Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135924
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.924, "González Coria, Hugo Francisco s/ queja en causa n° 94.803 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, en lo que interesa, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Martín que, el 19 de septiembre de 2018, confirmó el auto del Tribunal en lo Criminal n° 7 departamental que aprobó el cómputo de pena que estableció que Hugo Francisco González Coria estaría en condiciones temporales de acceder al beneficio previsto en el art. 13 del Código Penal el día 27 de abril de 2053 (v. sent. digital de fecha 24 de septiembre de 2019).
Contra tal pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. legajo digital) que, luego de la nulidad decretada por esta Corte del auto de su concesión y devuelta la causa al Tribunal de Casación (v. resol. de 16-III-2021), fue declarado inadmisible por el a quo, lo que derivó en la presentación de una queja ante esta instancia (art. 486 bis, CPP) que, por resolución del 15 de junio de 2022, se admitió, declarándose mal denegado el recurso, y se concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen en archivo adjunto de fecha 14 de febrero de 2023), dictada la providencia de autos con fecha 16 de febrero de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa inició la fundamentación de su impugnación argumentando que en base a una interpretación armónica del plexo normativo constitucional y en aras de la aplicación de la ley más benigna y principios de razonabilidad y buena fe, no puede aplicarse a González Coria una pena que vaya más allá de los veinticinco años, conforme la implementación del Estatuto de Roma (conf. ley 26.200).
Sostuvo que en el caso se ha dictado una sentencia en la cual aparece inobservada una ley sustantiva de mayor jerarquía, infringiendo, a la vez, los criterios de mínima intervención penal y pro homine y que, en definitiva, se realizó una interpretación que excede el marco de razonabilidad que delimita el principio de estricta legalidad, "...nada menos que respecto de un derecho humano como es la libertad de las personas". Invocó los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Atribuyó arbitrariedad a lo resuelto por haberse afectado el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, en tanto los argumentos del fallo en crisis estuvieron exentos de la precisión que reclama el principio de estricta legalidad en su mandato de máxima taxatividad. Afirmó que, al haberse confirmado un cómputo penal erróneo, su defendido se encontraría privado de su libertad por un término mayor a la previsión de la ley 26.200, por haberse sujetado la determinación del vencimiento de la pena impuesta, erróneamente en su opinión, a lo establecido en función de los arts. 13 y 16 del Código Penal. Citó en aval de su planteo el caso Kimel vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La defensa criticó la interpretación del Tribunal de Casación en el sentido de convalidar la constitucionalidad de la previsión del art. 13 del Código Penal (en correlación con el art. 16 del mismo y en el caso agravado por la aplicación del art. 53), por dejar de lado la posibilidad de una determinación del cómputo de pena conforme los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma (vigente a partir de la sanción de la ley 26.200).
En tal entendimiento, aseveró que la sentencia del a quo -confirmatoria de la emitida en la instancia de origen-, en tanto importó el vencimiento de la pena y la posibilidad de obtener el beneficio libertario posterior al límite punitivo previsto en el Estatuto de Roma -que lo fija en veinticinco años de encierro-, habría provocado una manifiesta vulneración del plexo de garantías convencionales previstas particularmente para una persona privada de su libertad. Entendió que si se convalidara la decisión del órgano de revisión se estaría ratificando "...una pena eliminatoria de la persona y la dignidad humana", pues, al fijar el tope de finitud de la efectiva privación de la libertad en cuarenta y cinco años de ejecución de la pena, se estarían afectando los principios constitucionales de legalidad y de culpabilidad propios del debido proceso legal.
En rigor, el señor defensor se agravió de que en autos no se haya consignado la fecha de vencimiento de la pena impuesta, denunciando que tal situación resulta agraviante en sí misma por la indeterminación de la duración de la pena. Aclaró que el perjuicio es actual e independiente de que el condenado obtenga la libertad condicional en una fecha distinta a la mencionada o para el supuesto que no la obtenga.
