una tercera que vuelva a valorar el acierto o error de lo decidido en las instancias previas por parte de los tribunales ordinarios a los que se les ha asignado ese cometido" (conf. voto del doctor Soria, en causa P. 121.303, sent. de 31-VIII-2016).
En efecto, por opinable que fuera lo decidido, el reclamo del Ministerio Público Fiscal pretende volver sobre la apreciación de los elementos de convicción que justificaron en primera instancia el dictado de la condena, pero no se hace cargo de las críticas en la valoración de la prueba que llevó a la mayoría del tribunal revisor a fundar una duda razonable sobre la que sustentó la absolución.
Por lo demás, en cuanto a las apreciaciones referidas a los derechos especiales que corresponden a los niños y a las niñas como particulares víctimas vulnerables, la responsabilidad asumida por el Estado argentino implica -entre otras cosas- que el Ministerio Público Fiscal, a la vez de adoptar especiales medidas de prote
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