Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137102
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.102-Q, "Rusos, Luis Alfredo s/ queja en causa n° 94487 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El día 30 de octubre de 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó a Luis Alfredo Rusos a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
La defensa oficial de Rusos interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 20 de febrero de 2020, lo rechazó.
Contra esa decisión se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, desestimado, motivó la articulación de queja, que fue concedida en esta instancia el día 2 de junio de 2023.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor defensor adjunto planteó, en primer lugar, la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación con afectación de la defensa en juicio, del derecho a ser oído, del debido proceso legal, de los principios de inocencia e in dubio pro reo y el derecho al recurso (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.).
Alegó que los agravios llevados a conocimiento de la instancia intermedia no fueron analizados con el alcance debido.
Expuso que son cuestionables las consideraciones efectuadas por la señora jueza Budiño referidas a los límites de la inmediación y, estimó, se incurrió en afirmaciones dogmáticas.
Postuló que deben cobrar virtualidad sus cuestionamientos vinculados con la acreditación de los hechos y la autoría, la aplicación al caso del beneficio de la duda y la absolución de Rusos. En ese sentido, afirmó que las cuestiones esenciales planteadas por esa parte y que no obtuvieron adecuada respuesta, robustecen la postura de la defensa en cuanto a la falta de acreditación de los hechos endilgados a su asistido en el delito contra la vida por el que se lo condenara.
Denunció nuevamente arbitrariedad y reclamó la aplicación al caso del estado de duda razonable que debe prevalecer, en virtud del principio de inocencia, en el análisis de la prueba (conf. art. 1, CPP), y reclamó la consecuente absolución.
I.2. De seguido se refirió a la infracción a la ley sustantiva en diversos órdenes.
I.2.i. En primer lugar, entendió que el hecho debió encuadrarse en el art. 35, en función de los arts. 34 inc. 6 y 84, todos del Código Penal.
Expuso que debió reconocerse el motivo desencadenante de la supuesta "agresión", como surge de diversas declaraciones testimoniales.
Hizo mención a las "especiales circunstancias" en las que se encontraba la víctima de autos y a su comportamiento previo. En ese sentido, alegó que el obrar de Rusos podría haber respondido a una legítima defensa putativa dada la errónea creencia en la que podría haber incurrido.
Sostuvo que el nombrado habría actuado en error de prohibición inevitable que excluye su culpabilidad o, en su defecto, que debe encuadrarse el hecho en los términos de los arts. 35 y 84 del digesto de fondo, imponiendo el mínimo de la escala legal.
I.2.ii. Luego aludió a la falta de acreditación del dolo.
Adujo que el órgano revisor lo infirió del elemento usado en la agresión, pero, ni de la materialidad ilícita descripta ni de la prueba ponderada surge la intención de causar la muerte, extremo sobre el que existen dudas.
I.2.iii. Denunció, también, la infracción a la ley sustantiva derivada de la solicitud de aplicación de la figura de homicidio preterintencional.
Destacó que los disparos efectuados por su asistido no fueron direccionados a zonas vitales por lo que claramente el dolo homicida debió ser descartado.
Insistió en la revisión aparente que habría desplegado Casación sobre este tópico y reclamó que, en subsidio, se recalifique el hecho en los términos del art. 81 del Código Penal.
I.2.iv. Finalmente aludió a la agravante genérica prevista en el art. 41 bis del Código Penal.
Estimó que la instancia intermedia debió dejar sin efecto su aplicación. Alegó que, en el abordaje de su agravio, omitió toda consideración al alcance que debe asignársele al plus de violencia que la norma requiere y que se tuvo implícitamente probada.
Sostuvo que, no dándose por acreditada la razón de política criminal que sirvió de base a la consagración de la agravante, ella debió dejarse de lado.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del reclamo.
III. Coincido con tal postura.
III.1. En lo que interesa destacar, el tribunal de juicio estableció que se encontraba suficientemente acreditado que "...el día 12 de noviembre de 2016, siendo aproximadamente las 23.00 horas, en la avenida Eva Perón y el pasillo Central de la Manzana 24 del complejo habitacional Don Orione, de la localidad de San Francisco de Asís, partido de Almirante Brown, un sujeto del sexo masculino, mayor de edad, con el claro fin de quitarle la vida o al menos previendo que tal evento podía ocurrir, efectuó al menos dos disparos con un arma de fuego que al efecto portaba contra la humanidad de Roberto Redentor Pérez, impactando uno de ellos en la pierna derecha, a la altura de la ingle, ocasionándole lesiones de tal magnitud que fueron la causa determinante de su óbito".
III.2. En el recurso de casación la defensa de Rusos denunció arbitrariedad del fallo en la valoración de la prueba y reclamó el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria. Focalizó en lo declarado por su asistido y denunció la inobservancia de los arts. 34 inc. 6, 81 inc. "b", 34 inc. 1 y 35, 40, 41 y 41 bis, en ese orden, todos del Código Penal.
III.3. Frente a ello, el órgano revisor refrendó el proceder sentencial de primera instancia. Para adoptar ese temperamento, destacó que se había valorado esencialmente el material probatorio recogido en forma directa durante la audiencia de debate a partir de lo declarado por los testigos presenciales del suceso -Enzo Leonel Sosa, Pablo Emanuel Castillo y Roxana Ruth Campos-, cuyos testimonios resultaban contestes tanto en lo relativo al conflicto previo al desenlace fatal, vinculado con daños provocados en el vehículo del vecino Jorge, como a la actitud de éste y el imputado Rusos de seguir a la víctima cuando salió de su casa para pasear al perro.
Señaló que las contradicciones que pretendía encontrar la defensa, de ningún modo eran esenciales, versando sobre aspectos claramente tangenciales como las características o entidad de los daños que presentaba el vehículo de Jorge, o en cuanto al trayecto recorrido por el testigo Sosa después de los disparos.
Expuso que la conducta de Rusos no se encontraba bajo el amparo de la justificante prevista por la del art. 34 inc. 6 del Código Penal pues no hubo una agresión antijurídica.
Coincidió con el tribunal de grado en cuanto a que el imputado no sufrió agresión que pudiera hacer nacer el derecho a la repulsa, lo que supone la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, puesto que aun cuando la víctima hubiera portado un arma de fuego -de la que era legítimo portador-, está acreditado que al momento de recibir el disparo mortal la tenía guardada en su cintura con su martillo en descanso, es decir no montado, tal como se dejó constancia en el acta de procedimiento.
Además, destacó, "...el testigo presencial Enzo Sosa fue terminante en explicar que Pérez recibió el disparo estando de espaldas al tirador, lo que se corrobora con el informe de operación de autopsia que indicó que el proyectil ingresó por la parte posterior de su cuerpo, en el glúteo derecho".
Afirmó que la única fuente en la que la defensa pretendió sustentar su planteo sobre la concurrencia de una situación de legítima defensa, o bien de un error en el imputado sobre los presupuestos de esa justificante, es la solitaria versión del imputado que no sólo no fue corroborada por ningún otro elemento de prueba, sino que se contrapone absolutamente con los testimonios y peritajes ponderados.
Agregó que las inverosímiles referencias de su relato fueron contrarrestadas por el tribunal de mérito, tales como que habría visto la mirada de la víctima, que le habría infundido temor, cuando los disparos se produjeron de noche y a una considerable distancia, o la referencia a que Pérez sacó el arma y accionó la corredera, puesto que el arma de la víctima fue encontrada guardada en su cintura y con la corredera en descanso, resultando imposible que la guardara de ese modo luego de haber sido mortalmente herido. Además, afirmó, accionar la corredera hace que el proyectil se aloje en la recámara para permitir el inminente disparo, y el arma de Pérez no tenía ningún proyectil en la recámara cuando cayó herido.
Finalmente, expuso la instancia intermedia que los testigos fueron contestes en que observaron a Rusos enojado, ofuscado, buscando a un culpable del daño producido en el vehículo de su amigo Jorge, y señalaron que Pérez salió de su casa tranquilo a pasear su perro, sin advertir la disputa de sus vecinos por el tema del daño al vehículo, ni que el imputado caminara siguiéndolo.
En suma, coincidió con la sentencia de condena en cuanto a que a partir de la prueba colectada el imputado no sufrió ninguna agresión. Concluyó que la falta de comprobación del primer elemento requerido para que se estime configurada la legítima defensa, en conjunción con una válida acreditación de hechos que contundentemente descartan su existencia, lo eximía de continuar con el análisis de los restantes elementos de la justificante, pues no puede afirmarse una legítima defensa sin una agresión antijurídica previa.
Manifestó que era inatendible el planteo vinculado con la legítima defensa putativa desde que no se presentaron las mínimas circunstancias objetivas que permitieran sostener, razonablemente, que Rusos apreció incorrectamente los hechos y supuso que estaba siendo objeto de una agresión. A ello sumó que, tanto la recurrente originaria como el defensor de Casación, reiteraron sus planteos apoyándose en la versión del imputado cuya veracidad fue descartada en base a sólidos argumentos de los que la defensa se desentendió por completo, y que de la prueba surgía claro que no había existido ningún contacto físico o verbal entre víctima y victimario, ya que Pérez paseaba su perro sin siquiera haber advertido la presencia de Rusos detrás suyo.