Por último, señaló que la pena privativa de la libertad de carácter perpetuo lesiona la intangibilidad de la persona humana al generar graves trastornos de la personalidad, resultando, de tal modo, incompatible con la prohibición de toda especie de tormento (art. 18, Const. nac.).
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo de los agravios deducidos (v. dictamen digital).
III. Adelanto que comparto esa opinión.
IV. Para una mejor comprensión del caso, corresponde que inicialmente efectúe una reseña del derrotero procesal de la causa.
IV.1. De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín, el 13 de julio de 2018, aprobó el cómputo de pena practicado en autos. En lo que importa destacar para la solución del caso, allí se estableció que Hugo Francisco González Coria había sido condenado el 23 de febrero de 2010 a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas con más la declaración de reincidencia al ser habido autor responsable del delito de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y robo calificado por el uso de arma de fuego, en concurso real entre sí; adquiriendo firmeza tal decisión el día 3 de mayo de 2018. Se consignó asimismo que el nombrado permanece detenido en forma ininterrumpida desde el día 27 de abril de 2008. Finalmente se determinó que González Coria se encontrará habilitado a solicitar la libertad condicional por un período de cinco años, la que cumplida adecuadamente extinguirá la pena a partir del 27 de abril de 2053 (v. archivo adjunto en presentación digital).
IV.2. Frente a ese pronunciamiento, la defensa oficial del condenado dedujo recurso de apelación en el que consideró que la pena de prisión perpetua debe agotarse al transcurrir veinticinco años de prisión, considerando arbitrario el quantum de pena fijado por la instancia de grado, pues aplicó erróneamente el texto del art. 13 del Código Penal y los lineamientos del Estatuto de Roma.
IV.3. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, rechazó el recurso y confirmó el auto que aprobó el cómputo de pena cuestionado (v. resolución digital de fecha 19 de septiembre de 2018).
Para así resolverlo sostuvo que "...los miembros del Tribunal de grado, al disponer a fs. 371/372 la realización del cómputo de pena, expresamente han referenciado que a su criterio el agotamiento de la pena de prisión perpetua 'resulta insusceptible de ser precisado temporalmente', estableciéndose únicamente la fecha a partir de la cual el encartado se encuentra en condiciones de acceder a su libertad condicional (circunstancia de especial relevancia en razón del carácter de reincidente de González)" (sent. digital).
Y puntualizó que, siendo la presente situación, análoga a lo resuelto en casos anteriores, transcribió las consideraciones expuestas en aquellos por entender que eran plenamente aplicables en autos. Así, señaló que "...las penas de prisión perpetua tienen carácter atemporal y por ello no es factible establecer una fecha en que las mismas deban tenerse por agotadas".
Precisó que "Del análisis de los Tratados Internacionales incorporados a nuestra normativa constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N., no surge expresamente, ni tampoco puede inferirse, que sus previsiones resulten inconciliables con la aplicación de la pena de prisión perpetua, siempre que se respete -al igual que en el caso de aquellas temporalmente determinadas- la integridad de la persona condenada". Y añadió que tampoco surge de "...los tratados internacionales ratificados por la Nación norma alguna [...] en la que pueda apoyarse no sólo la imposibilidad de imponer el órgano jurisdiccional competente una pena de prisión perpetua, sino indicación normativa para obligar a los Estados partes, en los casos en que tal pena de prisión perpetua hubiere sido impuesta, a determinar una fecha de vencimiento".
Reafirmó que "...constitucionalmente, las penas de prisión perpetua jurisdiccionalmente no pueden ni deben tener fecha de agotamiento".
Más adelante expresó que "...el punto fundamental a debatir en casos como el de [autos, ...] no ha de ser si ha agotado o no la sanción que le fuera impuesta sino si cuenta o carece de posibilidades jurídicas que hagan factible que en determinado momento se encuentre en condiciones de obtener su libertad".// "Y en dicha dirección, frente a la limitante barrera del artículo 14 del Código Penal, tras efectuar nuevas y profundas reflexiones sobre el asunto, [concluyó] que no es la vía adecuada postular el agotamiento de la sanción fijada provocando así que el órgano jurisdiccional diga lo que la ley no consigna, sino que la acertada forma de desenrollar la anudada madeja que plantea la situación es recurrir a una interpretación armónica y sistemática del Digesto de Fondo en complemento con los principios de resocialización que en materia penitenciaria se recoge en la normativa a partir de los postulados constitucionales".
En base a todos los fundamentos que se expusieron, la Cámara rechazó la apelación interpuesta y concluyó que "...no puede establecerse una fecha de agotamiento de la pena de prisión perpetua de la persona detenida que no ha accedido aún a su libertad condicional".
IV.4. Contra esta decisión, la defensa oficial dedujo recurso de casación llevando agravios del mismo tenor a los articulados en la impugnación anterior, centrados -esencialmente- en la inobservancia de la ley penal y en la afectación constitucional por violación al principio de razonabilidad y proporcionalidad de las penas de prisión, culpabilidad, legalidad y reintegración social. Asimismo, denunció la errónea aplicación del art. 13 del Código Penal al establecerse la fecha en que su asistido estaría en condiciones de obtener la libertad condicional, mas no la del vencimiento de la pena de prisión perpetua impuesta.
IV.5. De tal modo, arribamos al fallo del Tribunal de Casación cuestionado en la impugnación en tratamiento.
En lo que importa destacar, dicho tribunal declaró la inadmisibilidad de la articulación deducida al expresar el voto de la señora jueza Budiño, con la simple adhesión del señor juez Natiello, en primer lugar, que "...el auto que confirmó el cómputo de pena aprobado respecto de Hugo Francisco González Coria, fue analizado y revisado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín, constituyendo un supuesto en el que las dos instancias anteriores han resuelto en el mismo sentido (art. 421 4to. párrafo y art. 450, CPP)".
En ese orden consideró que "...sin perjuicio de la limitación genérica que establece la norma del 4to. párrafo del art. 421, el segundo párrafo del art. 450 del CPP reclama del pronunciamiento recurrido la nota de revocatoriedad respecto del auto de primera instancia, extremo no verificado en el presente proceso".
Luego de transcribir lo regulado en el art. 450 del ritual puntualizó que "...aparece claro que la decisión de la Cámara no resulta ser un supuesto revisable mediante la vía casatoria y, nos encontramos ante un supuesto en el que las dos instancias anteriores han resuelto en el mismo sentido y de ese modo se ha asegurado la garantía de la doble instancia, como así también la del doble conforme, consagradas en los arts. 8.2 CADH y 14.5 PIDCP".
No obstante, a continuación, el tribunal casatorio se abocó a analizar los cuestionamientos de índole federal postulados por la defensa y a verificar si podrían satisfacer las condiciones propias para la habilitación del recurso de casación por vía de excepción, circunstancia que -según adelantó- no ocurría en la presentación en estudio.
En tal entendimiento, el a quo advirtió que "...el auto en cuestión no presenta fisuras lógicas ni jurídicas y se encuentra debidamente fundamentado abasteciendo, por tanto, las exigencias de motivación traídas por el art. 106 del CPP".
En otro orden, sostuvo que "Las perpetuas son, en el sistema penal argentino, penas indeterminadas no infinitas que se extinguen, salvo supuestos excepcionales, con la obtención de la libertad condicional y el cumplimiento de las condiciones impuestas". Agregó que "Los efectos del goce de la libertad condicional entrañan la extinción de la pena una vez transcurrido el término de la condena o cinco años más en las perpetuas, según el artículo 16 del Código Penal". Y que "En el sistema del Código Penal la libertad condicional es una forma de cumplimiento de la pena que, como regla general, la extingue una vez transcurrido el término de la condena, es decir, configura un instituto que, analizado a la luz de las penas divisibles de cualquier especie o cantidad, no permite su acortamiento, toda vez que el tiempo que se cumple la pena en libertad condicional, sumado al cumplimiento efectivo previo, nunca resulta inferior al término de la condena".
