Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133384
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.384, "Montiel, Raúl Alfredo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.458 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud .
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal resolvió, el 23 de mayo de 2019, rechazar el recurso homónimo deducido por la defensa particular de Raúl Alfredo Montiel contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea que no hizo lugar a la declaración de extinción de la acción penal por prescripción ni a la insubsistencia de la acción penal por el delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse -cuatro hechos en concurso real- (arts. 166 inc. 2, tercer párr., Cód. Penal; v. fs. 66/73 en relación a fs. 7/11 vta.).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 76/92, el cual fue denegado por el órgano intermedio y, finalmente, concedido por esta Suprema Corte por vía de un recurso de queja por resolución del 25 de agosto de 2020 (v. fs. 165/167).
Oído el señor Procurador General a fs. 259/263, dictada la providencia de autos a fs. 265, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa impugna en el recurso extraordinario la denegatoria de la extinción de la acción penal.
I.1. Denuncia la violación al principio de legalidad por haberse interpretado que el art. 67, sexto párrafo, inc. "e" del Código Penal incluye en la expresión "sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", actos que -según alega- no son tales, y considera que esa exégesis es además arbitraria y frustratoria del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Sostiene que tal expresión legal fue extendida analógicamente pues la norma solo alude a la sentencia de condena dictada por el órgano de mérito y no cabe incluir en ella ningún pronunciamiento posterior fruto del derecho de las partes a recurrir la decisión condenatoria. Por lo tanto, indica que en estos autos el único fallo a computar como acto interruptivo es el emitido por el tribunal de primera instancia el 18 -en realidad, el 4- de mayo de 2000 y que, desde entonces, transcurrió el plazo legal de 10 años por lo que la acción penal se extinguió (v. fs. 80/83).
También entiende que, con la interpretación que objeta, se transgrede el principio de igualdad ante la ley pues el sentido del art. 67 inc. "e" del Código Penal dependería de cuántas instancias procesales se contemplaran en las diversas jurisdicciones provinciales, lo que resulta inadmisible al tratarse del mecanismo de garantía del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 83/85).
I.2. Acerca de este último derecho plantea que tiene jerarquía constitucional y que la sentencia lo infringió; que se imputa a Montiel robos agravados cometidos en el año 1998, que el caso no tuvo complejidad alguna, que debe descartarse toda actividad obstructiva del proceso de su parte y que la mora de los órganos del Estado no le es oponible; razones todas por las cuales también procede -concluye- declarar la prescripción (v. fs. 86/91 vta.).
II. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea -cuya decisión fue confirmada por el pronunciamiento de la Casación que aquí se examina- falló sobre este asunto al dictar sentencia el 17 de septiembre de 2018 a consecuencia del reenvío dispuesto por la Suprema Corte en la causa P. 83.483 (sent. de 31-X-2007).
A tenor del cambio de calificación resuelto en ese pronunciamiento de la Corte, la Cámara, luego de desestimar la extinción de la acción, modificó la pena impuesta y condenó a Raúl Alfredo Montiel a tres años de prisión, como autor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue probada -cuatro hechos cometidos en 1998 en concurso real- (v. fs. 7/11 vta.).
II.1. En esa sentencia, como cuestión preliminar, la Cámara trató el pedido de prescripción efectuado por la defensa y lo rechazó. Tuvo en cuenta que en el año 1998 se cometió "el hecho" -en realidad se trata de cuatro hechos, ejecutados todos ellos en ese año- y que, de conformidad con el encuadre legal decidido, el plazo de prescripción es de 12 años. Computó diversos actos interruptivos y entre ellos citó la sentencia condenatoria de primera instancia del 4 de mayo de 2000, la de la Cámara del 7 de junio de 2001 y la de esta Suprema Corte del 31 de octubre de 2007. Como último acto interruptor valoró la comisión de un nuevo delito el día 22 de enero de 2011 y concluyó que desde entonces no había transcurrido el término de 12 años, que corre paralelamente para cada delito y, en consecuencia, denegó la prescripción (v. fs. 7/8 vta.).
II.2. Luego desestimó la solicitud de declaración de la insubsistencia de la acción por violación del plazo razonable del proceso (v. fs. 8 vta. y 9).
III. En el recurso de casación la defensa insistió en el reclamo de extinción de la acción.
III.1. Por un lado, objetó el plazo aplicado al alegar que el delito por el cual se condenó a Montiel prescribe a los 10 años, plazo que requirió se computara separadamente para cada ilícito del concurso real, de acuerdo a los arts. 55, 62 inc. 2, 67 último párrafo y 166 inc. 2, tercer párrafo del Código Penal (v. fs. 38). Por otro, planteó que el último acto interruptivo fue la sentencia condenatoria de primera instancia del 4 de mayo de 2000 y que desde entonces hasta la comisión del nuevo delito el 22 de enero de 2011 ya había transcurrido aquel término (v. fs. 42). Afirmó que las causales de interrupción son las previstas por la ley 25.990 -aplicable al caso por su mayor benignidad-, y que entre ellas no se encuentran las sentencias que resuelven recursos (v. fs. 42 vta./44).
III.2. Seguidamente denunció la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 44/46).
IV. El 23 de mayo de 2019 el Tribunal de Casación Penal rechazó los reclamos en virtud de los siguientes argumentos.
IV.1. Consideró que los dos últimos actos interruptores fueron la sentencia de esta Suprema Corte del 31 de octubre de 2007 y la comisión de un nuevo delito el 22 de enero de 2011 según fue declarado por sentencia firme.
En cuanto al plazo, computó el de 10 años correspondiente a la calificación legal establecida de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud no fue acreditada (arts. 2, 62 inc. 2, 67 párr. 6 incs. "a" y "e" y 166 inc. 2, tercer párr., Cód. Penal); y concluyó que, en función de los actos que interrumpieron su curso, ese término no había transcurrido (v. fs. 67 vta./69).
En particular, el tribunal explicó por qué entendió incluido dentro de la clase de las sentencias condenatorias al pronunciamiento de esta Corte.
IV.2. Respecto del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la Casación no hizo lugar al reclamo por considerarlo formulado de manera insuficiente (v. fs. 69/72).
V. El recurso extraordinario es procedente, al contrario de lo que propicia el dictamen de la Procuración General.
V.1. En primer lugar debe decirse que la ley 25.990 (B. O. de 11-I-2005) es aplicable a los hechos de este caso, cometidos en el año 1998, pues esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código de fondo (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
En tal entendimiento se señaló que la citada ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento, correspondiendo, por ende, su aplicación (arg. arts. 2, Cód. Penal; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
V.2. Sin perjuicio de que la cuestión de la prescripción ha sido discutida en estos autos desde las instancias previas, conviene recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, cit.; e.o.).
V.3. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
V.4. Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJN 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva, sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJN 572/2009 [45-S]/CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", de 26-II-2013; 133/2009 [45-S]/CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", de 26-III-2013; 1586/2005 [41-F]/CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría- de 11-VII-2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67, inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal, que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14).
A su vez, en el considerando 14, puso de resalto que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7 y sus citas; e.o.), y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1., CADH y 14.3, PIDCP).
Destacó que en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo, en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18 de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese tribunal imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 17 dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379)", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito rige la doctrina jurisprudencial que se apoya en una interpretación extensiva del art. 67, inc. "e" del Código Penal.
En el considerando 19 se refirió a que la persistencia de la doctrina jurisprudencial contra legem en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, frente a reiterados fallos de esa Corte en que se había explicitado que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme la letra del art. 67, inc. "e" del Código Penal, constituye un "...claro alzamiento por parte del tribunal a quo y los tribunales que de él dependen, contra la autoridad de este Tribunal, en su carácter de último intérprete de la ley en la República Argentina", y que tal reticencia por parte de las autoridades judiciales provinciales para aplicar en su ejercicio jurisdiccional la doctrina constitucional sentada por esa Corte en casos como el presente, conlleva la lesión de los derechos con relación a los cuales se adoptó el criterio respectivo, la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tal motivo, consideró necesario instruir a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)".
V.5. En consecuencia, a partir de esa decisión, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Farina, Haydée s/ homicidio culposo".
V.6. Sentado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la sentencia originaria de condena del 4 de mayo del 2000 la interrupción de la prescripción tuvo lugar por última vez al cometerse un nuevo delito el 22 de enero de 2011, según dan cuenta los informes del Registro Nacional de Reincidencia (v. fs. 277/282) y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 274 y vta.) y desde entonces transcurrió el plazo de 10 años aplicable al caso de conformidad con la calificación legal establecida.
V.7. Por otra parte, corre la prescripción separada a la que alude el último párrafo del art. 67 del Código Penal -según ley 25.990- y conviene dejar asentado que, a mi juicio, opera paralelamente solo en los casos de concurso real de delitos (causas P. 90.938, sent. de 24-II-2021; P. 130.792, sent. de 14-IV-2021; e.o.).
VI. En función de lo anterior, cabe concluir que, asiste razón a la defensa en cuanto alegó que la acción penal por el delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse -cuatro hechos en concurso real-, por el que fue condenado el imputado, se encuentra extinguida por prescripción (conf. arts. 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 sexto párr., inc. "e" y 166 inc. 2, tercer párr., Cód. Penal).
VII. El argumento de la Procuración General según el cual la condena se hallaba firme al momento de requerirse la extinción de la acción (v. fs. 261/262) no puede ser compartido pues tal solicitud fue formulada ante la Cámara en la ocasión en que dicho tribunal se disponía -por haberlo así dispuesto esta Corte- a fijar una nueva pena -lo que efectivamente hizo-, como lo evidencia la circunstancia de que ese Tribunal de Alzada trató el punto como cuestión preliminar de su fallo.
Resulta, además, inoficioso producir informes adicionales -como lo pide el Procurador- sobre un ilícito que se habría cometido en el año 2009 (v. fs. 261 vta.) ya que su resultado no modificaría lo expuesto más arriba.
Por ello, corresponde hacer lugar a la pretensión de la defensa y declarar la prescripción de la acción penal del delito de robo con arma cuya aptitud para el disparo no fue acreditada -cuatro hechos en concurso real- respecto de Raúl Alfredo Montiel (arts. 2, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e" -según ley 25.990- y 166 inc. 2, tercer párr., Cód. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020; e.o.).
VIII. En consecuencia, resulta innecesario abordar el restante asunto, concerniente a la vulneración del plazo razonable del proceso ya que, en definitiva, perseguía el mismo objetivo que el anterior (art. 481, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución que propicia el ponente. Los antecedentes ya han sido detallados en el voto del doctor Sergio Torres por lo que evitaré aquí transcribirlos.
El reclamo extintivo del recurrente progresa. En primer lugar, debe aplicarse retroactivamente la ley 25.990 a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.