Con relación al agravio por el que se propició la calificación del hecho como homicidio preterintencional, destacó que reeditaba el que había sido llevado en primera instancia y rechazado, por cuanto se tuvo por cierto que el imputado actuó con dolo homicida -al menos en su especie eventual- y que el medio empleado para atacar a la víctima, tanto por su esencia como por el modo en que fue utilizado, razonablemente era idóneo para causar el resultado letal. El tribunal casatorio hizo particular hincapié en que el dolo homicida fue plenamente acreditado a partir de la forma en que el imputado ejecutó el ataque, esto es apuntando de un modo preciso y profesional hacia la víctima y dirigiendo el disparo a una zona vital -contrariamente a lo afirmado por la defensa-, al punto que le produjo la muerte prácticamente en el acto.
Por último, en cuanto a la aplicación del art. 41 bis del Código Penal, expresó -con sustento de doctrina de esta Suprema Corte y del fallo plenario del Tribunal de Casación- que la agravación de la escala del homicidio por su aplicación no configura una doble punición, desde que el ilícito contra la vida en su figura básica no contempla como parte constitutiva ni calificante los elementos propios de dicha agravante jurídica, la violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego.
IV.1. De todo lo antes transcripto surge con claridad que el tribunal del recurso, lejos de limitar su competencia revisora, abordó los reclamos de la defensa referidos a valoración de la prueba, así como lo atinente a la denunciada errónea aplicación de la calificación legal actuada, conforme los motivos de agravio que fueron sometidos a su conocimiento.
En rigor, las críticas de la parte están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba de cargo en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido-, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte, salvo la cabal demostración del vicio de absurdo o la arbitrariedad del fallo, lo que aquí no se presenta mínimamente abastecido (doctr. arts. 494 y 495, CPP).
El control efectuado por la Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
Cabe agregar, con fundamento en todo lo antes transcripto, que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte, ni la defensa ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación del derecho al recurso.
Así, la afirmación de la defensa de que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho al doble conforme, no se condice con lo sucedido en el caso, porque el tribunal revisor abordó cada uno de los planteos formulados y dio fundadas razones para descartarlos.
Tiene dicho esta Suprema Corte que "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del [precedente] 'Casal' (Fallos 328:3399, sent. de 20-IX-2005, cuya doctrina fue extendida a los sistemas recursivos provinciales in re 'Salto' -Fallos 329:530, sent. de 7-III-2006-) y posibilitar la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 71.958, sent. de 23-IV-2008), [...] no implica que el revisor 're evalúe' las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", pero "Sí debe verificar que, efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción" (causa P. 125.444, sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
Desarticulados los planteos vinculados con la transgresión de la revisión amplia de la sentencia de condena, queda vacía de fundamento la referencia que hace el señor defensor oficial en torno a la conculcación del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a ser oído, relacionada intrínsecamente con aquellos.
En cuanto a la aplicación del principio de inocencia y beneficio de la duda reclamado en la impugnación, no se logró evidenciar una situación excepcional por cuanto en el pronunciamiento no quedaron márgenes de duda alguna respecto a la acreditación de los extremos de la imputación (art. 495, CPP).
Si bien se sabe que la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 132.301, sent. de 23-II-2021; P. 133.109, sent. de 21-V-2021; P. 132.657, sent. de 23-V-2022; P. 135.101, sent. de 9-V-2023; e.o.); extremos que en el caso no han sido demostrados.
En definitiva, la defensa expuso un mero criterio divergente que pretendió sustentar en una ponderación fragmentada de la prueba que, como tal, resulta insuficiente para conmover lo decidido en el caso.
IV.2. En sintonía con ello, los planteos por los que denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva tampoco progresan, en primer lugar, pues constituyen -todos ellos- una reedición de los llevados a la instancia intermedia (v. recurso de casación acompañado digitalmente). Nótese que cada uno fue abordado y descartado con sobrados fundamentos por el Tribunal de Casación, conforme fuera reseñado en el apartado III.3., de los cuales el recurrente se desentiende por completo.
Antes bien, se limita a expresar su opinión personal contraria a lo fallado y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (art. 495, CPP; conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-XI-2009; P. 102.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; P. 134.058, sent. de 27-XII-2022; e.o.).
IV.3. Por lo demás, en cuanto a la agravante contemplada por el art. 41 bis del Código Penal, cabe destacar que lo resuelto por el Tribunal de Casación se encuentra en línea con la doctrina de esta Suprema Corte en causas P. 100.072, sentencia de 12-XI-2008; P. 102.647, sentencia de 19-VIII-2009; P. 103.838, sentencia de 9-IX-2009; P. 104.437, sentencia de 27-IV-2011, entre muchas otras, a cuyas consideraciones cabe remitirse en honor de brevedad.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:44:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.