Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.975, "Palavecino, Abel Sebastián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 91.713 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 26 de marzo de 2019, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Abel Sebastián Palavecino contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que, en el marco de un juicio oral, lo condenó a veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, ambos en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 55 y 79, Cód. Penal; v. fs. 53/59).
Contra lo así decidido, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 67/76).
La Sala V lo admitió en forma parcial por estimar cumplidos los requisitos establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal sobre el monto de pena y materia de la impugnación, sólo en cuanto la defensa peticionó la inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal (v. fs. 77/79 vta.), sin que la parte articulara queja en torno de dicho pronunciamiento (v. fs. 83).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 85/87 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 89) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En atención al alcance con el que fue admitido el recurso (planteo de inconstitucionalidad del art. 41 bis, Cód. Penal) sólo se reseñarán los agravios desarrollados por la defensa oficial atinentes a ese planteo, sin referenciar las demás denuncias por haber quedado fuera del ámbito de competencia de esta Corte (conf. art. 486, CPP).
II. Sentado lo anterior, la defensa oficial invocó la conculcación al principio de legalidad reconocido por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11 y 25 de la Constitución provincial (v. fs. 73 vta.).
Explicó que dicha norma consiste en un "...texto indeterminado y general que no satisface las exigencias de precisión (lex certa) derivadas del Estado constitucional de derecho y del principio de culpabilidad..." (fs. cit.).
Alegó que aquel precepto legal ha sido introducido al Código Penal a través de una técnica "...imprecisa, inexacta y desprolija al trasladar al ámbito de la tipicidad aquello que se analizaba al momento de la determinación de la pena" (fs. cit. y 74).
Si bien admitió que el legislador debe en algunos casos manejarse necesariamente con cierta generalidad e indeterminación en las cláusulas de la parte general -por ejemplo, en los casos de tentativa o participación- consideró que cuando decide prohibir una conducta o hacerlo de modo más severo, está obligado a otorgarle la mayor precisión posible (v. fs. 74 y vta.).
En alusión al principio de legalidad, acompañó pasajes de lo sostenido en el precedente "Mussotto" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Kimel vs. Argentina", sentencia de 20-V-2008.
Concluyó que el legislador no tenía ninguna necesidad de acudir a una cláusula general como la establecida en el art. 41 bis del Código Penal ya que contaba con los medios técnicos para legislar de modo preciso. Peticionó, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad del artículo mencionado, en tanto el Poder Legislativo no puede transferir las facultades conferidas constitucionalmente (v. fs. 75).
III. Coincido con el señor Procurador General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída (v. fs. 85/87 vta.).
IV. Cabe señalar que el planteo que cuestiona la constitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal por su eventual lesión al mandato de certeza derivado del principio de legalidad, que fuera introducido recién en el memorial que autoriza el último párrafo del art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 44/48), no es de recibo (art. 495, CPP).
En efecto, el impugnante no consigue demostrar los quebrantos a los preceptos del bloque de constitucionalidad invocados, toda vez que omite controvertir las explicaciones vertidas por la Casación para resolver en contra de su pretensión. La sola circunstancia de que la regla incorporada agregue una disposición genérica en la Parte General del Código Penal, destinada a jugar en relación con los tipos pertinentes de la Parte Especial, no constituye una afectación del principio de legalidad.
Así lo ha establecido también esta Corte en varias oportunidades (causas P. 107.276, sent. de 14-VII-2010; P. 101.305 y P. 103.042, sents. de 18-II-2009; P. 101.124, sent. de 25-III-2009; P. 100.754, sent. de 24-IV-2009; P. 101.760, sent. de 13-V-2009; e.o.).
En los mismos precedentes se ha señalado que las dificultades interpretativas que la norma puede ofrecer no constituyen un motivo suficiente para concluir que conculca dicho principio.
En síntesis, quien recurre no logra evidenciar que la técnica empleada por el legislador resulte por sí misma lesiva del mandato de certeza derivado del principio de legalidad, dado que el Código de la materia es un cuerpo único, y así como algunos tipos penales remiten a disposiciones contenidas en otros cuerpos nada obsta que algunos tipos penales contemplados en la parte especial se integren con un elemento comprendido en la parte general del Código. No siendo ocioso señalar que el principio en cuestión sólo exige que los extremos típicos estén tipificados en la "ley" antes del hecho de la causa, y que dicha ley contenga la descripción típica y la pena amenazada, extremos con los que cumple el artículo cuestionado.
Por lo demás, cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico; que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Pues, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa. Nada de esto acontece por lo que corresponde el rechazo del agravio (causa P. 63.131, sent. de 25-II-2004).
Por ello, no logra justificar la incompatibilidad del precepto que le agravia con la Constitución nacional (arts. 18, 28 y 75 inc. 22), ni con los pactos internacionales de igual rango que cita. Y, entonces, superado ese test, la aplicabilidad de la mentada agravante genérica al delito enrostrado debe ser confirmada.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2022 12:26:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2022 13:44:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2022 14:37:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/06/2022 10:53:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/06/2022 11:27:58 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/06/2022 14:55:31 hs. bajo el número RS-69-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia