Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135042
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.042, "Cermelo Mazan, Sebastián Ariel s/Queja en causa N° 94.784 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, el 28 de septiembre de 2018, condenó a Sebastián Ariel Cermelo Mazan a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado, por haberse cometido con el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y en poblado y en banda (v. fs. 122/133).
A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 9 de abril de 2019, rechazó el recurso homónimo deducido por la defensa oficial del imputado (v. fs. 178/192).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 212/226), el que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 227/229 vta.).
Contra la decisión que le resultó adversa, la defensa oficial articuló queja ante esta Corte (v. fs. 236/247 vta.), que fue admitida y concedido el remedio extraordinario en orden a las cuestiones federales planteadas el 1 de septiembre de 2019 (v. fs. 249/252).
Oída la Procuración General (v. fs. 260/264 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 271), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial denunció que el Tribunal de Casación Penal realizó una revisión aparente de la sentencia de condena con relación a la verificación de la prueba de coautoría, en vulneración al derecho de defensa, el debido proceso y a la presunción de inocencia por inobservancia de la regla de in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14 inc. 2 y 5, PIDCP; v. fs. 217/218).
Para fundar su pretensión, adujo que la sentencia condenatoria sustentó la acreditación de dicho extremo en dos elementos: por un lado, la sindicación efectuada a Cermelo Mazan por una de las víctimas del robo mediante reconocimiento fotográfico; y, por el otro, el vínculo del imputado con Ángel Manza -hermano del coimputado José Luis Manza- y su relación con el vehículo utilizado para perpetrar el robo (v. fs. 218).
De seguido, abordó individualmente cada una de esas pruebas.
I.1. Comenzó con el segundo de los elementos aludidos, alegando que la conclusión a la que había arribado el Tribunal de Alzada para tener por acreditado dicho vínculo partía de una serie de indicios que a su vez se apoyaban en otros no comprobados, lo cual –según su criterio- no tenía valor como prueba de cargo (v. fs. 219).
Argumentó que no se había podido corroborar que el mencionado Manza fuera poseedor o condujera habitualmente el rodado Volkswagen Gol utilizado en el ilícito, ni que hubiera sido él o su hermano José Luis quien lo conducía al momento del hecho, ni que aquel hubiera participado en el evento. Agregó que se ignoraba la identidad del propietario del automotor y que no podía descartarse que Ángel Manza lo hubiera utilizado exclusivamente en la oportunidad que se registró la infracción de tránsito (v. fs. cit.).
Explicó que el indicio de la participación de Cermelo Mazan en el robo surgió de la relación de pareja que mantuvo por aproximadamente diez años con María Isabel Id, madre de los hermanos Manza; en tal sentido, dijo que "...en el razonamiento de los sentenciantes, el hecho de frecuentar el domicilio de quien en -una sola oportunidad- condujo el mismo vehículo que meses después fuera utilizado en un robo, resulta un indicio de relativo peso" (fs. 219 vta.).
Por otra parte, cuestionó que el órgano revisor no abordara el reclamo de la defensa en torno a que el imputado había negado todo tipo de relación con los hermanos Mazan ( rectius Manza) desde que había dejado de vivir con su madre, por considerar que ello no modificaba la valoración del conjunto probatorio dado que el propio acusado había afirmado que concurría a ese domicilio a buscar a sus hijos. Al respecto, alegó que dicha conclusión no encontraba apoyo probatorio, prescindía de las críticas en contra del modo en que se pretendió vincular al rodado con Ángel Mazan ( rectius Manza), y que ello -en su criterio- patentizaba la infracción al principio in dubio pro reo e invertía la carga de la prueba lesionando el principio de inocencia (v. fs. 219 vta. y 220).
Finalmente, afirmó que las referencias a que uno de los coautores llamaba a otro por el apodo "papi" no podía ser empleado como indicio cargoso, toda vez que ninguna constancia permitía concluir que José Luis Manza se dirigía de ese modo a su asistido (v. fs. 220 y vta.).
Concluyó que el fallo resultaba descalificable por arbitrario al no constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 220 vta.).
I.2. Con respecto a la individualización del imputado efectuada por María Emilia Cano en la diligencia de reconocimiento fotográfico, afirmó que el sentenciante prescindió considerar el modo en el cual la nombrada llevó a cabo la descripción del sujeto, la que consideró tan vaga y general que impedía toda individualización por tratarse de rasgos que comparten un amplio universo de sujetos; a lo que añadió que "...a tan solo cuatro días del hecho [...] la testigo Cano reconoció a otro sujeto en el rol ahora atribuido a Cermelo, identificando en ese sujeto las mismas características físicas señaladas respecto de [su] asistido" (fs. 222).
Estimó que dicha circunstancia constituía un elemento objetivo que permitía poner en duda la credibilidad de la testigo, siendo necesario considerar la posibilidad de error (v. fs. cit.).
Señaló, además, que la sentencia condenatoria prescindió considerar que el resto de las testigos presenciales -Natalia Malvestiti y Abigail Harfuch- no reconocieron al imputado como uno de los autores del robo, ni pudieron aportar ninguna característica física que permitiera corroborar el testimonio de Cano (v. fs. 223).
I.3. Por último, el recurrente advirtió sobre la existencia de diversas falencias de la investigación que, según su juicio, imposibilitaron destruir el estado de inocencia de su defendido (v. fs. 223 vta.).
En tal sentido, invocó la ausencia de toda referencia al testigo mencionado por Julio César Cano como aquel vecino ante quien los tres sujetos a bordo del vehículo antes aludido se detuvieron para consultar sobre el camino para llegar a la cuadra del lugar del hecho (v. fs. 223 vta.); el resultado negativo de los allanamientos ordenados (v. fs. cit.) y del cotejo de los rastros obtenidos en el lugar del hecho con las huellas del imputado (v. fs. 224). En definitiva, concluyó que la sentencia omitió valorar la totalidad de las constancias de la causa y de los agravios que portaba el recurso de casación (v. fs. cit.).
Para finalizar, efectuó diversas consideraciones generales acerca del principio de inocencia y del in dubio pro reo , con cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aval de su postura (v. fs. 224/225 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, criterio que comparto (v. fs. 260/264 vta.).
III.1. La decisión del Tribunal de Casación respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1.a. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores tuvo por debidamente acreditado que "El día 13 de agosto de 2011, siendo alrededor de las 22:30 horas, tres sujetos adultos del sexo, masculino (dos no vinculados a este proceso) previo violentar la puerta de entrada, ingresaron a la vivienda sita en calle Hipólito Irigoyen N° 1135 de Ayacucho propiedad de la familia Cano. Uno de los tres, portando un arma de fuego que no fue hallada, intimidó a María Emilia Cano quien se encontraba en el lugar junto a su hijo de seis años de edad y tres amigas: Natalia Romina Malvestini, Elena Montarse y Abigail Herfuch. Los sujetos, siempre esgrimiendo el arma, inmovilizaron a las mujeres ma[ni]atándolas de pies y manos. De este modo se apoderaron ilegítimamente de los teléfonos celulares de las nombradas, la suma de treinta mil dólares estadounidenses (U$S 30.000) discriminados en dólares y moneda nacional, doscientos cuarenta euros (E 240), seiscientos dólares (U$S 600), ochocientos setenta pesos ($ 870), una cámara fotográfica marca Sony, un GPS marca Garmin, documentación de la familia, alhajas de valor de la familia, una medalla de oro de la Cámara de Diputados a nombre de Julio Cesar Cano, tres pares de gemelos dos de oro y otro de plata, un juego de cuchillo, tenedor y chaira de plata que estaban dentro de un estuche de madera color azul, una pulsera de oro sin inscripción, lapiceras metálicas, llaveros con la inscripción JC, varias facturas de compra de artículos de peluquería a nombre de Sara Goycoechea, un CPU marca HP y monitor LCD de 19 pulgadas, entre otros elementos" (fs. 122 y vta.).
III.1.b. Frente a similares planteos llevados en el recurso de casación en orden a la determinación de la coautoría de Cermelo Mazan en el hecho (v. en particular las fs. 141/152 vta.), el tribunal intermedio se ocupó, contrariamente a lo señalado por la defensa, de explicar y fundar las razones por las cuales dio por acreditado el extremo cuestionado.
Luego, con relación al reconocimiento fotográfico realizado durante la instrucción, el sentenciante destacó que "...el impugnante hace mención al 'acta exhibición modus operandi' [...] de donde se desprende que en las fotografías que se encontraban en dos biblioratos de la dependencia policial interviniente, la testigo señaló a una persona distinta del acusado Cermelo, que le resultó 'similar a la persona que actuara como el que maneja toda la situación, como el más violento y el más grande de edad, en lo que respecta a la mirada, color de piel, contextura física y edad, motivo por el cual dichos rasgos le parecen muy similar a dicho sujeto, agregando que le impresiona la similitud con el mismo, lo que no le ocurrió con ninguna otra fotografía' " (fs. 185 vta.).
Continuó señalando que de lo transcripto se desprendía que "...la testigo hizo mención a la similitud de las características de esa persona con uno de los individuos que actuaron en el hecho, pero de ello no surge ningún elemento objetivo que ponga en duda su credibilidad al momento de señalar a Cermelo como uno de los sujetos que ingresó a su domicilio y se mostraba como líder de los atacantes" y que "...no surgieron diferencias sustanciales en las características fisonómicas de la persona mencionada en el acta aludida y la fotografía del acusado, con lo cual resulta plausible que en un primer momento la testigo haya señalado al sujeto en el que encontraba mayores similitudes (de allí la razón de ser de la última frase, '...le impresiona la similitud con el mismo, lo que no le ocurrió con ninguna otra fotografía' ), sin que ello enerve el posterior señalamiento del acusado Cermelo, con el grado de firmeza que apreciaron los jueces del debate y que consignaron en el veredicto" (fs. 185 vta. y 186).
Por otra parte, en respuesta a la crítica según la cual no existían elementos incriminatorios por fuera de dicho testimonio, el órgano revisor expresó que "La prueba reunida en el legajo, fundamentalmente los testimonios del dueño de la vivienda donde ocurrió el hecho, y las declaraciones de los funcionarios policiales que intervinieron en la investigación, demuestran en forma lógica y razonada de qué manera se pudo establecer la relación entre los sujetos activos y el Volkswagen Gol, luego con el domicilio de la calle García Lorca 2760 de Mar del Plata, y finalmente con el acusado Sebastián Ariel Cermelo..." (fs. 186 y vta.).
Destacó, además, que "En la dirección mencionada de la ciudad de Mar del Plata vivían Ángel y José Luis Manza, cuya progenitora María Isabel Id había mantenido una relación de pareja con Sebastián Ariel Cermelo varios años antes" y desestimó el argumento relativo a que el imputado no vivía en ese lugar por la ruptura del vínculo de pareja con la nombrada Id, en el entendimiento de que ello "...no modifica la valoración del conjunto probatorio [...] puesto que el propio acusado afirmó que concurría al domicilio mencionado a buscar a los hijos que tuvo durante aquella relación [...], con lo cual no resulta ilógico que su nombre haya surgido en la investigación como un visitante habitual de la vivienda a la que había sido vinculada el automóvil Volkswagen Gol" (fs. 186 vta. y 187).
Asimismo, descartó los argumentos del recurrente acerca de que Cermelo no mantenía ningún tipo de relación con los hermanos Manza en la época del suceso en trato conforme los dichos del propio imputado y del testigo Mohamed Id, expresando que "...no han quedado constancias en el acta de debate, de las manifestaciones del citado testigo [...], ni tampoco en el veredicto" (fs. 187).
Adunó a ello que las manifestaciones del nombrado Id -allí transcriptas- "...no contienen información de la relevancia que se pretende adjudicarle [...] pues de acuerdo a los distintos pasos que tomaron los funcionarios policiales a cargo de la investigación, para llegar desde la primera información recibida sobre tres individuos en un VW Gol, hasta el acusado Cermelo, no hay ninguna referencia que permita sostener o suponer que su señalamiento como uno de los sujetos activos del delito haya sido causado por el co-imputado Mazan. En realidad, [...] el principal sostén de la acusación está dado por el testimonio y reconocimiento fotográfico de María Emilia Cano, quien no mantenía vínculo alguno ni con el imputado ni con los nombrados Mazan, lo cual descarta la posibilidad de una maniobra como la relatada por el testigo Id, al menos en lo que hace a este caso concreto" (fs. 187 y vta.).
Por último, convalidó la posición del sentenciante de mérito en cuanto descartó los argumentos de la defensa acerca de que el imputado se habría mudado de vivienda en la ciudad de Mar del Plata el día del hecho, actividad que -según el defensor- culminó alrededor de las 21:30 o 22:00 horas, con sustento en que la mudanza en realidad finalizó en horas de la tarde pues, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, los jueces de grado consignaron que el horario que brindaron los testigos en el debate fue distinto al alegado por la parte, sin que exista ningún elemento demostrativo del error que el impugnante les adjudica (v. fs. 188).
En definitiva, concluyó que la sentencia impugnada constituía una derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la causa, y que no hubo infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del principio in dubio pro reo (v. fs. 189).
IV. De lo transcripto surge con claridad que el tribunal del recurso, lejos de limitar su competencia revisora, abordó los reclamos de la defensa referidos a la acreditación de la prueba de la coautoría de Cermelo Mazan en el hecho, conforme los motivos de agravio que fueron sometidos a su conocimiento.
En rigor, se advierte que las críticas de la parte impugnante están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba de cargo en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido-, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte, salvo la cabal demostración del vicio de absurdo o la arbitrariedad del fallo, lo que aquí no se presenta mínimamente abastecido (doctr. arts. 494 y 495, CPP).
El control efectuado por la casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
Así, la afirmación de la defensa de que el escrutinio llevado a cabo significó una "fundamentación aparente" que frustró el derecho de defensa, del debido proceso y la presunción de inocencia (v. fs. 218), no se condice con lo sucedido en el caso, porque el tribunal revisor abordó cada uno de los planteos formulados y dio fundadas razones para descartarlos.
Tiene dicho esta Suprema Corte que "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del [precedente] 'Casal' (Fallos 328:3399, sent. de 20-IX-2005, cuya doctrina fue extendida a los sistemas recursivos provinciales in re 'Salto' - Fallos 329:530, sent. de 7-III-2006-) y posibilitar la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 71.958, sent. de 23-IV-2008), [...] no implica que el revisor 're evalúe' las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", pero "Sí debe verificar que, efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción" (causa P. 125.444, sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
Por lo demás, la genérica enunciación de que hubo una inversión de la carga de la prueba, con afección del principio de inocencia, no aparece acreditada a partir de lo resuelto por el tribunal revisor, quien afirmó del modo indicado la corroboración del hecho y la autoría de Cermelo Mazan, sin encontrar debida explicación en la versión que este intentó proponer.
V. Con respecto al principio in dubio pro reo derivado del de inocencia (arts. 1, CPP y 18, Const. nac.), cuya violación fue alegada en el recurso en examen, la defensa no logró evidenciar una situación de excepción por cuanto para las sentencias de mérito y de revisión no quedaron márgenes de
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