En definitiva, concluyó destacando que "...la necesidad de fijar un término de agotamiento a la prisión perpetua como agravio legítimo, actual e inminente, surgiría para la defensa si se negara al condenado la posibilidad de acceder a la libertad condicional (art. 13 del C.P., ley 24.660 y 421 del CPP)".
V. Conforme fuera adelantado, el recurso en estudio no prospera.
Tal como quedara reflejado en el apartado IV.5. de la presente, el examen del tribunal revisor no se detuvo en la constatación de los presupuestos del art. 450 del Código Procesal Penal, sino que luego avanzó y efectuó consideraciones respecto a la queja central de la defensa relativa a la necesidad de fijar (en ese momento) el vencimiento de la pena de prisión perpetua. El a quo afirmó, en coincidencia con lo resuelto por la Cámara, la imposibilidad de establecer el agotamiento de una pena indivisible hasta tanto el condenado cumpla con los requisitos establecidos en el art. 13 del Código Penal, advirtiendo, entonces, que el planteo era prematuro.
Asimismo, respecto de las cuestiones de pretenso cariz federal propuestas, indagó sobre su adecuada formulación y concluyó, tras su verificación, que no habían sido formuladas con la aptitud necesaria como para franquear el acceso a esa instancia, dada la insuficiencia de su desarrollo.
Frente a tal pronunciamiento, el impugnante no logró demostrar la tacha de arbitrariedad denunciada, tampoco que se haya efectuado una revisión limitada ni con apreciaciones aparentes y generales (art. 495, CPP).
Al contrario de lo afirmado por la defensa, de la reseña del fallo casatorio resulta que el a quo contestó los planteos de la parte procediendo a su rechazo, brindando las razones que sustentaron esa decisión, y contra ellas la defensa, reeditando las críticas llevadas al revisor, solo dejó entrever una opinión discrepante que deviene ineficaz a los fines pretendidos ante esta instancia (art. 495, cit.).
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría, eventualmente, al momento de peticionar la libertad por considerar agotado su cumplimiento o serle negado algún instituto del régimen de progresividad propio de la etapa de ejecución de la pena, circunstancias no concurrentes en el caso, lo que evidencia la ausencia de interés actual en el reclamo (arg. art. 421, CPP; conf. doctr. causas P. 107.832, sent. de 4-VI-2014; P. 126.958, sent. de 13-VI-2018; P. 129.693, sent. de 20-II-2019; P. 130.773, sent. de 14-VIII-2019; P. 133.800, sent. de 1-XII-2021; P. 134.793, sent. de 10-VII-2023; e.o.).
Por lo demás, en sintonía con lo anterior, corresponde considerar que el art. 12 de la ley 26.200 establece: "La pena aplicable a los delitos previstos en los arts. 8, 9 y 10 de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior a la que pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación". Es decir, la mencionada disposición soluciona cualquier incoherencia que pudiera resultar de la incorporación de los delitos previstos en el Estatuto de Roma al ordenamiento interno, acudiendo a un criterio compatible con el carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales que el art. 1 del Estatuto asigna a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional -aprobado por ley 25.390; Boletín Oficial de 23-I-2001-. En particular, su art. 80 elucida la cuestión: "El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional. Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte" (conf. doctr. causas P. 130.343, sent. de 21-XI-2018; P. 134.769, sent. de 18-IV-2022; e.o.).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 15:12:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:25:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:55:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2024 21:16:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2024 09:21:55 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2024 11:12:16 hs. bajo el número RS-104-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia