Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135779
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.779-Q, "D., W. s/ queja en causa n° 94.484 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el día 14 de mayo de 2019, rechazó por inadmisible la acción de revisión presentada por la defensa oficial en favor de W. D. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón que lo condenó a la pena única de cinco años de prisión, accesorias legales y costas.
Frente a ello, el señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 23 de mayo de 2022, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que las denuncias de arbitrariedad y afectación del debido proceso, la defensa en juicio y la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 14-III-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial?
En caso negativo: ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, luego de recordar los antecedentes del caso, denunció arbitrariedad por considerar que el argumento de la Casación para declarar inadmisible la acción de revisión, consistente en que el consentimiento prestado por D. en la celebración de los tres acuerdos de juicio abreviado fue constatado por tres jueces distintos, no resulta válido, en tanto en ninguno de esos procesos penales se le realizó al nombrado un examen mental.
Agregó que "...independientemente de lo que pudieran haber advertido los magistrados intervinientes oportunamente, resulta incuestionable que, en el marco de otra causa -la del Juzgado Correccional n° 2 invocada en la acción de revisión- distintos profesionales de la salud mental establecieron sin margen de duda alguna que [su] asistido sufría al momento de los hechos por los que fuera condenado en los diferentes juicios abreviados así como al de prestar los consentimientos respectivos, incapacidad para comprender la criminalidad de sus actos, dirigir sus acciones y estar en juicio. Ello, ya que las distintas evaluaciones psiquiátricas practicadas a D. entre el 15/9/17 y el 14/6/18, determinaron que [...] tiene una edad mental de entre seis y diez años y que la padece desde sus primeros años de vida, es decir, que es de antigua data " (sic; el destacado figura en el original).
Afirmó que "...en atención a las conclusiones de los profesionales de la salud [...], resulta palmario que tanto al momento de los hechos por los que recayera condena en el marco de los distintos juicios abreviados, como al de prestar el consentimiento relativo a cada una de esas salidas alternativas al juicio oral, el Sr. D. no tenía capacidad ni para ser responsabilizado penalmente de la comisión de esos delitos, ni para prestar un consentimiento válido respecto de un juicio abreviado" (el destacado figura en el original).
Insistió en que las conclusiones de los profesionales de la salud fueron las que llevaron al titular del Juzgado en lo Correccional n° 2 a absolver a D. en el marco de la causa 2.810, conforme el art. 34 inc. 1 del Código Penal.
Aseveró que "...la capacidad penal de D. en relación a los distintos hechos que integraron la pena única de cinco años de prisión impuesta por el Tribunal Criminal n° 4 de Morón, así como que su voluntad no se hallaba viciada al momento [de] prestar su consentimiento para acordar los juicios abreviados celebrados, resultan inconciliables - art. 467 inc. 4, CPP - con lo establecido en la sentencia dictada por el titular del Juzgado Correccional n° 2 departamental (en causa 2810) en lo concerniente a la capacidad mental de D. y su consecuente posibilidad de ser reprochable penalmente al momento de todos los hechos traídos a colación en la acción de revisión así como para estar en juicio [...], lo que conlleva obviamente su incapacidad para celebrar acuerdos de juicio abreviado, razón por la cual la conformidad exigida por los arts. 369 y 397 del ritual, no fue prestada libremente - art. 467 inc. 9, CPP -" (el destacado figura en el original).
De seguido, sostuvo que la Casación, al rechazar la configuración en el caso de los supuestos especiales previstos en el art. 467 incs. 4 y 9 del Código Procesal Penal, se apartó de las constancias del legajo que demuestran que la voluntad de D. se encontraba viciada. Notó que los defensores oficiales y los jueces de primera instancia, al momento de condenar a D. en el marco de los respectivos procedimientos de juicio abreviado, no conocían los peritajes realizados en el marco de la causa 2.810 del Juzgado en lo Correccional n° 2, y que, en cambio, el Tribunal de Casación sí tuvo acceso a esa prueba.
Puntualizó que la defensa fundó la acción de revisión en lo dictaminado por el doctor Salvioli poco tiempo después de la celebración de los distintos acuerdos de juicio abreviado, en cuanto determinó que "...D. posee un retraso mental leve y resulta peligroso para sí y para terceros, poseyendo una edad mental que no supera los seis años ..."; por el doctor Mandrile, que dictaminó que su asistido "...es demente en sentido jurídico, padecimiento que es de larga data, desde sus primeros años ..."; y por el doctor Arias y la licenciada Zavala, que sostuvieron que D. "...padece una trastorno mental de tipo esquizofrénico de larga data y una edad mental de diez años aproximadamente " (el destacado figura en el original).
Insistió en que "...distintos profesionales de la salud mental dictaminaron que D. es inimputable, poseyendo una edad mental de entre seis y diez años, siendo ello así desde [sus] primeros años de edad [...], o siendo dicho padecimiento de larga data [por lo que] resulta [...] arbitrario lo argumentado por el [Tribunal de Casación] en punto a que la pericia del Dr. Mandrile se realizó tres meses después de firmados los acuerdos de juicio abreviado, lo que obstaría, a criterio del órgano intermedio, a acoger el pedimento de la defensa".
Destacó que la arbitrariedad de lo decidido radica en los siguientes puntos. Por un lado, el doctor Mandrile no fue el único especialista que intervino examinando a D.. Por otra parte, se soslayó que la condición de salud mental de su asistido es de antigua data, por lo que mal puede validarse su consentimiento en función de que el doctor Mandrile dictaminó con posterioridad a la suscripción de los respectivos acuerdos de juicio abreviado, o sobre la base de que los acuerdos se firmaron en presencia de tres magistrados distintos cuando, precisamente, lo que se cuestiona es la validez de esos actos.
Concluyó en que el Tribunal de Casación incurrió en arbitrariedad y quebrantó los derechos de defensa en juicio y debido proceso, en tanto la acción de revisión se encuadró debidamente en el art. 467 incs. 4 y 9 del Código Procesal Penal.
Por tales motivos, solicitó que se deje sin efecto la pena única impuesta a D. y se le aplique una medida de seguridad; en subsidio, pidió la anulación del fallo y el reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación.
III. Ahora bien, tal cual surge del informe elaborado el día 31 de julio de 2023, la medida de seguridad impuesta a D. venció el día 28 de diciembre de 2020, mientras que la pena única de prisión expiró el día 3 de octubre de 2022, fecha en que su libertad se hizo efectiva.
Aun cuando tales circunstancias determinan que el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley devino inoficioso por no existir en la actualidad caso controvertido (conf. art. 488 segundo párr., CPP), lo cierto es que se han configurado una serie de circunstancias de excepcional gravedad que exigen a esta Suprema Corte efectuar diversas consideraciones a ser tomadas especialmente en cuenta para casos futuros.
Porque, tal como se demostrará a continuación, en los procesos seguidos contra W. D. se quebrantaron garantías constitucionales de índole material y procesal, así como también derechos básicos esenciales que el Estado argentino se encontraba especialmente obligado a respetar frente a personas que, como el nombrado, tienen problemas de salud mental y se encuentran sometidas a procesos penales (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; CDPD; art. 34 inc. 1, Cód. Penal; ley 26.657). Veamos.
IV. En primer lugar, resulta necesario hacer una reseña de lo acontecido en los diversos procedimientos penales llevados adelante contra W. D. -todos ellos del Departamento Judicial de Morón- que derivaron en la imposición casi en simultáneo y de manera paralela de tres penas de prisión -luego unificadas en una pena única- y una medida de seguridad que el nombrado cumplió de manera conjunta y paralela en la Unidad Penal 34.
IV.1. Las sentencias de condena dictadas de manera paralela durante el año 2017.
IV.1.a. Causa 1.997 del Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Morón (hecho cometido el 8-X-2014; sent. de condena dictada el 11-VIII-2017).
Con fecha 8 de agosto de 2017, en la sede del Juzgado en lo Correccional n° 1 de Morón y en el marco de la causa 1.997, se realizó una audiencia en la que el señor fiscal solicitó la aplicación del trámite de juicio abreviado y postuló la condena de D. por el delito de amenazas agravadas por el uso de armas a un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo (hecho cometido con fecha 8 de octubre de 2014). Por su parte, la defensa oficial y el imputado prestaron su conformidad.
Finalmente, el día 11 de agosto de 2017, el Juzgado condenó a W. D. a la pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y costas como autor del delito de amenazas agravadas por el empleo de arma.
IV.1.b. Causa 2.374 del Juzgado en lo Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Morón (hechos cometidos el 5-VI-2016; sent. de condena dictada el 21-IX-2017).
Con fecha 30 de agosto de 2017, en el Juzgado en lo Correccional n° 4 de Morón y en el marco de la causa 2.374, se celebró la audiencia prevista por el art. 338 del Código Procesal Penal, en la cual la fiscalía solicitó que se imprimiera al proceso el trámite de juicio abreviado y requirió la condena de W. D., como coautor de dos hechos de robo en grado de tentativa en concurso real entre sí (cometidos el 5 de junio de 2016), a la pena de cuatro meses de prisión y costas. La defensa oficial y el nombrado manifestaron su conformidad con la propuesta.
Por su parte, el juez técnico afirmó que "...no hallándose viciada" la voluntad del acusado correspondía homologar el acuerdo; en consecuencia, el día 21 de septiembre de 2017, lo condenó a la pena de cuatro meses de prisión y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa, dos hechos en concurso real.
IV.1.c. Causa 3.976 del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón (hecho de fecha 14-III-2014; sent. de condena dictada el 28-VIII-2017; pena única impuesta el 17-XI-2017).
En lo que aquí importa, de las copias acompañadas por la defensa a la acción de revisión surge que en el marco de estas actuaciones, con fecha 15 de marzo de 2014, D. hizo uso de su derecho a declarar en la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal y respondió a diversas preguntas formuladas por la fiscalía.
Por otra parte, el día 24 de agosto de 2017, se celebró la audiencia del art. 338, en la que el señor fiscal manifestó haber llegado a un acuerdo de juicio abreviado con la contraparte y solicitó la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, en orden a los delitos de disparo de arma de fuego, daño y portación ilegal de arma de guerra. Acto seguido, el señor defensor y D. expresaron su conformidad con la calificación legal y la pena requeridas.
Así, el Tribunal en lo Criminal n° 4, el día 28 de agosto de 2017, dictó veredicto y sentencia: declaró prescripta la acción penal respecto del delito de daño, y condenó a W. D. a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable de los delitos de portación no autorizada de arma de guerra en concurso real con disparo de arma de fuego (hechos cometidos el 14 de marzo de 2014).
Finalmente, el día 17 de noviembre de 2017, el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón condenó a D. a la pena única de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de tres años y seis meses de prisión decidida por ese mismo órgano; la pena de un año y seis meses de prisión resuelta por el Juzgado en lo Correccional n° 1 en la causa 1.997; y la de cuatro meses de prisión y costas recaída en la causa 2.374 del registro del Juzgado en lo Correccional n° 4.
IV.2. La imposición de la medida de seguridad por parte del Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Morón en la causa 2.810 (hechos presuntamente cometidos el día 4 de julio de 2017, medida de seguridad impuesta con fecha 22 de junio de 2018).
Ante el Juzgado en lo Correccional n° 2 de Morón tramitó un proceso por los delitos de lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma (hechos ocurridos el 4 de julio de 2017).
El día 14 de junio de 2018, se celebró "...audiencia de debate, oral y pública (en relación al art. 34 inc. 1 del Código Penal)". En ese marco, el señor juez Antonio Claudio Mele aclaró que el juicio estaba ceñido "...exclusivamente [a] [...] la declaración de inimputabilidad y posible tratamiento de medida de seguridad, conforme arts. 323 inc. 5, 339 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires..." y al art. 34 inc. 1 citado; extremo ratificado por el señor defensor oficial, Gustavo Giachino, y por la señora asesora de incapaces, Elizabeth Roitman, que coincidieron en que no correspondía discutir sobre la existencia de los hechos ni la autoría sino, directamente, sobre la "inimputabilidad" de D. y la necesidad de aplicar una medida de seguridad.
Del acta de debate surge que la testigo Mónica Patricia Zavala afirmó que medicar a D. "...no alcanza para que pueda entender la realidad"; "...es notoria la incapacidad de D., no hay manera [de] que al sostener un diálogo con [él] [...] una persona no se dé cuenta luego de unos minutos, [de] que padece una alteración psíquica, aunque no sea médico [...] estima que la edad mental de D. [...] [es la de] una persona de diez años".
Asimismo, se consignó que según Remo Mandrile "...si se dispone su internación, es mejor para el cuadro que presenta D., que la misma se lleve a cabo en una colonia, granja o taller protegido, porque allí pueden enseñarle oficios que lo conviertan (dentro de sus propias limitaciones) en un ser autosuficiente [...] D. puede tener períodos de lucidez relativos, pero no de autodeterminación de su conducta, es un alienado mental, un demente en sentido jurídico [...] por su patología de base, es una persona peligrosa, es una persona que alucina y puede interpretar erróneamente lo que sucede a su alrededor. Frente a una necesidad determinada actúa para satisfacerla sin mediar racionalidad en el medio porque no comprende los actos que lo dirigen, eso aun cuando se encuentre medicado, ya que puede experimentar una crisis ante un estímulo [...] los frenos inhibitorios por su patología son bajos".
En sus alegatos finales, tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en que D. no pudo comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones, por tener esquizofrenia y retraso mental. La fiscalía solicitó la imposición de una medida de seguridad en función de la peligrosidad que revestía, según lo expuesto por los profesionales de la salud, a cumplir en una unidad penitenciaria, con un tope de duración fijado en el máximo de la escala penal en abstracto. Por su parte, la defensa solicitó que se diera intervención al fuero de familia para el abordaje de la problemática de salud de D., y en su defecto, requirió que el tope máximo de duración a la medida de seguridad se impusiera de conformidad con el fallo "Antuña" de la Corte nacional. Finalmente, la señora asesora de incapaces adhirió a lo expuesto por la defensa y pidió que una vez resuelta la cuestión se le corriese traslado para iniciar la insania de W. D..
El día 22 de junio de 2018, el juzgado, con base en los informes y testimonios de la y los profesionales de la salud producidos en el debate, afirmó que D., en función de su problemática de esquizofrenia de larga data, debía ser declarado inimputable respecto de los hechos reprochados.
Asimismo, afirmó que se le debía imponer una medida de seguridad a cumplir en una institución dependiente del servicio penitenciario, cuyo plazo no debía guardar proporción con la infracción imputada sino con la peligrosidad del agente, y que quedaría sujeto a la intervención del fuero penal mientras permaneciera vigente la acción penal, es decir que podía tener una duración máxima de tres años, para una vez fenecido dar intervención al fuero de familia departamental.
Cabe destacar que de las piezas digitales surge que, a pesar de que para ese momento D. ya se encontraba cumpliendo la pena única de prisión impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 4 (v. pto. IV.1.), ninguna de las partes ni tampoco el órgano jurisdiccional problematizaron el modo en que podría cumplirse de manera simultánea una pena única de prisión y una medida de seguridad, situación que se agrava aún más pues todas estas resoluciones judiciales se adoptaron en franca violación de las reglas del concurso de delitos (conf. art. 55, Cód. Penal).
La decisión del Juzgado en lo Correccional n° 2 fue confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón (sent. de 18-X-2018).
IV.3. La acción de revisión presentada por la defensa oficial.
Frente a la situación de extrema irregularidad en la que se encontraba D., cumpliendo de manera paralela una pena privativa de libertad y una medida de seguridad como consecuencia del dictado de cuatro sentencias penales en abierta violación de las reglas del concurso de delitos, el señor defensor general adjunto de Morón, doctor Gustavo Giachino, con fecha 5 de diciembre de 2018, es decir, seis meses después de haberse celebrado el juicio oral ante el Juzgado en lo Correccional n° 2 -en el que había participado y donde se impuso a su asistido la medida de seguridad-, presentó una acción de revisión.
Solicitó que se deje sin efecto la pena única de prisión decidida oportunamente por el Tribunal en lo Criminal n° 4 con sustento en que D., en función de los diagnósticos puestos de manifiesto en los informes psiquiátricos y psicológicos realizados en el expediente que tramitó ante el Juzgado en lo Correccional n° 2 (retraso mental, esquizofrenia, alcoholismo, drogadependencia, demencia en sentido jurídico) no contaba con la capacidad para prestar un consentimiento válido en los acuerdos de juicio abreviado que integraron esa sanción única.
Para más, con base en tales diagnósticos, l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.