Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135719
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Miguel Ángel Quintana, con costas (art. 494, 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.719, "Quintana, Miguel Ángel. Queja en causa n° 94.460 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Genoud , Torres , Kogan .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de febrero de 2020, hizo lugar al recurso fiscal incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, que -por mayoría- había condenado a Miguel Ángel Quintana a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego, en estado de emoción violenta mediando circunstancias extraordinarias de atenuación en grado de tentativa (conf. arts. 40, 41, 41 bis, 42, 45, 80 inc. 1 e in fine , en función del 81 apdo. "a", Cód. Penal). En consecuencia, anuló el fallo y dispuso el reenvío para que nuevos jueces hábiles dispongan la realización de todos los actos necesarios para la celebración de un nuevo juicio.
El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; el que fue declarado inadmisible por resolución del citado tribunal intermedio con fecha 20 de abril de 2021.
Deducida la queja pertinente, esta Suprema Corte resolvió el 7 de junio de 2022 conceder el recurso de inaplicabilidad de ley deducido.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 10-II-2023), dictada la providencia de autos en 14 de febrero de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio, según lo decidido por esta Suprema Corte al resolver la queja, frente a un supuesto de equiparación a sentencia definitiva a tenor del rendimiento propio de la garantía del ne bis in idem (conf. causa P. 132.259, resol. de 20-XI-2019; P. 134.305, resol. de 8-III-2022; e.o.), se admitió al solo efecto del abordaje de la cuestión federal esgrimida con directa relación con la garantía constitucional indicada (v. resol. queja digital en 7-VI-2022).
En ese estricto marco de excepción en que resultó abierta la competencia extraordinaria de este Tribunal, a fin de asegurar el eventual tránsito de la causa hacia la instancia federal, será reseñado y abordado el recurso.
II. El recurrente denuncia la violación al debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio por quebrantamiento a la garantía del ne bis in idem (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Sostiene que la decisión del Tribunal de Casación obliga a su pupilo a afrontar un nuevo juicio por causas no imputables a su persona, y a enfrentar el riesgo de una condena sustancialmente más grave -la de prisión perpetua- por el mismo hecho respecto del cual ya ha sido juzgado y condenado, vulnerando la garantía al doble juzgamiento a la par que ocasiona un gravamen actual y concreto, y a su vez, resulta arbitraria por apartamiento de la doctrina legal.
Considera que el reenvío ordenado se aparta de la doctrina de la Corte federal en el caso "Sandoval" y su remisión a los votos en disidencia de "Alvarado".
Por último, entiende que el haberse dictado la condena al imputado luego de un proceso válidamente cumplido, el reenvío ordenado para que se celebre un nuevo juicio en razón de considerar las explicaciones de la sentencia condenatoria como "insuficientes", implica la inobservancia a la doctrina citada y a someter a su asistido a nuevos padecimientos que ya fueron superados en oposición a los principios de progresividad y preclusión de los actos procesales, en violación al ne bis in idem .
III. El señor Procurador General dictaminó a favor del rechazo de la impugnación articulada, postura con la cual coincido (v. dictamen digital en 10-II-2023).
IV. En lo que importa destacar para la solución del caso, el tribunal de grado había condenado a Miguel Ángel Quintana a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego, en estado de emoción violenta, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en grado de tentativa (arts. 41 bis, 42, 45, 80 inc. 1 e in fine y 82 en función del 81 apdo. "a", Cód. Penal).
IV.1. Contra ello, interpuso recurso de casación el señor fiscal denunciando la errónea aplicación de la ley sustantiva con relación a la aplicación al caso del estado de emoción violenta y de circunstancias extraordinarias de atenuación. Argumentó que dicho estado no fue probado haciendo alusión a diferentes actos que consideró disruptivos de la emoción violenta alegada, como ser el disparo previo realizado por el imputado; la intervención del padre de la víctima; la comunicación de la víctima al imputado sobre su decisión de separarse con anterioridad al suceso de autos. Asimismo, estimó que el estado de emoción violenta y las circunstancias extraordinarias de atenuación resultan incompatibles entre sí.
IV.2. Al presentar el memorial en los términos del art. 458 del Código Procesal Penal, la defensa de Miguel Ángel Quintana sostuvo que el único agravio esgrimido por el recurrente consistía en la supuesta arbitrariedad del tribunal del juicio al momento de valorar la prueba, sin haber formulado denuncia sobre el modo en que se llevó adelante el juicio. Expresó también que, en caso de condenarse a su pupilo en esa instancia sin el correspondiente reenvío, se vulnerarían los principios de oralidad, identidad del juzgador, concentración, continuidad, inmediación y contradicción. Y, si se decidiera reenviar la causa para un segundo juicio, se violaría la prohibición de la doble persecución penal y el derecho a la doble instancia.
IV.3. El Tribunal de Casación Penal, en lo que interesa destacar, acogió la pretensión fiscal, anuló la sentencia de condena y ordenó el reenvío de la causa para que se realice un nuevo juicio a través de jueces hábiles.
Al así resolver, descartó la pretensión de la defensa de desestimar por inadmisible la impugnación del fiscal con base en la interpretación propuesta del art. 452 inc. 2 del Código Procesal Penal. Sobre el punto consideró que "...la propia literalidad de la norma cuestionada establece la potestad de interponer recurso de casación por parte del Ministerio Público Fiscal ante determinados supuestos, como ser la imposición de una pena por debajo de la mitad de la requerida por el titular de la acción pública. Resultando, precisamente, que dicha hipótesis es de aplicación al caso concreto".
Para el tribunal a quo , el acusador público está autorizado a recurrir en aquellos supuestos en los que la propia normativa lo valida, encontrándose limitado su derecho a obtener un segundo pronunciamiento jurisdiccional por pautas previamente establecidas en los ordenamientos procesales; así, no resultaría adecuado -como lo pretende la defensa- vedar de manera absoluta la atribución antes mencionada, máxime cuando la propia regulación legitima la facultad impugnativa del órgano fiscal.
Agregó a lo expuesto que "...si bien es cierto que las garantías a las que alude la defensa solo pueden amparar a los imputados, la jurisprudencia ha sido conteste en afirmar que ello no obstaculiza a que los reglamentos internos confieran la posibilidad que el acusador interponga recurso con ciertas limitaciones". Por lo tanto, afirmó que "...el Poder Legislativo Provincial, mediante la redacción del art. 452 inc. 2 del C.P.P., consideró apropiado dispensarle una vía impugnativa idónea al Ministerio Público".
A continuación, se abocó al tratamiento de la emoción violenta y destacó en torno a ella que requiere "...una perturbación mental de tal magnitud que le impida al sujeto activo hacer uso de los frenos inhibitorios, precisamente, por estar sus posibilidades valorativas de acción superadas por ese estado". Por otro, indicó que se necesita de circunstancias que hicieran excusables esa situación emocional. En adición, recordó que la norma regulada en el inc. 1 del art. 81 del Código Penal reconoce su origen en un estímulo externo que lleva al sujeto impensadamente a actuar en forma peligrosa; también se refirió a sus elementos constitutivos: el material, que es el homicidio, el subjetivo específico del tipo, la emoción violenta y el normativo, que consiste en la valoración jurídica que en cada caso concreto deberá realizar el juzgador a fin de determinar si las circunstancias que la rodean excusan o no dicho estado emocional.
Luego de citar doctrina de autor sobre el tema, consideró insuficiente para que se configure la eximente la mera constatación del estado emocional alterado -que impida el control de las acciones- sino que es necesaria la comprobación de las circunstancias que hicieran excusable ese cuadro.
Sobre el caso en particular, refirió que si bien la licenciada Camarón dictaminó que Miguel Ángel Quintana experimentó un derrumbe psíquico, cuya angustia le provocó lo que denomina un "pasaje al acto" (el tránsito desbordado e irreflexivo de la idea al acto), ello no implica aseverar que las circunstancias que lo condujeran a esa situación fueran excusables. Según esa instancia revisora resultaron insuficientes las razones que expusieron sobre ese extremo los jueces que votaron acerca de la aplicación del instituto de trato. Pues, más allá de que las expectativas, proyecciones y frustraciones en la historia de vida de Miguel Ángel Quintana mencionadas en el sufragio que obtuvo la mayoría, tuvieron implicancia en el ámbito de su esfera personal y en la manera de relacionarse afectivamente con terceros "...no adquieren el estándar que se requiere objetivamente, en nuestro contexto cultural, para ser catalogadas como las circunstancias excusables aludidas en el texto legal".
A resultas de ello, el pronunciamiento de origen fue anulado y las actuaciones devueltas a esa instancia para que jueces hábiles realicen todos los actos necesarios para la celebración de un nuevo juicio, con cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 161 inc. 1, 168 y 171 de la Constitución provincial; 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 45, 81 inc. 1 del Código Penal y 106, 209, 210, 371, 373, 448, 450, 452 y 461 del Código Procesal Penal.
V.1. Frente a lo resuelto, el recurrente expone una postura contraria a partir de asimilar la situación de autos con lo fallado por la Corte federal en el caso "Sandoval" entre otros citados; desentendiéndose de las razones dadas por el tribunal a quo al considerar que las razones aludidas por el tribunal de juicio para tener por comprobado el estado de emoción violenta -en función de las pruebas recabadas en la causa- eran insuficientes; por tanto, sus alegaciones no alcanzan para evidenciar el compromiso de la garantía aludida (art. 495, CPP).
V.2. Por fuera de ello, corresponde recordar que esta Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento que la propia Corte federal le ha otorgado a la garantía conocida como ne bis in idem frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. mi voto en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
Allí se sostuvo que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. en causa "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal se coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido.
V.3. En lo que respecta a la cita de los precedentes "Sandoval", "Alvarado", entre otros de la Corte nacional, la parte -más allá de la transcripción que realiza de esos pronunciamientos-, no explicó de manera suficiente de qué modo resultarían aplicables al presente a pesar de las diferencias con el caso en estudio.
En particular, no se hace cargo de la singularidad de aquel pleito que llevó al Máximo Tribunal de la Nación a decidirlo a través de las consideraciones a las que remitió de las causas "Alvarado" y "Olmos" (CSJN Fallos: 321:1173 y 329:1447, respectivamente); expedientes que, más allá de los distingos que exhiben en sus aspectos fácticos y procesales, dan cuenta que la solución administrada importaba en definitiva la reedición total del juicio, "...esto es, la renovación de la integridad de sus partes (declaración del imputado, producción de la prueba, acusación y defensa)"; cuando según constante jurisprudencia de ese Cuerpo, por imperio de los principios de progresividad y preclusión "...no hay lugar para retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando éstas han sido cumplidas observando las formas sustanciales del proceso que la ley establece" (cons. 6° y 9°, voto de los señores Jueces doctores Petracchi y Bossert); conceptos que hacen al pronunciamiento aludido en primer lugar y que reproduce en similares términos el voto del señor Juez doctor Petracchi en el precedente siguiente (conf. en lo pertinente causas P. 117.890, sent. de 29-VI-2016; P. 117.957, sent. de 17-VI-2015; e.o.).
Ciertamente tal temperamento se alinea con la doctrina sentada en el caso "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188), en que la Cámara interviniente había anulado de oficio las actuaciones a partir del cierre del sumario sobre la base de que el instructor no había agotado la investigación. La Corte revocó el pronunciamiento con fundamento en que "...el juicio ha[bía] sido retrogradado a su etapa inicial, o sea la de sumario, cuando se encontraba ya en condiciones de ser definitivamente fallado con relación al apelante; y cuando éste llevaba más de cuatro años en la condición de procesado" (párr. sexto, CSJN Fallos: 272:188).
La situación descripta no se ve justificada en la especie ya que, en el caso, la devolución de la causa para que jueces hábiles dispongan la realización de todos los actos necesarios para la celebración de un nuevo juicio, no retrotrae el proceso a una etapa ya superada en los términos antes referidos (v.gr. la investigación penal preparatoria).
En esas condiciones, no es posible propiciar de los precedentes indicados una interpretación de la regla que comprenda el supuesto de autos. De modo que el vicio atribuido al fallo queda huérfano de todo sostén.
De todos modos, el imputado de autos -una vez que se renueven los actos procesales necesarios- cuenta con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia perjudicial que se dicte a su respecto.
En consecuencia, de conformidad con lo resuelto, corresponde devolver los autos a la instancia anterior para que prosigan las actuaciones según su estado.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Miguel Ángel Quintana, con costas (art. 494, 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2023 12:50:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2023 07:48:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 10:16:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:35:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:46:58 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/12/2023 13:18:36 hs. bajo el número RS-167-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia